Los fantasmas
Por Antonio Caballero

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No parece verosímil que la responsabilidad por la desidia gubernamental ante el drama de los desplazados les corresponda a los funcionarios de tercer rango
Por Antonio Caballero
Casi a diario la televisión nos muestra a las dos docenas de patriarcas narcoparamilitares haciendo papel de oficio en su finca de recreo y reposo de La Ceja: arreglando floreros o regando el jardín, contentos y sonrientes. Hasta el presidente Uribe, que con ellos ha sido tan manguiancho, les reprocha que desde su retiro sigan mandando matar gente, organizando sus negocios de droga, creando nuevas pandillas paramilitares (ahora púdicamente llamadas "grupos emergentes de autodefensas") y publicando comunicados patrióticos dirigidos a sus cómplices (perdón: a sus "colaboradores y beneficiarios directos, empresarios, industriales, dirigentes políticos y gremiales, funcionarios, líderes regionales y locales, miembros de la fuerza pública, entre otros"). En el Parlamento y en la prensa se discuten sus derechos y sus responsabilidades. Pero entre tanto de sus víctimas, de los casi dos millones de personas supervivientes de las masacres paramilitares y forzosamente desplazadas de sus tierras a cientos de pueblos y ciudades del país, no se habla. No importan.

Es por una razón muy sencilla: no existen.

Como tampoco existen los paramilitares, que según el Presidente son "mal llamados" de ese modo. Y como no existe, para citar de nuevo al Presidente, el conflicto armado en Colombia. Las víctimas del desplazamiento forzado que todos vemos en los semáforos de las ciudades, con sus niños y con el recuerdo de sus muertos, no son verdaderas. Así lo acaba de denunciar, con la capacidad de indignación que le permite y le recomienda su cargo, el procurador general de la Nación Edgardo Maya. En su presentación del grueso libro sobre el desplazamiento publicado por la Procuraduría, Maya explica que a esas pobres gentes despojadas de todo las autoridades del Estado "se niegan a incluirlas en el registro de personas desplazadas, argumentando que el fenómeno del paramilitarismo ha desaparecido por razón de dicho proceso (el de 'justicia transicional' que ha adelantado con los paramilitares el alto comisionado de Paz, doctor Luis Carlos Restrepo), y que por tanto las autodefensas no pueden ser causantes de desplazamiento".

No hay desplazadores: son simples gentes de bien de la provincia colombiana que, aunque se vieran obligadas a autodefenderse a plomo, convirtiéndose "de víctimas en victimarios", sólo buscan la paz. No habiendo desplazadores, no puede en consecuencia haber tampoco desplazados. Y no habiendo desplazados, resulta por completo superfluo ocuparse de ellos. Son fantasmas. Y este gobierno no cree en fantasmas.

Pero que los hay, los hay, como se dice de las brujas.

Digo que este gobierno no se ocupa de ellos, alegando que no existen. Pero tampoco lo hacía el anterior, presidido también por el presidente Álvaro Uribe. Ni el de más atrás, el de Andrés Pastrana. Ni sus predecesores. Entre muchos otros casos cita el procurador Maya el famoso de Bojayá, ocurrido en el año 2002, a cuyos supervivientes el gobierno de la época (Pastrana) prometió reacomodar y resarcir en un plazo de seis meses. Y revela Maya que a mediados de noviembre de este año 2006 la gerencia del proyecto gubernamental de reconstrucción del poblado destruido no sólo no ha entregado las obras debidas, sino que acaba de solicitar una nueva ampliación del plazo. No el plazo para entregar las obras. Sino el plazo para presentar "un nuevo cronograma de ejecución de las obras".

Ante las denuncias de la Procuraduría, la Corte Constitucional acaba de tomar, ella también, cartas en el asunto. Acaba de pedirle a un juez (el quinto civil de Bogotá) que abra proceso por desacato contra cinco funcionarios del Ministerio del Interior y siete contratistas y ex funcionarios de la Agencia Presidencial para la Acción Social, responsables del incumplimiento por parte del gobierno de su obligación constitucional de atención a las víctimas del desplazamiento forzado.

Está muy bien que se haya movilizado la Procuraduría: esa es su obligación. Está muy bien también que de rebote se haya movilizado a su vez la Corte Constitucional: esa es también la suya. Pero no parece verosímil que la responsabilidad de la desidia gubernamental sólo les corresponda a funcionarios de tercer y cuarto rango de diversos ministerios, subdirectores técnicos y subgerentes de institutos. Esa desidia es una política de gobiernos (insisto en el plural: varios gobiernos, pues el desplazamiento forzado por parte de los paramilitares o de las guerrillas existe aquí desde hace más de veinte años). Y cuando una política de gobierno se prolonga en el tiempo a través de varios gobiernos consecutivos hay que llamarla por su nombre: una política de Estado. Que consiste, más desfachatadamente todavía en el uribato actual que es el pastranato o en el samperato o en el gaviriato que padecimos antes, negar la existencia de las víctimas.

Que intervenga la Corte. Que intervenga la Procuraduría. Y que intervenga y empuje, por favor, la prensa.