Radiografía a las autodefensas en el departamento y en Medellín
El renacer ‘para’ que ronda en Antioquia
En la capital, en varias zonas del Valle de Aburrá y en diversos municipios de esta zona del país, el grupo armado ilegal mantiene sus estructuras. Un movimiento que se reactiva en medio de actividades ilícitas, asesinatos y presión a la gente.
Norbey Quevedo H. / Libardo Cardona M. - Enviados especiales Medellín
sábado, 24 de febrero de 2007
En las comunas de Medellín circula como un secreto a voces. Pocos lo admiten públicamente, pero el rumor se expande por los diez municipios del Valle de Aburrá. Las autoridades locales lo admiten a puerta cerrada en sus consejos de seguridad. Los mandos civiles y militares del departamento lo tienen sobrediagnosticado en sus reportes. En Antioquia rebrota el paramilitarismo, mientras los jefes saldan sus cuentas bajo el amparo de la Ley de Justicia y Paz.
La diaria romería de nuevas víctimas por el piso 20 del Centro Administrativo de La Alpujarra, en la capital antioqueña, donde despachan fiscales y jueces encargados de procesar a los desmovilizados de las autodefensas; o el desfile de este creciente contingente de ciudadanos anónimos por la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en las Torres de Bomboná en el centro de la ciudad, demuestran que los comentarios son ciertos. El paramilitarismo reactiva sus gatillos.
“Los mismos bloques que se desmovilizaron, ahora con mayor discreción, operan de nuevo en territorios de su influencia”, comenta un alto funcionario de la Defensoría del Pueblo que expresamente reclama la confidencialidad de su nombre. En el Bajo Cauca se mantiene un entorno de ilegalidad fomentado por cultivos ilícitos; en las comunas de Medellín ya no hay patrullajes con fusiles y brazaletes, pero la presión se siente y crecen las extorsiones. La dinámica paramilitar no abandona sus métodos.
Inciden en la cotidianidad de las rutas del transporte público, controlan las apuestas y mantienen las oficinas de cobro, desde las sombras supervisan la economía derivada de actividades ilícitas como la distribución de droga, el comercio ilegal de gasolina, la prostitución y el tráfico de armas. Su mano negra se advierte hasta en el control de la usura que se promueve a través de los populares préstamos de dinero conocidos como “gota a gota”.
En asentamientos subnormales de Medellín, como Altos de la Torre, Pinar, Regalo de Dios o Nuevo Amanecer, se dice que siguen mandando los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara. Las fuentes se muestran estratégicamente parcas, pero subyace la sensación de que el aparato judicial o los organismos de seguridad están infiltrados; que las “vacunas” ya no presionan únicamente en determinados estratos sociales y que hasta las empresas de vigilancia privada operan bajo una lupa “para”.
Los defensores y artífices del proceso de paz entre el Gobierno y los grupos de autodefensa escasamente admiten que son bandas marginales y socialmente se multiplica el denominativo de “Águilas Negras”. Pero pesa en el ambiente el lapidario comentario que hace apenas un mes emitió el delegado de la misión de apoyo de la OEA, Sergio Caramagna: “Hemos hecho una evaluación entre rearmados y alertas de rearme. Serían unas 22 ó 23 estructuras que podrían contener a unos 2.500 hombres”.
Los ejemplos abundan. En una vasta zona del norte y el nordeste del departamento, los cultivos de coca mantienen activa la confrontación entre guerrilla y paramilitarismo. En los municipios de Anorí, Amalfi, Briceño, Yarumal, Remedios y Segovia especialmente, se vienen presentando asesinatos, atribuidos a desmovilizados del Bloque Central Bolívar; mientras en la zona de Urabá se asegura que Vicente Castaño está de regreso y que segundos jefes del Bloque Bananero están rearmando los combos de sicarios.
“La estructura paramilitar en la región de Urabá está intacta. Muchas autoridades de la zona lo saben, pero prefieren el silencio. Algunos empresarios privados lo toleran o cohonestan abiertamente, porque contribuyen a su seguridad frente al acoso de la guerrilla”, observa una fiscal. Lo ratifican recientes informes de la Policía Antinarcóticos y la Policía Nacional que reconocen que el puerto de Turbo es hoy la zona del país de donde más está saliendo ilegalmente la cocaína.
La propia Gobernación de Antioquia posee reportes que dan cuenta de una reincidente presencia de hombres armados en el Golfo de Urabá, al parecer vinculados con el control de cargamentos de cocaína. Por los corregimientos de Currulao, El Tres y Nueva Colonia, en Turbo, se ha visto a ex combatientes del Bloque Mineros o el Bloque Bananero, asegurando corredores geográficos, neutralizando el paso de guerrilleros y condicionando la vida de los lugareños.
A esta sumatoria de evidencias del rebrote paramilitar en Antioquia se suman los informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo que, sin mayor difusión, dan cuenta del incremento de acciones intimidatorias de grupos armados derivados de las desmovilizadas autodefensas. Por ejemplo, del “Movimiento Colombia Libre Opción Derecha”, que en las propias calles de Medellín ejerce su presión armada y sicológica.
A través de mensajes intimidatorios por correo electrónico o panfletos amenazantes, esta organización clandestina acosa por igual a defensores de derechos humanos, asociaciones sindicales o instancias de trabajo comunitario. Evidencia que le da razón al reciente comentario del politólogo Alfredo Rangel, en el sentido de que el modelo del Bloque Cacique Nutibara consiste en “desmovilización sin desmovilización, desarme sin desarme, reinserción sin reinserción y tolerancia velada al control territorial de los paramilitares”.
La situación aún no es de alto riesgo, pero semanalmente llegan reportes de Zaragoza, El Bagre, Tarazá, Argelia, San Francisco, Nariño, Angelópolis, Titiribí o Dabeiba, donde se denuncian incursiones de paras. “Son registros de intimidaciones a las personerías, amenazas a los pobladores y presiones a los grupos de víctimas. El caso particular de Dabeiba reviste condiciones de gravedad. La guerrilla arremete con la misma fuerza con que rebrotan las autodefensas”.
Con diferencia de escenarios, es la misma queja que expresan diariamente voces anónimas de la comuna 13 y de la zona nororiental de Medellín, donde supuestamente se está incrementando el número de asesinatos con arma blanca, arma contundente o asfixia, como una forma de encubrir los móviles políticos de algunos asesinatos. Es un control más sutil, pero en el fondo igual de terrorífico a épocas recientes; una penetración del modelo paramilitar en el circuito económico de comunas y barrios.
Una refundación paramilitar igualmente asociada al replanteamiento de poderes entre los mandos medios. Mientras los grandes jefes siguen en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, sus segundos parecen sujetos a uno de tres caminos: la reinserción, el rearme o la muerte. De la última salida encuentran explicación los crímenes de Dionisio Virguez, segundo al mando del Bloque Central Bolívar y muy cercano a Macaco; Daniel Mejía, Danielito, segundo de alias Don Berna, y Jefferson Martínez, segundo de Jorge 40.
El pasado 29 de diciembre, a raíz del asesinato de Jairo Andrés Angarita, uno de los hombres de confianza de Salvatore Mancuso, los jefes desmovilizados en la cárcel de Itagüí atribuyeron el hecho a un plan de exterminio. La OEA y el Gobierno expresaron su preocupación porque ya eran 13 desmovilizados asesinados. Hoy la lista se acerca a 100 homicidios, pero no es claro si la lucha por el poder está causando estragos o existe un resurgimiento ‘para’ al margen de las directrices de los jefes.
Lo único evidente es que el capítulo Antioquia no se asemeja al de otras regiones donde el espectro de Las Águilas Negras, Los Traquetos o Los Rastrojos tiende a asociarse más a bandas emergentes al servicio de carteles del narcotráfico. El tema preocupa, porque a ocho meses de las elecciones municipales, se relaciona con escenarios de riesgo electoral en las mismas regiones donde mandaron a sus anchas el Bloque Central Bolívar, el Bloque Cacique Nutibara, el Bloque Héroes de Granada o el Bloque Mineros.
De una u otra manera, los jefes paramilitares de Antioquia mantienen poder, y aunque los responsables de los proyectos de reinserción defienden un proceso que hoy integra en talleres de atención sicosocial o diversos programas educativos a cerca de 6.000 desmovilizados, también preocupa que sus segundos libres estén militarmente fortaleciendo la retaguardia. Y en este escenario, la mayoría de los caminos conducen a un mismo personaje: Diego Fernando Murillo Bejarano, más conocido como Adolfo Paz o Don Berna.
Heredero de las bandas de sicarios de los tiempos de Pablo Escobar Gaviria (ver nota anexa), jefe único del Bloque Cacique Nutibara que impuso su hegemonía a lo largo y ancho del área metropolitana del Valle de Aburrá, gestor de las oficinas de cobro y otros métodos de violento control de la economía ilegal en los submundos urbanos, Don Berna proyecta en sí mismo la representación de un poder latente. Es otro secreto a voces: Adolfo Paz sigue mandando y sus segundos mantienen un sigiloso control con mano de hierro.
Algo grave parece fraguarse en Antioquia y las autoridades lo saben. Nadie quiere repetir la tragedia que desde 1995 a la fecha dejó una macabra estadística de 3.540 desaparecidos en el departamento y 130 fosas comunes por esclarecer, pero las víctimas siguen pidiendo auxilio antes de aceptar el desplazamiento forzoso.
Ahora la nueva banda Renacer empieza a hacer de las suyas en Apartadó, Carepa o Chigorodó y se advierte el reciclaje paramilitar en Antioquia que, al igual que en épocas pasadas, amenaza con proyectarse en todo el país.
Los nuevos cotejos electorales
Un estudio de la politóloga Claudia López sobre el comportamiento electoral en varios departamentos de la Costa Atlántica constituyó uno de los primeros eslabones del denominado escándalo de la parapolítica. Después vinieron los debates en el Congreso y luego las sucesivas decisiones de la Corte Suprema de Justicia que han llevado a ocho parlamentarios a la cárcel y tienen a otro más huyendo de las autoridades. Los nueve congresistas procesados ganaron sus curules en los departamentos de Sucre, Cesar y Magdalena.
No obstante, politólogos y otros observadores han formulado reparos por el hecho de que los investigados únicamente sean de la costa, pues el fenómeno paramilitar fue una expresión ilegal que también incursionó en otras regiones del país. Como un coletazo del escándalo, ya la Fiscalía les metió la mano a los antecedentes de presuntas alianzas entre la clase política y los grupos de autodefensa asentados en el Casanare.
Y para sumarse al cotarro, la Corporación Nuevo Arco Iris decidió hacer un nuevo cotejo electoral que puso en tela de juicio la adhesión política que recibieron otros congresistas. En dicho estudio, que seguramente también será objeto de análisis judicial, se plantean nuevas votaciones supuestamente atípicas en las elecciones parlamentarias de 2002 y entre los políticos referenciados aparecen varios senadores y representantes a la Cámara del departamento de Antioquia.
No están investigados, pero las proyecciones políticas de la Corporación Nuevo Arco Iris cuestionan sus votaciones en áreas de influencia paramilitar. Se trata del senador Óscar Suárez Mira, del representante Mauricio Parody Díaz y de los congresistas Mario Uribe, Rubén Darío Quintero, Guillermo Gaviria Zapata, José Ignacio Mesa y Carlos Arturo Piedrahíta. Todos rechazaron las insinuaciones. El escándalo de la parapolítica aún no se asoma por Antioquia.
El caso de los doce apóstoles
Hacia 1994, el Cinep denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación la existencia de un escuadrón de la muerte en el municipio de Yarumal (Antioquia), que a plena luz del día y con la omisión de las autoridades, venía causando diversos homicidios selectivos. El Centro de Investigaciones sostuvo en sus denuncias que el grupo armado ilegal era patrocinado por varios comerciantes y ganaderos de la región, ubicada en el norte del departamento de Antioquia.
El caso cobró trascendencia nacional por dos circunstancias: entre los investigados resultó afectado el vicario de la parroquia de La Merced, sacerdote Gonzalo Palacio, y apareció también un hermano de quien un año después resultó electo gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. El expediente empezó a conocerse como el caso de “Los Doce Apóstoles”, nombre que se le dio al grupo armado que asesinó a por lo menos 12 habitantes de distintos sectores de Yarumal.
Hacia noviembre de 1998, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos concluyó en primera instancia el caso ordenando la destitución de dos oficiales y dos agentes de policía. Meses después, el 25 de agosto de 1999, por falta de pruebas, la Fiscalía expidió un auto inhibitorio en favor de los procesados. La medida adoptada por el ente investigador, entonces en cabeza de Luis Camilo Osorio, benefició a Santiago Uribe, hermano del hoy Presidente de la República.
Este es el caso que varias veces han citado y quieren revivir en el Congreso los opositores del Primer Mandatario. Sobre el hecho, el entonces fiscal del expediente, Hernán Gonzalo Jiménez, sostuvo que las averiguaciones se originaron en las denuncias de un testigo bajo reserva que buscaba beneficios procesales pero que, ante la falta de resultados, la justicia expidió el auto inhibitorio. Los familiares de las víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CONCEPTOS
Jorge Mejía Martínez / Secretario de Gobierno de Antioquia
Alcaldes y líderes de las comunidades de subregiones como Nordeste, Urabá, Occidente, Oriente Lejano y Suroeste han manifestado que en estas zonas ha habido presencia de algunas agrupaciones armadas ilegales, como Las Águilas Negras, Águilas Doradas y el grupo Renacer. Adicionalmente, el mapa donde actúan estos grupos coincide con el mapa donde actuaban las autodefensas lideradas por comandantes que se desmovilizaron. Sin embargo, lo que creemos es que se trata de mandos medios que no se desmovilizaron.
Mauro Palacios Morales / Asesor de Paz de Antioquia
No hay claridad sobre el volumen y el impacto que están ejerciendo los grupos armados emergentes en las diferentes regiones y eso es lo que estamos tratando de establecer, para que con el Gobierno Nacional tomemos medidas. Sin embargo, hay indicios de presencia de grupos armados que se conforman por diferentes causas, como personas reinsertadas que han vuelto a tomar las armas, nuevos reclutamientos, delincuencia común y los que no se reinsertaron.
Fabio Acevedo / Miembro de la Corporación Democracia
Lo que nosotros podemos decir es que en el área metropolitana de Medellín no se presenta este fenómeno, pues el proceso de desmovilización ha sido muy controlado. No tenemos información ni quejas de que los grupos de autodefensa se estén rearmando en Medellín.
Una breve historia de las autodefensas paisas
En 1992, cuando Pablo Escobar Gaviria ajustició a algunos de sus socios del narcotráfico en la cárcel de La Catedral, comenzó el declive de su poder mafioso y se formalizó el avance de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil. A ellos se sumó Diego Fernando Murillo, hombre de confianza de El negro Galeano, y se constituyó el grupo criminal de “Los Pepes”, que resultó determinante para la muerte del capo de capos en diciembre de 1993.
Muerto Escobar, sobrevino un obvio enfrentamiento entre las bandas de sicarios por el poder en las comunas y el control del Valle de Aburrá. La banda de La Ramada, la de Los Triana, Los Capuches, la banda de Frank, poco a poco fueron reducidas por la temible banda de La Terraza que orientaba Elkin Sánchez, pero que desde las sombras controlaba el mismo Diego Fernando Murillo, ya conocido como Don Berna. Él por su lado y los Castaño por el suyo, fueron consolidando su poder ilegal.
Don Berna extendiendo los tentáculos del narcotráfico y su red de traquetos hacia zonas rurales, a imagen y semejanza de Escobar; y los Castaño aplicando la pena de muerte a toda expresión política de izquierda, tal y como lo hicieron en los años 80 con los líderes de la Unión Patriótica u otros dirigentes afines. Con diferentes métodos, dos expresiones de un tronco común: el movimiento Muerte A Secuestradores (MAS), que desde finales de 1981 edificó el proyecto mafioso y paramilitar nacido en las entrañas del Magdalena Medio, entre Santander y Antioquia.
Con el correr de los años y el desmonte paulatino de las milicias urbanas de los grupos guerrilleros, los dos bloques de avanzada paramilitar en Antioquia concretaron su control político militar en el Valle de Aburrá y Medellín. Don Berna absorbió la banda de La Terraza tras eliminar a sus principales jefes, y con el apoyo de un ex policía conocido como Fabio Orión, consolidó su poder mafioso. A su vez, los Castaño, con la coordinación de Rodrigo Doble Cero, estructuraron el Bloque Metro con notorio influjo en el bajo mundo de la capital antioqueña.
Por varios años fueron socios y cómplices. Don Berna fue dejando su condición de capo y con el poder de su dinero afianzó más su nueva condición de jefe de autodefensas. Entonces adoptó el alias de Adolfo Paz y terminó como jefe único del Bloque Cacique Nutibara, de mucho poder y presencia en el Valle de Aburrá. Entre tanto, el Bloque Metro se concentró en su acción puramente antisubversiva, sin intervenir demasiado en las oficinas de cobro y otras actividades extorsivas de sus socios.
Hasta que llegó 2001, la súbita renuncia de Carlos Castaño a la comandancia y meses después los acercamientos de paz con el gobierno Uribe Vélez. En este replanteamiento de fuerzas, el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Metro terminaron enfrentados. La razón: la inserción de narcotraficantes a las líneas de mando. Las dos fuerzas, con sus diferentes bandas, libraron una guerra a muerte y se impuso Don Berna. Rodrigo Doble Cero murió asesinado en Santa Marta en 2004.
Así las cosas, Don Berna, quien fue el primero en desmovilizar su bloque, el Cacique Nutibara, quedó con todo el poder en el Valle de Aburrá y sus principales socios al frente de los demás bloques de mando en Antioquia. Un poder que se manifestó claramente a mediados de 2005, cuando Don Berna fue transitoriamente conducido a la cárcel de Cómbita y en buena parte del Valle de Aburrá se paralizó el transporte. Desde entonces, se dice que el Estado recuperó a Medellín, pero las mismas autoridades admiten en privado que las autodefensas siguen intactas.
Informacion tomada de
www.elespectador.com
