colombiainedita

Thursday, December 28, 2006

28 de Diciembre de 2006 -
La Unión Peneya y Peñas Coloradas, dos pueblos fantasma del Caquetá, por orden de las Farc
Desde el 5 de abril del 2004, 4.800 personas tuvieron que dejar sus pertenencias por la presión de la guerrilla y ante la llegada de las tropas del Plan Patriota.


Rafael Martínez recuerda esa mañana cuando recibió en su negocio de Peñas Coloradas (Caquetá) la visita de uno de los hombres de 'Fabián Ramírez', el jefe del bloque sur de las Farc.


Llegó corriendo con el fusil al hombro y golpeando de puerta en puerta con la culata del arma. Lo propio hizo en el mostrador del bar de Rafael y le gritó: "Compadre, tiene cuatro horas para salir de aquí. Llévese lo que alcance a empacar".


La misma advertencia recorrió las cuatro calles del estrecho caserío de 2.500 habitantes, contando comerciantes, prostitutas y raspachines ocasionales. Hombres, mujeres y niños se embarcaron en lo que pudieron y cogieron río Caguán arriba, hacia Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.


Así lo recuerda Rafael en un hogar de paso en Bogotá, donde lleva 34 meses como desplazado. "La guerrilla nos gritaba que venía el Ejército y nos iban a matar a todos o nos iban a capturar por negociar con coca. Todo quedó allá".


'Puro delirio'


Él, su mujer y sus cuatro hijos se encontraron con otra realidad. Pasaron de negociar hasta una libra de arroz con base de coca y tener televisor de pantalla plana, antena satelital y pantalones de hasta 300 mil pesos, a dormir en un hogar comunitario y vestirse con solo dos mudas de ropa.


"Todo quedó en la casa. Nos dicen que hubo unos saqueos, pero en mi casa como que todavía está todo tal cual lo dejamos", señala con tristeza.


Como la casa de Rafael están todas las del pueblo. A través de las ventanas se ve la maleza creciendo en las salas y los solares.


Las discotecas que manejaban hasta 30 millones de pesos de producido en un fin de semana, aún tienen las botellas de cerveza tiradas en el piso. El tiempo y la lluvia también han hecho de las suyas.


Los únicos que se pasean por las calles son los soldados de la Brigada Móvil 22 que entraron en ese abril del 2004 con el Plan Patriota.


Hasta las casas de 'Fabián Ramírez' y la extraditada 'Sonia' están desmontadas. Y sobre la coca que supuestamente quedó enterrada en el suelo de Peñas Coloradas, Rafael dice que "es puro delirio", porque todos botaron el polvo blanco al río Caguán antes de irse. "Si no era para nosotros, no era para nadie", asegura.


Pero él cree que algún día retornará a su pueblo. "Si no lo hemos hecho es porque nos da miedo que la guerrilla nos mate y dicen que el Ejército no se va a salir de ahí y eso nos convierte en un objetivo militar", señala.

Retorno inseguro

Precisamente, el pasado 27 de junio una comisión encabezada por la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas volvió al caserío para planear el retorno, pero hasta ahora no se ha hecho efectivo.


Sobre lo que había en el pueblo y supuestamente ya no lo hay, el Ejército asegura que a su llegada no hubo un inventario y los primeros en entrar a Peñas fueron los hombres del grupo Jungla de la Policía.


La misma situación se vive en La Unión Peneya, un caserío de La Montañita, que queda al otro lado del Caguán. La advertencia de las Farc llegó el 31 de diciembre del 2003 y para el 4 de enero solo quedaban 10 familias de los 2.300 habitantes que había.


Pero el caso de este pueblo ha sido más dramático aún. Doña Gloria Villalba, quien consiguió educar a sus hijos con el producto de la coca, cuenta que han intentado en tres oportunidades regresar a La Unión. Las Farc les han advertido a través de milicianos que el que vuelva, se muere.


En algunas casas aún se mantienen los adornos navideños de ese 2003 y otras viviendas fueron saqueadas y literalmente agujereadas por los guaqueros que buscaban coca y dólares enterrados.


Para la ONU y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), los planes de retorno en estos dos pueblos y otras zonas del país no son tan seguros por las condiciones de orden público y la situación económica.


Mientras tanto, Peñas Coloradas y La Unión Peneya seguirán desocupados y a la espera de sus dueños
www.eltiempo.com

URGENTE
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"Francisco Isaías Cifuentes"

CONSTANCIA HISTORICA

EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MUNICIPIO DE TORIBIO, VEREDAS DE EL
FLAYO Y LA PRIMICIA, RESGUARDO INDIGENA DE SAN FRANCISCO, MILITARES
COLOMBIANOS PERTENECIENTES AL BATALLON PICHINCHA INGRESAN A DOS
HUMILDES HOGARES INDIGENAS, RETIENEN ILEGALMENTE A LOS PADRES DE ESAS
FAMILIAS Y COMO ELEMENTO TIPICO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD
DEMOCRATICA, EN FORMA DIABOLICA Y DESCARADA LOS ASESINAN A SANGRE
FRIA, SIMULAN UN ENFRENTAMIENTO CON LA INSURGENCIA, Y DAN EL PARTE DE
DOS INSURGENTES DADOS DE BAJA EN COMBATE. LA COMUNIDAD INDIGENA Y EL
PUEBLO COLOMBIANO EXIGEN JUSTICIA Y DEJAN CONSTANCIA HISTORICA DE LA
FORMA COMO EL ESTADO COLOMBIANO ANIQUILA AL PUEBLO COLOMBIANO.

EL LUNES 18 DE DICIEMBRE A LAS 9 DE LA NOCHE, DOS CIUDADANOS
INDIGENAS, QUE SE ENCONTRABAN CON SUS FAMILIAS, FUERON SACADOS A LA
FUERZA DE SUS CASAS POR MIEMBROS DEL EJERCITO COLOMBIANO.
EL MARTES 19 FUERON VISTOS CON VIDA EN LA MAÑANA, A LAS 3:00 DE LA
MADRUGADA Y A LAS 12:30 DEL MEDIO DIA EL EJERCITO SIMULA COMBATES Y A
LAS 3 DE LA TARDE, PRESENTA EL REPORTE DE DOS INSURGENTES DADOS DE
BAJA, TRATANDOSE DE LOS DOS INDIGENAS QUE HABIAN SIDO SACADOS DE SUS
HOGARES.

ESTOS DOS CIUDADANOS INDIGENAS SON MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
INDIGENA "AVELINO UL" DEL MUNICIPIO DE TORIBIO.
LOS CUERPOS DE LOS CIUDADANOS INDIGENAS TENIAN EVIDENTES SIGNOS DE
TORTURA E IMPACTOS DE ARMA LARGA Y HABIAN SIDO UNIFORMADOS CON
CAMUFLADOS, EQUIPOS DE CAMPAÑA Y ARMAS LARGAS.

ESTOS HECHOS QUE A DIARIO SE PRESENTAN A LO LARGO Y ANCHO DE LA
GEOGRAFIA COLOMBIANA, EN CONTRA DE CIUDADANOS COLOMBIANOS INDEFENSOS
MIEMBROS DE ORGANIZACIONES POPULARES, SE VEN INVOLUCRADOS MIEMBROS DE
LAS FUERZAS REGULARES E IRREGULARES DEL ESTADO, MILITARES Y
PATRAMILITARES PORQUE SON EJECUTADAS EN APLICACIÓN DE LA POLITICA DE
SEGURIDAD DEMOCRATICA DEL REGIMEN REPRESENTADO POR ALVARO URIBE VELEZ
Y AGENCIADO POR DIFERENTES PLANES DE INTERVENCIÓN DEL CAPITAL MUNDIAL.

RESPONSABILIZAMOS AL ESTADO COLOMBIANO EN CABEZA DEL SEÑOR ALVARO
URIBE VELEZ, AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y A LAS FUERZAS
MILITARES Y DE POLICIA POR LAS VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS, QUE SE COMETAN CONTRA LAS COMUNIDADES DEL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EN ESPECIAL LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE
TORIBIO.

HECHOS

Lunes 18 de Diciembre de 2006.
Al Suroccidente de Colombia en el Departamento del Cauca, Municipio
de Toribio, vereda El Flayo, Resguardo Indígena de San Francisco,
Cerca de las 9:00 p.m., un grupo de militares asentados en la Zona,
irrumpió en la casa de habitación del ciudadano indígena campesino,
miembro de la Organización Indígena "Avelino Ul" de nombre Roberto
Poto, y en presencia de su padre, esposa, hijos y cuñado, lo retiene a
la fuerza y se lo lleva con paradero desconocido.

Al Suroccidente de Colombia en el Departamento del Cauca, Municipio
de Toribio, vereda la Primicia, Resguardo Indígena de San Francisco,
Cerca de las 9:00 p.m., un grupo de militares asentados en la Zona,
irrumpió en la casa de habitación del ciudadano indígena, miembro de
la Organización Indígena "Avelino Ul" de nombre Arnoldo Musicue, y en
presencia de su esposa e hijos es sacado de la vivienda y llevado a la
fuerza.

Martes 19 de Diciembre de 2006

Al Suroccidente de Colombia en el Departamento del Cauca, Municipio
de Toribio, vereda El Flayo, Resguardo Indígena de San Francisco, los
ciudadanos indígenas Roberto Poto y Arnoldo Musicue, en las horas de
la mañana fueron vistos cuando eran conducido por miembros del
ejército, se los veía en buenas condiciones físicas y vestidos de
paisano como acostumbraban.
Pasado el medio dia en el sitio en donde esta asentado el destacamento
militar, miembros activos del Ejercito de Colombia adscritos al
Batallon Pichincha, simulan enfrentamientos con la insurgencia
Colombiana.

Los familiares de los señores Roberto Poto y Arnoldo Musicue y la
comunidad asentada en la zona recibió la información de que los
cuerpos de los dos comuneros habían sido presentados como insurgentes
dados de baja en combate y fueron presentados , disfrazados con
camuflados, portando fusiles AK y equipos de campaña.

Cerca de las 2:30 p.m., un helicóptero de las Fuerzas Militares de
Colombia, arriba a la vereda El Flayo, Resguardo Indígena de San
Francisco, Municipio de Toribio, Departamento del Cauca, y recoge los
cuerpos sin vida de los ciudadanos indígenas Roberto Poto y Arnoldo
Musicue.

EXIGIMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• El cumplimiento de su mandato como veedores para que el estado
colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y con las
normas del derecho internacional de los derechos Humanos.(DIDH)

AL ESTADO COLOMBIANO
• El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que
sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA y demás organismos internacionales.
• Detener las medidas represivas y el amedrantamiento a las que están
siendo sometidas las comunidades de el Municipio de Toribio en el
Departamento del Cauca por parte de las Fuerzas Militares.
• Garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica
y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos del Municipio de
Toribio en el Departamento del Cauca.

A LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA
• Detener las medidas represivas y el amedrantamiento a las que están
siendo sometidas las comunidades del Municipio del Toribio en el
Departamento del Cauca por parte de las fuerzas militares.
• Garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica
y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos del Municipio del
Toribio en el Departamento del Cauca

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
• Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el
respeto a los derechos constitucionales de la vida de las comunidades
asentadas en el Municipio de Toribio en el Departamento del Cauca.
• Se haga presencia en la zona conformando una comisión de
verificación que denuncie y prevenga la violación al DIDH por parte
del Estado. constatando los hostigamientos y agresiones por parte de
las fuerzas del Ejercito, con el fin de detener estas agresiones.

SOLICITAMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su
gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a
las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que
se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento
de las mismas.

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL:
• Exigir al Gobierno Nacional el inmediato cumplimiento de las
reiteradas recomendaciones que al respecto se han hecho y el
acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
formulado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
la comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás
organismos internacionales.
• Exigir al Gobierno Nacional garantice el derecho a la vida, la
integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de
los Ciudadanos del Departamento del Cauca, y en especial en el
Municipio de Toribio.
• Exigir al gobierno departamental en cabeza del gobernador que
garantice el derecho a la vida, la integridad física y psicológica de
las comunidades.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES
POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA ANTE LA CRITICA SITUACION DE
DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO "FRANCISCO ISAIAS
CIFUENTES"
20 DE DICIEMBRE DE 2006

Presidente electo de Ecuador llegó a Caracas:

CORREA RECIBE SOLIDARIDAD DE VENEZUELA EN CONFLICTO CON COLOMBIA POR FUMIGACIONES

TeleSUR - Caracas, diciembre 20 de 2006

El presidente electo de Ecuador, Rafael Correa, llegó este miércoles a Venezuela para reunirse con su homólogo Hugo Chávez con quien conversará sobre temas de interés bilateral. El líder progresista recibió el apoyo del presidente Chávez en el impasse que existe entre los gobiernos de Ecuador y Colombia por las fumigaciones que ésta última realiza en la frontera.

El presidente electo de Ecuador, Rafael Correa, obtuvo este miércoles la solidaridad del mandatario venezolano, Hugo Chávez, en el reciente conflicto generado con Colombia por la reanudación de las fumigaciones de cultivos con glifosfato en la frontera. El jefe de Estado venezolano aclaró que su Gobierno respeta la soberanía de cada nación.

Correa arribó este miércoles en horas de la mañana al Aeropuerto Internacional 'Simón Bolívar' de Maiquetia, acompañado de miembros de su futuro gabinete, donde fue recibido por su homólogo Hugo Chávez y funcionarios del gobierno venezolano.

A su llegada a Venezuela, el nuevo presidente ecuatoriano, que asumirá el cargo próximo 15 de enero, pidió el respaldo de Chávez en el reclamo contra el gobierno de Álvaro Uribe por las aspersiones con el herbicida glifosfato, hecho considerado por Quito como "un acto hostil".

[...]

Chávez acogió el pedido de su homólogo expresándole a Correa "su solidaridad".

"En esa lucha tienes nuestra solidaridad y nuestro apoyo, y ojalá todos juntos podamos hacer un plan sudamericano contra la droga sin que vengan a imponernos planes desde el Norte", destacó el jefe de Estado venezolano.

Añadió que "Colombia debe buscar otros métodos de lucha contra la droga" y agregó que "la batalla contra el narcotráfico no puede ser la plataforma para atropellar el ambiente o a los seres humanos".

"La batalla contra el narcotráfico ha sido la excusa del imperialismo para penetrar nuestros países y atropellar a nuestros pueblos", insistió Chávez.

Según Correa, Argentina también se adhirió a su causa dentro de la campaña que alentó en una gira por Sudamérica que también lo llevó por Brasil, Bolivia, Perú y Chile.

"Eso hemos pedido a todos los presidentes de la región. [El presidente] Néstor Kirchner nos dio su total respaldo", afirmó.

"Seguiremos pidiendo ese apoyo porque es inaceptable que en la frontera se fumigue vía aérea con glifosato, lo cual mata cultivos lícitos ecuatorianos de lado ecuatoriano y aparentemente mata cultivadores ecuatorianos", declaró Correa.

El mandatario ecuatoriano confió en que ello persuada a Uribe de suspender las aspersiones de glifosato en la frontera con Ecuador, reactivadas el pasado 11 de noviembre bajo el argumento de un aumento de los sembradíos de coca en el último año.

De esa forma, Colombia puso fin al acuerdo conjunto suscrito un año atrás por el cual se interrumpieron las fumigaciones en atención a un pedido del gobierno de Alfredo Palacio, que alega perjuicios para el ecosistema y la salud humana.

"Vamos a hablar muy claramente sobre las fumigaciones con glifosato, y a respaldar totalmente la posición del gobierno, del canciller de la República, que debe ser la posición de todo un país: no aceptar ninguna clase de fumigación desde el aire", indicó Correa.

El futuro gobernante indicó que se desplazará a Colombia "con el anhelo de que Uribe acepte el reclamo ecuatoriano y suspenda la erradicación aérea como una muestra de amistad" con las nuevas autoridades.

"Aspiramos que con nuestra visita, y un diálogo frontal, fraterno, cesen las fumigaciones con glifosato desde aviones, porque si se hacen a mano o a pie los efectos son muchos más controlados", sostuvo.

"De otra forma tendríamos que considerarlo, como ya lo manifestó el canciller Francisco Carrión, como un acto hostil de Colombia", subrayó.

Correa y Chávez se reunieron este miércoles en privado en el palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano.

El mandatario electo llegó a Venezuela en compañía de algunos miembros de su futuro gabinete tales como: el próximo ministro de Economía, Ricardo Patiño; la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa y Guadalupe Larriva, presidenta del Partido Socialista de Ecuador.

Los mandatarios de ambos países tienen previsto visitar el jueves el Núcleo de Desarrollo Endógeno 'Fabricio Ojeda' ubicado en el oeste de la capital. Este núcleo es parte de las misiones sociales que impulsa el gobierno bolivariano.

En horas de la tarde del jueves, Correa y Chávez realizarán una declaración conjunta en el Salón Ayacucho, ubicado en el palacio de Miraflores.

La futura canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, afirmó que Correa tiene gran interés en conocer los programas sociales (misiones) emprendidos por el gobierno venezolano en las áreas de educación y salud.

"Hay temas de interés en la agenda que son los programas sociales en Venezuela, la campaña nacional de alfabetización y otros aspectos que no sólo tienen relación con el tema energético", señaló Espinosa.

La futura canciller destacó que concluida la visita a Caracas, el electo jefe de Estado de Ecuador prevé trasladarse a Bogotá para analizar el tema de las fumigaciones aéreas en la frontera bilateral con el presidente colombiano, Álvaro Uribe.


En busca del regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

El presidente electo de Ecuador, Rafael Correa señaló a su llegada a Caracas, que otro punto que tratará con su par venezolano será el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Chávez indicó que la solicitud de regreso de Venezuela a la CAN también fue planteada por el presidente boliviano Evo Morales, lo cual le "obliga" a considerar el asunto, aunque dejó claro que en principio no está previsto ese giro.

Chávez se mostró complacido de la visita de Correa al asegurar que "Venezuela se pone a la orden de Ecuador, de su pueblo y de tu gobierno para que juntos hagamos la nueva Historia".

Correa resumió el problema afirmando que la verdadera "integración debe superar la lógica mercantil y comercial, que quiso convertirnos no en naciones sino en mercados, no en ciudadanos de América Latina, sino sólo en consumidores".

"Debemos luchar por una integración que se base en la complementariedad, la cooperación, la coordinación, y superar los absurdos impuestos por el Norte para que repúblicas hermanas compitiésemos entre nosotras", añadió el presidente electo de Ecuador.

Adelantó que uno de los objetivos de su gobierno será alentar y trabajar por la fusión entre el Mercosur y la CAN.

El gobernante ecuatoriano, que fue electo durante la segunda vuelta realizada en su país el pasado 26 de noviembre y asumirá el cargo el próximo 15 de enero, dará una rueda de prensa, junto con Chávez el jueves, antes de partir hacia Colombia.

La mentira: un manto que perpetúa el paramilitarismo


Comunidad de paz de San José de Apartadó - Diciembre 20 de 2006


La Comunidad de Paz de San José de Apartadó no puede guardar silencio ante la mentira y el accionar que el paramilitarismo realiza en la zona con el apoyo del Estado, en especial de la Fuerza Pública.

Se quiere encubrir la verdad, pero la realidad muestra que el Estado pretende perpetuar el régimen de muerte del paramilitarismo que impera en Urabá. Y son la mayoría de medios de comunicación local y nacional los que siempre han favorecido esta lógica de muerte, al callar lo que sucede y distorsionando la verdad de lo que está sucediendo.

El día 18 de diciembre de 2006 el periódico El Tiempo sacó un artículo en el que nos incluye y habla de la zona, pero con una versión totalmente opuesta a la realidad. Así mismo, el canal RCN en su noticiero del 20 de diciembre. Es muy fácil ser invitado a eventos realizados por los militares en el que se orquesta todo un circo y desde allí hablar. Otra cosa es la realidad que se está viviendo diariamente.

En dicho articulo, y en diversas informaciones de otros medios, han ocultado hechos que muestran una situación mas grave y peligrosa en el avance del paramilitarismo. No entendemos cómo puede decirse que el desplazamiento terminó cuando San Josesito sigue siendo habitado por las familias desplazadas de San José desde abril de 2005. Y además se ocultan las familias desplazadas producto del accionar paramilitar en Arenas Bajas, a quienes les han arrebatado su tierra para poder construir allí la represa que están haciendo.

Se habla de tranquilidad total en los dos últimos años con la llegada de la policía. Se muestra que donde antes sólo existía guerra ahora sólo se vive total tranquilidad. Nos preguntamos ¿cómo se explica entonces el asesinato de 11 personas: dos por la guerrilla y nueve por el ejército en el último año? ¿cómo pueden explicarse las detenciones arbitrarias y los montajes que se han realizado contra varias personas de la zona y como lo hemos dejado en constancias a través de tutelas y en derechos de petición que aún los organismos de control no han contestado? ¿cuál tranquilidad, si se vive en medio de las amenazas constantes que se han realizado contra las diversas veredas y los miembros de nuestra comunidad, además de hechos como la quema de casas, torturas y robos por parte de la Fuerza Pública en los últimos seis meses, los patrullajes de los paramilitares en especial en los tres últimos meses? Todavía no puede decirse que se está viviendo paz en la zona, porque en todo caso es la paz que implanta el Estado con los paras, la paz del silencio ante la muerte, la de tapar, ocultar e indudablemente de la impunidad.

Entendemos que varios medios callan ante el horror por todos los intereses con el Estado. Es mejor no decir nada del aumento de la presencia de la guerrilla en la zona desde la presencia de la policía en San José, es mejor callar y ocultar el aumento de confrontaciones armadas y muertos de los dos actores armados, Estado y guerrilla, es mejor callar cómo antes de la policía no había cultivos ilícitos, sin embargo en varias veredas que se están tomando los paramilitares están promoviendo esto con el apoyo de la fuerza pública.

Es mejor callar y no denunciar cómo instituciones del Estado apoyan la toma de tierras que viene haciendo los paramilitares, las amenazas a vender los campesinos las tierras porque las necesitan hechos contundentes en la Esperanza, Arenas bajas y Guineo. Es la verdad de los victimarios como podemos ver.

Es por ello que se oculta cómo estos proyectos de cacao sólo están buscando hipotecar las tierras para ser tomadas por los paramilitares como ha ocurrido en el Choco con la palma Africana. Estas personas que vienen liderando estos proyectos solo actúan uniendo esto a creaciones de redes de informantes y cooperantes. Indudablemente pretenden involucrar a la población civil en medio del conflicto, pues lo que escuchamos en los combates, en los tiros en los ametrallamientos en la presencia de la Fuerza Pública y de la guerrilla en la zona es que se mantiene más vivo que antes el conflicto armado.

Es real que los caminos se han perdido en las veredas a causa del invierno que ha creado avalanchas que han afectado a la gente pobre de Apartado, sin embargo se oculta que estos caminos destruidos estas avalanchas es producto de la tala indiscriminada, que se viene haciendo de árboles en donde se deforesta criminalmente en forma fraudulenta y apoyado por los organismos del Estado encargados de ello.

No sólo el paludismo es el enemigo de la gente, es la muerte a bala que impera en la zona la mayor enfermedad, pero es más terrible y dura esta enfermedad de la amnesia, la mentira, de ocultar la verdad con el ánimo de imperar la realidad de la muerte.

Varios medios hablan del atraso de la luz eléctrica de escuelas, etc., pero no hablan del atraso de la justicia, porque en Urabá no existe justicia, no se menciona absolutamente nada de las siete masacres realizadas por el ejército sin que exista absolutamente ningún acto de justicia y menos en los 172 asesinatos contra la comunidad, pero peor nada de justicia en los mas de 580 violaciones de derechos humanos, indudablemente comprensible este silencio de los medios pues la lógica de nuestro país en estos momentos es total impunidad, borrón y cuenta nueva o mejor continuidad del paramilitarismo.

Estos medios en sus interés callan ante la cantidad de asesinatos que están sucediendo en Apartadó y en la zona de Urabá, realizados por los paramilitares y que solo la defensoría ha denunciado sin que nadie actúe ante ello. Sólo el gobierno habla de banditas emergentes y delincuencia a ello, como si alguna vez el paramilitarismo en Urabá se hubiera desmovilizado: sigue en su maquinaria de muerte y el avance de su toma total de tierras y recursos.

El Estado oculta toda esta realidad con montajes de circo que realiza la Fuerza Pública, y que varios medios lo muestran como la paz, sin embargo bastantes en la zona, la mayoría nos resistimos a esa lógica, a entregar la dignidad de la vida por un mercadito de los asesinos, de los victimarios, si lo hiciéramos perderíamos la memoria de nuestros líderes e integrantes de nuestra comunidad asesinados por mantener nuestros principios.

Sabemos que esta navidad es un momento para dar fortaleza y poder algún día vivir en nuestra tierra en nuestro país una verdadera navidad, donde reine la justicia, la no impunidad, la verdad, el respeto a la tierra del campesinado y donde el terrorismo de estado termine, sabemos que son navidades negras las que vivimos pues son alumbradas por el fuego de los tiros y la muerte del paramilitarimo, sin embargo creemos en la pascua de la vida, de nuestros lideres, de nuestros amigos asesinados, ellos nos dan agua viva en esta Navidad para seguir resistiendo ante todo este horror que se esta viviendo y que se quiere ocultar. Gracias a nuestros mártires por tantas navidades de resistencia que nos han enseñado, ellos nos acompañan en ese sentido profundo de la navidad que es crear nueva vida, esta que hoy esta tan lejos en Urabá pero que la buscamos vivir en nuestra comunidad diariamente.

En medio de tanta mentira y muerte queremos decirles con esta constancia feliz navidad a todas las personas, organizaciones, comunidades hermanas que nos acompañan, y sabemos que la navidad que nos muestra el derrotero de la verdad y el nacimiento de la vida nos seguirá llevando por la senda esencial que debemos construir diariamente: la solidaridad.

Por la libertad de Fredy Muñoz y por la libertad de prensa

Martes 19 de diciembre de 2006 - 12 m. Ministerio de Comunicaciones, Carrera 7ª entre calles 12 y 13, Edificio Murillo Toro, Bogotá D.C.

Caquetá] [FALSOS POSITIVOS: Una política institucional]
[14/12/06] [Corporación Reiniciar]


Resumen
Según denuncias de familiares y habitantes de la región, recibidas por la Corporación Reiniciar, el 12 de diciembre de 2006, siendo aproximadamente las 4:30 a.m., los campesinos JUAN BAUTISTA MUÑOZ y OVER SEMANATE, salieron del municipio de Florencia (Caqueta), en compañía del señor JAVIER GARZON, persona a quien habían contratado para que los transportara con destino al sitio Bocas de la Reina, ubicado en inmediaciones de la vereda La Estrella, del municipio de La Montañita (Caqueta), a fin de llevar una remesa.
Aproximadamente a las 10:45 de la mañana, cuando se encontraban en cercanías del caserío de La Estrella (municipio de Montañitas - Caqueta), el vehículo en que se movilizaban fue interceptado por tropas de la Décima Segunda Brigada, adscrita a la Sexta División, quienes procedieron, según las informaciones de familiares recibidas por Reiniciar, a asesinarlos mediante disparos con armas de fuego, siendo presentados posteriormente como muertos en combate.
Ver documento completo:


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dhColombia
http://www.dhcolombia.info
Email: dhcolombia@yahoo.es
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Boletín 162
Comunicaciones ONIC
Miércoles, 13 de Diciembre del 2006.
www.onic.org.co


FISCALIA ORDENO LA LIBERTAD A LOS CINCO INDIGENAS NASAS QUE FUERON ACUSADOS DE HOMICIDIO AGRAVADO, LESIONES PERSONALES Y SECUESTRO SIMPLE


Después de 14 días de estar privados de la libertad, el suscrito Fiscal 38 Especializado adscrito a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Cali, Juan Carlos Oliveros Corrales, concedió la libertad provisional a los cinco indígenas Nasas que fueron arrestados el pasado 29 de noviembre en predios aledaños a la Finca Emperatriz.

El Fiscal Oliveros se abstuvo de dictar medida de aseguramiento, por no encontrar méritos ante las acusaciones de la Policía Nacional, que los sindicó penalmente y ante los medios de comunicación por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales y secuestro simple.

Se trata de EDILBERTO CUARÁN, LUIS ALBERTO DIZU, SIMON SECUE MESTIZO, LUZ MARINA PILLIMUE CAÑA Y DIANA PACUE MESTIZO, quienes fueron dejados en libertad el día de ayer, después de estar recluidos 12 días en las instalaciones de la SIJIN de Bogotá, donde fueron trasladados desde Santander de Quilichao.

Debido a que el fiscal, en la resolución de libertad, comisiona a la DIJIN para que coordine el regreso de los liberados hasta el lugar donde fueron capturados, es decir hasta Caloto, en las mismas condiciones en que fueron trasladados hasta Bogotá (vía aérea), y hasta esta hora (5:00 de la tarde del día 13 de diciembre) no se ha hecho efectivo la orden. “Dadas las circunstancias, los LIBERADOS tendrán que esperar otro día más en Bogotá para reencontrarse con sus familiares y sus respectivas comunidades”, precisó Lisardo Domicó, ejecutivo de la ONIC.

Los indígenas Nasas liberados, están bajo la tutoría del abogado defensor y de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), quienes con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), realizan esfuerzos conjuntos para que puedan regresar pronto y sin problemas a sus hogares, de donde no debieron salir.

Número 160 – diciembre 12 de 2006
Pereira: Autoridades desalojan por la fuerza a familias pobres
Corresponsal Risaralda | Periódico El Turbión – Pereira, diciembre 9 de 2006

El invierno recrudece y las familias que se encuentran en la ladera del río Otún no sólo padecen sus consecuencias, sino la angustia de verse enfrentadas al desalojo a la orden de desalojo impartida por las autoridades locales desde el inicio de este año, como en el caso de los barrios de invasión Bosques del Otún y Bosques de Combia.

Estas familias ven agravada su ya dura situación cuando la Corporación autónoma regional de Risaralda (Carder) define estos terrenos como zonas de protección ambiental y, por ello, la administración municipal reubica a la mayoría de familias en una nueva urbanización, llamada Ciudadela Tokio. Sin embargo, no todos los habitantes de la zona están dispuestos al traslado: consideran que los predios que han habitado por más de 10 años les pertenecen, de acuerdo a la ley, y que las mejoras que han realizado, junto con la legalización de los principales servicios públicos –agua y luz– y las constantes luchas por la legalización del barrio, que incluso pasa por el pago del impuesto predial de algunas de las viviendas, son muestra suficiente de su derecho a habitar los hogares por los que han luchado toda una vida.

La nueva Ciudadela Tokio se encuentra en una zona muy alejada y peligrosa. Se sabe que allí hay presencia de grupos urbanos de narco paramilitares, que estarían 'vacunando' a las personas desde su llegada para engordar su lucrativo negocio de extorsiones. De otro lado, cada familia deberá endeudarse en $2'500.000, suma que pagarían a plazos, para costear los gastos relacionados con la entrega de los predios, más las conexiones de servicios públicos. La nueva urbanización se encuentra en un lugar que no cuenta con la infraestructura social básica, ni centros de salud, ni escuela, pues están proyectados para ser construidos en próximos años.

A los habitantes que no fueron beneficiados con el proyecto Tokio se les prometió la entrega de lotes y de un subsidio de construcción de $8'000.000. Sin embargo, estas ayudas no se materializaron y las autoridades municipales ordenaron que estas familias sean desalojadas ates del próximo 10 de diciembre, sin tener en cuenta los pocos recursos con los que cuentan estas familias y que los habitantes de la zona manifiestan no tener donde ir, ni dinero para pagar un arriendo, dado que no tienen trabajos fijos: los hombres son carretilleros, vendedores ambulantes o constructores y las señoras trabajan en el servicio doméstico o arreglando apartamentos de vez en cuando. De las casi mil personas que habitaban en Bosques del Otún y Bosques de Combia, la mayoría son ancianos y niños que viven de la solidaridad de la gente.

Aunque el desalojo está avisado para el día 10 de diciembre, desde el día 8 se iniciaron los operativos. El día de hoy, hacia a las 3 pm, ya se observaban las primeras casas derrumbadas y el desplazamiento de una gran cantidad de gente hacia Ciudadela Tokio. En el cumplimiento de las órdenes del gobierno del municipio se observaba a los funcionarios de control físico de la Alcaldía de Pereira, junto con agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía y a miembros del cuerpo de bomberos prendiendo fuego a las casas que se mantenían en pie y a los restos de las que fueron desbaratadas por los mismos pobladores. Algunas familias no alcanzaron a sacar sus pertenencias que fueron consumidas por la voracidad de la acción oficial.

Los residentes que aún se mantienen en los alrededores relatan como, desde hace tres días, les fueron suspendidos los servicios de energía y agua, teniendo que salir a pasar la noche y el día a la orilla de la troncal del café, vía que se encuentra custodiada por la policía, que les impide, además, la entrada a lo que queda del barrio. También se mantienen allí algunas familias que se niegan a abandonar sus lotes, pues derivan su sustento de los sembradíos que allí han trabajado.

La situación para las 77 familias de Bosques de Combia y las 40 de Bosques del Otún es incierta. La comunidad se ha organizado en comités de trabajo, en los que cuentan con la solidaridad de organizaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Sindicato de trabajadores y empleados de servicios públicos (Sintraemsdes), que, con la colaboración de la Defensoría del Pueblo de Pereira, han interpuesto una tutela para que se respete el derecho a la vivienda de esta comunidad y su propiedad sobre los terrenos.

De momento, se mantiene la tensión por la acción de los uniformados y los funcionarios del municipio en esta zona. Se teme por la posibilidad de un desalojo sorpresivo y violento a los habitantes que quedan, sin la presencia de organismos control que protejan a la comunidad y vigilen la legalidad de las acciones emprendidas

Opinión
Colombia
Y ahora, ¿quién podrá defenderlo?
Por: María Jimena Duzán (EL TIEMPO) (Fecha publicación:11/12/2006)
Información Adicional
Tema: Situación en Colombia
País/es: Colombia





Bye-bye, Míster Wood

William Wood se nos va del país y desde ya me atrevo a plantear la tesis de que se va uno de los embajadores norteamericanos más intervencionistas que hemos tenido.

Desde su llegada, sus opiniones sobre la política interna se volvieron cosa de todos los días ante el asombro de muchos. Cada vez que el presidente Uribe necesitaba que el gobierno norteamericano lo apuntalara, ahí estaba William Wood listo para defenderlo. Cuando la oposición empezó a decir que la Ley de Justicia y Paz era un pacto concebido por debajo de la mesa y a espaldas del país, el embajador Wood fue el primero que puso el pecho y avaló la transparencia de ese proceso.

Cuando el Presidente decidió graduar de combatientes políticos a los mafiosos narcoparamilitares, el embajador Wood lo apoyó incondicionalmente sosteniendo la tesis de que, si era por la paz de Colombia, su gobierno respetaba la decisión del presidente colombiano de suspender las extradiciones pendientes. Cuando la oposición denunció que la ley aprobada no iba a garantizar ni el desmonte de los 'paras' ni nos iba a proporcionar justicia ni reparación, el embajador Wood dijo que eso no era cierto, que esta era la mejor ley que había en el mundo.

Cuando empezó la oposición a denunciar que los narcoparamilitares desmovilizados estaban asesinando y desfalcando las regiones, el embajador Wood, muy tieso y muy majo, salió sin sonrojarse a decir que eso era mentira porque las Auc se 'habían acabado'. Cuando los medios comenzaron a denunciar la infiltración de los 'paras' en instituciones como el DAS, el embajador Wood les salió al paso y nos recordó que la desmovilización no tenía sino éxitos y que sacar de la criminalidad a 41 mil 'paras' era un triunfo.

Incluso hoy, cuando ya no se puede tapar el sol con las manos y al Gobierno le ha tocado aceptar tardíamente que todo lo que se denunció en los medios y en los debates hechos por la oposición era y sigue siendo cierto, el embajador Wood, sin pestañear, ha salido a apoyar incondicionalmente el traslado de los jefes de las Auc de La Ceja a la cárcel de Itagüí, por hechos que anteriormente negaba en sus comunicados. La coherencia no es virtud de la política, lo sé. Pero tanta seguidilla no se había visto nunca. Con su salida, el Presidente queda como el chapulín. Y ahora, ¿quién podrá defenderlo... si Wood se va?

Solo en una ocasión el presidente Uribe no estuvo de acuerdo con una declaración hecha por el embajador Wood. Fue a mediados del año pasado, en pleno ambiente preelectoral, cuando el diplomático sacó un comunicado crítico del Gobierno en el que mostraba su descontento con el hecho de que existiera la posibilidad de que entre las listas uribistas hubiera parlamentarios con presuntos nexos con los narcoparamilitares. El presidente Uribe le reviró duramente y calificó el comunicado -léase bien porque no es ningún chiste - como un acto de intervención inadmisible.

Ahí nos dimos cuenta de que esto de la intervención tiene sus bemoles en este régimen. Si el tío Sam habla en contra de este Gobierno, se trata de una intervención en política interna. Pero si habla a favor, se trata de un aporte invaluable a la democracia. La politóloga Arlene Tikner, que ha estudiado este comportamiento, dice que el gobierno de Uribe es proclive a una 'intervención por invitación'. Es decir, que esta administración propicia una política intervencionista con la tesis de que, si es para apoyar al Gobierno, es positiva para el país. Tesis de por sí maleva, pero que refleja la poca independencia de nuestra política exterior.

Habría, eso sí, que reconocerle al embajador Wood que esta 'intervención por invitación' tuvo un toque de sofisticación, gracias a su fino humor neoyorquino. Sin embargo, el hecho de que su intervencionismo sea de corte sofisticado no nos hace menos vasallos. Bye-bye míster Wood. Los uribistas ya lo están llorando

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional

“Ninguna Ley del actual gobierno garantiza una verdadera reforma agraria integral para el pueblo”

Las comunidades indígenas, acusadas y señaladas por el gobierno departamental y nacional, y por las autoridades tradicionales del norte del Cauca, informan y denuncian:

Hemos resistido ante la furia, atropellos y desmanes de la fuerza pública y el Esmad; nos hemos retirado para proteger a nuestras comunidades ubicadas alrededor de la hacienda La Emperatriz.

Nos declaramos en Asamblea Permanente, por tiempo indefinido, en resistencia por la Libertad de la Madre Tierra, en Bodega Alta – Caloto. Realizaremos mingas comunitarias y familiares, fortaleciendo la soberanía alimentaria, la unidad, la solidaridad, el acompañamiento humano, político, social y espiritual, al interior de las comunidades.

Precisamos, que el día miércoles 29 de noviembre detuvieron a cinco (5) personas, dos de ellas Diana Pacue y Edilberto Guarán, comuneros; a Diana la sacaron de su rancho; Edilberto se desplazaba a pie del trabajo a su casa; Simón Sécue Mestizo, Luis Alberto Dizú, Luz Marina Pillimue, trabajadores del señor Raúl Guarán, productor de tomate y pimentón, fueron detenidos en el predio en donde trabajan cada día.

Ese mismo día, la fuerza pública allanó la casa del comunero Héctor Casamachín, en Bodega Alta, destrozaron el televisor, violentaron el armario de donde se llevaron seiscientos ochenta mil pesos ($680.000); en acción similar en la Escuela de Derecho Propio, sustrajeron un computador portátil del Proyecto Jurídico de la comunidad.


Más intimidaciones:

Desde el jueves 30 la Policía y hombres armados de civil, entran a nuestro territorio haciendo registros en cultivos, caminos y fuentes de agua. El viernes primero de diciembre, en horas de la noche, salió la fuerza pública y el Esmad de la hacienda La Emperatriz. A partir del sábado se hace más notoria la presencia de motos y vehículos con hombres de civil, portando pequeños maletines y otros con cámaras fotográficas.

El domingo amanece con el rumor que en Caloto, la policía y paramilitares, ejecutarán una nueva masacre, se lo escucharon, hombres y mujeres que caminaban cerca del comando de la fuerza pública, a policías que vociferaban: “después volvemos indios hijueputas”.

Ante la gravedad de las versiones, las comunidades de esta zona madrugaron el lunes a deliberar sobre las amenazas proferidas por la fuerza pública, decidiendo colocar la denuncia y alerta temprana ante el Personero municipal de Caloto, como funcionario encargado de derechos humanos y del Ministerio Público.

No es primera vez que esto sucede. Así mismo ocurrió días antes de la masacre del Nilo, el 16 de diciembre de 1991.


Exigimos:

Fin a la intimidación y agresión contra la población civil;

Libertad inmediata a los detenidos, y devolución al seno de sus familias;

Cumplimiento inmediato de los acuerdos por la masacre del Nilo, para la reparación integral al pueblo Nasa;

Devolución del computador portátil y del dinero sustraído de la casa de un comunero y de la Escuela de Derecho Propio.


Llamamos:

A los organismos protectores de derechos humanos, nacionales e internacionales, para que nos acompañen y garanticen el respeto de los derechos humanos.

A los medios de información, responsabilidad y veracidad en la emisión de noticias.


Convocamos:

A todos los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y demás sectores populares, al acompañamiento y solidaridad con este proceso de Libertad.


¡Comunidades indígenas en Asamblea Permanente, en resistencia por la Libertad de la Madre Tierra!

Bodega Alta, Caloto, 5 de diciembre de 2006

Número 159 – diciembre 5 de 2006
Cauca: un pretexto para seguir con el incumplimiento
Corresponsal Cauca – diciembre 2 de 2006

Debido a más de 15 años de constante incumplimiento frente a los acuerdos por la masacre de El Nilo del año 91 y los firmados por la ocupación de la hacienda La Emperatriz, del 13 de septiembre de 2005, el Gobierno Nacional provocó nuevamente la movilización de las comunidades indígenas para exigir que se cumpla con lo pactado y se respeten sus derechos.

Así, el pasado 27 de noviembre, en una acción de recuperación de la Madre Tierra, se vuelve a ocupar la hacienda La Emperatriz, ubicada junto al resguardo de Huellas del municipio de Caloto. Allí se producen, a consecuencia de las órdenes del Gobierno Departamental y Nacional para impedir la movilización pacífica de las comunidades afectadas, dos fuertes enfrentamientos entre los indígenas y la fuerza pública, iniciados por la acción inusitada de estos últimos. En el último de estos enfrentamientos, justo cuando los comuneros indígenas intentaban regresar al lugar de donde fueron desalojados por la fuerza de las armas, se presentaron heridos, detenidos y un policía muerto.

La versión de las autoridades y del gobierno es que fueron los indígenas los responsables de tal resultado. Sin embargo, aún no hay un esclarecimiento de los hechos. Según Gustavo Campo, miembro de la ACIN, "se dice que el policía murió a causa de una esquirla de la explosión de una 'papa' bomba, pero ellos [los policías] también estaban utilizando esos artefactos y aún no está comprobada la sindicación que hacen desde la gobernación".

En ese sentido, las autoridades indígenas reunidas en la ACIN han comunicado oficialmente su voz de rechazo a las acciones violentas y de condolencia a la familia del policía Jorge Lenis Pacheco, aclarando su disposición para que se esclarezca el hecho y se juzgue de acuerdo a la legislación tradicional. No obstante, dado que la versión del gobierno y la Fuerza Pública es unilateral y tajante en no dar opción a las investigaciones, ni al beneficio de la duda –que "no declara a nadie culpable hasta que se le pruebe lo contrario", como lo solicita para los congresistas sindicados de nexos con paramilitares el presidente Uribe–, los indígenas del Cauca esperan la conformación de una comisión independiente que verifique lo que realmente está sucediendo en el territorio indígena de Huellas e invitan a los organismos de Derechos Humanos y a la Comunidad Internacional a dar seguimiento a estos hechos, para que la respuesta a las exigencias de las comunidades sea el cumplimiento de los acuerdos y no la represión.

Frente al anuncio del Gobierno sobre la suspensión de compra de tierras para los indígenas en el marco de los acuerdos –acciones que, por lo demás, eran lentas e insuficientes–, los lideres indígenas afirman que los representantes del gobierno "ahora pretenden decir que la responsabilidad es nuestra cuando, después de 15 años, no se cumplió con la totalidad del acuerdo y cuando un año después de la firma del acuerdo de la Emperatriz los resultados no se ven", y que esto parece más una justificación para continuar con un incumplimiento que se ve acompañado de varios muertos: ya los indígenas tendrían que padecer las muertes de 21 comuneros en la propia masacre del Nilo, en 1991, y, últimamente, en diferentes movilizaciones para exigir la reparación del hecho, la acción oficial ha dejado varias víctimas fatales, entre quienes se encuentran Belisario Camayo Güetoto, joven de 16 años de edad asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) el 10 de noviembre de 2005, y el comunero indígena José Pedro Pascué, quien fue asesinado por miembros del ESMAD en el territorio de la María Piendamó el 16 de mayo pasado.

Luego de una reunión de los gobernadores de los cabildos indígenas del norte del Cauca, realizada el pasado viernes 1 de diciembre, las autoridades tradicionales de estas comunidades han señalado que, aunque la acción de recuperación de tierras en La Emperatriz sólo "respondió a una decisión de un grupo de comuneros y comuneras necesitados de tierra", continuarán luchando por la liberación de la Madre Tierra y por el reconocimiento de sus derechos. Adicionalmente, exigieron del Gobierno Nacional la liberación inmediata de 5 comuneros indígenas, que fueron detenidos en condiciones irregulares por parte de la policía, maltratados y luego trasladados a las instalaciones de la Sijin en Bogotá, donde, hasta el pasado lunes, se les mantenía en aislamiento y se les negaba contacto con sus familiares y miembros de su comunidad.

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Wednesday, December 06, 2006

Jueves 7 julio 2005 (12h37) :
Así se asesina y paramilitariza a Bogotá
1 comentario(s).
Por Dick Emanuelsson*
05/07/2005

’La magnitud del control que han adquirido a los grupos paramilitares sobre extensas regiones del país se ha convertido en un fenómeno dramático, con preocupantes implicaciones para el futuro nacional. Las autodefensas exhiben hoy una influencia que no es solo militar sino política, social, y económica. Tan profunda y tan extendida, que para muchos no es resulta exagerado de hablar de una progresiva paramilitarización de Colombia’

Fueron las primeras frases de un editorial del diario El Tiempo que en varios sectores gubernamentales y del poder político colombiano causaron gran malestar. No era para extrañarse ya que en el congreso colombiano, el 35 por ciento es controlado por los paramilitares, según lo dicen ellos mismos.

La modalidad de obtener semejante poder es ejercer el terror, erradicar físicamente a toda oposición popular. Pero no ha sido posible sin la participación o la omisión del Estado colombiano.

En el mes de mayo Medellín fue una ilustración de cómo el poder paramilitar ha cobrado dimensiones que ese día sacudió la sociedad colombiana. El jefe narcoparamilitar ’Don Berna’ iba a ser detenido por ser sindicado por la fiscalía de haber ordenado el asesinato de un diputado liberal en el departamento de Córdoba, solo a unos kilómetros del lugar en donde se negocia el futuro de cuatro millones de hectáreas cuyos dueños son los once jefes paramilitares que están en la mesa de negociación con el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez.

Por eso paró Medellín en un-dos-por-tres. Ninguno de los transportistas sabían porqué Medellín se paró pero que si, la orden había llegado ’de un grupo ilegal’. Sobra decir de quien.

El mismo proceso que Medellín pasó los últimos diez años se esta viviendo en Bogotá.

Los ’reinsertados’ paramilitares y los activos están creando redes y una estructura paramilitar en gran parte de la capital colombiana. Dos de estas localidades son Ciudad Bolívar y Alto de Cazuca, en el sur de Bogota, anteriormente bastiones de la guerrilla colombiana.


* * *
Llegan con guantes blancos. Son los verdugos y si los ves con esos guantes sabes que ya han venido para matar.

Son más de 600 los que han sido asesinados desde 2003, solamente en la localidad de Cazuca que tiene 40.000 habitantes en 43 barrios ubicado en el municipio de Soacha.

Su vecino es Ciudad Bolívar con más de 700.000 habitantes. Casi cada noche es asesinado un joven, porque ser joven es equivalente de ser miliciano guerrillero o ’pandillero’.

En el lujoso Hotel Tequendama, curiosamente propiedad del ejército colombiano, la organización de derechos humanos Justicia y Paz, ha convocado a una rueda de prensa que llena el gran local con más de 200 personas. Habla un representante franciscano de Ciudad Bolívar.

’En la localidad 19 de la Ciudad Bolívar 2004 ante la inmensa pobreza y la amenaza de los paramilitares el gobierno declara a diez barrios de alto riesgo. En mi Ciudad Bolívar existe una extraña y sádica forma de ver y entender la vida. Para la población de mi Ciudad Bolívar se ha vuelto normal que a los jóvenes que aparecen con problemas de adicción, indocumentados o por el simple hecho de ser jóvenes los hagan correr esposados delante de una moto ante la mirada de la policía con el temor de ser atropellado.’

’Se ha vuelto normal que a los jóvenes sean golpeados en cualquier CAI (puesto de policía), o se les amarren esposados al asta de la bandera nacional expuestos al escarnio publico.’

Dice el dirigente religioso con un marcado tono de tristeza en su voz.


* * *
El gobierno del presidente Alvaro Uribe lo niega.

’Aquí no hay estructura para (militar)’, declaró categóricamente Juan David Angel director por el Programa de Reinserción de los grupos armados del Ministerio del Interior y de Justicia el 11 de mayo del 2005 para el diario El Tiempo.

La alcaldía de Bogota bajo el ex comunista (ahora socialdemócrata) Lucho Garzón no dice absolutamente nada pero llama a la gente de Ciudad Bolívar y Cazuca a tener confianza en las fuerzas militares y policiales e instala dos bases militares más en las dos localidades de Bogotá. Estos centenares de barrios necesitan inversiones sociales y sobre todo, fuentes de trabajo en vez de presupuesto militar que no genera ni trabajo ni bienestar sino una sociedad de miedo y de terror estatal, como expresa el dirigente franciscano.

¿¡Y como es posible gastar millones de dólares en más pie de guerra cuando un problema y derecho humano tan esencial como el derecho a la fuente de la vida, el agua, solo llega cada doce (12) días a la localidad de Cazuca!? donde han sido asesinados más de 600 jóvenes desde 2003.


* * *
Para ver y conocer el tema más al fondo me fui a Cazuca con dos periodistas y guiados por funcionarios de la organización Justicia y Paz, dirigida por la Doctora Liliana Solano y el padre jesuita Javier Giraldo. Dos de mis guías hacen trabajo comunitario con los niños en Cazuca y me preguntan ’¿Cuántos años crees tienen esas niñas’? y me indican tres niñas que calculo tienen más o menos 5-6 años.

’Tienen 9 años y están, como la mayoría de los niños y jóvenes en Cazuca muy desnutridos’, me responden y me dejan perplejos ante el hecho de que estas niñas deberían tener por lo menos 15 centímetros más de altura y talvez 10-15 kilos más de peso.


* * *
Los graffiti avisan la muerte. Y los que no existen, según Juan David Angel, el encargado de Uribe, si existen, según los que viven en esos 40 barrios que el señor ’Angel’ jamás ha vivido en su ilustre infancia de la oligarquía antioqueña, rodeado de lujo, padres adinerados que lo colocaron en las mejores y más caras escuelas, colegios y universidades que tiene Colombia. Jamás se acostó en la noche, como las tres niñas y miles de otros niños en Cazuca y Ciudad Bolívar, con el estómago gritando y pidiendo un plato de arroz con huevo.

El crecimiento del señor Angel fue más que normal. Para el emisario de Uribe, igual como todo los personajes que rodean al presidente de ’Gran corazón y mano dura’, la vida de Cazuca es algo extraño, casi folclórico pero que le toca negar cualquier tipo de actividad paramilitar en la zona que puedan cruzar los planes del presidente en su política de ’seguridad democrática’ y de ’reinserción paramilitar’.

Basta de problemas que han causado periodistas atrevidos e investigadores que han desenmascarado los nexos para-estatales con los once jefes paramilitares que negocian su suerte en Santa Fe de Ralito. Allá no tiene ni tendrá una agenda política como la guerrilla sino solamente cómo se quedarán con la mayoría de las cuatro millones de hectáreas y la gran influencia política que ahora poseen y ejercen en Colombia. Olvídense de una propuesta de reforma agraria como fue el segundo punto en los doce puntos de la agenda en el proceso de paz FARC-Pastrana en la zona del despeje.

Pero los habitantes de Cazuca no entienden mucho de la ’carreta’ del representante uribista que dice que no hay estructura paramilitar en Bogota.

’No se puede salir por la tarde y nos toca acostarnos a las 8 de la noche y en donde todo tiene que estar apagado. Todos tenemos miedo de salir a la calle’

Lo dice una joven madre de 25 anos con dos hijos que tiene el coraje de hablar con nosotros, cosa peligrosa entre los aterrorizados pobladores. Esta lloviendo fuerte y el frío en los altos de Cazuca es cruel. La pobreza brilla en cada calle y esquina. Niños con gripe, desnutridos en estas localidades donde 90 por ciento de la gente pertenecen a los estratos 1 y 2, es decir, viven en la extrema pobreza.

Contrasta con la militarización que notamos cuando desviamos de la autopista sur donde hay tropa contraguerrillera apostada cada 30 metros y en donde entramos al barrio Julio Rincón, un legendario barrio construido por Provivienda, organización barrial del Partido Comunista Colombiano, PCC.

Esta organización ha construido más de 250 barrios en toda Colombia, legendaria por la toma de terreno en pleno centro de Bogota en la semana santa el 1966 donde la gente sin techo se vieron obligados a recorrer la última alternativa que tenían; ocupar para legalizar un terruño a seis cuadras de la sede presidencial.

Y resistieron la brutal contra-agresión estatal, mujeres obreras tirando baldes de agua hirviendo a la policía antimotines que venia ese viernes largo de la semana santa. Fue y es un bastión rojo del PCC desde esa época, dirigida por el legendario líder Mario Upegui, ahora alcalde por en la localidad de San Juan de Sumapaz.


* * *
Para la mujer en Cazuca no hay duda alguna que los asesinos de sus barrios son los paramilitares. Para ella no cabe la menor duda que lo que existe es una estructura paramilitar.

’Hace poco mataron como a diez ahí abajo’, dice e indica donde. ’Pueden llegar en cualquier momento y sacarte de la casa y matarte’, agrega.

¿Y la policía, pregunta la colega del Noticiero Uno?

’La policía viene cuando han pasado las cosas, ¿y para que?’, dice resignada la mujer.

El papel de la policía y el ejército en el sur de Bogotá despierta muchas inquietudes. Según un informe confidencial que un funcionario de la alcaldía de Lucho Garzón me facilitó, se ve un hilo común con lo de la militarización de los barrios altos de Ciudad Bolívar y de la localidad de Cazuca: El nexo para-estatal.

Es decir; donde han llegado las fuerzas militares-policiales ahí han llegado también los paramilitares con un dramático aumento de los homicidios de jóvenes.

Dice el informe ’Ciudad Bolívar información de seguridad’:

’El 1º de abril del 2004 se instaló la Fuerza de Tarea de la Brigada XIII del Ejercito Nacional en Sierra Morena. El 1 de junio del 2004 el Cuerpo Elite de Acción contra el delito de la Policía Metropolitana entró en funcionamiento’

Las cifras que muestra este informe desenmascaran al fondo la ’política de seguridad democrática’ de Alvaro Uribe, intentando de convencer a la población colombiana, que entre más uniformados más seguridad personal. Cuando es lo contrario en el sur de Bogota.

Porque en el 2003 fueron asesinados 48, cifras que aumentaron a 63 personas los tres primeros meses el 2004. Los tres primeros meses del 2005, es decir bajo la ’protección’ de la FFAA en Ciudad Bolívar fueron asesinados nada menos que 87 jóvenes.

El informe interno de Lucho Garzón espanta:

’El 2005 es el trimestre más violento desde 1997 cuando se registraron 91 homicidios’, dice y se refiere a una época en cuando la policía fue acusada por asesinar indiscriminadamente a la juventud en Ciudad Bolívar, acusada por ser ’auxiliadores a la guerrilla’ o ser simples delincuentes.

Cuando el responsable, un coronel de la policía nacional, interrogado por los congresistas en octubre del 2004 se defendía diciendo que los homicidios son simples ajusticiamientos entre pandillas juveniles y que no existe para nada estructuras paramilitares.


* * *
En audiencias públicas ante representantes de derechos humanos de la alcaldía de Garzón, habitantes han dicho abiertamente que los paramilitares patrullan abiertamente en la calles de Ciudad Bolívar y de Cazuca con el aval de la policía. También hay testigos y testimonios que acusan la misma policía de ponerse el brazalete ’AUC’ (sigla paramilitar) y ahí salen a asesinar a jóvenes.

Mientras el encargado de Uribe niega todo tipo de redes paramilitares en Bogota, la Defensoría del Pueblo, según el mencionado informe de la alcaldía, habla abiertamente de la presencia paramilitar:

’Con la implantación del paramilitarismo se incrementaron las muertes violentas. (...) Se tiene conocimiento de que en los barrios Casa Loma y el Oasis están los principales asentamientos paramilitares que operan en altos de Cazuca’.

Y es donde estamos ahora, solo unos doscientos metros de la base del ejército, rodeada de trincheras y sacos verdes de arena como si fuera una guerra abierta en contra de la población desarmada.

Y la mujer que entrevistamos nos dice que la población vive prácticamente en un toque de queda permanente, obligada de acostarse a las 8 de la noche por los paramilitares que patrullan libremente por las calles de Cazuca, a pesar de la militarización estatal.

¿Cómo es posible, tan cerca del corazón de la república y de los medios no hurguen en una historia que cada vez me parece más sucia y en donde el estado colombiano esta involucrado en el proyecto paramilitar?

Y para colmo cuenta la mujer en Cazuca, que hace un mes sobrevoló un avión paramilitar que regó toda Cazuca con panfletos de fuertes amenazas a la población. Agrega que en Cazuca la policía nunca ha detenido a alguno de los paramilitares.


* * *
Pero si, ha sido detenida una persona acusada de ser uno de las más sangrientas, responsable de haber asesinado a 37 personas.

Jaime Andrés Marulanda o alias ’El Chiquitín’, fue acusado por el fiscal de haber asesinado a 37 personas en Cazuca entre abril-noviembre del 2002. Según El Tiempo del 7 de noviembre del 2004, ’El Chiquitín’ recibió una lista de uno de los jefes paramilitares del Bloque Capital de los paramilitares a las personas que tendría que asesinar. Por cada muerto el jefe paraco le pagó 400.000 pesos (160 dólares). La confesión del ’El Chiquitín’ el 29 de octubre del 2004 deja desnudado al gobierno de Alvaro Uribe que sostiene que en Bogota no existe la red paramilitar.

Primero ’El Chiquitín’ causó un profundo estupor entre los jueces y personas presentes cuando dijo:

’El fiscal me acepta cargos por 37 (asesinatos), cuando yo le informé que son 137. ¿No me explico por qué? ¡Yo maté a 137 personas’!

Y así fue el intercambio de preguntas y respuestas:

’¿A qué organización pertenece’? preguntó la jueza.
Al Bloque Capital (de las AUC). ¿Dónde operaba?
En Altos de Cazuca. ¿Era el jefe?
No. Era un colaborador, un patrullero de la AUC. ¿Qué otras personas trabajaban con Usted?
Eramos varios. No los puedo identificar porque nos rotaban mucho. ¿Quién más esta vinculado?
¡Doctora! Si yo me pongo a hablar de todo lo que pasó allá, aquí caería gente ¡que ni se imagina!

A ’El Chiquitín’ le sentenciaron a 28 años de cárcel pero después de su detención han sido asesinadas 600 personas más, materializando así la red y el proyecto paramilitar para Bogotá.


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Cuando a ’Don Berna’ o ’Adolfo Paz’, llamado ’Inspector Nacional de las AUC’, fue buscado y acusado de haber asesinado uno de los diputados de la asamblea departamental de Córdoba, éste, o las AUC, paralizó en cuestión de segundos a la segunda ciudad de Colombia, Medellín. Fue como una advertencia del impresionante poder que ha logrado ocupar este grupo que fue creado por el estado y financiado por el narcotráfico convirtiéndose en escuadrones de la muerte en un genocidio político a todo lo que olía oposición popular o de izquierda en Colombia.

Están manchadas de sangre sus manos y las tierras de departamentos enteros han sido regadas por la sangre derramada de campesinos, sindicalistas y gente desplazada. Es un monstruo sobre el cual el Estado en cierta forma ahora ha perdido el control. El congresista Gustavo Petro sostiene que en realidad es el presidente Alvaro Uribe Vélez que es el rehén de los paramilitares para poder ser reelegido el próximo año. Sin el aval de los ’paracos’ Uribe esta muerto políticamente. ’Todos los Uribistas no son paramilitares pero si, todos los paramilitares si son Uribistas’, resumía un escritor y periodista francés en el diario Le Monde.


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Suena como la ironía de la vida, pero los grupos de asesinos que fueron creados como matones a las clases sociales que representa Uribe, ahora son acusados de haber copado más de 4,4 millones de hectáreas de sus antiguos patrones, más de los tres millones de campesinos desplazados por los paramilitares y terratenientes colombianos.

En Cazuca sigue la lluvia y la gente tiene frío. Dice la mujer que la ola de asesinatos sigue y que ’los paramilitares tienen una lista de 150 personas que van a matar.’

Otra ironía de la vida es el ’puesto de la ONU’ en Cazuca para la población afectada por la guerra sucia. La casa de dos pisos, blanca, bonita y moderna fue inaugurada con bombo y platillo poniendo atención, por lo menos al show mediático en ese momento, a la población desplazada que huyó de los paramilitares o los soldados del ejército alguna vez. Pero la ONU en Colombia no tiene presupuesto dice la gente en Cazuca para mantener la casa abierta en esta localidad a pesar del catástrofe humana y la ola de asesinatos.

Y la ’ironía’ es que los ilustres funcionarios de la ONU en Colombia, entre ellos mi compatriota Mikael Fruhling, director de la oficina de la ONU por los derechos humanos en Bogota, tiene su sede en el Hotel Radison en la Calle 116 que es del ’Estrato 6’, es decir, el estrato más caro de Colombia con un arriendo que podría financiar el trabajo de la casa en Cazuca más de cien años.

Para los que sufren de asesinatos, frío, la falta de agua y el hambre en el sur de Bogota, les toca a esperar para que abren la casa que en su vitrina tiene un afiche de la ONU que dice: ’PROGRAMA DE ATENCION DE LA POBLACION AFECTADA PARA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO’, firmado por ACNUR, organismo de la ONU.’


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¿Porqué un proyecto paramilitar en el sur de Bogota’? Pues lo mismo que en Medellín; tener un control de la población bajo el terror.

La Defensoría del Pueblo, que es citada por Justicia y Paz, precisa que históricamente las Milicias del Frente Antonio Nariño de las FARC han estado en Ciudad Bolívar, ’lo que ha generado procesos de simpatía y convivencia con los pobladores de la localidad’ (1).

Desde 2001-2003 la guerrilla y el Bloque Capital de los paramilitares, apoyados por el Estado, según varios informes, disputaron el territorio en Ciudad Bolívar. ’En octubre ese año (2003) se repliegan las milicias urbanas Antonio Nariño’, agrega la Defensoría del Pueblo.

En Bogotá ha pasado lo mismo como en Medellín, donde las fuerzas militares han entrado y han ’limpiado’ los barrios de la guerrilla que ha hecho un repliegue táctico. Tiempo después los barrios son entregados por las FFAA al poder paramilitar.

El caso más conocido fue la batalla en la ’Comuna 13’ en Medellín en octubre 2003, en donde el ejército y la aviación después de más de 48 horas de duros combates, donde fueron bombardeadas y ametralladas casas humildes, luego del combate las FFAA entregaron subrepticiamente el control de la zona a ’Don Berna’ y las AUC. Así ha ocurrido con la mayoría de los barrios en Medellín. Por eso el control es total y el transporte fue una ’presa fácil’ de parar en cuestión de segundos cuando el Estado amenazó con detener a Don Berna por el asesinato del diputado liberal en Córdoba.


* * *
Mientras las fuerzas militares bajo el mando del presidente Uribe logran detener miles de supuestos guerrilleros en sus famosas ’pescas masivas’, las detenciones de paramilitares en Cazuca y Ciudad Bolívar son contadas con los dedos de las manos. El caso de ’El Chiquitín’ fue una excepción pero que tuvo su explicación en que la novia de él no aguantó las terribles y sádicas matanzas y por eso lo denunció ante la fiscalía. Pero no fue una obra de la policía de esta localidad.

La Justicia y Paz en un documento llamado ’Asesinato de jóvenes en Cazuca y Ciudad Bolívar’ termina diciendo que ’en los lugares del país donde se ejerce el control paramilitar, este es ejercido mediante el terror y está muy avanzado el proceso de dominio de la sociedad que combina la presencia armada con el férreo control de la comunidad. Es una situación extremadamente grave y es muy claro en Cazuca y Ciudad Bolívar que son ellos que tienen el poder’.

’Es evidente con lo ocurrido en Barrancabermeja, Cúcuta y otras partes del país, es que el paramilitarismo, luego de controlar un territorio y sus pobladores, continua hacia el control económico y político, accediendo a este último con el control de las elecciones y los votantes’.

Es ese ’control de las elecciones y los votantes’ en que el señor Alvaro Uribe Vélez se basa en las elecciones del 2006. Y es irónico creer, que habrá ’garantías electorales’ en un país donde la motosierra y el machete reina.


Nota:
1) Defensoría delegada para la evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado, informe de riesgo 13 de Marzo del 2004.
* Dick Emanuelsson es un corresponsal sueco acreditado desde hace dos años en Colombia para la prensa sindical sueca.


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ARGENPRESS.info


Por : Dick Emanuelsson
Jueves 7 julio 2005

Tuesday, December 05, 2006

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Es hora de que examine responsabilidad de los políticos en crímenes contra la humanidad
por Movimiento Nacional de Víctimas Wednesday, Oct. 18, 2006 at 3:39 AM


El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado pide que el senador Dieb Maloof sea excluido de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, numerosos líderes políticos y parlamentarios de los partidos liberal y conservador, así como de los movimientos integrantes de la coalición de gobierno han sido implicados en escándalos e investigaciones que los vinculan con los grupos paramilitares. Evidencias de tales alianzas han aparecido no sólo en expedientes judiciales, sino en el carácter irregular de los procesos electorales en varias regiones del país, y en declaraciones de los propios jefes paramilitares, que han hecho alarde de controlar una tercera parte del Poder Legislativo.

Como se sabe, estos nexos tienen la forma de la complicidad en actos atroces y en delitos de corrupción a gran escala. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado considera que debe ser determinada, hasta sus últimas consecuencias, la responsabilidad penal y política que se desprende de la vinculación de estos dirigentes y congresistas con grupos que han cometido, y siguen cometiendo, crímenes contra la humanidad, y que han logrado consolidar un imperio económico basado en la usurpación de la tierra y el narcotráfico. Por tanto, solicita a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que agilicen al máximo sus investigaciones para que se esclarezcan estas alianzas criminales.

Entre estos crímenes, aquellos ocurridos en el departamento del Atlántico son de especial gravedad, y conciernen los asesinatos de más de 500 líderes sindicales y sociales en los últimos cuatro años, entre quienes figura el investigador social Alfredo Correa de Andreis. Tanto en el escándalo más reciente, relacionado con el contenido del computador de alias Jorge 40, como en repetidas denuncias anteriores aparece involucrado el senador Dieb Maloof, quien hoy integra la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

La labor que adelanta esta célula legislativa es de gran importancia para el país, y en particular, para las víctimas de la violencia, pues es el órgano encargado de hacer control político, escuchar la voz de los ciudadanos y estudiar proyectos de ley en asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos. Esto significa que sus integrantes deben ser parlamentarios de altas calidades morales. El hecho de que ante esta comisión tengan que presentar sus testimonios y quejas las víctimas de los grupos paramilitares, implica que a ellas se les debe garantizar su seguridad.

Por estas razones, el Movimiento de Víctimas considera que el senador Maloof debe retirarse de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República mientras se resuelven las investigaciones en curso que dilucidan sus presuntos nexos con los autores de los crímenes que, precisamente, debe contribuir a investigar esta instancia parlamentaria.


Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado


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...y ahora resulta que alias "Cadenita" se voló
por Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' Friday, Nov. 25, 2005 at 1:20 PM
colect@etb.net.co

¿Quién responde?

“Como a las 4 y media de la mañana empezaron a ladrar los perros y sentimos gente correr, pero no miramos, porque pensamos que era un ganado que se había salido.

"Llegaron cortando la luz y pateando las puertas, diciendo que era el Ejército de Corozal, que ellos no se iban a meter con nadie. Ya estando dentro fue que nos dijeron que eran paramilitares.

"Eso eran más de 50, todos vestidos de camuflado. Entraron por la vía de Macayepo – Bolívar- de donde dijeron los vecinos venían haciendo masacres.

"Sacaron la gente del pueblo a la mitad del parque. Allí acostaron a los hombres toditos boca abajo. Después cada 15 minutos los iban llamando uno a uno y los llevaban atrás. Nosotros no escuchabamos nada, a pesar que estabamos como a 50 metros.

"Cuando acabaron nos llevaron a las mujeres y a los niños a una casa grande que estaba al frente donde tenían a los hombres tirados en el suelo y allí fue donde nos dijeron “Háganse a la idea de que ya perdieron este pueblo... si a la próxima regresamos y los encontramos terminamos con todos ustedes.”(1)

Así fue que Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Rodrigo Cadena, y un grupo de 80 paramilitares a su mando asesinaron 25 campesinos del corregimiento El Chengue, municipio de Ovejas, departamento de Sucre, el 17 de enero de 2001.

Pero esos campesinos no fueron los únicos. Al emprender la huida ese día hacia Macayepo, los paramilitares asesinaron 7 personas más, entre éstas, 2 por impactos de arma de fuego y 3 por golpes en el cráneo, uno de los cuales además decapitaron.

Posteriormente, la misma Personería del municipio de Ovejas reportó que como consecuencia de esta masacre, más de 300 personas salieron desplazadas del corregimiento de Chengue, debiendo ser reubicadas en otros municipios aledaños.

Siete meses después y producto de las investigaciones que venía realizando, fue asesinada la fiscal Yolanda Paternina Negrete en agosto de 2001. Un crimen más que se le atribuye a CADENITA quien de acuerdo a pruebas obrantes en el proceso, dio la orden de asesinarla.

No obstante, el prontuario de CADENA O CADENITA no termina ahí. A él se atribuye además la masacre de El Salao, en la cual, el 18 de febrero de 2000, treinta y ocho personas fueron asesinadas, previa orden del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.

Así mismo y según declaraciones del paramilitar Feliciano Yepes Alvárez, a uno de los fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, CADENA es el autor intelectual de la muerte de muchos de los campesinos encontrados en una fosa común en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre, descubiertas por la fiscalía en abril de este año, denunciadas oportunamente en un debate por el Representante a la Cámara Gustavo Petro.(2)

Su nombre para los campesinos de la región desde hace años sólo significa miedo y muerte, pero ahora más que nunca porque como ellos mismos dicen ¿quién nos asegura que ahora que se voló, no vuelva con más fuerza a la región a seguir cometiendo sus fechorías?

Protegido por la ley 782 de 2002 y el decreto 128 de 2003, quizás nunca se sepa dónde se encuentra CADENITA, al igual que Carlos Castaño y otros jefes paramilitares.

Mientras tanto ¿quién responde por su supuesta desaparición?

El artículo original está en http://colombia.indymedia.org/news/2006/02/37532.php Imprimir comentarios.

Un campo de concentración y exterminio
por Iván Cepeda Castro Monday, Feb. 13, 2006 at 7:19 AM
fm-cepeda@yahoo.fr

San Onofre (Sucre)

Después del acto, la multitud marchó hasta la hacienda El Palmar, a pocos kilómetros del municipio. Era la primera vez en que los familiares de cientos de personas “desaparecidas” podían conocer las instalaciones de ese sitio de suplicio y muerte. Al llegar lo recorrieron ansiosamente como buscando rastros de la presencia de sus seres queridos.

La hacienda era un campo de exterminio. En el centro del conjunto de construcciones se encuentra un gigantesco árbol de caucho. Allí se amarraba a los detenidos. Luego se les conducía a una casa adyacente. En la habitación principal, los acusados de ser cuatreros u opositores políticos, comparecían ante el jefe paramilitar, el matarife Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’. Éste ordenaba, según el caso, que se llevara a la víctima a la cámara de torturas para su interrogatorio o que se la ejecutara inmediatamente. Cuando lo consideraba necesario, él mismo era el verdugo. De 10 condenados se dejaba en libertad a uno para que contara lo que había visto, a modo de escarmiento para la comunidad. Una de las sobrevivientes señala la habitación más cercana a la puerta de la casa. “Ese es el cuarto de la última lágrima”. En él pasaban sus momentos finales quienes iban a morir y a ser descuartizados. Al salir de la casa, y del otro lado del gran árbol de caucho, se encuentra un establo en el que se han hecho excavaciones. En la parte trasera de la caballeriza hay fosas. Alguien extrae de ellas la camiseta despedazada con cortes de machete y rastros de sangre de una víctima. Los testigos dicen que en la extensa llanura ubicada detrás de las construcciones existen muchas otras tumbas, que eran usualmente cavadas por los propios condenados a muerte. También afirman que los caimanes de una laguna situada a la entrada de la propiedad devoraban los cadáveres de los ejecutados.

Y mientras ocurrían estos episodios de extrema violencia, la hacienda era al mismo tiempo centro de la vida social del jefe paramilitar. ‘Cadena’ organizaba festines para los políticos locales y les regalaba caballos finos. En esos asados y parrandas fueron vistos el entonces comandante de la Policía, Norman León Arango (acusado de fomentar la criminalidad en el departamento, y quien después fue nombrado por el presidente Uribe agregado militar en la embajada colombiana en Francia) y el ex gobernador Salvador Arana (acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de El Roble, y quien fue nombrado por el Presidente embajador en Chile). El Palmar era igualmente el sitio donde se planificaban negocios de narcotráfico y se organizaban los reinados de belleza “Miss Maja Internacional” y “Miss Tanga”. La representante a la Cámara Muriel Benito Rebollo, originaría de San Onofre e intima amiga de ‘Cadena’, era jurado en esos certámenes. A los políticos corruptos no les bastaba con que su verdugo se desembarazara de los opositores. Sus fiestas se hacían en medio de las fosas que dejaba la carnicería humana.

El alto significado de la demostración de dignidad de la comunidad de San Onofre se valora mejor al conocer la historia de lo ocurrido allí en los últimos años. Hacia 1998, un grupo de 200 paramilitares que se identificaron como pertenecientes al bloque “Héroes de Montes de María” llegó a la región ofreciendo proteger a la población. En lugar de ello, con el transcurso de los días se impuso un régimen de terror. Fueron clausuradas las organizaciones campesinas comunitarias, todo el mundo debía pagar cuota, la plaza central se destinó solo para oír las órdenes de los jefes paramilitares. San Onofre se convirtió en un campo de concentración. Se decretó el toque de queda y a partir de las seis de la tarde nadie podía circular ni pescar, pues era la hora en que los delincuentes activaban la ruta marítima del narcotráfico. Comenzaron los abusos sexuales contra las mujeres, y las demostraciones de violencia para intimidar a la población. Testigos sostienen que poco antes de que se estableciera el centro de exterminio en El Palmar, en el año 2000, los paramilitares decidieron castigar en público a un joven acusado de abigeato. Lo torturaron y pasearon en una camioneta por horas hasta desangrarlo.

Durante la campaña electoral de 2003, ‘Cadena’ reunió a la población, colocó en una bolsa los nombres de los concejales de la localidad y sacó dos de ellos. Advirtió que si no era elegida la candidata Muriel Benito Rebollo, mataría a los dos ediles y a otras personas de la comunidad elegidas al azar. No se podía recurrir a ninguna autoridad, pues todas se beneficiaban del sistema de corrupción. Cuando los funcionarios no querían entregar los dineros públicos se les asesinaba. Así ocurrió con el alcalde de El Roble. Convocado por ‘Cadena’ a El Palmar y al rehusarse a “pagar la cuota”, fue amarrado al árbol de caucho y luego desaparecido.

Poco a poco, los políticos mafiosos extendieron este régimen a otras zonas del departamento. Los paramilitares aterrorizaron a la población con masacres como las ocurridas en El Salado, Chengue y Macayepo. Despoblaron corregimientos enteros y se apropiaron de otras fincas para adaptarlas como prisiones y cementerios. El saldo de este sistema criminal, según los habitantes de San Onofre, es de unas 2.000 personas “desaparecidas” y enterradas en las fincas o lanzadas a los ríos que atraviesan la región.

La corrupción dejó a Sucre en la ruina. En un departamento con inmensa riqueza hídrica, la población sufre la carencia crónica de agua potable. El saqueo de los recursos ha impedido que se adelanten las obras necesarias para que todos dispongan de este servicio vital. En el barrio Venecia de Sincelejo tienen mansiones vecinas ‘Cadena’, el congresista Álvaro García Romero y el ex gobernador Arana. En el momento en que desapareció sospechosamente, ‘Cadena’ era dueño del centro comercial de Sincelejo y de varias bombas de gasolina. Controlaba además el negocio de los mototaxis.

La responsabilidad por la instauración de este imperio de arbitrariedad en Sucre asciende al más alto nivel. Difícilmente puede pensarse que todo esto ocurría sin conocimiento de las autoridades nacionales. No debe olvidarse que el Presidente de la República premió a varios de los funcionarios implicados con cargos diplomáticos. Los períodos más cruentos del proceso de violencia correspondieron a la declaratoria de Sucre como “zona de consolidación y rehabilitación” y al anuncio de cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares.

Dado que la mayor parte de los crímenes contra la humanidad cometidos se llevaron a cabo después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, los jefes paramilitares comprometidos, y políticos como los congresistas Benito Rebollo y García Romero, entre otros, pueden ser llevados ante la Corte Penal Internacional.

En el futuro San Onofre y la hacienda El Palmar tendrán que ser declarados lugares de memoria en homenaje a los cientos de víctimas de este campo de concentración y exterminio.

El artículo original está en http://colombia.indymedia.org/news/2006/11/53300.php Imprimir comentarios.

San Onofre: Maquinaria paramilitar; terror, impunidad y corrupción
por DeVer 320 Tuesday, Nov. 28, 2006 at 1:29 PM
justiciaypaz@andinet.com


Señor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Senador Alexander López, Señores senadores de la República y senadora Piedad Córdoba, Miembros del cuerpo diplomático e invitados internacionales, Ciudadanas y ciudadanos de San Onofre y Sucre:

Por proposición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el senador Alexander López solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que realizara esta audiencia ciudadana aquí en San Onofre.

Esta reunión es, en primer lugar, un homenaje a la memoria de las cientos de víctimas de esta región y un reconocimiento a la comunidad de este municipio que de manera digna ha manifestado sin temor su exigencia de verdad, justicia y reparación.

Como resultado de esta estoica actitud sus principales líderes han venido siendo amenazados y hostigados. Existe una lista que anuncia el asesinato de 26 personas de las cuales nueve ya han sido víctimas. Por eso pedimos a los miembros del Congreso de la República que hagan suya nuestra exigencia a las autoridades ejecutivas nacionales y locales de proteger la vida y la seguridad de la comunidad de San Onofre.

En días pasados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA formuló esa misma solicitud al Gobierno Nacional, y demandó que se tomen medidas cautelares urgentes para la protección de 17 miembros del Movimiento de Víctimas en Sucre y para las comunidades de esta zona del país. El 23 de noviembre de 2006, Juvenal Escudero, víctima del paramilitarismo, fue objeto de un atentado y herido de gravedad. Sabemos además que varias personas han sido amenazadas en los días previos a la audiencia.

Llamamos a la solidaridad con la población y responsabilizamos a las autoridades por su seguridad una vez termine este acto público. Todos estos hechos indican de forma clara que las estructuras paramilitares siguen operando en esta región, y que, como en tantos otros sitios del país, los actos de desmovilización han sido una burla a la sociedad colombiana. Disponemos de testimonios en los que se indica que a comienzos de octubre de este año, alrededor de 300 hombres armados, procedentes de Córdoba, han llegado al departamento de Bolívar y están operando entre los municipios de Arjona, Turbana y María la Baja.

Hoy queremos que ustedes escuchen de viva voz testimonios e informes de lo que aquí se ha vivido. Pero antes de hacerlo queremos recordarles los acontecimientos más importantes que han marcado esta historia y, además, presentar ante ustedes las exigencias que hace la propia comunidad.

Entre 1994 y 1997 se desarrollaron las asociaciones Convivir en el departamento. En el municipio de San Onofre llegaron con la administración del alcalde Yamil Blanco. Alias Danilo, quien era reconocido jefe de la organización de Victor Carranza, puso en práctica en esta zona las experiencias que tenían los paramilitares en el interior del país. Desde ese entonces se extendió el sicariato. Entre los primeros asesinos se encontraba un prospero carnicero del corregimiento de Macayepo, Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’. Él emprendió una labor organizativa de un grupo de sicarios, que operaba en los Montes de Maria. Como conocedor de toda la zona, fue recomendado por los ganaderos para los que trabajaba eliminando campesinos, para que se incorporara al B2 para realizar actividades contra sindicalistas y líderes campesinos. Posteriormente, Cadena organizó en la finca Carare, propiedad de Miguel Nule, ubicada en el corregimiento de Macayepo, el grupo de hombres que llevarían a cabo varias masacres. Cadena fue rápidamente recomendado por el comandante Eduard Cobo alias Diego Vecino, ante el Estado Mayor de las AUC para que fuera nombrado como jefe de los paramilitares en Sucre. De este modo, Cadena quedó bajo el mando de alias Vecino, administrador de la finca Las Melenas.

Desde ese entonces, el departamento de Sucre, y en particular el municipio de San Onofre y sus corregimientos, han sido escenarios de hechos de violencia múltiple que, sin lugar a dudas, pueden ser catalogados como crímenes contra la humanidad. Entre estos actos se cuentan la desaparición forzada masiva y el asesinato de al menos 3.000 personas, 75 masacres desde 1999 a 2000, que dejaron 329 víctimas, el ocultamiento de los cadáveres en cientos de fosas comunes, el desplazamiento forzado de 70.000 personas en Sucre y de 2.162 familias de San Onofre, según el dato del personero municipal, la práctica regular de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes, el exterminio de 90 militantes de la Unión Patriótica, la aniquilación de organizaciones agrarias como la ANUC, la usurpación de tierras y bienes a la población, el sometimiento a formas de esclavitud y de control político, el saqueo de los bienes y recursos públicos. En un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que data de 2005, en San Onofre el 90% del control territorial lo ejercen los paramilitares.

La magnitud y la gravedad de estos hechos constituyen un daño colectivo de secuelas imborrables. Dado que la mayoría de estas acciones se encuentran hoy todavía en la impunidad, caben recursos jurídicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la propia Corte Penal Internacional.

Los principales responsables de estos hechos son políticos encumbrados de la región a quienes hoy la justicia comienza a procesar: los congresistas Álvaro García, Muriel Benito Rebollo, Jairo Enrique Merlano, Eric Morris Taboada, el ex gobernador Salvador Arana, y el ex comandante de la Policía Norman León Arango –a quien todavía no se ha procesado-, el ex gobernador Miguel Àngel Nule Amín. Estos siniestros personajes dispusieron de grupos paramilitares para ordenar desapariciones forzadas y masacres, conseguir votos, robar los dineros públicos, desembarazarse de sus opositores y enemigos políticos, y hacerse a fortunas personales.

Así como los ganaderos, también los políticos utilizaron los servicios criminales del jefe paramilitar de alias Cadena y sus lugartenientes Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso y Uber Banquéz alias Juancho Dique. Desde 1998, el bloque “Héroes de Montes de María” impuso un régimen de terror. Se perpetraron masacres como la de Chengue, Macayepo, Chinulito, Pigiguay, Coloso y El Salado. Fueron clausuradas las organizaciones campesinas comunitarias, todo el mundo debía pagar cuota, la plaza central de San Onofre se destinó solo para oír las órdenes de los jefes paramilitares. El municipio y sus corregimientos se convirtieron en un campo de concentración. Se decretó el toque de queda y a partir de las seis de la tarde nadie podía circular ni pescar, pues era la hora en que los delincuentes activaban la ruta marítima del narcotráfico.

Se perpetraron abusos sexuales contra las mujeres, y se asesinaba en la plaza pública. La autoridad detenía arbitrariamente a ciudadanos y los entregaba a los paramilitares para que fueran ejecutados. En los diferentes municipios del departamento, así como también en San Onofre, los funcionarios estatales debían dar un aporte de su salario para el mantenimiento de las tropas de las AUC. En fin, política corrupta, paramilitarismo y narcotráfico se convirtieron en tres caras de una misma realidad.

Cadena convirtió varias fincas de la región en centros de tortura y exterminio, entre las cuales es tristemente célebre la finca El Palmar. Allí existe un árbol de caucho donde se amarraba a los detenidos, una cámara de torturas, un polígono donde se los fusilaba, y el cuarto llamado de “la última lágrima” (la habitación en la que esperaban con angustia su última hora), en otros sitios de El Palmar se incineraban los cuerpos. En los potreros de éste y muchos otros predios existen fosas comunes que eran usualmente cavadas por los propios condenados a muerte.

Y mientras ocurrían estos episodios de extrema violencia, la hacienda era al mismo tiempo centro social. ‘Cadena’ organizaba festines para los políticos locales y les regalaba caballos finos. En esos asados y parrandas fueron vistos el entonces comandante Arango de la Policía, (nombrado por el presidente Uribe agregado militar en la embajada colombiana en Francia) y el ex gobernador Salvador Arana (acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Tito Díaz y quien fue nombrado por el Presidente embajador en Chile). El Palmar era igualmente el sitio donde se planificaban negocios de narcotráfico y se organizaban los reinados de belleza “Miss Maja Internacional” y “Miss Tanga”. La entonces representante a la Cámara Muriel Benito Rebollo, intima amiga del jefe paramilitar alias Diego Vecino, era jurado en esos certámenes. A los políticos corruptos no les bastaba con que su verdugo se desembarazara de los opositores. Sus fiestas se hacían en medio de las fosas que dejaba la carnicería humana.

Durante la campaña electoral de 2002, ‘Cadena’ reunió a la población, colocó en una bolsa los nombres de los concejales de la localidad y sacó dos de ellos. Advirtió que si no era elegida la candidata Benito Rebollo, mataría a los dos ediles y a otras personas de la comunidad designadas al azar. No se podía recurrir a ninguna autoridad, pues todas se beneficiaban del sistema de corrupción. Cuando los funcionarios no querían entregar los dineros públicos se les asesinaba. Así ocurrió con el alcalde de El Roble. Citado por las autoridades civiles en la salida de Sincelejo, fue detenido, llevado a El Palmar, amarrado al árbol de caucho y luego desaparecido al rehusarse a entregar los recursos destinados por al Nación al municipio.
Elegido el nuevo concejo municipal, se tienen evidencias, de que su presidente Guillermo Gómez mandó a asesinar al señor Guillermo Verbel Rocha, veedor de San Onofre, quien denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría que iba a ser asesinado por orden del mencionado político local.
En el momento en que desapareció sospechosamente, ‘Cadena’ era dueño de varios centros comerciales en Sincelejo, controlaba la plaza de mercado y era propietario de varias bombas de gasolina. Dominaba además el negocio de los mototaxis.

La responsabilidad por la instauración de este imperio de arbitrariedad en Sucre asciende al más alto nivel. Difícilmente puede pensarse que todo esto ocurría sin conocimiento de las autoridades nacionales. Como se dijo, el Presidente de la República distinguió a varios de los funcionarios implicados con cargos diplomáticos. Los períodos más cruentos del proceso de violencia correspondieron a la declaratoria de Sucre como “zona de consolidación y rehabilitación” y al anuncio de cese de hostilidades por parte de las autodefensas. Las autoridades militares, excepción hecha del coronel Rafael Colón y el coronel Carlos Arturo Millán, fueron cómplices de todo lo ocurrido.

Luego de desaparecer y asesinar miles de personas, los paramilitares y sus aliados procedieron a arrebatarles las tierras a sus familiares sobrevivientes obligándolos a transferirles sus títulos de propiedad para luego forzarlos al desplazamiento. La finca La Setenta, que se encuentra a la salida del casco urbano de San Onofre, es un ejemplo de este procedimiento. Después de arrebatarla a sus legítimos propietarios, a través de intermediarios, sus nuevos dueños procedieron a ampliar sus dominios de 70 a 300 hectáreas, mediante la invasión de nuevos terrenos de los cuales fueron desplazadas familias enteras. El señor Juvenal Escudero, víctima de un atentado pocos días antes de esta audiencia, fue uno de los afectados por dicha modalidad de usurpación violenta de la tierra. El ataque del que fue objeto se produjo poco después de que, acompañado por el Movimiento de Víctimas, exigió su derecho a recuperar su predio.

A pesar de que la Corte Suprema ha dado la orden de detención de cuatro parlamentarios esto es apenas un buen comienzo. Queremos denunciar en esta audiencia que el congresista suplente José Conde Romero, que reemplazará en su curul al representante a la Cámara Morris Taboada ha tenido nexos con los grupos paramilitares de la región. Poseemos testimonios e información de que el representante Conde fue acusado de planificar el asesinato de Victor William Ramírez Salcedo, miembro hoy del Polo Democrático. En agosto de 2004, Conde y sus aliados políticos se reunieron con paramilitares para urdir un atentado contra su opositor.

Existen informes solidamente documentados acerca del carácter ficticio de la desmovilización. Antes del acto de entrega de armas del Bloque Córdoba y del autodenominado “Héroes de Montes de María”, se hizo evidente el reclutamiento forzado de jóvenes sin mayor relación con las autodefensas en barrios vulnerables del sur de Sincelejo como Villa Mady, Nueva Esperanza, Puerto Arturo y en el norte en los barrios Altos del Rosario, Villa Orieta II, y El Salvador, entre otros. De otra parte, aparecen nuevos desarrollos del paramilitarismo. En escuelas de Sincelejo se advierte el reclutamiento de jóvenes. A los estudiantes se les invita para irse al sur del país, y para cuidar cultivos de coca en el departamento de Córdoba.

Honorables senadores y senadora Piedad Córdoba:
Una responsabilidad de primer orden en lo que aquí se ha expuesto le cabe al actual alcalde de San Onofre, señor Jorge Blanco Fuentes, quien todavía no ha renunciado a su cargo, pero que debe hacerlo de inmediato por razones éticas, penales y políticas.

El señor Blanco fue candidato único a la alcaldía por presiones ejercidas por alias Cadena. Su candidatura fue lanzada en un acto público convocado por este jefe paramilitar en la gallera “19 de marzo” de Verrugas a mediados de 2002. Las fechorías de Cadena eran de pleno conocimiento del señor Blanco, pues antes de ser alcalde, en el apogeo del régimen de terror, había sido secretario de hacienda del municipio. El señor Blanco participó también en otros actos públicos con los paramilitares. Su primera decisión de gobierno fue destituir, de manera ilegal a todos los funcionarios de carrera administrativa del municipio, y colocar en ellos a las cuotas políticas de los paramilitares, quienes también han controlado el concejo municipal. Los despedidos no pudieron reclamar sus prestaciones y fueron compelidos a firmar licencias de renuncia y pago de liquidaciones que nunca recibieron. Algo similar ocurrió con el personal del hospital del municipio. El señor Blanco asistió asimismo a una reunión realizada el 16 de julio de 2006 en la que también participaron el jefe paramilitar alias Diego Vecino, varios concejales y la ex congresista Muriel Benito Rebollo, con el fin de pactar la forma en que se iba a presionar a la población para que el hermano de esta última, Edgar Benito Rebollo, fuera el nuevo alcalde del municipio. El encuentro tuvo lugar en la casa de la señora Estefanía Balseiro, madre de la ex congresista. De esta manera, se buscaba seguir asegurando el control del gobierno local.

Preguntamos al procurador departamental ¿qué hizo usted, señor Guillermo Merlano, mientras sucedía todo esto? ¿Cuántas investigaciones se desarrollaron bajo su dirección para evitar que el orden constitucional y el Estado de derecho fueran envilecidos de tal forma?
Pedimos la renuncia del Alcalde por estas actuaciones. Nos dirigimos a la Fiscalía y a la Procuraduría para que la responsabilidad penal y disciplinaria que le compete sea debidamente investigada y sancionada.

Como si esto fuera poco, el señor Blanco debe responder ante los órganos de control competentes por el manejo de los fondos públicos en el municipio.

Entregamos a ustedes, señores senadores, documentos que prueban que entre los años 1999 y 2006, San Onofre recibió regalías por cerca de 20.000 millones de pesos. En las fotografías anexas encontrarán obras públicas que se hallan inacabadas o en deplorable estado, y que debían ser construidas y terminadas con dineros públicos: escuelas, plazoletas y parques. El sitio en que se realiza esta audiencia habla por sí solo. Igualmente se encuentran en estos documentos los listados de las personas que han sido contratadas para ejecutar obras y prestar servicios que, todo indica, son ficticios. Hay informes sobre la realización de estas obras ante los organismos de control que deben ser revisados. Entregamos los listados en que aparecen los números de cheque, los montos y el concepto por los que fueron pagadas millonarias sumas. El Alcalde ha contratado servicios con la Fundación Nuevo San Onofre y con la IPS del mismo nombre a cuyas juntas directivas pertenecen personas que son sus amigos y aliados más cercanos.

Solicitamos que la Contraloría General de la Nación lleve a cabo una auditoria de todas las cuentas del municipio e indague la veracidad de las obras que se dice fueron realizadas, cómo se llevaron a cabo las licitaciones de los contratos, y qué clase de soportes dan cuenta de la legalidad de estos desembolsos provenientes de dineros de los contribuyentes. Asimismo pedimos una inspección en el terreno de las obras públicas que se afirma han sido hechas. De la misma forma, solicitamos que se investigue el manejo de los fondos oficiales en los municipios de Tolú, Coveñas y San Antero.

Señor gobernador de Sucre Jorge Anaya Hernández: ¿Qué ha hecho usted frente a la corrupción en su departamento?

Mientras ocurren estos hechos de corrupción las víctimas de desplazamiento forzado viven en la miseria en barrios como El Porvenir. En muchas zonas del departamento sus casas consisten en algunos tablones por paredes, el piso de tierra y un precario techo de cinc. En cambio, los desmovilizados tienen programas de ayuda integral. Muchos de ellos trabajan como policías comunitarios y salvavías. Les han dado tierra para que adelanten proyectos productivos, los ayudan con capacitación en el Sena, y con programas de tratamiento psicológico. No obstante, en San Onofre ellos han montado el negocio de “pagadiario”, que consiste en prestar dinero y cobrar intereses todos los días con presiones extorsivas.

En otras zonas, como Marialabaja, después de la desmovilización, se impuso a la población retornada el cuidado de la palma africana ya sea como cultivadores en su propia tierra o como jornaleros. Se les paga con bonos de 150.000 pesos, los cuales deben cambiar por alimentos en almacenes del propietario de la plantación. Esto demuestra, entonces, que los procesos de retorno que se presentan paralelos a las llamadas desmovilizaciones tienen por finalidad convertir a las poblaciones desplazadas en la base social del proceso de negociación paramilitar.

Ante este conjunto de graves situaciones el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado le pide a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que contribuya a que se den los siguientes pasos para reparar a las víctimas de la comunidad de San Onofre:

1- Que la Comisión elabore un informe completo que recoja todas los datos y documentos que se presenten en esta audiencia y que se entregue a las autoridades competentes y a la sociedad para que aparezca toda la verdad acerca de los crímenes masivos cometidos en San Onofre.

2- Exigimos al alcalde de San Onofre, señor Jorge Blanco, que renuncie de manera inmediata e irrevocable a su cargo junto con todos los funcionarios de su administración. De igual forma, a todos los concejales.

3- Pedimos que se convoquen elecciones anticipadas para la Alcaldía y el Concejo municipal, que cuenten con la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación, que garanticen un debate electoral libre.

4- Solicitamos al Fiscal General y al Procurador General que realicen las investigaciones pertinentes acerca de la responsabilidad penal y disciplinaria de estos funcionarios. Al señor Procurador que investigue a sus subordinados Guillermo Merlano y Jaime Gil Ortega. Esto último como homenaje a la memoria del alcalde de El Roble Eudaldo Tito Díaz que denunció las actuaciones deshonestas de estos funcionarios.

5- Pedimos al señor Contralor General que disponga la realización de una auditoria de todas las cuentas del municipio desde el año 1998, así como una visita en el terreno para verificar el estado de las obras públicas que han debido ser realizadas en el municipio. Proponemos que este control esté acompañado de una veeduría ciudadana por parte de la comunidad.

6- Solicitamos a las autoridades competentes medidas de protección especial para los predios que han servido de cementerios clandestinos, en los que están ubicadas las fosas comunes, que se honre a las víctimas directas con exhumaciones y entierros dignos. También consideramos que sitios como la hacienda El Palmar tienen que ser declarados lugares de memoria en homenaje a las víctimas, y como mecanismo para que los recuerdos de lo que allí ocurrió no sean olvidados por el país y el mundo.

7- Exigimos que en Sucre, y en particular, en San Onofre se produzca un proceso de efectiva restitución de tierras, que posibilite un retorno digno de todos los desplazados a sus tierras. Que se retire del debate el proyecto No. 30 Senado llamado de desarrollo rural, y que se repare integralmente el inmenso daño causado a los habitantes de esta población.

La comunidad de San Onofre ha librado una lucha ejemplar sobre lo que significa buscar la verdad, la justicia y la reparación en Colombia. Es gracias a ella, no a la ley de justicia y paz y sus instancias gubernamentales, que están cayendo las máscaras que cubren los rostros de los políticos criminales. Hoy les pedimos a ustedes, señores senadores, que en su calidad de legisladores y encargados del control político emprendan todas las acciones necesarias para que esta lucha histórica continúe avanzando y pueda tener pronto resultados irreversibles hacia la democracia y la justicia.

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