Carta Abierta al Dr. Uribe

Doctor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República de Colombia
Bogota.

A propósito de los hechos lamentables en que perdieron la vida 29 soldados del Ejército en Vista hermosa – Meta, en el marco de la actual confrontación, usted expresó en un Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Granada, el pasado 28 de Diciembre, que “Emprenderemos una tarea de captura de milicianos en toda esta área: Vista Hermosa, Uribe, El Castillo, Lejanías, los municipios vecinos porque hemos encontrado que hay mucha milicia urbana acompañando a estos terroristas”.

Lo que no quedó claro es la interpretación que la fuerza pública asigna a la categoría de “milicianos” y la necesaria diferenciación con la población civil que habita en las áreas de confrontación armada, a quien muchas veces se le ha relacionado desde el gobierno como colaboradora de la insurgencia y se le ha involucrado en el conflicto.

Hacemos referencia a esto porque el pasado 5 de Enero del presente año, supuestos grupos paramilitares actuando con el nombre de “Autodefensas de los Llanos” asesinaron a los campesinos ARELIS DIAZ, ALCIBIADES PACHON, LUIS GUILLERMO GONZALEZ y RAFAEL QUINTERO ORJUELA, en el caserío de Matabambú, jurisdicción de Puerto Toledo, municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta. Sin embargo los pobladores lograron identificar entre los agresores a miembros de la fuerza pública que han participado en retenes del ejército en el área, lo cual hace pensar en una acción del ejército de tipo encubierta. En el Departamento del Meta existe la idea generalizada que la línea divisoria entre Ejercito y paramilitares es inexistente.

De acuerdo con las versiones iniciales a los asesinatos se suma una serie de detenidos por parte del ejército, que luego fueron dejados en libertad en Vistahermosa y sin embargo permanecen desaparecidos. En total se cuentan once (11) desaparecidos: 10 adultos y un menor de 11 años. Lo grave y coincidente de todo esto es que los hechos se presentaron a escasos 5 minutos de un retén militar de tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 42 de la Brigada Móvil No. 4, adscritas al Plan Patriota en el departamento del Meta, al mando del mayor Ramos.

De acuerdo con las informaciones recibidas, la acción militar encubierta y las amenazas contra la población han generando el desplazamiento forzado de 220 campesinos de Puerto Toledo. Todo este panorama se constituye en una violación sistemática a los derechos humanos por parte del Estado.

Ya en el pasado reciente, en hechos que conoce suficientemente el gobierno y la opinión publica, han sido detenidos centenares de ciudadanos acusados temerariamente de ser “auxiliadores de la subversión” y otros han sido asesinados por el ejercito nacional y presentados como muertos en combate como ocurrió con pobladores de Cajamarca, los tres lideres sindicales en TAME (Arauca), , la masacre en San José de Apartadó, los 3 jóvenes campesinos asesinados en Sumapaz y otra sucesión de hechos que han ocurrido en el transcurso de las operaciones del Plan Patriota en el sur del país.

A comienzos del pasado mes de diciembre una misión de organizaciones de derechos humanos, de la cual hizo parte una representación internacional, visitó simultáneamente los municipios de Calamar (Guaviare) y Puerto Toledo (Meta) y pudo verificar sobre el terreno los terribles impactos que ha tenido la operación militar sobre la población civil. Asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos, amenazas, saqueos, hurtos, restricciones al paso de alimentos y quemas de los mismos; incendio de vehículos automotores e irrespeto al derecho de locomoción, judicializaciones, detenciones arbitrarias y muchas otras irregularidades contra la población cometidas a nombre de la seguridad democrática y el Plan Patriota, todo lo cual permanece impune y silenciado ante el país.

El gobierno debe aclarar ante el país si la confrontación militar que ha declarado es entre el ejército nacional y las fuerzas insurgentes o, entre el Ejército Nacional y la población inerme que, según las normas del derecho internacional Humanitario debe estar al margen del conflicto interno.

Las organizaciones firmantes exigimos del Estado un replanteamiento de fondo en el tratamiento a la población civil en las zonas de conflicto; En concordancia con las normas del derecho internacional de los derechos humanos exigimos políticas que desvinculen a la población del conflicto y la protejan en medio de las hostilidades, de lo contrario seguiremos recibiendo partes de guerra en que se presenta a los campesinos asesinados alevemente como guerrilleros muertos en combate.

De usted, atentamente



Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos de las Juntas de Acción Comunal del sector del río Guejar.

Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH

Federación Nacional de Usuarios del Agro - FENSUAGRO

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Asociación de Ayuda Solidaria – ANDAS -

Corporación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos- REINICIAR
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Con Información de El Turbión