colombiainedita

Friday, January 27, 2006

DICTAN MEDIDA DE ASEGURAMIENTO A 6 MILITARES

Por la Masacre de Potosí
DICTAN MEDIDA DE ASEGURAMIENTO A 6 MILITARES
(Colombia)
Autor: Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" Fecha: Enero 25 de 2006



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Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Enero 25 de 2006.

Por el asesinato de que fueron víctimas los campesinos Marco Antonio Rodríguez Moreno, Jesús Antonio Céspedes, Ricardo Espejo, Camilo Pulido y Germán Bernal, residentes en la vereda Potosí del municipio de Cajamarca (Tolima), ocurridos del 2 al 6 de noviembre de 2003, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación contra los miembros del Batallón de Contraguerrillas "Pijaos" de la Sexta Brigada del Ejército Nacional: sargento segundo Wilsón Casallas Suescún; cabo tercero Oscar Javier Angel Gonzalez y los soldados profesionales Edilberto Marin Malatesta, Marco Tulio Gueche Pérez, Omar Beltrán Blanco y Alepifen Rodríguez Bermudez. La Fiscalía los sindica por los delitos de homicidio, tortura, secuestro extorsivo, hurto y desplazamiento forzado.

De igual manera ordena la detención preventiva del soldado profesional Albeiro Pérez Duque como coautor del delito de hurto agravado y calificado, pues está comprometido en el robo del ganado perteneciente a familiares de las víctimas que fueron desplazadas forzosamente, y por el delito de falsedad en documento público.

Como bien sabe la comunidad nacional e internacional, el municipio de Cajamarca es tristemente recordado por un suceso anterior y otro posterior a estos hechos. En agosto de 2003 fue realizada la detención masiva y arbitraria de alrededor de 56 personas en zona rural por el supuesto delito de rebelión, entre las que se cuentan familiares de las víctimas asesinadas; y el 10 de abril de 2004, cinco integrantes de una familia (entre ellos un bebé de tan sólo 6 meses de edad), fueron víctimas también de miembros de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, quien en principio aseveraron que se había tratado de un error militar. No obstante, la Fiscalía ha vinculado a militares por este caso.

Sin embargo, la esperanza se mantiene con la decisión tomada. Es una forma de develar lo que verdaderamente ha venido ocurriendo en dicho lugar del Tolima: la responsabilidad de las Fuerzas Militares en hechos que son mostrados en un primer momento como crímenes cometidos por las AUC.

Con Información de El Turbion

El derecho a Estudiar;

Apreciados compañeros:
De una u otra manera, a través de clases, lecturas, asignación de trabajos y definición de calendario de pruebas finales, la mayoría de estudiantes de la UN ha ido encontrando la manera de culminar este semestre y reiniciar el siguiente mientras se participa en la discusión de las reformas.

Las motivaciones de los estudiantes y profesores que han optado por la discusión de las reformas dentro de la normalidad académica son variadas. Entre ellas pueden estar su deseo legítimo de no afectar sus estudios, el reconocimiento del hecho evidente de que la crisis de la Universidad no sólo afecta a los actuales estudiantes sino a quienes aspiran a ingresar a la misma pues en caso de malograrse un semestre 4000 colombianos perderían para siempre la posibilidad de estudiar en la principal universidad pública y, finalmente, no presentar la imagen ante la opinión pública de una universidad intransigente que no acepta los canales abiertos para un debate civilizado dentro de cánones de respeto a la institucionalidad y a la inversión económica que significa sostener una entidad pública. Desatender la afirmación tremendista sobre la desaparición de la Universidad Nacional como proyecto académico serio en caso de no persistir en el movimiento, no es indiferencia. Más bien, es realista y responsable con el país.

Por demás, los estudiantes y profesores que se agrupan en la asamblea triestamentaria ya reconocieron ayer que la mayoría quiere culminar el semestre y no desea de ninguna manera ver alterado ¡¡durante dos años!! su programa de estudios. Si su vocación es democrática, los dirigentes deberían dar el paso evidente y reconocer lo que piensan las mayorías.

El derecho de todos al estudio se concreta en los derechos individuales a hacerlo. Insistir en hacer valer esos derechos individuales no es egoísmo; es concretar lo que nuestro país está buscando. Hemos conversado con compañeros que no han reanudado labores porque sus profesores dicen atender las decisiones de esa asamblea ahora claramente minoritaria. A estos compañeros los asiste también el Estado de Derecho, que tenemos que contribuir a implantar en la UN. Sugerimos que se comuniquen con sus profesores, individualmente o en grupo, mediante cartas en papel o por correo electrónico, pidiéndoles que cuanto antes programen el trabajo para poder culminar el semestre en la fecha programada y en diciembre los dos semestres correspondientes al año 2006. No sobraría enviar una copia a la Defensoría de Derechos Humanos.

Cordialmente

Proyecto QuieroEstudiar
Mas información de nosotros en
http://quieroestudiar.blogspot.com
quieroestudiar@gmail.com

Sitios de Interés:
Defensoria del Pueblo
http://www.defensoria.org.co/
defensoria@defensoria.org.co
Linea Gratuita Nacional 018000 914814

Tuesday, January 24, 2006

Justicia Penal Militar investigará la muerte de dos jóvenes en Inzá, en el oriente del Cauca

Una Asociación campesina denuncia que los adolescentes eran simples labriegos, pero fueron presentados como milicianos por el Ejército.

El hecho tiene consternados a los habitantes de esa población. Dicen que Manuel Antonio Tao Pillumué, de 22 años; y una menor de 17, cuyos cadáveres fueron hallados en la madrugada del pasado 8 de enero sobre la vía que comunica a la vereda Belén con el casco urbano de Inzá, eran meros campesinos.


No obstante, en un comunicado oficial, el Comando de la Novena Brigada, con sede en Neiva, informó que el día de las muertes desarrolló operaciones de registro y control militar y que tropas del Batallón de Infantería número 28 Cacique Pigoanza, adscrito a esta Unidad, abatió en combate a dos integrantes de las Farc.

Según el Ejército, el enfrentamiento se registró en la vereda El Espejo, área rural de Inzá.


Aseguran que los muertos hacían parte de columna móvil ‘Jacobo Arenas’ de las Farc y que portaban un revólver, dos granadas de mano, una motocicleta VR 80 y dos radios. Sin embargo, la Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro (Acit) denunció ante la opinión pública que los muertos no eran guerrilleros ni estaban relacionados con las Farc .


Acusan al Ejército Nacional de no seguir el procedimiento adecuado. "Los cuerpos fueron movidos del sitio en el que sucedieron los hechos, siendo, a nuestro juicio, manipuladas las pruebas, en tanto fueron posteriormente presentados con armamento y sindicados de ser guerrilleros.


"La Fiscalía nunca se hizo presente en el lugar y los familiares de los jóvenes fueron intimidados y se les impidió movilizarse para denunciar el hecho", señala la denuncia.


Por su parte, José Bertulfo Cuchumbe, tío de la menor fallecida, aseguró que la joven se encontraba de vacaciones, pues trabajaba como empleada del servicio en Bogotá y tenía programado regresar a sus labores proximamante.


"Los habitantes de la vereda pueden dar informes de los muchachos, pues ellos eran conocidos como gente humilde y sana, dedicados a la agricultura. Yo creo que los confundieron. Vamos a solicitar que se inicie una investigación", dijo el tío.


La Acit sostiene, además, que hubo una tercera persona herida identificada como William José Cunacué, nombre que no fue reportado por la Novena Brigada con sede en Neiva.


Esta semana, fuentes militares confirmaron que la Justicia Penal Militar investigará el caso. Será el Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar quien definirá si existió extralimitación de funciones por parte de los militares y si los dos jóvenes caucanos muertos son o no guerrilleros.

Disparos al aire

Según la denuncia de la Acit, la madre de la joven muerta intentó acercarse al cuerpo, pero los uniformados adscritos al batallón Cacique Piguanza, de la Novena Brigada, se lo impidieron con insultos y disparos al aire.

La misma suerte corrieron los familiares de Tao Pillimué. Más tarde vieron como los cuerpos eran puestos uno junto al otro y tapados con sábanas en la vía que conduce a La Plata, en el sitio conocido como Puerto Valencia.

Allí les informaron que sus familiares estaban sindicados de ser guerrilleros y fueron presentados con armamento. A las 4:00 de la tarde de ese mismo día les entregaron los cadáveres.

En la denuncia, que ya conoce la Personería Municipal, la Acit asegura que la joven trabajaba en Bogotá desde abril del 2005 y que pasaba las festividades de fin de año en su pueblo; además que Tao Pillimué era un agricultor.

Esta es la segunda denuncia de este tipo presentada en el Cauca en los últimos seis meses. El otro caso se registró en el municipio de Almaguer, donde cuatro campesinos habrían sido sacados de sus casas. Luego, según la denuncia, aparecieron muertos.

Con Informacion tomada de www.eltiempo.com

Por los hechos del Palacio de Justicia
MAÑANA CONTINUA RINDIENDO DECLARACIÓN
BELISARIO BETANCUR

Comunicado de Prensa, Bogotá, D.C., Enero 23 de 2005. Ante la Unidad de Fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia continuará el día de mañana, rindiendo su declaración el ex-presidente Belisario Betancur, por los hechos del Palacio de Justicia.

Betancur desde el martes pasado fue llamado a declarar en las instalaciones de la casa de los ex-presidentes (Calle 80 No 9-75) bajo estrictas medidas de seguridad.

Como se recordará por este caso, familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, adelantan desde el año inmediatamente anterior una campaña que pretende poner al descubierto los verdaderos hechos y responsables del Holocausto.

Para tal fin han realizado gestiones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Comisión de la Verdad conformada para tal efecto el pasado 7 de noviembre, quienes a pesar de los diversos requerimientos de los familiares de los desaparecidos, a la fecha no se han pronunciado.




Con Informacion de El Turbion

Amenazas en Barrancabermeja

from: ESPACIO DE TRABAJADORES DE DERECHOS HUMANOS DEL MAGDALENA MEDIO E.T.T.D.H

AMENAZADA LA VIDA Y LA LIBERTAD DEPRENSA EN BARRANCABERMEJA

EN LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO 2006 ,10 PERSONAS HAN SIDO ASESINAS, 50 HAN SALIDO DE LA CIUDAD POR AMENAZAS CONTRA SU VIDA Y 4 PERIODISTA HAN SIDO AMENZADAS JEIMY MANRIQUE DE VANGUARDIA LIBERAL, ALVARO PEREZ DE TELEPETROLEO,MARCOS PERALES DE LA PORTADA Y EL DIRO CESAR GONZALES DEL SEMANARIO LA TARDE A QUIEN INTENTARON SASESINAR EL 17 DE ENERO.

La crisis humanitaria en la ciudad viene agudizándose, llegando a superar la situación presentada el año anterior; pese a las denuncias y las exigencias de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos ante las diferentes instancias gubernamentales. Queremos denunciar ante la opinión pública y la comunidad internacional la pasividad con que el Estado central y el gobierno municipal asumen la situación que se vive en los diferentes sectores de la ciudad.


Rechazamos la política de seguridad democrática que hasta hoy sólo ha servido para perseguir a los líderes sociales; más no para perseguir y judicializar a los responsables de los hechos criminales perpetrados contra la población civil en Barrancabermeja; como ocurrió el pasado 16 de Diciembre de 2005 en el Barrio La Liga y El Cerro, donde un operativo conjunto entre la Fiscalía y el Ejército allanaron las viviendas de los familiares de Delfín Rafael Pérez Vides y Jorge Cala, asesinados por paramilitares del Bloque Central Bolívar de las AUC en Noviembre de 2005.

Esta es una actuación perversa, por parte de las autoridades, contra los familiares de las personas asesinadas; quienes además de tener que sufrir el dolor de la agresión criminal, la intimidación para que no denuncien y continuar conviviendo con la presencia de los victimarios, también tienen que soportar allanamientos sin justificación alguna, tratando de generar situaciones para estigmatizar a las víctimas, más no el seguimiento a los victimarios y finalmente declaraciones públicas de funcionarios del gobierno municipal y de la policía justificando los hechos.

Pese a todos los hechos anteriores y los esfuerzos de las organizaciones sociales y de derechos humanos para lograr espacios de interlocución política con las autoridades locales y nacionales para buscar acciones eficaces en la solución de esta situación lo que encontramos de las autoridades es una falta de voluntad política y de compromiso frente a la vida. Esto nos lo demuestran los siguientes hechos:


La vicepresidencia cancela una reunión pactada para el 06 de diciembre, donde se pedían resultados ante las denuncias hechas por el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y comunidades afectadas el pasado 28 de Octubre de 2005.


El alcalde municipal canceló sin ninguna explicación en dos oportunidades la reunión pactada para el 02 y 16 de Diciembre de 2005, donde debían rendir cuentas sobre las acciones emprendidas para frenar la oleada de crímenes que afecta la ciudad y garantizar la tranquilidad de la población.



La mesa directiva de la comisión segunda en la cámara de representante (seguridad y defensa) canceló un debate sobre la desaparición forzada en Barrancabermeja que debía desarrollarse el 30 de noviembre de 2005.


Por lo anterior, podemos concluir que la protección de la vida de los Barranqueñ@s no hace parte de la agenda, ni las preocupaciones de ninguna de las estancias gubernamentales; razón por la cual nos vemos en la necesidad de solicitar la solidaridad internacional y llamar a las organizaciones sociales, la iglesia, los partidos políticos y l@s pobladores(as) a pronunciarse y promover una reunión con presencia del gobierno nacional, Departamental y Local para reclamar el respeto por la vida ,la libertad de expresión y la tranquilidad de todos y todas.

Invitamos a la reflexión civilista sobre el papel que debe cumplir el Estado y la sociedad en la búsqueda de la paz con dignidad y la vigencia de los derechos humanos integrales para quienes no creemos en la guerra como salida a los conflictos.




ESPACIO DE TRABAJADORES DE DERECHOS HUMANOS DEL MAGDALENA MEDIO E.T.T.D.H
BARRANCABERMEJA ENERO 19 DE 2005.

Friday, January 20, 2006

El zafarrancho intraoligárquico
Por: Federico Sarmiento
especial para ARGENPRESS.info

...el país tiene el derecho a saber si una figura de la altura y probidad de Rafael Pardo está incursa en la revolución...
El Nuevo Siglo, Editorial, Jueves 19 de enero de 2006

¿Qué pasaría si a estas alturas de la confrontación armada entre el ejército constitucional colombiano y la insurgencia revolucionaria, el régimen de Uribe pudiera presentar hechos incontestables de una victoria estratégica?

¿Estaría Cesar Gaviria denunciando que el Frankenstein paramilitar se metió al rancho de la “democracia colombiana”?

¿Estaría, la pandilla del Palacio de Nariño acusando a “una figura de la altura y probidad de Rafael Pardo”... de estar “incursa en la revolución”...?

Nadie, que no acepte como postulado fundamental, de que la política colombiana (incluida la del sainete electoral) está atravesada por el hecho histórico fundamental de un conflicto social y armado como expresión suprema de la lucha de clases en la Colombia de nuestro tiempo, puede comprender o dar respuesta, con buen juicio, a los interrogantes anteriormente formulados.

El Partido Liberal bajo la égida de Cesar Gaviria –jefe político de Rafael Pardo Rueda-, aupado indiscutiblemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, le está enviando un mensaje muy claro a la facción pandillera de la oligarquía que lidera Uribe Vélez: les dimos todas las gabelas institucionales y para-institucionales que usted requirió (como en los tiempos del Urabá antioqueño), lo aprovisionamos de todos los recursos financieros y diplomáticos, soportamos y apuntalamos su estilo de culebrero tramposo, y usted no salió con nada. Las FARC siguen ahí, vivitas y coleando.

A Uribe, la oligarquía y el imperialismo no le escatimaron recursos de ninguna naturaleza –incluyendo la paramilitarización del Estado, los partidos y las instituciones de la “democracia colombiana”- y sin embargo los resultados militares contra la insurgencia son magros.

Resulta indiscutible de que si las FARC y el resto de la insurgencia armada hubiesen sido derrotadas por la “política de seguridad” democrática del “candidato-presidente”, esta facción que podríamos llamar “ilustrada” de la oligarquía, hubiese “pasado de agache”, no solo ante el bacalao de la tal Ley de Paras (cínicamente llamada de “justicia y paz”) sino también ante el proceso de desinstitucionalización, para-estatización y desmantelamiento de las apariencias de “estado social de derecho” que intentó consagrar la Constitución de 1991.

Por eso ahora, Cesar Gaviria y Rafael Pardo, a nombre del Partido Liberal, con la asesoría y el prestigio político e intelectual del anciano López Michelsen, quieren salvar los trastos de la herencia histórica del Partido Liberal, amenazada por el uribismo narco-paramilitar y le trasmiten al narco-uribismo el mensaje de Washington: usted no salió con nada en su promesa de derrotar la guerrilla, ya es hora de que desaloje la Casa de Nariño.

Esto es lo que explica el éxito de Gaviria en su denuncia vehemente de la amenaza que representa el paramilitarismo para la “democracia colombiana”. Sin un respaldo de parte de Washingon, inclusive en materia de seguridad personal, difícilmente Cesar Gaviria y su séquito hubiesen sido tan categóricos en sus denuncias.

Cuando la Unión Patriótica fue victimizada, cuando las comunidades y los movimientos sociales fueron desangrados por los sicarios de la motosierra, cuando se multiplicaron las masacres de campesinos y de tierra arrasada en varios rincones de Colombia y se denunció la complicidad de instituciones del Estado con esta barbarie, el grueso del Establishment, incluso los sectores no directamente vinculados al apoyo financiero e institucional del Frankenstein paramilitar, mantuvieron siempre un silencio cómplice.

Para subir el proyecto fascista del Fúhrer Uribe al poder en 2002 (con la promesa de que este sí era el napoleón que derrotaría la insurgencia), el paramilitarismo, hasta ese momento mantenido en las sombras como instrumento de la guerra sucia y del terrorismo de Estado, adquirió carta de ciudadanía ante los ojos de una cínica oligarquía financiera narco-terrateniente y de sus representativos medios de comunicación. En una de las más abominables campañas de intoxicación y desinformación ideológica, de la cual fue objeto la clase media urbana y el resto de la población colombiana, se equiparó bajo el mágico mote de “terrorismo”, a la insurgencia guerrillera revolucionaria y su proyecto político con los designios criminales de la barbarie narco-paramilitar que defendía justamente el orden oligárquico en Colombia.

Ahora un sector de la oligarquía, ante los magros resultados militares del proyecto político uribista, empiezan a medir la magnitud del esperpento que ellos mismos contribuyeron a crear. Pardo, Gaviria y el Partido Liberal están recibiendo las respectivas dosis, de la propia medicina que inventaron para derrotar a las FARC, sin lograrlo.

La mejor descripción de esta situación provino del anciano López Michelsen, en la mañana del 19 de enero de 2006 , en declaraciones a un Medio radial: el problema de la paramilitarización de la sociedad y política colombianas no es nuevo, lo que es nuevo es que ahora sí es objeto de debate público (queriendo decir que por fin “la parmilitarización” era objeto de preocupación para una parte del Establishment oligárquico). O como lo expresó en sus propias palabras el expresidente Cesar Gaviria: Uribe está poniendo en peligro la “democracia colombiana”.

Tal desgarramiento de vestiduras de connotados voceros del poder oligárquico en Colombia, llega en el justo momento en que uno de los más inteligentes y capaces hijos de la oligarquía bogotana, Don Rafael Pardo Rueda, es objeto de las mismas bajezas jurídicas y paralegales de que han sido víctimas miles de campesinos y líderes sociales en todos los rincones de Colombia. Pardo debiera entender ahora lo que es caer bajo la férula judicial inventada por la “seguridad democrática” del Führer Uribe y sus parainstituciones: la de ser señalados como “guerrilleros”, capturados como ganado en redadas masivas (lo que es impensable en la persona del senador Pardo), para que años después, sin procesos judiciales, sean soltados por falta de pruebas pero con una lápida en el cuello y luego ser ajusticiados (lo cual confiamos no sea el destino del senador Pardo) por escuadrones de la muerte “encapuchados”.

Lo que sucede es una prueba más de la dimensión de la crisis histórica que atraviesa la sociedad colombiana. Los Medios de comunicación truenan en sus editoriales en contra de Gaviria por haber abierto la “Caja de Pandora”. Los titulares de prensa abundan en referencias a las “purgas” antiparamilitares de todos los partidos y movimientos políticos que actúan en el sainete electoral. Las lecciones que masculla la sociedad colombiana, después de estos doscientos años de soledad histórica de la república oligárquica, es que también existe una “purga” bolivariana definitiva, contra todos los depredadores y apátridas que degradan y humillan la nación colombiana

Con Infotmación de www.argenpress.com

Opinión Colombia
'Si Uribe gana habrá concentración de la riqueza'
Por: Jorge Emilio Sierra Montoya LA REPUBLICA; 20/01/2006;
www.argenpress.com

Entrevista al precandidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz“Si Uribe gana, habrá mayor concentración de la riqueza y empeorará la economía, lesionando principalmente a los sectores populares”, afirma el senador Carlos Gaviria, precandidatos a la Presidencia de la República por el Polo Democrático. Y explica: “Porque el peor gobierno imaginable es uno retardatario armado con un poder político excepcional”, recordando que el propio Juan Manuel Santos advirtió que al Presidente Uribe le va a tocar impulsar reformas muy duras. “Contra las mayorías, como es obvio”, alerta.
Derecha e izquierda-
Usted es precandidato de la izquierda. Pero, ¿acaso la derecha y la izquierda, como ideologías, no han desaparecido, según suele decir el Presidente Uribe?
Es obvio que esas diferencias existen. La afirmación de Uribe en sentido contrario es otra de esas frases que él suele hacer, y que hasta pueden sonarles bien a algunos, pero que son falsas y apuntan a manipular a la gente. Busca así desarmar a sus contradictores para someterlos al pensamiento único que pretende imponerse a escala global, y del que el Presidente es un reconocido seguidor en Colombia. -
Todo indica que América Latina está girando hacia la izquierda, como se vio con el triunfo de Evo Morales en Bolivia. Es de suponer que usted mira con buenos ojos ese proceso…
Es sabido que las gentes de América han luchado y lucharán por una vida mejor. Por ello, están hartas de las directivas políticas y económicas del Consenso de Washington. El triunfo de Evo Morales es una expresión de esa resistencia y en particular de la de las comunidades indígenas. Ojalá ello le traiga lo mejor a un pueblo que ha sufrido lo indecible con un orden de cosas que debiera avergonzar a sus defensores. -
¿Será que por fin llegó la hora en Colombia de un gobierno socialista?
En el programa del Polo Democrático Alternativo (PDA), que es mi partido, no se expresa ningún objetivo socialista. Nuestro proyecto es de unidad nacional, por lo que en él caben desde los colombianos más pobres hasta el empresariado que esté dispuesto a defender el progreso del país. El programa económico -
En síntesis, ¿cuál es su programa económico de gobierno?
Como de izquierda democrática, pero entendiendo que representa a casi todos los colombianos, aunque no se consideren de izquierda. En apretado resumen: defenderé la producción industrial y agropecuaria, los intereses y derechos de los trabajadores, el activo papel del Estado en lo económico y social, los tributos proporcionales y progresivos y las relaciones internacionales en pie de igualdad y beneficio recíproco. También pugnaré por una auténtica democracia y por la solución política de los conflictos armados que martirizan el país. -
En los medios empresariales se teme que un gobierno de izquierda extreme la intervención estatal con un manejo fiscal poco ortodoxo, donde corre peligro la propiedad privada.
Algunos hacen suposiciones arbitrarias. Y no es raro que a quienes les va bien aun cuando al país le va mal, prefieran que nada cambie y hasta vean a Uribe como el Mesías que hay que reelegir. Y a propósito de defender la propiedad privada, el neoliberalismo la concentra en extremo, es decir, se la quita a muchos. Las estadísticas muestran que los propietarios en Colombia han disminuido bastante en los últimos años.
- ¿El manejo económico de la izquierda no implica más bien un retroceso que el avance hacia la modernización del país para integrarlo mucho más a los mercados internacionales?
Es curioso que se considere “un retroceso” oponerse a un tipo de economía que dejó y dejará en la inopia a tantos y que se califique de “modernización” el peor período económico y social de la historia del país. Una de las contradicciones que tenemos con los defensores del statu quo es que no toman la verdad de los hechos, o por lo menos no de lo que le sucede al interés general. Propuestas sociales-
¿Qué propone usted para reducir los altos niveles de pobreza?
Lo primero es no seguir aplicando un modelo económico que crea legiones de pobres e indigentes. Entonces, y a manera de ejemplo, no respaldo el TLC, que aumentará la pobreza en proporciones aun mayores que lo que la incrementó la apertura de los años noventa. Y parecido puede decirse de la privatización de la salud, las pensiones y la educación. O de la reforma laboral aprobada por el uribismo para reducir los salarios. O de las alzas en las tarifas de los servicios públicos. -
¿Y para hacerle frente a la concentración del capital y la desigualdad social?
La globalización bajo la égida del paradigma económico neoclásico tiene como primer objetivo crearles un mercado de envergadura global a las transnacionales, luego consiste, por excelencia, en concentrar la riqueza. Y su segundo objetivo es sacrificar pueblos enteros para lograr el primero. Con esto claro, defenderé la producción no monopolista y los intereses de los asalariados, campesinos, capas medias y pueblo en general. - ¿Y para crear empleo?
Crear empleo en serio exige defender la producción industrial y agropecuaria. Si el país protege su agro y su industria de los productos extranjeros generará millones de empleos. También respaldaré las exportaciones, el gasto público estimulará la economía y el empleo y pondré el capital financiero al servicio del país y no al revés. Fracaso del modelo neoliberal-
¿Usted cree que el modelo aperturista, de corte neoliberal, está superado? ¿O es preciso someterlo a un riguroso plan de ajuste en toda América Latina?
Si se juzga por los actos del Presidente Uribe, no está superado sino en todo su esplendor. Pero de lo que sí no hay duda es que ha fracasado, por lo menos para resolver los problemas de América Latina, así haya enriquecido a reventar a los jefes del bando que lo defiende. Resolver los problemas del continente exige sustituir ese modelo por uno que defienda la democracia, la producción, el trabajo y la soberanía. -
¿No estamos asistiendo al triunfo universal del capitalismo bajo cierto poder hegemónico de Estados Unidos?
Henry Kissinger dijo que “la globalización es otro nombre para el papel dominante de Estados Unidos”. Pero ello no debiera alegrar a nadie en Colombia, que es víctima de esa situación, exceptuando a aquellos que están felices porque lograron separar su suerte personal de la suerte del país. Y que no se olvide que todos los imperios, sin excepción, terminaron por sucumbir.
Panel Un jurista en la economía Carlos Gaviria es un prestigioso jurista. Como tal, en su condición de magistrado de alto vuelo, dio el salto al Congreso de la República, donde funge como senador y aspirante a la Presidencia de la República. Pero, ¿qué tanto sabe de economía? ¿Su conocimiento al respecto no es bastante limitado, como no sean nociones generales, casi de sentido común?
“Ciertamente –dice en tono categórico- mi área específica de trabajo ha sido el derecho, pero esa circunstancia no inhibe la comprensión de los problemas económicos que debe enfrentar un gobernante y la decisión informada de hacia dónde debe dirigirse la acción del Estado en materia económica, si el propósito es crear una sociedad incluyente, presupuesto esencial de una democracia política”.
Defensa de la Carta Magna En su caso, los temas constitucionales son de obligada referencia. O la misma Constitución del 91, a la que muchos atacan por ser una colcha de retazos, donde hay artículos para todos los gustos, desde los más neoliberales hasta los socialdemócratas o amigos de la intervención estatal.
El, por su parte, la defiende, sobre todo con relación al Estado social de derecho que allí se consagra. Y explica, con estilo doctoral, como dictando cátedra universitaria: “Es bien sabido que defiendo el Estado social de derecho porque consagra los derechos sociales y económicos de carácter democrático de los colombianos”. Y advierte: “Si estando ellos en la Constitución pasa lo que pasa, ¿qué tal que no estuvieran? Por tanto, me opondré a que el actual gobierno los recorte”.
Y de la Corte Constitucional Pero, ¿la Corte Constitucional no posee, por obra y gracia de la Carta magna, supremos poderes que muchos cuestionan tanto como algunos de sus fallos en materia económica, donde –según se dice- pretende legislar por encima del Ejecutivo y del propio Congreso? “Precisemos –responde, con la autoridad debida-: Los fallos de la Corte que han defendido derechos del pueblo han sido censurados por unos economistas, pero celebrados por otros, por los que tienen concepciones democráticas y no ignoran que las leyes de contenido económico no escapan al control constitucional”.
Hace, pues, la apología de la Corte y su competencia para determinar la exequibilidad de las normas aprobadas por los otros dos poderes del Estado. Y punto. La izquierda unida A Carlos Gaviria no le gusta que se le diga de frente, en esta entrevista, que carezca de la opción de ganar las elecciones presidenciales, ni siquiera la consulta popular en el Polo Democrático, donde se enfrenta a Antonio Navarro.
“¿No cree usted que hay una contradicción injustificable en preguntar por mi programa de gobierno a alguien que no tiene la más remota posibilidad de acceder a él?”, es su contragolpe, a manera de defensa.
Aclara, además, que “la unidad entre Alternativa y el Polo para constituir el Polo Democrático Alternativo (PDA) se logró en torno a un programa que consagra nuestra oposición al modelo neoliberal y al TLC y la defensa de los intereses y derechos de los colombianos, entre otros aspectos de democracia económica”. La opción del tercer partido ¿Acaso le llegó la hora al tercer partido como nueva opción de poder frente al bipartidismo tradicional? La pregunta se impone al recordar las experiencias frustradas de Gaitán, López Michelsen y Galán, entre otras. Carlos Gaviria, sin embargo, elude el tema o al menos prefiere destacar “el rotundo fracaso de las organizaciones políticas que han gobernado a Colombia, en especial desde 1990”, el cual en su concepto “las ha llevado a una crisis profunda, de la cual no creo que logren reponerse”, para rematar con una frase demoledora:
“Lo que se discute, entonces, no es si serán sustituidas, sino por quienes”. Y concluye, en una fuerte crítica al mandato de turno: “Eso es lo que refleja la creación del uribismo, que intenta reencauchar a los mismos grupos retardatarios, y eso es lo que refleja el Polo Democrático Alternativo (PDA), pero del lado de los sectores democráticos”. Entre el populismo y la ciencia Cuando se conozcan las propuestas sociales de Carlos Gaviria, muchos pensarán que son de corte populista.
Pero, ¿él que piensa? De nuevo, se defiende atacando: “Una de las características de los defensores de las políticas del FMI –dice- es que tildan de populista cualquier idea que los controvierta, mientras califican de “científico” lo que no pasa de ser la ideología que justifica el ilimitado enriquecimiento de un puñado que actúa a escala global y la pobreza o miseria de una porción inmensa de la humanidad”. Y remata, a modo de advertencia: “Esa manipulación no me detendrá en la búsqueda de un país más democrático en lo económico y social”.

Wednesday, January 18, 2006

Un total de 12.431.770 colombianos reciben agua impotable, lo cual representa el 28% de la población de esta nación andina, revela un estudio de la Defensoría del Pueblo, divulgado hoy en esta capital.
Esa entidad estatal realizó un análisis de la calidad del agua para consumo humano en 959 de los 1.113 municipios de Colombia, con la exclusión de Bogotá, donde aseguran se consume una de las mejores aguas del continente.
La investigación revela que a 788 municipios se les suministra agua que no es apta para el consumo humano y solamente en 171 de ellos el preciado líquido cumple con las normas técnicas de salud.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los departamentos de Nariño y Magdalena tienen el mayor número de municipios en los que sus habitantes consumen un agua de pésima calidad.Asimismo, prosigue, similar situación se presenta en los departamentos de Amazonas, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Meta, San Andrés, Sucre, Tolima y Vaupés.En todos ellos, que suman 17 (con los dos anteriores) de los 32 departamentos del país, más de la mitad de sus municipios presentan mala calidad del vital líquido, pero a ellos se añaden otros con situación preocupante como Santander, Cundinamarca y Boyacá.Solo Antioquia, Caldas y Quindío prestan un mejor servicio de agua potable, indica el estudio.
El análisis concluye que de no tomarse las medidas adecuadas dentro de 25 años cerca del 70% de la población se encontraría en riesgo de un desabastecimiento severo del preciado líquido.

Con Información tomada de
www.argenpress.com

Tuesday, January 17, 2006

Fue asesinado aspirante a la Alcaldía de Yumbo (Valle)
Se trata del ex congresista Jairo Romero González, quien fue baleado, junto con su escolta, esta mañana en una céntrica avenida de esta ciudad.
La Policía dijo haber capturado a dos de los sicarios y causado la muerte a otro.
Uno de sus asistentes dijo que Romero había sido amenazado telefónicamente de muerte, hace un mes, y que desde entonces se mostraba “tenso y preocupado”. Por eso los custodiaban de 10 a 15 policías en sus reuniones, además de que tenía cuatro escoltas.
Hace diez días fue asesinado uno de sus asesores, el abogado Misael Hernando Espinosa, en una calle de Cali.
Romero y su escolta fueron asesinados en la avenida 6 norte con calle 21, cuando iba hacia un banco. Minutos antes había prestado su carro para que sus asesores fueran a recoger al senador Julio Manzur, con quien se iba a reunir.
Las elecciones para alcalde en Yumbo están programadas para el 29 de enero, debido a un período atípico del actual alcalde, Carlos Alberto Bejarano.
Romero había sido alcalde de Yumbo en 1994. Fue diputado de la Asamblea del Valle, representante a la Cámara y segundo en la lista para Senado que encabezó el dirigente conservador Carlos Holguín Sardi.
El político fue llevado a la clínica de los Seguros Sociales, cerca del lugar de los hechos, pero falleció en el trayecto.
Con Información tomada de El Tiempo 16 de Enero de 2005

Uribe pide investigar a Senadores

Enero 15 de 2006Uribe pide a Fiscalía investigar a senadores Juan Manuel López Cabrales y Miguel de la Espriella
El hecho se produce en momentos en que los partidos debaten la posible presencia de aliados del paramilitarismo en listas de candidatos al Congreso.
Los senadores López Cabrales (liberal) y De la Espriella (uribista) tuvieron un altercado en el que se acusaron mutuamente de tener trato o de recoger votos a expensas de los paramilitares. De la pelea fue testigo el presidente Álvaro Uribe.
El caso ocurrido el 3 de enero se mantuvo en la más absoluta reserva durante 10 días, hasta el pasado viernes 13 de enero cuando EL TIEMPO contó los detalles de lo ocurrido.
Sin embargo, lo que no se sabía es que el presidente Álvaro Uribe decidió poner el caso en manos del más alto organismo de investigación del país y en una carta –firmada por su secretario jurídico Mauricio González y conocida ayer por este diario– pidió que se indagara penalmente qué tan ciertas son las acusaciones que se cruzaron los dos senadores de Córdoba.
La pelea en Montería
El episodio que inspiró la denuncia del presidente Álvaro Uribe ocurrió el primer martes del año en la oficina de José Rodolfo Corena –amigo del Presidente–, en donde trataban de resolver a quién nombrar como gobernador de Córdoba en reemplazo de Libardo López, quien tuvo que dejar el cargo en agosto por líos judiciales.
El momento de mayor tensión llegó cuando los congresistas pedían un gobernador que diera “garantías”, pues se quejaban de que el saliente favorecía solo a un sector.
De La Espriella dijo que el 30 de diciembre se habían contratado cerca de 1200 empleos. Ante esta denuncia, López Cabrales reaccionó airado y dijo que su hermano –el gobernador Libardo López– había dado plenas garantías a sus opositores. Al punto de haber entregado dos cargos en el gabinete –las secretarías de Hacienda y Salud– al grupo de De la Espriella y de Eleonora Pineda.
De la Espriella replicó y denunció que los dos funcionarios mencionados no pertenecían a su grupo, sino que sus nombramientos habían sido el resultado de un acuerdo entre López y el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso. Uribe, en el centro de la mesa, apenas miraba a uno y a otro.
López gritó a voz en cuello, señalando con el dedo índice a De la Espriella: “¡Miente, miente! Usted es amigo personal de Mancuso y los votos conseguidos por usted y por Eleonora Pineda fueron obtenidos gracias a la presión de los fusiles”.
En ese mismo instante López y De la Espriella se pararon de sus sillas y se iban a ir a los puños, cuando el presidente Uribe intervino.
“¡Calma, calma, señores senadores. Les pido respeto!”, dijo el Presidente, incorporándose en su silla.
Ya hay investigador
En su carta al fiscal Mario Iguarán –fechada el 12, según fuentes oficiales–, la Casa de Nariño señala que los senadores se cruzaron acusaciones sobre presuntas irregularidades administrativas y “con la posible incidencia del paramilitarismo en la política regional”.
En la misiva se indica que la intención del Presidente es poner en conocimiento de la justicia estos hechos para que tome las decisiones que sean necesarias.
El Fiscal ya designó un investigador para conocer el caso. El Código Penal (art. 417) obliga a los funcionarios públicos a poner en conocimiento de las autoridades todo hecho punible del que tenga información y sanciona con pérdida del cargo y pena de entre 2 y 4 años de prisión a quien no lo haga.
Es la primera vez que el Presidente se ve obligado a poner en conocimiento de la justicia hechos al parecer ilegales de congresistas, por la circunstancia de haber sido testigo.
Al revelarse este viernes los hechos bochornosos del 3 de enero, el presidente Uribe notificó ese mismo día la designación de Honorio Henríquez, secretario general del Ministerio del Interior, como gobernador encargado de Córdoba. Y resolvió así la ‘papa’ caliente en la que se le había convertido ese nombramiento.
‘Gastos dudosos’: presidente
En un breve comunicado la Casa de Nariño informó anoche que el presidente Álvaro Uribe se reunió con el fiscal general, Mario Iguarán, y que le pidió “iniciar una investigación sobre gastos dudosos y cuantiosos en algunas campañas para Congreso”.
Aunque no trascendieron más detalles oficiales del encuentro, EL TIEMPO estableció que el presidente le habría transmitido quejas específicas al Fiscal sobre el sospechoso origen de los recursos de al menos tres campañas políticas.
El comunicado añade: “La legitimidad democrática y la credibilidad en las instituciones deben estar fundamentadas en la transparencia de las elecciones”.
La reunión hace parte del panorama de preocupación que existe con relación a la posible filtración de ‘paras’ y de dineros sucios en las listas de candidatos al Congreso. Además, se produjo tras las denuncias de congresistas, publicadas ayer por este diario, que piden vetar nombres concretos en esas listas.

Miguel de La Espriella, senador uribista de Córdoba, forma parte del Partido Colombia Democrática fundado por el presidente Uribe y liderado ahora por Mario Uribe, el primo del Presidente. De la Espriella fue acusado por su colega Juan Manuel López de deberle su curul a los paramilitares de Córdoba que ejercían presión armada sobre los electores.

Juan Manuel López, senador liberal, fue acusado por su colega Miguel de La Espriella (uribista), de haber hecho acuerdos con su hermano el ex gobernador Libardo López y el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, para nombrar a dos recomendados de este en el gabinete departamental y de utilizar los recursos oficiales para hacerse elegir senador.

Con Información tomada de El Tiempò, 16 de Enero de 2005

Carta Abierta al Dr. Uribe

Doctor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República de Colombia
Bogota.

A propósito de los hechos lamentables en que perdieron la vida 29 soldados del Ejército en Vista hermosa – Meta, en el marco de la actual confrontación, usted expresó en un Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Granada, el pasado 28 de Diciembre, que “Emprenderemos una tarea de captura de milicianos en toda esta área: Vista Hermosa, Uribe, El Castillo, Lejanías, los municipios vecinos porque hemos encontrado que hay mucha milicia urbana acompañando a estos terroristas”.

Lo que no quedó claro es la interpretación que la fuerza pública asigna a la categoría de “milicianos” y la necesaria diferenciación con la población civil que habita en las áreas de confrontación armada, a quien muchas veces se le ha relacionado desde el gobierno como colaboradora de la insurgencia y se le ha involucrado en el conflicto.

Hacemos referencia a esto porque el pasado 5 de Enero del presente año, supuestos grupos paramilitares actuando con el nombre de “Autodefensas de los Llanos” asesinaron a los campesinos ARELIS DIAZ, ALCIBIADES PACHON, LUIS GUILLERMO GONZALEZ y RAFAEL QUINTERO ORJUELA, en el caserío de Matabambú, jurisdicción de Puerto Toledo, municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta. Sin embargo los pobladores lograron identificar entre los agresores a miembros de la fuerza pública que han participado en retenes del ejército en el área, lo cual hace pensar en una acción del ejército de tipo encubierta. En el Departamento del Meta existe la idea generalizada que la línea divisoria entre Ejercito y paramilitares es inexistente.

De acuerdo con las versiones iniciales a los asesinatos se suma una serie de detenidos por parte del ejército, que luego fueron dejados en libertad en Vistahermosa y sin embargo permanecen desaparecidos. En total se cuentan once (11) desaparecidos: 10 adultos y un menor de 11 años. Lo grave y coincidente de todo esto es que los hechos se presentaron a escasos 5 minutos de un retén militar de tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 42 de la Brigada Móvil No. 4, adscritas al Plan Patriota en el departamento del Meta, al mando del mayor Ramos.

De acuerdo con las informaciones recibidas, la acción militar encubierta y las amenazas contra la población han generando el desplazamiento forzado de 220 campesinos de Puerto Toledo. Todo este panorama se constituye en una violación sistemática a los derechos humanos por parte del Estado.

Ya en el pasado reciente, en hechos que conoce suficientemente el gobierno y la opinión publica, han sido detenidos centenares de ciudadanos acusados temerariamente de ser “auxiliadores de la subversión” y otros han sido asesinados por el ejercito nacional y presentados como muertos en combate como ocurrió con pobladores de Cajamarca, los tres lideres sindicales en TAME (Arauca), , la masacre en San José de Apartadó, los 3 jóvenes campesinos asesinados en Sumapaz y otra sucesión de hechos que han ocurrido en el transcurso de las operaciones del Plan Patriota en el sur del país.

A comienzos del pasado mes de diciembre una misión de organizaciones de derechos humanos, de la cual hizo parte una representación internacional, visitó simultáneamente los municipios de Calamar (Guaviare) y Puerto Toledo (Meta) y pudo verificar sobre el terreno los terribles impactos que ha tenido la operación militar sobre la población civil. Asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos, amenazas, saqueos, hurtos, restricciones al paso de alimentos y quemas de los mismos; incendio de vehículos automotores e irrespeto al derecho de locomoción, judicializaciones, detenciones arbitrarias y muchas otras irregularidades contra la población cometidas a nombre de la seguridad democrática y el Plan Patriota, todo lo cual permanece impune y silenciado ante el país.

El gobierno debe aclarar ante el país si la confrontación militar que ha declarado es entre el ejército nacional y las fuerzas insurgentes o, entre el Ejército Nacional y la población inerme que, según las normas del derecho internacional Humanitario debe estar al margen del conflicto interno.

Las organizaciones firmantes exigimos del Estado un replanteamiento de fondo en el tratamiento a la población civil en las zonas de conflicto; En concordancia con las normas del derecho internacional de los derechos humanos exigimos políticas que desvinculen a la población del conflicto y la protejan en medio de las hostilidades, de lo contrario seguiremos recibiendo partes de guerra en que se presenta a los campesinos asesinados alevemente como guerrilleros muertos en combate.

De usted, atentamente



Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos de las Juntas de Acción Comunal del sector del río Guejar.

Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH

Federación Nacional de Usuarios del Agro - FENSUAGRO

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Asociación de Ayuda Solidaria – ANDAS -

Corporación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos- REINICIAR
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Con Información de El Turbión

Monday, January 16, 2006

María Jimena Duzán
EL BOICOT A COCA-COLA
‘La chispa de la vida’
(16 de enero de 2006)
De no haber sido porque EL TIEMPO publicó la información, difícilmente nos habríamos enterado de la campaña que se ha tomado el ciberespacio. Me refiero al boicot contra CocaCola iniciado por un grupo importante de universidades estadounidenses e inglesas que han decidido impedir la venta de esa gaseosa en sus centros académicos hasta que el gigante de las bebidas contribuya a esclarecer la verdad de lo ocurrido en la década del 90, cuando fueron asesinados nueve sindicalistas colombianos, adscritos al sindicato de alimentos y bebidas Sinaltrainal.
Los sindicalistas sostienen que los autores de esos asesinatos son los paramilitares. Y en la demanda civil por indemnización que ellos presentaron ante la Corte Federal de Miami en el 2001 contra CocaCola y dos de sus embotelladoras afiliadas, fueron más allá, según lo informa Gerardo Reyes en El Nuevo Herald, al decir que estas dos últimas "contrataron o por lo menos dirigieron fuerzas de seguridad paramilitares que usaron la violencia extrema, el asesinato, torturaron y detuvieron ilegalmente o silenciaron a dirigentes sindicales".
Coca-Cola niega estas acusaciones y sostiene que la justicia colombiana investigó y los exoneró de toda culpa. (En realidad, no solo exoneró a Coca-Cola, sino que la Fiscalía precluyó en el 2005, bajo la administración de Osorio, la investigación en torno al asesinato de los sindicalistas y concluyó que no había méritos para vincular a los grupos paramilitares). No obstante, debido a los altos índices de impunidad en Colombia, el que la justicia nuestra ya se haya pronunciado sobre este punto, lejos de aclarar el panorama, solo ha contribuido a aumentar las suspicacias allende las fronteras. Ningún activista cree que estas investigaciones estén diciendo la verdad y por ello han pedido una comisión independiente. Y en esas estamos.
Ustedes me dirán si me equivoco. Pero en lo que respecta a este episodio, no creo que el único que tenga que dar explicaciones sea Coca-Cola. Entre otras, porque, infortunadamente ellos, los nueve sindicalistas asesinados, no son los únicos trabajadores muertos en Colombia, ni son los únicos cuyos crímenes han quedado impunes. Queda muy mal la justicia colombiana, cada vez más considerada una justicia de mentiras debido a los altos índices de impunidad.
También tendrían que dar explicaciones los violentos. Todas esas voces que hoy andan en Ralito y de las que no hemos oído nada. ¿Se acordarán, pregunto, de estos sucesos tan luctuosos ‘don Berna’, ‘Macaco’ o Carlos Castaño, de quien dicen sigue vivo en algún misterioso lugar, a la hora de acogerse a la Ley de Justicia y Paz?
Igual habría que decirles a las Farc, que a comienzos de los 90 se enfrentaron a muerte con los ‘paras’ que entraban a la región a ‘liberar’ las zonas del yugo opresor fariano. Desde el Urabá hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, las Farc se defendieron actuando como lo que eran: el poder local, asegurando su territorio y ejerciendo sobre él un estricto control en todos los niveles de decisión. Su infiltración en los sindicatos se dio con fuerza, aunque ahora se nos haya olvidado.
Prueba de ello es que siempre hubo una resistencia valiente de un movimiento sindical que nunca quiso que las decisiones de los trabajadores se tomaran en el monte. Entre masacres de un lado y del otro, poco a poco las Farc fueron desplazadas y el poder local lo tomaron los ‘paras’. Así de fácil y así de cruel. Pero, claro, nada de esto justifica el asesinato de los nueve sindicalistas ni de los otros colombianos que han caído en este conflicto. Ni que uno de ellos haya sucedido precisamente en las puertas de una de las embotelladoras afiliadas a Coca-Cola.
Ojalá se desentrañe la verdad. No solo para que los universitarios estadounidenses vuelvan a tomar Coca-Cola, sino para que los colombianos sepamos lo que sucedió. Si la Ley de Justicia y Paz no nos va a decir la verdad de lo que pasó con los paramilitares, es probable que por cuenta de la CocaCola terminemos sabiendo al menos una parte de esa verdad. Las vueltas que da la vida.

www.eltiempo.com

Enero 15 de 2006
EDITORIAL
La UN, en la encrucijada
Hoy reinicia actividades la Universidad Nacional con un doble propósito. Además de recuperar el tiempo de clases perdido en el semestre pasado, el alma máter abre el debate sobre la reforma académica, que estuvo en el trasfondo de su primer cierre en cinco años, el 22 de noviembre.
Aún hay disenso en torno al modo como se adelantará la discusión: si debe hacerse simultáneamente con las clases o suspender estas mientras dure. Tampoco hay acuerdo sobre si las dificultades que ha tenido la reforma se deben o no, en parte, a que no fue suficientemente debatida. Pero ahora esto es secundario: su aplicación ha sido congelada hasta agosto y se abrió–bajo la forma de claustros y colegiaturas– la posibilidad de discutirla ampliamente.
Las universidades públicas son esenciales para dar educación de calidad a grupos sociales amplios. La mitad de los alumnos de la Nacional son de estratos 1 y 2. Sin embargo, esta institución es de un fuerte e involuntario elitismo: apenas admite uno de cada 12 aspirantes y gradúa la mitad de los que entran. A pesar de su nivel relativamente alto, hay fallas evidentes: sus egresados escriben un español pobre, pocos manejan bien un segundo idioma y su capacidad de estudiar y avanzar por su cuenta se desarrolla poco en un ambiente dominado por fotocopias y manuales. Los que se gradúan gastan en promedio más de siete años para hacerlo.
Para evitar el inmenso derroche de recursos que esto implica, las directivas universitarias han buscado superar los existentes modelos pedagógicos, rígidos y arcaicos, y crear sistemas que respondan mejor a las necesidades de los estudiantes y a las demandas sociales. Para ello, presentaron un nuevo proyecto de reforma, interesante aunque todavía tímido.
Los cambios permiten a los estudiantes entrar a un área profesional amplia y definir después su especialidad; disminuyen contenidos puramente informativos y refuerzan la formación en los principios básicos y la metodología de cada disciplina; intentan reducir el número de semestres para que, con excepciones como medicina, los estudiantes puedan, con dedicación completa, terminar en cuatro o cinco años. Se busca hacer más flexible el avance del estudiante, dándole más libertad para elegir materias, cambiar de carrera y fijar su ritmo. Hay más opciones para el trabajo de grado, en lugar de una tesis, que quizás solo se justifica para formar personal académico e investigativo.
Ha habido ya debate. El temor a que un mayor número de graduados devalúe los títulos alentó la oposición de grupos estudiantiles. Se dijo que la reforma disminuiría la calidad o volvería la U un politécnico o una ‘nocturna’. Como en otras ocasiones, bloqueos, tomas y pequeñas asambleas se presentaron como expresión de rechazo del estudiantado, y culminaron en el cierre. Pero es poco probable que la mayoría rechace unas reformas que facilitan el estudio y democratizan la universidad; y las objeciones expresan solo el punto de vista de Bogotá, no de las otras sedes.
De allí la importancia de que, a la vez que se hace el debate, se reanuden y mantengan las clases. En pleno período electoral, no faltarán los interesados en una confrontación con las directivas y el Gobierno. Si la universidad ofrece un ambiente genuino de discusión; si profesores y estudiantes toman en serio los debates, y la institución funciona normalmente, estos riesgos pueden evitarse. No será fácil lograrlo, pero es clave que, con este espacio de discusión abierto, prime el lenguaje que debe caracterizar a la academia: la razón.
* * * *
La Universidad Nacional debe conservar su preeminencia académica y su función social progresista. La reforma propuesta contribuye a ello. La universidad tiene que buscar la calidad académica y el uso eficiente de los inmensos recursos que hoy se pierden con la deserción y el fracaso estudiantil. Una educación menos enciclopedista, que forme mejor la capacidad de aprendizaje permanente, de búsqueda independiente y crítica del saber, prepara mejor a los estudiantes para un mundo en el que se verán obligados a renovar cada día sus conocimientos.
editorial@eltiempo.com.co

Opinión Colombia
¿Dónde está la desigualdad?
Por: Aurelio Suárez Montoya
(MOIR, especial para ARGENPRESS.info)


En los últimos días de 2005 y en los primeros de 2006, al calor de la campaña política, se ha desatado un intenso debate acerca de la iniquidad en la distribución del ingreso en Colombia y del reparto desigual de los incrementos del crecimiento económico. La discusión no es inane y puede convertirse en torneo de entelequias; y no es para menos: mientras el banco insignia del Grupo Empresarial Antioqueño gana un millón de dólares diarios, once millones de compatriotas viven con un dólar al día y el ingreso anual promedio de los colombianos sólo supera los dos mil dólares. ¡Peor imposible! Dividendos de entidades del sector financiero, como los mencionados, pueden colocarlas en las listas de corporaciones privadas en Estados Unidos, como las de FORBES por ingresos netos, en puestos cercanos al número doscientos. Increíble que en un país del Sur, como el nuestro, haya consorcios que perciban réditos como si se desempeñaran en latitudes de abundancia como las del Norte.

Si se miran las lonjas bursátiles, los proyectos de construcción, la intermediación bancaria, los planes viales, la deuda pública, las pensiones y la salud, el gran comercio, los contratos para seguridad y defensa, siempre ellos están recibiendo la parte del león. Existe un plan estatal preconcebido para que todos los días ingrese dinero a las arcas de dichos privilegiados cuyo único esfuerzo consiste en ampliarlas paulatinamente para dar cabida al inmenso caudal venido de innumerables negocios públicos y privados. Son los reyes Midas del neoliberalismo.

¿Es posible, sin modificar tal orden económico, alcanzar equidad social? ¿Es con el “efecto goteo”, por el que la riqueza escurre de Epulón a Lázaro, como se resolverá la injusticia? ¿Basta con entregar exenciones tributarias a los grandes grupos para que ellos las trasladen al resto a pro rata? ¿Es con la restricción del Estado a mínimas actividades de tutela jurídica y orden público como el mercado, con sus imperturbables leyes de oferta y demanda, se encarga del bienestar general? La globalización y el neoliberalismo han traído dos grandes perversidades: la primera, en la que mayor énfasis se hace: el aumento de las distancias entre las potencias y las naciones pobres, incluyendo un retroceso en la curva del desarrollo para las de ingreso medio; y, la segunda, igualmente perjudicial y no tan difundida: el incremento de las desigualdades al interior de los países entre las elites y las demás clases sociales. Algo de esto se descubrió con vergüenza en Nueva Orleáns en el seno de la propia sociedad norteamericana a la sazón del huracán Katrina, y es lo mismo que brota cuando se conocen los estados de las finanzas de los cuatro dueños de Colombia, socios de Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio ahonda los postulados neoliberales, los eleva a norma constitucional y les otorga carácter perenne. Es su mayor perfidia.

Que la discusión en torno a las enormes diferencias sociales y económicas que dividen hoy a los colombianos comience por el rechazo general a la iniciativa imperial que las puede agrandar; nadie puede lamentar el patético cuadro social del país y, a la vez, avalar el TLC. Y, en segundo lugar, así como en la triunfante campaña presidencial de Clinton en 1992 en los Estados Unidos, cuando sus asesores ante lo obvio le prescribieron: “¡es la economía, estúpido!”, aquí y ahora se diga ante tanta evidencia que es la propia organización económica, la causa primera de la iniquidad, que las aberraciones de injusticia que se viven son expresiones de ella, que éstas no son el mal sino los dolorosos síntomas de un quebranto estructural que ha de corregirse de raíz, precisamente con un plan estatal contrario, al servicio de los sectores nacionales de la producción y del trabajo.

Tribunal prohíbe a Gobierno colombiano firmar TLC con Estados Unidos
Por: Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)
Publicado 13/01/06
El Turbion

Bogotá, 13 ene.- El gobierno colombiano está imposibilitado hoy de firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, porque se lo prohíbe un dictamen del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.La Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el Area de Libre Comercio de las Américas (RECALCA) asegura que una de sus estrategias jurídicas contra el TLC fue interponer esa acción popular en el mencionado tribunal.Con fecha 12 de diciembre y notificada el 15 del mismo mes de 2005, los integrantes de ese cuerpo jurídico fallaron una decisión, como medida cautelar, que prohíbe al Presidente y a la Canciller rubricar el TLC como está redactado y de la forma en que se ha negociado.La Organización No Gubernamental (ONG) precisa que la decisión judicial ordena al Presidente no firmar el TLC en aquellos aspectos que resulten lesivos a los derechos colectivos de los colombianos.

En ese sentido, recuerda RECALCA, la providencia relaciona aquellos puntos en los cuales se vulneran los derechos colectivos de los colombianos si se firma el TLC que hoy conocemos y que tanto preocupa a los diferentes sectores de la población.
La orden judicial señala que los derechos de los colombianos se vulneran en el tema agrícola debido al incremento de las importaciones de Estados Unidos de productos como trigo, maíz, arroz y partes de pollo, entre otros.
Sobre las medidas fitosanitarias, el dictado del tribunal refiere que Washington protege de manera rigurosa y excesiva el ingreso de productos a su territorio, lo cual es considerado una barrera no arancelaria para los artículos colombianos.
Así mismo, asevera que los subsidios otorgados por el gobierno norteamericano a su sector agropecuario afectan el interés colectivo de los colombianos, ya que este país no está en capacidad de conceder a sus agricultores tales ayudas.
En cuanto a los medicamentos, el fallo del Tribunal anota que cualquier concesión que haga el gobierno nacional en esta materia lesiona el derecho a la salud y puede llegar a afectar el patrimonio público por el incremento del gasto en la atención a la salud.Además, prosigue, patentar organismos vivos afecta tratados internacionales relacionados con la protección de la biodiversidad, a la vez que prohíbe suscribir un TLC que contemple patentes sobre el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas.
RECALCA afirma que el mandato judicial de no firmar el TLC es de obligatorio cumplimiento por parte del Presidente y sus subalternos, por lo que su desobediencia sería tan grave como el desconocimiento de un fallo de la Corte Constitucional.Por lo tanto, subraya, acarrearía consecuencias penales y disciplinarias, e invalidaría el TLC, ya que se firmaría por fuera del orden constitucional.La medida cautelar está vigente y únicamente puede ser revocada por parte del mismo aparato judicial, sostiene la ONG.
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COMUNICADO DE LA ASAMBLEA DE PROFESORES
Universidad Nacional de Colombia
11 de Enero de 2006

Ante la imposibilidad de sesionar en el auditorio León De Greiff, las deliberaciones de la Asamblea de Profesores se adelantaron en el auditorio anexo, cuya capacidad fue insuficiente ante la nutrida asistencia profesoral y la presencia de algunos estudiantes.

Luego de los informes rendidos por los profesores Orlando Acosta, Alonso Correa y Saúl Franco se abrió el debate, a lo largo del cual el contenido del número 12 de Carta Universitaria, la imagen de su primera página, el número más reciente de UN Periódico, el aviso de prensa publicado por la Sede de Bogotá en El Tiempo el 10 de enero, el comunicado “Por una Universidad abierta y desbloqueada” (de diciembre 14 de 2005), suscrito por algunos profesores y estudiantes, la reciente convocatoria a Claustros por parte del Rector (e) de la Universidad, la búsqueda de salidas a la crisis, las condiciones mínimas para levantar la Asamblea Permanente y la posibilidad real de reiniciar el semestre académico suspendido, fueron objeto de análisis y controversia durante cerca de tres horas de intervenciones, al final de las cuales se adoptaron las decisiones siguientes:

1. Rechazar todo tipo de expresión injuriosa o descalificadora en contra de cualquier colega profesor, de base o en ejercicio de un cargo administrativo, independientemente de que sus opiniones sean opuestas al desarrollo del movimiento triestamentario.

2. Convocar a la comunidad universitaria a una gran Asamblea Triestamentaria el lunes 16 de enero, a las 10:00 a.m., en la Plaza Che.

3. Convocar a los padres de familia a una reunión, en el Campus, en las próximas semanas, con el fin de explicarles las razones y alcances del movimiento en desarrollo.

4. Sentar la más enérgica protesta por la utilización de fondos de la Universidad para la publicación del aviso de prensa al que se hizo referencia.

5. Rechazar el carácter parcializado, desinformador y manipulador que han adquirido los medios de comunicación institucionales tales como UN Radio, Carta Universitaria, UN Periódico y la página Web, los cuales han sido convertidos en simples órganos oficiosos al servicio de la actual administración.

6. Con el fin de allanar caminos que conduzcan a la superación del conflicto, demandar del Consejo Superior Universitario, con carácter urgente, el inicio de las sesiones de trabajo con la Comisión de Concertación del Movimiento Triestamentario, cuya primera reunión se suspendió al cancelarse la sesión del CSU programada para el 23 de diciembre,

7. Interpretar, n tanto no se modifique sustancialmente el carácter de la convocatoria, que el desarrollo de los Claustros y las Colegiaturas obedecen a una autoconvocatoria que realiza el movimiento en el contexto de la Asamblea Permanente, con metodología, alcances, cronograma, cobertura, participantes y agenda por definir en la Asamblea del próximo lunes, aunque – en principio – se respaldan los criterios formulados por el Comité de Representantes Profesorales de la Sede Bogotá en su Declaración del 10 de enero.

8. Hacer explícito que hasta que no se acuerde entre las partes un plan de trabajo para la negociación, con temas y tiempos definidos, no se derogue la Resolución 964 y se suspenda la ejecución del Acuerdo 037 y no se declare el carácter vinculante de las decisiones de los Claustros y Colegiaturas, es evidente que no habrá condiciones para hablar de normalidad académica.

Bogotá, enero 12 de 2006

Friday, January 13, 2006

Asesinato y detención de líderes sindicales en Santander
por CUT Barrancabermeja Monday,

ACCION URGENTE POR LA VIDA DEL MOVIMIENTO SINDICAL Y POR EL DERECHO A LA LEGÍTIMA ACTIVIDAD SOCIAL EN SANTANDER.
LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT, COMITÉ BARRANCABERMEJA

denuncia ante la opinión publica nacional e internacional: La sistemática persecución a la actividad sindical y social que realizamos los dirigentes Sindicales y sociales en esta parte del país.
Desde el pasado 30 de Diciembre de 2.005 se encontraba desaparecido el compañero CARLOS ARCINIEGAS NIÑO, reconocido dirigente sindical palmero afiliado a SINTRAINAGRO y trabajador de la empresa PALMAS BUCARELIA. Su cadáver fue hallado el pasado 02 de enero del presente año, amarrado, torturado y con tres impactos de bala en su cuerpo, en uno de los lotes de la empresa en mención, en la vía a Puerto Wilches. El compañero perteneció a la Junta Directiva del sindicato y fue negociador en varias oportunidades ante la patronal. Siempre se caracterizò por la defensa de los intereses de los trabajadores. Esta muerte más se suma a la ya innumerable lista de compañeros asesinados por los PARAMILITARES quienes se mueven por la zona a su libre albedrio sin que exista autoridad alguna que los detenga y decidiendo libremente quien es su próxima victima, violando así una vez mas el CESE DE HOSTILIDADES QUE PACTARON CON EL GOBIERNO COMO CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA INICIAR LOS DIALOGOS CON las A.U.C.
El compañero Carlos era padre de cinco hijos. De igual manera nuestra central rechaza la detención injusta del compañero GABRIEL GONZALEZ ARANGO, defensor de presos políticos y quien se vio obligado a desplazarse, por amenazas de las A.U.C., el año pasado durante el segundo semestre a la ciudad de Bogotá. Hoy los organismos de seguridad del estado lo acusan del delito de rebelión; lo que demuestra claramente que en nuestro país no hay garantías para ejercer la actividad sindical y social, pues cuando no se nos asesina entonces se nos penaliza con el único propósito de acallar las voces del pueblo. Esta ha sido la política de SEGURIDAD DEMOCRATICA del señor presidente de la republica Doctor ALVARO URIBE VELEZ.

Monday, January 09, 2006

Opinión
'La guerra acallada y negada que vive Colombia desde hace más de 40 años'
Por: Alberto Pinzón Sánchez
especial para ARGENPRESS.info 6/01/2006

Ponencia presentada al Foro por los Derechos Humanos el 9 de diciembre 2005 en Alicante (España)
...Yo vivo exiliado en un país del norte de Europa desde hace más de tres años, cuando tuve que salir forzado, porque el jefe paramilitar Carlos Castaño me hizo un atentado a raíz de mi participación en una Comisión de personalidades que se conformó para ayudar en el proceso de diálogos hacia la paz, entre el gobierno del presidente Pastrana (1998-2002) y la insurgencia de las FARC.
Mi participación en esa Comisión me acarreó el odio del capo paramilitar, quien cumplió la amenaza que lanzó contra mi vida en su libro titulado 'Mi Confesión' editado por la oveja negra de Bogotá en la página 312; y tuve que salir apresuradamente del país.

Pero el tema, no es mi exilio forzado sino la guerra acallada y negada que vive Colombia desde hace más de 40 años, en la cual diariamente se viola el principal Derecho Humano cual es el derecho fundamental a la vida.La Fundación Seguridad y Democracia, una fundación de inteligencia técnica que se nutre y elabora informes para el Ministerio de Defensa, el señor Alfredo Rangel, figura destacado como analista militar del conflicto social y armado de Colombia, presenta una serie de datos que vale la pena mirar y de los cuales extraigo solo uno, para que vean ustedes la magnitud de esta confrontación.

En siete años de conflicto (1998 a 2005) que analiza Rangel, cuatro años del gobierno del presidente Pastrana y tres del gobierno de Uribe Vélez, han muerto en la confrontación militar directa 16.600 colombianos: 3.267 de las Fuerzas Armadas y 12.885 llamados guerrilleros, quienes también son colombianos. Los que quiere decir que durante los 2.555 días analizados, cada día murieron guerreando 6,3 colombianos. Esa, para empezar, es una cifra aterradora. No mueren ciudadanos de muerte natural o de algunas otras causas como enfermedades o accidentes, sino en una guerra impuesta al pueblo colombiano por una ley del congreso de los Estados Unidos, llamada Plan Colombia, y que se inicia precisamente en 1998 con el gobierno de Pastrana Arango.

Para tratar de entender un poco este conflicto social y armado que se vive en nuestro país, remontémonos a la historia patria: La actual Colombia se libera junto con Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, mediante una cruenta y larga guerra de liberación del colonialismo español y surge como país independiente en una gran confederación de países, llamada la Gran Colombia, por su creador Simón Bolívar. Pero Bolívar, muere en 1830 víctima de una tuberculosis y también, víctima de un dolor moral muy grande producido por la traición de sus compañeros de lucha, especialmente José Antonio Páez en Venezuela, Francisco de Paula Santander en Colombia y Juan José Flores en el Ecuador; quienes aprovechando la calamitosa situación social producida por 15 años de guerra anticolonial y la postración producida por su enfermedad tuberculosa; dan marcha atrás al proceso de reformas progresistas iniciado por él, tales como la abolición de la esclavitud negra, la servidumbre indígena, y de otras trabas coloniales económicas y sociales opresoras impuestas por el caduco imperio español. Y destruyen esta confederación de patrias dentro de la Patria Grande, que el Libertador había construido con tanto empeño, con el fin de quedarse cada uno mandando su pequeña 'patriecita' provinciana.Ese pensamiento progresista de la Patria Grande que tenía Bolívar.

Ese pensamiento gigantesco que hoy después de 200 años vuelve a surgir con tanto vigor de la 'latinoamericanidad' y de la cual se hablaba aquí hace un rato, se frustra. Y la América hispana es convertida por el sistema mundial del colonialismo, en una especia de zona de los Balcanes en la que aparecen 23 ó 24 'republiquetas bananeras' manejadas cada una por una oligarquía regional, que de ser una oligarquía formada y sostenida por el colonialismo español, pasa a ser manejada por el colonialismo imperial inglés y poco después absorbida por el imperialismo norteamericano.Desde ese momento, 1830 a hoy, Colombia ha vivido en el siglo XIX nueve devastadoras guerras civiles sectarias, y en el siglo XX dos guerras más: Una, la guerra civil entre liberales y conservadores 'de los mil días' es decir tres años, que concluye en 1903 con cien mil muertos en un país de apenas de 4 millones de habitantes, la ruina social total que le abre paso a la dictadura civil de Rafael Reyes, y a la amputación de Panamá realizada por los barcos de guerra norteamericanos y que fue pagada unos años después con 25 millones de dólares entregados al gobierno colombiano como indemnización. La otra, que se continúa con la guerra actual, es la guerra civil que se inicia en 1946 con la presidencia del conservador Mariano Ospina Pérez, refinado hombre de negocios cafeteros, seguidor de las ideas anticomunistas y falangistas del caudillo español Francisco Franco.

Es decir que la oligarquía de esclavistas, latifundistas, mineros y comerciantes, así como sus actuales descendientes, que coaligados derrotan el proyecto de la patria grande Bolivariana en Colombia, primero asociados con los gobiernos de Inglaterra y luego con el de los Estados Unidos, desde hace 175 años le impusieron al pueblo trabajador colombiano, esta secular relación de dominación y explotación basada en violencia política, que denominaron cínicamente guerra civil bipartidista.

La guerra que tenemos hoy, tiene como trasfondo histórico esa Vorágine u Hojarasca para usar el titulo de dos famosas novelas colombianas, de cuatro décadas previas de desarrollo sangriento y permanente acumulación de capital que se da en capitalismo dependiente, junto con el proceso de industrialización liviana iniciado en Colombia, poco después de concluida la guerra de los mil días; a partir del entronque definitivo de los latifundistas exportadores de café con el capital financiero internacional, en especial norteamericano, y que impone a sangre y fuego un proceso gigantesco y traumático de movilización social y campesina, a todo lo largo y ancho del país.

En el año de 1948 y como coagulación de todo este proceso, se sucede el estallido social incontrolado más importante que ha tenido el país, causado el 9 de abril por la muerte en Bogotá el gran dirigente popular y liberal de izquierdas Jorge Eliécer Gaitán, en un crimen de Estado urdido, según se ha venido a saber por denuncias de su propia hija, por los servicios secretos norteamericanos, el cual ha permanecido ignorado hasta hoy, permaneciendo en la impunidad total.Murió su ejecutor, quien disparó contra Gaitán, despedazado por la inmediata furia popular, pero los instigadores, planificadores y organizadores del atentado no sufrieron ni han sufrido ninguna pena ni castigo.

La certeza que se tiene dentro del pueblo colombiano es que ese asesinato fue planificado por los servicios secretos de inteligencia norteamericanos en connivencia con los servicios secretos y la presidencia de la república de Colombia de ese entonces, en manos del conservador falangista Mariano Ospina Pérez. A raíz de ese crimen de Estado, se inicia una insurrección en Bogotá, que se extiende a los campos de Colombia y llega a todos los rincones del país. Y como en Colombia la estructura política dominante estaba dividida entre liberales y conservadores. La presidencia conservadora, comienza un exterminio de los seguidores de Jorge Eliécer Gaitán agrupados en el movimiento político de izquierda liberal llamado UNIR y de todos los demás grupos de izquierda, arguyendo que estaban complotados para destruir la hispanidad y la civilización occidental y cristiana, representada en el gobierno.

Ese exterminio que dejó aproximadamente 300 mil muertos cesa momentáneamente en el año de 1957, después de dos sangrientas dictaduras conservadoras, una civil de Laureano Gómez y otra militar de Gustavo Rojas Pinilla, cuando se hace un pacto político en Benidorm, entre el jefe del partido liberal Alberto Lleras y el jefe del partido conservador Laureano Gómez, con el objetivo de crear un gobierno de coalición bipartidista llamado Frente Nacional y turnarse la presidencia de la república entre estos dos partidos, durante tiempo indefinido.

Hablo de historia colombiana porque el conflicto colombiano es un conflicto fundamentalmente histórico. Quien no conoce la raíz histórica y social del conflicto colombiano, posiblemente no lo entenderá nunca y mucho menos podrá ayudar a resolverlo, que es lo que necesitamos. A grandes rasgos, los campesinos resisten la violencia conservadora que se impone desde la cúpula del poder a todos los rincones del país, y campesinos liberales de izquierda y algunos comunistas empiezan a defenderse del ejercito y las bandas paramilitares llamados 'chulavitas, pájaros, y contrachusmas' que envía el Estado y el gobierno a exterminarlos. Allí aprenden algo que surge de la realidad social. La guerra de guerrillas. Empiezan a defenderse, a hacer emboscadas, a utilizar armas rudimentarias y así logran sobrevivir, tratando de hacer lo mejor que pueden en sus territorios aislados.Pero también van adquiriendo conciencia de sus intereses de clase explotada y oprimida y empieza a darse un proceso de diferenciación ideológica dentro de la guerrillas campesinas que marcará el desarrollo de los hechos siguientes: Algunos lideres guerrilleros liberales influenciados por sus jefes de la capital, aceptan amnistías y perdones que se les ofrece desde el gobierno y pronto una vez desarmados, empiezan a caer asesinados uno a uno. El ejemplo mas citado es el del dirigente guerrillero liberal de los llanos Orientales Guadalupe Salcedo, aunque hay muchos más. En cambio los campesinos que había adquirido alguna conciencia comunista, no se desarman sino que se organizan en forma de grupos de defensa y resistencia campesina.

En el año de 1964, después del regreso al país un contingente militar que estuvo en 1954 en la guerra de Corea (el único contingente latinoamericano que participó en la guerra norteamericana contra Corea), y se han asimilado por el alto mando del ejército colombiano, las enseñanzas que traían esos oficiales llamados en Colombia 'los coreanos', acerca de las técnicas y la doctrina de la guerra contrainsurgente usada en Corea para implantarla en Colombia; en 1964, se da inicio a un plan cuyo nombre ha pasado a la historia: 'Latin American Security Operation' o Plan LASO, organizado, financiado y administrado desde la Embajada norteamericana en Bogotá, consistente en exterminar una remota y paupérrima región campesina que según, el delirio de los dirigentes liberales y conservadores, era una república comunista independiente.Embarcan, 12 mil soldados colombianos con asesoría norteamericana y por primera vez en América del Sur se inaugura el ataque aerotransportado con helicópteros norteamericanos, y se bombardea durante varios días la pequeña región ubicada en el municipio de Marquetalia (Huila), habitada por 48 campesinos y sus familias.

Esos 48 campesinos se ocultan en las montañas, sobreviven y a partir de ese núcleo se construye un año después (1965) las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Según los últimos datos dados por el propio gobierno colombiano, hoy son cerca de 48 mil hombres y mujeres los guerrilleros de esa organización, sin incluir a los milicianos y otros contingentes clandestinos. 48 guerrilleros que después de 40 años de lucha armada y de resistencia al extermino oficial, se han multiplicado matemáticamente por mil.

En 1964 no había narcotráfico. Así que el conflicto colombiano es muy anterior al narcotráfico. El narcotráfico es un agregado que llega posteriormente. En ese entonces, la bandera con la cual se presentó la agresión para exterminar a esos campesinos fue la lucha anticomunista: Salvar la democracia occidental y cristiana de Colombia.

En 1982 sube a la presidencia de la república un presidente de extracción conservadora reformista llamado Belisario Betancur, quien después de 18 años de no poderlos exterminar militarmente, les propone a los dirigentes guerrilleros de las FARC una tregua política, con el fin de adelantar una apertura política al cerrado sistema bipartidista creado por el pacto del frente nacional de Benidorm. Así en 1985 se pacta una tregua con cese de fuegos bilateral, y dentro de los acuerdos se autoriza a la insurgencia guerrillera para que conforme, en alianza con otras fuerzas de izquierda y especialmente con el partido comunista, un movimiento político llamado Unión Patriótica, como una fuerza legal no armada, que logra avances sorprendentes en el plano electoral. Este triunfo electoral y avance político legal aterrorizan a la clase dirigente y en respuesta, los descendientes de los que derrotaron a Bolívar en 1830, fraguan otra campaña de exterminio anticomunista y de izquierdistas que liquida mediante el Terror Paramilitar del Estado a toda esta organización: Más de 5.000 cuadros dirigentes y militantes de base de la Unión Patriótica, fueron ejecutados por fuerzas del Estado aliadas con el narcotráfico.

Cruzada que luego se extiende a otras organizaciones populares, barriales, cívicas y sindicales y que ha dejado hasta hoy más de 60.000 civiles exterminados, por el Terrorismo de Estado, en los más de 20 años que lleva operando impunemente.Ante el genocidio Estatal, los guerrilleros buscan nuevamente refugio en las montañas, y la maquina oficial del Terror contando con una total impunidad, se vuelca con sevicia sobre los indefensos y desarmados que quedaron en las ciudades o campos, al alcance de de los escuadrones de muerte Paramilitar.

Se abre entonces otro ciclo de violencia política que se suspende momentáneamente en 1990, cuando el gobierno del liberal Cesar Gaviria propone unas nuevas conversaciones conjuntas de paz, a la FARC y al ELN, las cuales se desarrollan en Caracas (Venezuela) y en Taxcala (Méjico), y que concluyen sin ningún acuerdo político, debido a la negativa gubernamental a realizar las transformaciones sociales, económicas y políticas propuestas en sus programas, por los guerrilleros.

Ante este fracaso, el presidente Gaviria envía el ejército colombiano al sitio de Casa Verde donde se suponía estaban los comandantes guerrilleros en proceso de conversaciones, en un plan militar concebido y ejecutado en el momento simbólico de las elecciones para conformar la constituyente que redactó la constitución de 1991, reiniciándose otro ciclo de confrontaciones y exterminio que dura 9 años, con toda su secuelas de destrucción y muerte.Hasta 1999, cuando tras una serie de estruendosas derrotas militares propinadas por la guerrilla de las FARC al ejercito oficial, el presidente conservador Andrés Pastrana, quien hoy se encuentra de embajador de Uribe Vélez ante el gobierno de Washington, asesorado por el Pentágono, con el fin de tomar un aire político y darse tiempo para reestructurar las fuerzas militares desmoralizadas, propone unas nuevas conversaciones de paz a las FARC. Como la solución política al conflicto no era el objetivo de Pastrana, una vez el ejército colombiano estuvo reconstruido y rearmado, se puso en marcha otro plan militar elaborado y financiado por el gobierno norteamericano, paradójicamente semejante al Plan LASO de 1964 llamado Plan Colombia, y cuyo desarrollo llevó a la ruptura a comienzos del año 2000, de las conversaciones indiciadas en el área desmilitarizada del Caguán.

En ese momento, el comunismo ya no era el enemigo de la democracia occidental. En ese momento y aun hoy; el enemigo de la civilización occidental y cristiana se presenta como el terrorismo. Así el Plan Colombia, financiado, asesorado, organizado y ejecutado por los norteamericanos junto con el ejército colombiano, se ejecuta con la mampara de la lucha contra el terrorismo. No es el terrorismo a secas de Bin Laden, sino lo que han llamado 'narcoterrorismo'. ¿Cuál es el resultado? Siete años de Plan Colombia y más de 16 mil muertos y toda esa barbarie de cerca de 2 millones de desplazados y destrucción social y ecológica que conocemos como conflicto colombiano actual pues a la cifra anterior de muertos y desplazados por la confrontación militar directa, se le debe agregar el componente del exterminio político de civiles desarmados y que según los datos benévolas que dije antes, puede llegar a más de 60 personas en los años que lleva operando en la impunidad el Terrorismo de Estado en Colombia.

Hecho histórico monstruoso que el gobierno actual de Alvaro Uribe Vélez intenta legalizar y lanzar al olvido para dejarlo en la impunidad. Miles de estudiantes, defensores de derechos humanos, sindicalistas, profesores, maestros, campesinos, artesanos, dirigentes barriales y veredales, indígenas, etc; han caído ejecutados por una implacable y siniestra máquina de terror Estatal intentando quebrar y derrotar la resistencia del pueblo colombiano a la violencia política, que se le ha impuesto por siglos desde la cúpula del poder colombiano, aupada y sostenida por el gobierno Norteamericano.

En la medida en que se desarrollan los planes se van cambiando de nombre, Plan LASO, Plan destructor uno y dos, Plan Colombia y ahora Plan Patriota. Pero lo importante de todos ellos, lo que los une a todos: Es la ayuda norteamericana. Pues sin esta ayuda financiera, logística y diplomática, estos planes nunca se podrían realizar. Por ejemplo, el actual Plan Colombia, que está en ejecución, es una verdadera 'sobredeterminación' impuesta a todo el pueblo trabajador colombiano. Es una Ley del Congreso de los Estados Unidos. Demócratas y Republicanos votaron por ese plan, que no es una decisión militar diplomática como la toma de Irak. Es una desvergonzada ley de uno de los países más poderosos que haya conocido la humanidad, en contra de unos pobres campesinos colombianos a quienes acusa sin razón de ser narcotraficantes.

Olvidando y ocultando que el narcotráfico existe porque sin contar los adictos en todo el mundo, solamente en Estado Unidos existen más de 22 millones de adictos a la cocaína. Y como de todos es sabido, la mano invisible del mercado capitalista determina que cuando hay demanda, existe la oferta.Si hay varios millones de personas con dinero solicitando cocaína en todo el mundo, alguien la producirá en alguna parte. Sin embargo, mediante una sórdida falacia que desconoce su origen histórico y social muy antiguo, se ha pretendido convertir el complejo conflicto colombiano en un problema de narcotráfico. Sin embargo si se mira despacio el argumento económico, desde que se produce, es decir se siembra la mata de coca, se recolecta la hoja, se procesa con diferentes sustancias químicas, se cocina, se mezcla, se destila, se obtiene el clorhidrato de cocaína que es el alcaloide que estimula, se empaca, se exporta, se transporta, se distribuye, se menudea y se consume; hay una cadena muy compleja de cerca de 15 pasos, cada uno de los cuales le agrega valor económico al producto final. En esta cadena compleja, la hoja de coca, que entre otras cosas nuestros indígenas siempre la han usado como un alimento y estimulante natural, pues la hoja de coca tiene siete alcaloides. Uno de ellos es una proteína de alto valor biológico. Como tiene también lidocaína, y xilocaína y otros anestésicos que se desperdician para quedarse únicamente con el clorhidrato de cocaína que es el narcótico.

Desde que la mata de coca se siembra hasta que llega la cocaína a la nariz del consumidor, hay un proceso sumamente largo y complicado de producción, distribución y consumo. Y si no se combate todo el proceso de manera integral, tanto en la producción, la distribución y el consumo del narcótico; es muy probable que no se obtenga ningún resultado definitivo en contra de esta calamidad mundial contemporánea.

Los estrategas de los Estados Unidos consideran que la distribución y el consumo del alcaloide no juegan un papel importante, porque saben que estos dos pasos se dan en sus países del capitalismo desarrollado. Consideran que todo su esfuerzo y lucha se debe centrar en romperle el espinazo de la producción de hoja de coca y erradicar de la naturaleza este arbusto semiselvatico, incluso fumigando indiscriminadamente campos y cultivos con defoliantes derivados del agente naranja empleado en la guerra de Vietnam, en una verdadera guerra química, que al cabo de los años lo que ha generado es una verdadera catástrofe ecológica llamada por los biólogos ecocidio y que ha profundizado la miseria de millones de campesinos pobres del tercer mundo. Eso si cuidándose de no mencionar dos cosas fundamentales asociadas: Una, que el negocio anual del narcotráfico en el mercado mundial es de cerca de 25 mil millones de dólares. Que de esta suma, solamente seis o siente mil millones llegan a Colombia y que de estos seis o siete mil millones, escasamente un (1%) uno por ciento, llega hasta el territorio de los campesinos colombianos, mientras el resto se queda en las otras cadenas para ser lavado en los llamados paraísos fiscales del capitalismo financiero mundial. La otra es, que además de esto también se oculta la existencia de otros dos mercados semejantes y paralelos al narcotráfico, como son el mercado de químicos y el mercado de armas.

El mercado de los químicos, porque todo ese proceso de elaboración requiere acetona, ácidos sulfúrico y nítrico, alcohol, benzol, gasolina, petróleo, gasolina, hornos microondas, etc. Es un mercado muy grande cuyos principales abastecedores son los países capitalistas desarrollados de Europa. Y el mercado de las armas que maneja cifras semejantes, porque como es bien sabido, estos negocios ilegales generan mafias, gangsters y luchas sangrientas por controlarlos y quedarse con las ganancias.

Lo cual nos conduce a la pregunta siguiente ¿acaso Colombia produce armas?Todo este 'Globo' es el que en este momento cae sobre los hombros del pueblo trabajador colombiano, para aplastarlo y sumirlo en una de las peores catástrofes humanitarias que se dan actualmente en el mundo. Lo peor de todo es que no se le ve una salida en el corto plazo. Pues se insiste en volver todo este problema global en un círculo vicioso, con el fin de no enfrentarlo integralmente en todas sus etapas y de manera coordinada en todo el mundo. Entonces se dice que en Colombia no hay conflicto, que es solo una situación policial, de delincuencia, de ilegalidad internacional y por todos los medios habidos y por haber se le niega su carácter político, sabiendo de antemano que es un conflicto fundamentalmente político.

Que las guerrillas, así se quiera aceptar o no, desde sus inicios han tenido un programa político fechado, que quien quiera puede consultar en cualquier parte. Que han esbozado reformas económicas, políticas, sociales y culturales profundas en sus programas, las cuales han sintetizado en una frase: 'Paz con soberanía y justicia social'.Lo que insurgencia ha venido pidiendo es que se les reconozca su carácter político, se pare la guerra y se le busque una solución política al histórico conflicto social, que consiste en llegar a un acuerdo para construir entre todos una Colombia mejor, democrática, soberana y que fundamentalmente tenga justicia social.

Pero a esto no quieren llegar quienes están interesados en la continuación de sus gigantescos negocios y privilegios, y por eso se niegan a darle una solución política, diciendo que en Colombia no hay ningún conflicto, sino simplemente ataques de narcoterroristas.De manera que yo quiero llamarles a ustedes a una sola cosa: A la solidaridad con el pueblo colombiano, lo cual implica, primero, que tengan muy claro que el conflicto colombiano es un conflicto político profundamente arraigado en la historia y la sociedad colombiana y que sin una solución política, vamos a continuar en este baño de sangre mucho tiempo más. Y segundo, que ustedes como ciudadanos de un país desarrollado que juega un papel muy importante en el concierto de las naciones, como es nuestra madre España y de quien nos independizamos, pero a quienes seguimos considerando nuestros hermanos de la Patria Grande; le pidan a su gobierno que no vendan ni químicos, ni armas, al gobierno colombiano, porque se está contribuyendo a prolongar y a profundizar toda esta situación de guerra y sufrimiento social.

Que es mejor exigir al gobierno español la utilización de toda su influencia internacional, para que nos ayude a encontrar la solución política al conflicto, que todos estamos ansiando. Que nos ayuden a parar la guerra. Que no necesitamos armas, ni químicos. Solo necesitamos apoyo para encontrar la solución política a esa cruel guerra que diariamente se nos impone, porque todos los días impunemente se viola el principal derecho de los seres humanos, cual es el derecho a la vida. Muchas Gracias…

Thursday, January 05, 2006

Diez universidades de E.U. y Europa vetaron el consumo de Coca-Cola por presuntos nexos con los 'paras' colombianos. La empresa, obviamente ha rechazado dichas vinculaciones, sin embargo, los universitarios norteamericanos y europeos, en una campaña sin precedentes, han decidido vetar los productos de esta empresa.

"Una campaña sobre supuestos abusos laborales de Coca-Cola ha llevado a cancelar contratos de la empresa en diez universidades de cinco países, mientras la compañía manifiesta que se trata de “una agenda política que nada tiene que ver con la empresa”, e incluso dice que la salida de sus productos no obedece a un veto sino a políticas comerciales de los centros educativos."
Diez universidades, diez colegios universitarios y dos colegios de bachillerato en Estados Unidos, Canadá, Italia, Irlanda y Reino Unido, han roto contratos con Coca-Cola, de forma paralela a la campaña “Porque amo la vida no tomo Coca-Cola”, promovida desde hace dos años internacionalmente.

El mensaje, que busca desestimular el consumo de los productos, surge como una forma de protesta por supuestos abusos de la multinacional con los trabajadores y por el uso indebido de los recursos naturales en todo el mundo.Una de las principales motivaciones de la protesta se basa en hechos acontecidos en Colombia en donde la empresa ha mantenido supuestos vínculos paramilitares que habrían perpetrado homicidios en contra de dirigentes sindicales en varias ciudades.

Tanto en Colombia como en Estados Unidos se están llevando a cabo investigaciones sobre el tema y en abril habrá una reunión en Bogotá para profundizar sobre las denuncias, a la que asistirán delegaciones internacionales.

Con informació de EL TIEMPO
5 de Enero de 2006

Votaciones en universidades

La hora del almuerzo y los descansos en las universidades se convirtieron en un campo de batalla publicitario entre quienes quieren la Coca-Cola y quienes la rechazan.Mediante afiches, boletines, mesas de información y periódicos, los grupos que denuncian los supuestos abusos de la multinacional convencen a los estudiantes de no aceptar la venta de las bebidas en la universidad. Por su parte, Coca-Cola también tiene una delegación encargada de promocionar la marca y colocar afiches más vistosos que los de sus contrincantes para ganar los votos.Al interior de las universidades y colegios hay estudiantes que se documentan sobre las denuncias y con base en ello se programa un día de votación al año y los alumnos deciden si aceptan o vetan la marca en la institución.

Diez universidades de E.U. y Europa vetaron el consumo de Coca-Cola por presuntos nexos con 'paras'

La empresa rechaza las acusaciones y sostiene que los estudiantes son víctimas de una manipulación con intereses comerciales.

Una campaña sobre supuestos abusos laborales de Coca-Cola ha llevado a cancelar contratos de la empresa en diez universidades de cinco países, mientras la compañía manifiesta que se trata de “una agenda política que nada tiene que ver con la empresa”, e incluso dice que la salida de sus productos no obedece a un veto sino a políticas comerciales de los centros educativos.Diez universidades, diez colegios universitarios y dos colegios de bachillerato en Estados Unidos, Canadá, Italia, Irlanda y Reino Unido, han roto contratos con Coca-Cola, de forma paralela a la campaña “Porque amo la vida no tomo Coca-Cola”, promovida desde hace dos años internacionalmente.
El mensaje, que busca desestimular el consumo de los productos, surge como una forma de protesta por supuestos abusos de la multinacional con los trabajadores y por el uso indebido de los recursos naturales en todo el mundo.Una de las principales motivaciones de la protesta se basa en hechos en Colombia por supuestos vínculos de la empresa con paramilitares y homicidios de dirigentes sindicales en varias ciudades.

Tanto en Colombia como en Estados Unidos se están llevando a cabo investigaciones sobre el tema y en abril habrá una reunión en Bogotá para profundizar sobre las denuncias, a la que asistirán delegaciones internacionales.

“Están mal informados”Pablo Largacha, gerente de Comunicaciones de The Coca Cola Company, considera que si bien “las personas que hacen parte de la campaña quieren hacer algo por el bien de los trabajadores en Colombia, desafortunadamente están mal informadas acerca de la situación y están tratando de utilizar la marca para adelantar una agenda política que nada tiene que ver con la empresa”.Edward E. Potter, director de Relaciones Laborales Globales de Coca Cola dijo hace mes y medio que “The Coca-Cola Company y sus embotelladoras han entrevistado a testigos de los asuntos en cuestión y confían en la suficiencia de esas investigaciones. Estas no encontraron evidencia de que los administradores de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia conspiraran con paramilitares para amenazar o intimidar sindicalistas, ni evidencia de que administradores de plantas embotelladoras de Coca-Cola tengan algún papel en la muerte de Isidro Gil”. Así lo expresó en una carta a Terry Collingsworth, director ejecutivo del Fondo Internacional para los Derechos Laborales, organización con sede en Washington que representa legalmente a los sindicalistas. Por su parte, Largacha asegura que la decisión de las universidades de no renovar los contratos se debe más a las políticas comerciales de cada centro educativo que a la campaña en sí.

No obstante, admite que la empresa está preocupada por el daño que se le quiere hacer a su imagen y ya está reaccionando con campañas informativas sobre el tema.Las directivas de Coca-Cola llaman la atención en que “lo más curioso de todo es que en Estados Unidos se protesta por hechos que sucedieron en Colombia en los que supuestamente está involucrada Coca-Cola. Sin embargo muy poca gente conoce de estas denuncias en Colombia y quienes saben del tema no lo creen porque entienden que Colombia es un país que ha vivido una situación de violencia de más de 50 años y no se pueden hacer acusaciones internacionales por un persona que murió a manos de los paramilitares en el año 1996, cuando en Colombia han muerto más de 60.000 personas de la sociedad civil como resultado de esa violencia”.“Las personas que no hacen parte de estas protestas y que no prestan atención a los temas son las que saben que Coca-Cola es una de las empresas que más genera empleo en el mundo”, comentó el directivo.

ADRIANA CAMARGO GANTIVA
Redactora de EL TIEMPO
5 de Enero de 2006

Votaciones en universidades

La hora del almuerzo y los descansos en las universidades se convirtieron en un campo de batalla publicitario entre quienes quieren la Coca-Cola y quienes la rechazan.Mediante afiches, boletines, mesas de información y periódicos, los grupos que denuncian los supuestos abusos de la multinacional convencen a los estudiantes de no aceptar la venta de las bebidas en la universidad.

Por su parte, Coca-Cola también tiene una delegación encargada de promocionar la marca y colocar afiches más vistosos que los de sus contrincantes para ganar los votos.Al interior de las universidades y colegios hay estudiantes que se documentan sobre las denuncias y con base en ello se programa un día de votación al año y los alumnos deciden si aceptan o vetan la marca en la institución.