Número 159 – diciembre 5 de 2006
Cauca: un pretexto para seguir con el incumplimiento
Corresponsal Cauca – diciembre 2 de 2006

Debido a más de 15 años de constante incumplimiento frente a los acuerdos por la masacre de El Nilo del año 91 y los firmados por la ocupación de la hacienda La Emperatriz, del 13 de septiembre de 2005, el Gobierno Nacional provocó nuevamente la movilización de las comunidades indígenas para exigir que se cumpla con lo pactado y se respeten sus derechos.

Así, el pasado 27 de noviembre, en una acción de recuperación de la Madre Tierra, se vuelve a ocupar la hacienda La Emperatriz, ubicada junto al resguardo de Huellas del municipio de Caloto. Allí se producen, a consecuencia de las órdenes del Gobierno Departamental y Nacional para impedir la movilización pacífica de las comunidades afectadas, dos fuertes enfrentamientos entre los indígenas y la fuerza pública, iniciados por la acción inusitada de estos últimos. En el último de estos enfrentamientos, justo cuando los comuneros indígenas intentaban regresar al lugar de donde fueron desalojados por la fuerza de las armas, se presentaron heridos, detenidos y un policía muerto.

La versión de las autoridades y del gobierno es que fueron los indígenas los responsables de tal resultado. Sin embargo, aún no hay un esclarecimiento de los hechos. Según Gustavo Campo, miembro de la ACIN, "se dice que el policía murió a causa de una esquirla de la explosión de una 'papa' bomba, pero ellos [los policías] también estaban utilizando esos artefactos y aún no está comprobada la sindicación que hacen desde la gobernación".

En ese sentido, las autoridades indígenas reunidas en la ACIN han comunicado oficialmente su voz de rechazo a las acciones violentas y de condolencia a la familia del policía Jorge Lenis Pacheco, aclarando su disposición para que se esclarezca el hecho y se juzgue de acuerdo a la legislación tradicional. No obstante, dado que la versión del gobierno y la Fuerza Pública es unilateral y tajante en no dar opción a las investigaciones, ni al beneficio de la duda –que "no declara a nadie culpable hasta que se le pruebe lo contrario", como lo solicita para los congresistas sindicados de nexos con paramilitares el presidente Uribe–, los indígenas del Cauca esperan la conformación de una comisión independiente que verifique lo que realmente está sucediendo en el territorio indígena de Huellas e invitan a los organismos de Derechos Humanos y a la Comunidad Internacional a dar seguimiento a estos hechos, para que la respuesta a las exigencias de las comunidades sea el cumplimiento de los acuerdos y no la represión.

Frente al anuncio del Gobierno sobre la suspensión de compra de tierras para los indígenas en el marco de los acuerdos –acciones que, por lo demás, eran lentas e insuficientes–, los lideres indígenas afirman que los representantes del gobierno "ahora pretenden decir que la responsabilidad es nuestra cuando, después de 15 años, no se cumplió con la totalidad del acuerdo y cuando un año después de la firma del acuerdo de la Emperatriz los resultados no se ven", y que esto parece más una justificación para continuar con un incumplimiento que se ve acompañado de varios muertos: ya los indígenas tendrían que padecer las muertes de 21 comuneros en la propia masacre del Nilo, en 1991, y, últimamente, en diferentes movilizaciones para exigir la reparación del hecho, la acción oficial ha dejado varias víctimas fatales, entre quienes se encuentran Belisario Camayo Güetoto, joven de 16 años de edad asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) el 10 de noviembre de 2005, y el comunero indígena José Pedro Pascué, quien fue asesinado por miembros del ESMAD en el territorio de la María Piendamó el 16 de mayo pasado.

Luego de una reunión de los gobernadores de los cabildos indígenas del norte del Cauca, realizada el pasado viernes 1 de diciembre, las autoridades tradicionales de estas comunidades han señalado que, aunque la acción de recuperación de tierras en La Emperatriz sólo "respondió a una decisión de un grupo de comuneros y comuneras necesitados de tierra", continuarán luchando por la liberación de la Madre Tierra y por el reconocimiento de sus derechos. Adicionalmente, exigieron del Gobierno Nacional la liberación inmediata de 5 comuneros indígenas, que fueron detenidos en condiciones irregulares por parte de la policía, maltratados y luego trasladados a las instalaciones de la Sijin en Bogotá, donde, hasta el pasado lunes, se les mantenía en aislamiento y se les negaba contacto con sus familiares y miembros de su comunidad.

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