colombiainedita

Wednesday, August 23, 2006

Servicio noticioso – Número 143 – agosto 22 de 2006
'Seguridad democrática': el miedo por el poder

Víctor Jara Flórez | Periódico El Turbión

Los grandes medios de comunicación, en su afán desmesurado de vender una noticia a como dé lugar y llenar los espacios 'informativos', no se preguntan ni el porqué, ni el cómo, ni el contexto de los hechos, sean los que sean, desprestigiando así el método periodístico y la investigación adecuada para cada caso.

Esto se evidencia con los hechos ocurridos el pasado lunes 14 de agosto en la Universidad Nacional de Colombia, justo en el segundo piso del edificio de Química, en la Facultad de Ciencias, donde desconocidos arrojaron una granada causando graves destrozos. Los medios del monopolio sólo preguntaron sobre lo acontecido a la parte institucional, es decir, a las directivas, la vigilancia del campus y hasta la Fiscalía, sin tener en cuenta a estudiantes ni profesores, quienes son, al fin y al cabo, los que hacen el día a día del Alma Mater.

Todo consiste, en mi opinión, en un plan para desestabilizar las organizaciones que se oponen a las medidas contrarreformistas de la Universidad, generando temor entre la comunidad: por medio del miedo, porque es por éste que Uribe controla el poder. Como dice Jesús Martín Barbero: para algunos gobernantes “sin seguridad no hay vida, no hay Estado, no hay nada”, prefiriendo éstos sacrificar derechos civiles y humanos en nombre de esa seguridad.

Yo pude comprobarlo allí: no soy estudiante de la Nacional pero soy universitario y acudí a hacer un pequeño reportaje donde pretendía entrevistar a algunos estudiantes, a fin de poder contrastar versiones. Me encontré con la sorpresa de que casi ninguno quería hablar sobre el tema y que algunos ni siquiera sabían cómo había ocurrido. Igual sucedió con profesores de la carrera de química que se sobresaltaron y me salieron al paso con evasivas que no iban al tema, como por ejemplo: “puede investigar en Internet” o “debe hablar con el decano de facultad”, hasta me dijeron que no podía hacerlo por que era él quien autorizaba estas entrevistas.

Entonces me dirigí a buscarlo y el señor se encontraba almorzando, era la 1:30 p.m., así que lo espere alrededor de media hora pero no llegó, por lo que decidí hablar con su secretaria. Ella sostuvo que eso ya era un tema pasado y que él ya había dado sus declaraciones, indicándome que, si quería, tenía que sacar una cita y escribirle antes las preguntas “en un papelito”, que ella se lo entregaba. Desde luego, me fui a buscar información por otro lado, no iba a esperar tanto.

Entendí que en la Nacional hay indiferencia social y psicológica por el miedo: el silencio y el olvido se convierten en argumentos de supervivencia para un estudiantado históricamente perseguido.

La crisis que se vive dentro de la Universidad se expresa en algunos como resignación y en otros como angustia que se transforma en rebeldía como derecho. Las cada vez más violentas entradas del ESMAD por las principales puertas de la academia; las cartas amenazadoras que, en los últimos semestres, han recibido estudiantes, profesores y directivas por parte de los supuestamente desmovilizados paramilitares; la vinculación del CTI y la Fiscalía a los conflictos universitarios con la excusa de ayudar a la Universidad a descubrir 'terroristas'; la prohibición paulatina de espacios propios de la vida cultural de los estudiantes, como la olla comunitaria o los mítines de protesta; la instalación masiva de cámaras de vigilancia, que deberían evitar irregularidades pero no logran parar el robo constante de bicicletas o equipos de oficina y se ubican justamente en los lugares en los que se realizan las actividades sociales, culturales, políticas o lúdicas de la comunidad, y la pretensión de implantar estatutos que sirvan para abrir procesos disciplinarios contra estudiantes que no cumplan las medidas exigidas por la dirección, todos estos factores influyen en un ambiente de temor pocas veces visto en la UN y que hoy enrarece la vida en el campus, especialmente con la desmovilización de los paramilitares y el ascenso de Álvaro Uribe Vélez.


Medios, paras y Uribe:

En un país donde la industria cultural de los medios es la producción de los miedos para la cohibición de la discusión y la crítica. Sin rigor de prensa ni responsabilidad social, los grandes medios, casi confabulados con Uribe, cometen una irresponsabilidad periodística tras otra, lo cual puede apreciarse con sólo ver la estigmatización de los estudiantes como terroristas. La UN genera tensión en la pantalla: se hace ver que en cualquier momento puede estallar un petardo, unos supuestos vínculos de estudiantes con grupos armados, etc. Todo se resume en un proceso encaminado a deslegitimar la lucha estudiantil y criminalizar a los Universitarios.

Así, quien maneja los miedos y los medios, controla el poder político, patrocinando su seguridad democrática en verdaderos reality shows como el de Ralito o el cubrimiento de la pantomima de la desmovilización, tan cuidadosamente manejados como el Factor XS, sacando a flote la humanidad de los paramilitares que “también lloran”, arrepentidos por el millón y medio de desplazados que han causado, por las masacres, por los descuartizados con sierras eléctricas, por los magnicidios, etc. Para la muestra, un botón: hace unos días, el programa La Noche del Canal RCN –o 'Radio Casa de Nariño', como prefieren muchos llamar a esta cadena– mostraba a un tal 'Alemán', el mismo jefe paramilitar encargado del desplazamiento de campesinos en Urabá y Chocó, el autor de masacres en la zona bananera y el mismo que quitó cabezas, amputó dedos y mató niños en frente de sus detenidos, como un empresario que quería volver al buen camino, dándole trabajo a sus campesinos con las miles de hectáreas de las que se apropió y dispuesto a colaborar con la justicia. Mejor dicho, el discurso del amo manejado por unos medios serviles 'no desmovilizados'.

El temor cunde en la universidad nacional y no precisamente en las directivas, que parecen, de acuerdo a algunas de sus declaraciones, haberle encontrado solución al problema de orden público que se presenta en la Universidad Nacional. Son los estudiantes quienes, con esta clase de hechos de sabotaje, se atemorizan e intuyen que estos actos intentan desvirtuar el movimiento estudiantil y profesoral que busca salidas políticas a la crisis universitaria y enfrenta con argumentos de peso la reforma académica que se está llevando a cabo en el Alma Máter. De manera muy intencionada, el rector de la universidad, Moisés Wasserman Lerner, declaró en la rueda de prensa efectuada a las 3:30 p.m. del día de la explosión que “desde la semana pasada hemos venido recibiendo llamadas anónimas, insinuando que se van a presentar acciones y pidiendo cambios de carácter académico”, añadiendo que “no pensamos que alguien sensato pueda pretender imponer una reforma o contrarreforma utilizando granadas”.

Mientras tanto, los portavoces, oficiales o no, del alto gobierno y de la Presidencia de la República se han venido lanza en ristre contra la academia, empleando las principales cadenas de comunicación del país, RCN y Caracol, para difundir tergiversaciones de la lucha social en el país. Como si no bastara con eso, Uribe visita las universidades privadas, antes de las elecciones, pensando que su proyecto mesiánico sería apoyado por todos y encontrándose con la tamaña sorpresa de que allí también se piensa el país y se sueña con una vida digna para todos, lejos de la represión y la demagogia. Entonces, como ahora, el único argumento que se ofrece es decir que los opositores son “comunistas disfrazados” que deben ser sacados de la academia a como dé lugar, dando lugar a la explicación presidencial de lo que se debe o no enseñar en las cátedras.


Intimidaciones en la Nacho por miembros de la AUC:

En los últimos semestres se han venido presentando una serie de amenazas a toda la comunidad universitaria y, en especial, a dirigentes y organizaciones estudiantiles, sindicales y profesorales, especialmente dirigidas a atemorizar a quienes proponen una reforma diferente a la planteada por las directivas. Las amenazas circulan vía Internet y en panfletos, con frases tan sugestivas como: “estamos en pie de lucha contra cualquier interés que no sea el presidencial… vamos acabar con los bandoleros y la oposición”.

La más sonada fue la recibida por un grupo del Instituto de Genética de la UN, donde se realizan investigaciones en temas como posibles métodos de identificación a víctimas de fosas comunes o sobre la incidencia del glifosato –químico producido por la multinacional Monsanto y empleado en las fumigaciones del Plan Colombia– en el cuerpo humano y las especies nativas. Más claro no canta un gallo. Aunque se ha querido aludir la responsabilidad por estas amenazas a enemigos personales de los investigadores o a saboteos sin destinatario, se demuestra el interés de los miembros de esta nueva generación de paramilitares por imponer el terror a la academia.

“La UN tiene enemigos, dentro y fuera de ella, que están en contra del ambiente inconformista generado por las últimas administraciones. Por otra parte, las discusiones nuestras se dan con argumentos, con el estallido se pretende desestabilizar el ambiente de debate que ha generado la asamblea”, dice un dirigente estudiantil cuyo nombre es reservado por este medio, por cuestiones de seguridad.

¿Será que la universidad está fuera de control y, entonces, el Estado tiene que intervenir para enfrentar el cacareado 'terrorismo' a un terreno que no le es propio, como ya lo dijeron directivas anteriores a Wasserman, y quitarle argumentos a la lucha estudiantil para justificar agresiones? ¿Tendrán estos hechos algo que ver con las intromisiones y amenazas de los paracos en la vida urbana de Bogotá luego de sus, nuevamente, supuestas 'desmovilizaciones'? Todo tiene una respuesta. Como decía la canción de Piero: “las cosas se cuentan solas, sólo hay que saber mirar”, y mirar el contexto, que demarca actos parecidos en la repetida historia de nuestro país, se hace esencial para mirar la realidad de la Universidad Nacional.

________________________________________________

Aumenta la pornografía infantil y la trata de personas en Colombia

Fuente: Caracol 08/16/2006 - 15:55:00


La directora nacional de fiscalías, Jani Jadith Jalal Espitia, dijo que a pesar de los esfuerzo de las autoridades está en aumento el delito de trata de personas y pornografía infantil con fines comerciales.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía, entre el año 2005 y lo que va del 2006 se han presentado 324 casos de pornografía infantil y trata de personas.

"Cada año se trafican más niños y mujeres hacia el exterior y también aumentan anualmente los casos en el ámbito interno con fines de mendicidad", dijo la Funcionaria.

Colombia junto a República Dominicana y Brasil está entre los tres principales paises de América donde más hay trata de personas y explotación a través de pornografía infantil.

La directora de fiscalías dijo que en adelante los recursos y bienes obtenidos a través de la trata de personas serán objeto de extinción de dominio.

Este preocupante panorama fue revelado por la Fiscalía durante la apertura de la segunda conferencia internacional de lucha contra la pornografía infantil y la trata de personas que se lleva a cabo en Bogotá hasta el 18 de agosto.

http://www.caracol.com.co/noticias/321069.asp



Aumentó en Colombia trata de personas y pornografía infantil

Bogotá, 17 ago (PL) La trata de personas y la pornografía infantil están en aumento hoy en Colombia, aseguró la directora nacional de fiscalías, Jani Jadith Jalal.


Al intervenir en la II Conferencia Internacional de lucha contra esos flagelos, Jalal sostuvo que "cada año se trafican más niños y mujeres hacia el exterior y también aumentan anualmente los casos en el ámbito interno".



Precisó que entre 2005 y lo que va de 2006 se han presentado 324 casos de estos delitos en esta nación andina.



Colombia, junto a República Dominicana y Brasil, está entre los tres principales países de América donde más hay trata de personas y explotación a través de pornografía infantil, apuntó la funcionaria.



Por ello, adelantó que los recursos y bienes obtenidos por la trata de personas serán objeto de extinción de dominio.



lac/ale




http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B927014BD-221B-4B83-8886-D71818427424%7D&language=ES

Sara Torres
Directora Argentina de la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños
(CATW-LAC)
Red Internacional de Derechos Humanos

COMUNICADO DE PRENSA No 2
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Violenta Respuesta del Estado ante Exigencias del Pueblo Indígena en el Departamento del Cauca, Colombia.


Miembros de las comunidades indígenas de Caloto, Caldono, Toribio y Jambalo, que desde el pasado 4 de agosto del presente año se encuentran realizando acciones de lucha y resistencia popular en el norte del Departamento del Cauca, encaminadas a la exigencia del cumplimiento real de los acuerdos firmados por el gobierno en pasadas negociaciones y enmarcadas en el proceso de recuperación y liberación de la madre tierra, vienen siendo objeto de intimidaciones y amenazas constantes de desalojo por parte de la fuerza pública y de autoridades oficiales (personería municipal, Defensoria del pueblo).

Pese a que en reiteradas oportunidades, las comunidades indígenas movilizadas han solicitado la presencia de mediadores, representantes del gobierno nacional y departamental que posean las competencias necesarias para atender con prontitud y responsabilidad sus justas exigencias, así como también, la presencia de autoridades oficiales para la defensa de los Derechos Humanos (Defensoria del Pueblo), hasta el momento, la única respuesta obtenida por parte del gobierno ha sido la presencia intimidatoria de miembros de la fuerza pública: Ejercito, Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD y Policía armada con fusiles, quienes constantemente se encuentran acampando, rodeando y acordonando la zona, donde se encuentran los indígenas manifestantes en las haciendas recuperadas, Municipio de Caloto, Departamento del Cauca.

En el día de hoy, siendo aproximadamente las 9:00 a.m., tras dos órdenes de desalojo expedidas los días 11 y 14 de agosto, luego de la realización de los respectivos consejos de seguridad en el Departamento, más de 30 efectivos de la policía, armados con fusiles y cerca de 400 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, ingresaron al sitio de concentración indígena, provocando incertidumbre y temor frente a lo que pueda acontecer, teniendo en cuenta las brutales arremetidas acostumbradas por la fuerza pública, que cuentan ya con varias personas muertas y desaparecidas, con la excusa de “recuperar la propiedad y el orden”.
Anteriormente hemos conocido los continuos atropellos de los que han sido víctimas en nuestro departamento y en el país entero, comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas que se movilizan para exigir responsabilidad por parte del estado en la consecución de condiciones de vida digna y el respeto por la libertad y la igualdad para los pueblos asentados en nuestros territorios; por esta razón, tememos por la vida y la integridad de los miembros de las comunidades indígenas que se encuentran en estos momentos dentro del territorio de recuperación, por lo cual, hacemos un llamado a la responsabilidad social informativa de los medios de comunicación alternativos, a las organizaciones sociales y populares, organizaciones sindicales y estudiantiles, organizaciones de Derechos Humanos y demás compañeros indígenas a nivel Nacional e internacional, a pronunciarse, difundir masivamente y solidarizarse frente a estos hechos que atentan directamente contra la libertad de expresión, de pensamiento y de movilización.


Comisión de Comunicaciones


Movimiento Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame

COMUNICADO DE PRENSA No 2
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Violenta Respuesta del Estado ante Exigencias del Pueblo Indígena en el Departamento del Cauca, Colombia.


Miembros de las comunidades indígenas de Caloto, Caldono, Toribio y Jambalo, que desde el pasado 4 de agosto del presente año se encuentran realizando acciones de lucha y resistencia popular en el norte del Departamento del Cauca, encaminadas a la exigencia del cumplimiento real de los acuerdos firmados por el gobierno en pasadas negociaciones y enmarcadas en el proceso de recuperación y liberación de la madre tierra, vienen siendo objeto de intimidaciones y amenazas constantes de desalojo por parte de la fuerza pública y de autoridades oficiales (personería municipal, Defensoria del pueblo).

Pese a que en reiteradas oportunidades, las comunidades indígenas movilizadas han solicitado la presencia de mediadores, representantes del gobierno nacional y departamental que posean las competencias necesarias para atender con prontitud y responsabilidad sus justas exigencias, así como también, la presencia de autoridades oficiales para la defensa de los Derechos Humanos (Defensoria del Pueblo), hasta el momento, la única respuesta obtenida por parte del gobierno ha sido la presencia intimidatoria de miembros de la fuerza pública: Ejercito, Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD y Policía armada con fusiles, quienes constantemente se encuentran acampando, rodeando y acordonando la zona, donde se encuentran los indígenas manifestantes en las haciendas recuperadas, Municipio de Caloto, Departamento del Cauca.

En el día de hoy, siendo aproximadamente las 9:00 a.m., tras dos órdenes de desalojo expedidas los días 11 y 14 de agosto, luego de la realización de los respectivos consejos de seguridad en el Departamento, más de 30 efectivos de la policía, armados con fusiles y cerca de 400 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, ingresaron al sitio de concentración indígena, provocando incertidumbre y temor frente a lo que pueda acontecer, teniendo en cuenta las brutales arremetidas acostumbradas por la fuerza pública, que cuentan ya con varias personas muertas y desaparecidas, con la excusa de “recuperar la propiedad y el orden”.
Anteriormente hemos conocido los continuos atropellos de los que han sido víctimas en nuestro departamento y en el país entero, comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas que se movilizan para exigir responsabilidad por parte del estado en la consecución de condiciones de vida digna y el respeto por la libertad y la igualdad para los pueblos asentados en nuestros territorios; por esta razón, tememos por la vida y la integridad de los miembros de las comunidades indígenas que se encuentran en estos momentos dentro del territorio de recuperación, por lo cual, hacemos un llamado a la responsabilidad social informativa de los medios de comunicación alternativos, a las organizaciones sociales y populares, organizaciones sindicales y estudiantiles, organizaciones de Derechos Humanos y demás compañeros indígenas a nivel Nacional e internacional, a pronunciarse, difundir masivamente y solidarizarse frente a estos hechos que atentan directamente contra la libertad de expresión, de pensamiento y de movilización.


Comisión de Comunicaciones


Movimiento Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame

Tuesday, August 15, 2006

Opinión
Colombia
Uribe Vélez, ídolo con pies de barro
Por: Horacio Duque (especial para ARGENPRESS.info) (Fecha publicación:14/08/2006)
Información Adicional
Tema: Situación en Colombia
País/es: Colombia





Alardea sin medida la clase dominante colombiana con las “virtudes” de su caudillo paramilitar, en funciones presidenciales por otros cuatro años más, después de imponerse violentamente su reelección en la Casa de Nariño.

Abundan los elogios y aplausos para este engendro de los clanes más retrógrados de la sociedad colombiana. Uribe es el gestor de una nueva clase terrateniente conformada por narcotraficantes y paramilitares, legalizados con la Ley de “justicia y paz”, hecha expresamente para la impunidad de los crímenes de cientos de campesinos y líderes populares; de los grupos financieros y bancarios encumbrados con el lavado de inmensas fortunas originadas en el tráfico de drogas, que han sido legalizadas con decisiones de las autoridades monetarias; y de las multinacionales americanas, cómodamente ancladas en la economía, gracias a las recientes privatizaciones en las telecomunicaciones, las empresas aéreas, la extracción petrolera, la industria del gas, los servicios de agua potable, el sector eléctrico, la salud y educación.

Sin embargo, como en el famoso pasaje bíblico, estamos delante de un ídolo con pies de barro. Marioneta pegada con babas. Fetiche de cartón.

Son múltiples y profundas las contradicciones que acechan al régimen de Uribe Vélez, en su nuevo periodo. El gobierno de los narcoparamilitares está sumergido en profundas e insalvables grietas.

Veámoslas en detalle.

En primer lugar, su supuesta legitimidad es una ficción absoluta. El publicitado 62% de apoyo en las encuestas, es realmente apenas el 17% del registro electoral que alcanza los 28 millones de colombianos. Cerca de 21 millones de ciudadanos están al margen de la “felicidad” y el “éxito” que derrochan las clases dominantes, en plena burbuja narcotizada.

Son los desempleados, los pobres, los redundantes, los millones de desplazados, los mendigos, los miles de personas sumidos en la exclusión, 4 millones de los cuales refrendaron propuestas de oposición democrática y alternativa.

El repudio y el odio al gobierno es masivo e inocultable, pese a las medidas recientes de represión, allanamientos, capturas y el exterminio de líderes populares, ejecutado por las redes de sicarios que sirven de soporte a Uribe Vélez y su “Estado comunitario”.

Los miles de matones, aparentemente desmovilizados, han dado forma a una infernal maquinaria para-estatal de represión legalizada, que en realidad es un dispositivo político-militar camuflado y legitimado en zonas periurbanas obreras y populares (Altos de Cazuca, Ciudad Bolívar, Soacha, Chía, Distrito de Agua Blanca, y Comunas de Medellín); en regiones rurales de desplazamiento violento (Sur de Bolívar, Uraba, Magdalena Medio, Arauca, Catatumbo y Montes de María); y en zonas agrarias aledañas y conexas con grandes centros urbanos (Batallones de Alta Montaña en los Farallones de Cali, ene. Eje Cafetero, Sumapaz y Oriente antioqueño).

El terrorismo de estado sigue siendo el principal respaldo de Uribe Vélez.

Con todo y eso, la resistencia es creciente y franca como lo acaba de mostrar el formidable paro cívico realizado en el principal puerto del país sobre el Pacifico, el de Buenaventura, punto clave para la implementación del TLC con EEUU

En segundo lugar, la reforma tributaria para generalizar el IVA a los alimentos básicos y favorecer a los más ricos, tienen indignados a millones de trabajadores y de pobres.

En tercer lugar, la liquidación del Seguro Social para privatizar y mercantilizar la salud, entregando mas de tres millones doscientos mil cotizantes a las empresas privadas de la salud que han organizado un lucrativo negocio en este campo, al tiempo que se promueven Zonas Francas hospitalarias en Armenia, Cali, Bogota, Barranquilla y Medellín, para dar curso a lo acordado a lo pactado en el TLC, han derivado en el rechazo y la protesta popular.

En cuarto lugar, los obstáculos surgidos al TLC en su engorro trámite por el Congreso americano en vísperas electorales y los anunciados recortes presupuestales al Plan Colombia, han generado la incertidumbre y el desaliento entre sus principales beneficiarios.

En quinto lugar, la aberrante impunidad otorgada a los escuadrones de la muerte de San José de Ralito, mediante disposiciones jurídicas fraudulentas que incluyen una fementida Ley de Justicia y Paz, un inútil fallo de control constitucional y un decreto reglamentario que otorga nuevos privilegios judiciales a los paramilitares, han provocado la inconformidad de las victimas de la violencia y de las comunidades internacionales defensoras de los derechos humanos.

En sexto lugar, afloran con frecuencia las pugnas y rivalidades en el sindicato gobernante, que integran conservadores latifundistas; liberales derechistas asociados al lobby del militarismo; y el clan de la familia santos, propietaria del diario El Tiempo y una amplia red mediática. Las prácticas y presiones clientelistas de las reaccionarias agrupaciones que sirven de refugio político a narcos y paras uribistas depurados, obligan a Uribe Vélez a ofrecer embajadas, ministerios y cargos públicos a diestra y siniestra para conquistar apoyos en cada tramo de su maltrecha gobernabilidad. Hasta el Cartel de Cali se ha visto favorecido en todo este trapicheo, por el tormentoso retorno del expresidente Samper Pizano, quien vio, por ahora, frustrada su presencia en la cúpula gubernamental debido a los remilgos de otro expresidente, Andrés Pastrana, quien tomó la determinación de pasar su carta de renuncia a la Embajada de Usa, ya que su hipócrita y no menos cínica “ética” le impedían defender a Samper ante los amos del Norte.

En séptimo lugar, no paran los escándalos por la corrupción de los mandos militares y cuerpos policiales, financiados a manos llenas con los dineros aportados por los gringos para los Planes Colombia y patriota, completamente arruinados. Las masacres en Antioquia, Nariño, Cesar y Jamundi, desenmascaran ante los ojos de la ciudadanía la verdadera naturaleza criminal de los aparatos represivos del estado, presentados como garante “imparcial” del orden, la seguridad y la justicia. Las Fuerzas Armadas son en realidad una facción al servicio de la delincuencia y la depredación pública.

En octavo lugar, el estruendoso fracaso de la guerra contra las drogas es un oscuro capitulo de la descomposición de la elite dominante en Colombia, que se aprovecha de este lucrativo negocio para incrementar sus fortunas. Negocio que explica la actual bonanza de los negocios y la economía con sus satisfactorias tasas del crecimiento del PIB en los últimos 36 meses.

En noveno lugar, el creciente aislamiento internacional del gobierno de Bogota, confirmado el día de la posesión de Uribe con la ausencia de los Presidentes Castro, Chávez, Lula y Kichner, es muestra del repudio mundial por el papel que protagoniza el Presidente de Colombia como incondicional marioneta de Mister Bush y sus nefastas guerras contra los pueblos de otras naciones. Uribe Vélez es una dócil marioneta del imperialismo norteamericano y sus planes de agresión contra las naciones, particularmente de América latina.

En décimo lugar, la no realización del Intercambio Humanitario con las FARC y una propuesta de paz tramposa a los grupos guerrilleros hecha el pasado 7 de agosto, despues del fracaso del Plan Patriota y para blindar los acuerdos con los paramilitares y contener asi las criticas internacionales, hacen prever la profundización de la guerra civil en los próximos años, dada la determinación del principal grupo insurgente revolucionario de no dialogar con el señor Uribe Vélez mientras permanezca en el poder, al tiempo que se hacen esfuerzos por avanzar en la conformación de un gobierno popular y democrático, con la presencia de las principales fuerzas políticas de la nación con compromisos de renovación democrática de todas las estructuras de la sociedad.

Y, por último, que no de último, esta la configuración de un neopresidencialismo fascista y despótico propiciado por la reelección, que ha originado el rechazo de otras facciones de la burguesía liberal, inconforme por su exclusión de la Contraloría, la Fiscalia y seguramente la Procuraduría. Argumentan que la reelección acabo con la clásica división de poderes que caracteriza los sistemas liberales, afectándolos en su participación estatal.

Este es el cuadro de contradicciones y debilidades que acechan al régimen de Uribe Vélez y que la movilización de masas y la lucha popular va a profundizar en los próximos meses.

Acción popular que combina múltiples formas de lucha como expresión de la plural resistencia de las masas.

Lo cierto es que en Colombia convergen en la movilización popular las formas políticas y las armadas, con amplio contenido político dada la profunda vinculación de las masas en cada acto de resistencia al despotismo y el violento dominio de la oligarquía y el imperialismo Norteamericano. Asi le pese a nuestro ídolo con pies de barro. Es por lo demás lo que está demostrando la valiente resistencia de Hezbola y Hamas en el Medio Oriente.


redaccion@argenpress.info

Monday, August 14, 2006

Alerta -Asesinado periodista en Yumbo, Colombia

(Yumbo, Valle, agosto 10 del 2005) El periodista Milton Fabián Sánchez, fue asesinado a disparos en la ciudad industrial de Yumbo, al sur occidente del país, por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta, el pasado miércoles 9 de agosto.

Cuando se dirigía a su residencia, a esos de las 10:30 de la noche, el colega de la emisora Yumbo Estéreo, fue interceptado por los sujetos que le hicieron dos disparos. Sánchez alcanzó a ser trasladado al Hospital La Buena Esperanza, de Yumbo, y posteriormente al Hospital Universitario del Valle, pero falleció a la media noche.

Milton Fabián, de 37 años, ejerció su profesión básicamente en emisoras radiales y no se tenía conocimiento de amenazas contra su vida, según indicaron familiares y colegas.

Desde el 2004 trabajaba en Yumbo Estéreo, al frente de programas institucionales como "Notas de Gestión", de la Alcaldía de Yumbo, y "La Personería", de esa entidad. Igualmente tenía un espacio comunitario denominado 'Mesa Redonda', donde abordaba temas de tipo político.

Sánchez, fue jefe de prensa de la alcaldía durante la administración pasada, y desde entonces mantenía buenas relaciones con la jefatura de prensa actual. Incluso servía como maestro de ceremonias en eventos de la administración. Estudiaba administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Era casado y tenía dos hijos.

Este es el segundo colega asesinado en Colombia, en lo que va corrido del año. Durante el año 2005, dos periodistas fueron asesinados, 69 recibieron amenazas, uno fue secuestrado y seis medios de comunicación padecieron atentados.

El Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP, lamenta la muerte del colega Milton Fabián Sánchez y envía su mensaje de condolencia a su familia y colegas. Igualmente hace un llamado a las autoridades para que investiguen no solamente este caso, sino los cerca de 140 de colegas asesinados durante los últimos 15 años y que se mantienen en la total impunidad.


__________________________________________________

Bogotá/ Corresponsal EDLP —La dramática denuncia de 150 niños colombianos que huyeron de sus casas del oriente de la nación para evitar ser reclutados por la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias), hizo poner los pelos de punta a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y del niño.

De acuerdo con UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y Human Rights Watch, existen entre 6 mil y 11 mil menores vinculados a los grupos armados ilegales en Colombia y se reactivó una cruzada titulada: "Los niños y las niñas no queremos estar en la guerra...", para tratar de enfrentar la grave situación.





La pesadilla para los niños se registra en las veredas de El Botalón y Betoyes, municipio de Tame, departamento de Arauca, distante 278 kilómetros de Bogotà, donde persiste una guerra sin cuartel entre las FARC y el ELN (Ejército de Liberaciòn Nacional), la segunda guerrilla del país, por el control de un estratégico corredor por donde movilizan cargamentos de cocaína hacia Venezuela.


Los niños desertaron de los salones de clases y de la protección de sus padres, y se dirigieron a Tame, donde a esta hora son atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que los puso al cuidado de sicólogos.


"No entendemos nada de lo que pasa. Nuestros papá están desesperados y prefirieron que nosotros huyéramos. Lo que queremos es estudiar y no servir de carne de cañon", dijo con su débil voz Luis Pérez, de apenas 12 años.


"Mi hijo fue a parar a manos de la guerrilla y a pesar de que he implorado no ha sido posible que me lo devuelvan. Para colmo, tuve que abandonar la finca", relató María del Carmen, una campesina de la vereda El Botalón, que se refugió en Tame.


La UNICEF dijo que "la presencia de menores de edad en las filas de los grupos al margen de la ley no sólo viola sus derechos de disfrutar de una infancia digna, sino que los hace víctimas del conflicto y, por ende, de la migración forzada y de la trata de personas --como lo establece la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada-- sin olvidar que está considerada como una de las peores formas de trabajo infantil y tipificada como delito de reclutamiento ilícito".


El 13 de febrero de 2005, tras violentos combates entre militares y las FARC en selvas del noroccidente de la nación, el soldado Edison Osorio, en diálogo con EDLP, recordó con nitidez e incredulidad el horror que vivió ese día: "Había hasta niños echándonos bala..."



"Varios menores, de no más de 12 a 14 años, y con su fusil a cuesta, se movían con mucha agilidad, pero uno de ellos casi no podía con el arma..."


La organización ONG internacional Save the Children denunció que solo Liberia, la República Democrática del Congo, Myanmar, Burundi, Ruanda,

Uganda, Filipinas, Sri Lanka y Colombia son las únicas naciones donde se ha contabilizado la presencia de niños en la guerra. Indicó, además, que cerca de 2 millones de niños se encuentran en situación de desplazados en Colombia, quienes procedentes de familias "desestructuradas" o marginadas y privados de educación, se alistan de forma "voluntaria" ante la falta de oportunidades de su entorno o son reclutados a la fuerza.





Para el director de la ONG Human Rigth Wach, José Miguel Vivanco, "esta situación es muy preocupante".



En el primer informe general publicado sobre este asunto, "Aprenderás a no llorar": Niños combatientes en Colombia, Human Righ Wach indicó que "al utilizar a niños para el combate, la guerrilla y los paramilitares están causando un daño incalculable en la sociedad colombiana. Estos niños llevaran las cicatrices de su experiencia durante décadas".





"El 80 % de los niños alistados pertenecen a las FARC o al ELN. Al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares colombianos es menor de 18 años. De ellos, varios miles son menores de 15 años, la edad mínima para el reclutamiento de acuerdo con los Convenios de Ginebras", según Vivanco.





"Exponer a un niño de menos de 18 años al combate y su posible muerte es un acto censurable, y el uso de niños combatientes menores de 15 años es un crimen de guerra", dijo Vivanco. "El Gobierno no debe hacer a la guerrilla o los paramilitares, en ninguna circunstancia, una oferta de inmunidad penal por esta horrible conducta".





En entrevistas con 112 niños ex combatientes, ellos dijeron que tanto la guerrilla como los paramilitares aprovechan la desesperación de los niños pobres de zonas rurales en conflicto. Muchos se incorporan para obtener alimentos o protección física, o se alistan por simple miedo. Otros son niños de la calle que no tienen a donde ir. Se entrena a pequeños de hasta 13 años, algunos aún más jóvenes, en el uso de fusiles de asalto, granadas y morteros.





Bernardo, un muchacho reclutado por las fuerzas paramilitares, contó a Human Rights Watch cómo se entrena a los niños para matar. "Le enseñan a uno poco a poco, primero con un 38 (arma corta) y luego con un arma grande", dijo Bernardo. "Estaba disparando con el AK-47 antes de cumplir 8 años".



Los jóvenes alistados en los grupos paramilitares dijeron que su entrenamiento incluía presenciar la mutilación de prisioneros con machetes y sierras eléctricas. "Ellos mataban a tres o cuatro personas cada día durante el curso. Había turnos entre las escuadras, cada una un día diferente", dijo Óscar, ex combatientes paramilitar.





Más de una cuarta parte de los niños entrevistados por Human Rights Watch eran niñas, la mayoría de las FARC. Muchas de ellas contaron que los comandantes varones utilizan su poder para violar a muchachas menores de edad. Se exige el uso de anticonceptivos a las guerrilleras de hasta 12 años de edad, y las que quedan embarazadas tienen que abortar.



En ambos bandos, los niños que intentan escapar o regresar con sus familias corren el riesgo de ser ejecutados. En los "consejos de guerra" de la guerrilla se vota a mano alzada si deben morir los combatientes que incurren en faltas. En ciertos casos, tanto las víctimas como los verdugos son niños. "Tenía que hacerlo porque era una orden", dijo Elizabeth, una joven combatiente de las FARC.



"Hubo un consejo de guerra y yo voté que no. El comandante me dijo: `como usted dijo que no ahora lo tiene que matar`".



"El Gobierno de Colombia debe dar la máxima prioridad a la desmovilización de los niños de las fuerzas guerrilleras y paramilitares, y el cese de su reclutamiento, en cualquier negociación futura con estos grupos", señaló Vivanco.


"Aprenderás a no llorar..."


Mientras se puso en marcha una campaña con el nombre de "Los niños y niñas de Colombia no queremos estar en la guerra", la organizaciòn Human Rights Watch revivió el documento "Aprenderás a no llorar: Niños combatientes en Colombia", en el que se denuncia cómo tanto la guerrilla como los paramilitares explotan la desesperación de niños pobres en las zonas rurales de combate.



Ambas cruzadas buscan sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre la dramática situación de niños, niñas y jóvenes que en Colombia son vinculados, directa e indirectamente, en el conflicto armado.


“Esperamos promover que el Estado colombiano implemente la Convención sobre los Derechos del Niño y ratifique su Protocolo Facultativo”, afirmó Amanda Romero, vocera de la campaña“Los niños y niñas no queremos estar en la guerra”, que cuenta con el apoyo de la Coalición Internacional para Acabar con el Uso de Niños Soldados, constituida en 1998 por Amnistía Internacional, Defensa de los Niños Internacional, Human Rights Watch, Jesuit Refugee Service, The Quaker United Nations Office, Radda Barnen-Alianza Save the Children y Federación terre des hommes.





El tratado, que Colombia firmó en 2000 pero no ha ratificado todavía, fija en 18 años la edad mínima para la participación directa en las hostilidades, para el reclutamiento obligatorio o para cualquier reclutamiento o uso en hostilidades por parte de grupos armados irregulares.




¿Qué hacer?



Human Rights Watch pidió que se adopten las siguientes medidas de manera inmediata e incondicional para frenar el drama de los niños en la guerra:



-- Prohibir firmemente del reclutamiento forzado.

-- Cesar las ejecuciones de niños.

---Prestar la atención médica apropiada a los enfermos y los heridos. Los niños están expuestos a enfermedades, agotamiento físico, muerte repentina y tortura a manos de los enemigos.



---Estados Unidos debe pedir que se dé la máxima prioridad a la desmovilización de los niños en eventuales futuras negociaciones co la guerrilla.




------



La infancia, gran damnificada


Durante la presentación de su décimo informe anual sobre el Estado Mundial de la Infancia, la directora Ejecutiva del UNICEF, Carol Bellamy, sostuvo que las repercusiones sobre la infancia han sido graves: cerca de la mitad de los 3,6 millones de personas que murieron en guerras desde 1990 han sido niños y niñas. Y las partes beligerantes consideran cada vez más a los niños y las niñas como objetivos de guerra.





En todo el mundo, anotó Save the Children, alrededor de 300.000 niños y niñas son utilizados como combatientes, porteadores, mensajeros, cocineros o esclavos sexuales en más de 30 conflictos armados.


UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), expresó, a su turno, que "atrapados en el infierno de los conflictos armados, miles de niños se ven obligados a ser testigos de las atrocidades cometidas contra sus padres, o son ellos mismos tomados prisioneros, separados de sus familias, reclutados como soldados o muertos".


http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?especialid=§ionfiltered=20&desc=Nuestros%20Pa%C3%ADses&id=1469772&fecha=

Sara Torres
Directora Argentina de la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños
(CATW-LAC)
Red Internacional de Derechos Humanos

Miércoles, 9 agosto 2006 por: dhcolombia

Putumayo
Crímenes paramilitares en Puerto Asís Putumayo
Asociación Minga

PARAMILITARES Y EJERCITO COMETEN NUEVOS CRIMENES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO








La Asociación Para la Promoción Social Alternativa Minga, denuncia ante la opinión nacional e internacional, la perpetración de nuevos crímenes contra la población del Putumayo por supuestos paramilitares y miembros del ejército en la zona petrolera de Puerto Vega-Teteyé, Putumayo.






Los hechos son los siguientes:






El cinco (5) de agosto de 2006, cerca de las nueve de la noche, un grupo de aproximadamente 50 hombres, armados con fusiles, vestidos algunos con uniformes camuflados y otros con pantalones camuflados y camisetas negras, los cuales cubrían sus rostros con pañoletas o capuchas y portaban brazaletes que tenían inscritas las letras AUC, ingresaron a la gallera Las Heliconias, ubicada en la vereda Villa de Leiva, corregimiento La carmelita, municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo, lugar donde se celebraba una fiesta comunal.


Los hombres armados, con insultos, golpes y amenazas de muerte, obligaron a las personas que se encontraban en la gallera a tenderse boca bajo, para luego someter a las mujeres que se hallaban presentes a procedimientos humillantes y abusivos, que incluyeron actos sexuales distintos al acceso carnal. Los agresores también hurtaron las pertenencias personales de los retenidos, especialmente los relojes, celulares, prendas de oro y dinero en efectivo, así como el dinero recaudado en la actividad comunal y la comida que hallaron preparada.


Los supuestos paramilitares permanecieron en la vereda Villa de Leiva por más de dos horas, para luego retirarse, habiendo previamente proferido amenazas contra los pobladores, advirtiéndoles que debían abstener de denunciar los hechos y permanecer concentrados en la gallera hasta después de las siete de la mañana del seis (6) de agosto.


Los supuestos paramilitares secuestraron a tres personas de las que se hallaban en la gallera, entre ellas el indígena Nasa DUGLAS ANTONIO PEREZ SILVAJA del resguardo Kiwnas Chxab.


Es de resaltar que el cinco (5) de agosto, en inmediaciones de la vereda Villa de Leiva, se había apostado un numeroso contingente militar.


El siete (7) de agosto, el cadáver del indígena DUGLAS ANTONIO PEREZ SIVAJA fue hallado por miembros del resguardo Kiwnas Chxab en la morgue del municipio de Puerto Asís, donde fue llevado por miembros del ejército, quienes lo reportaron “como guerrillero dado de baja en combate”. El cadáver de DUGLAS ANTONIO PEREZ SIVAJA estaba vestido con uniforme camuflado.


De las otras dos personas retenidas por los supuestos paramilitares, no se conoce la suerte que hayan podido correr, encontrándose a la fecha desaparecidas.


La comunidad de las zonas rurales de Puerto Asís expresa preocupación y temor por

la conducta agresiva de los miembros del ejército, quienes intimidan con amenazas y agresiones verbales a la población civil, recurriendo con frecuencia a la retención arbitraria de ciudadanos.


Igualmente, los pobladores del sector de Puerto Vega-Teteyé, municipio de Puerto Asís, manifiestan temor por la recurrente presencia en la zona de un grupo de individuos que hacían parte de las estructuras paramilitares que actuaban en ese municipio y que según el gobierno se desmovilizaron, quienes recorren en motocicletas, sin que se sepa con qué pretensión, la región, la cual se encuentra fuertemente militarizada.










Ante estos hechos demandamos:





A la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación investigar de manera eficiente, eficaz e inmediata los hechos denunciados.


Al Dr. SERGIO CARAMAGNA, jefe de La Misión de Acompañamiento de la OEA al Proceso de Paz con los paramilitares, verificar la posible existencia o pervivencia de grupos paramilitares en el Putumayo.


Al gobierno nacional adoptar las medidas necesarias para que los militares que actúan en el departamento del Putumayo se abstengan de violentar los derechos humanos de los pobladores de ese departamento y para combatir y neutralizar los grupos paramilitares que pudieran estar actuando en El Putumayo.














Bogotá D.C., agosto 8 de 2006

Buenos Aires, Agosto 7 de 2006

Señor
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia
Bogotá, D. C.


Los abajo firmantes, organizaciones sociales, políticas y defensoras de Derechos Humanos de la República Argentina, así como aquellos que lo hacemos a título personal, nos dirigimos a Ud. preocupados por la dramática situación humanitaria que vive el pueblo colombiano.

Día a día aumenta el número de hermanos de aquel país que llegan a la Argentina en calidad de refugiados huyendo no sólo de la realidad social y económica, sino como exiliados que temen por sus vidas tras las amenazas sentidas desde el Estado colombiano por la participación en actividades políticas en aquel país sudamericano.

Los que suscribimos venimos tomando conocimiento de esta realidad que se ha ido incrementando en los últimos cuatro años, observando alarmados la información que surge de su país donde el número de desplazados, presos políticos, torturados, asesinados y desaparecidos crece de la mano de la negación del conflicto interno y de las políticas gubernamentales contempladas en la Política de Seguridad Democrática, el Plan Colombia, y su continuación el Plan Patriota, la Ley de Justicia y Paz y el actual acuerdo para aprobar un Tratado de Libre Comercio con los EEUU sumamente desventajoso para el pueblo colombiano.

Estas medidas llevadas a cabo en su país producen situaciones de exclusión e inequidad social con el aumento del desempleo, la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida, transformando a Colombia en el segundo país a nivel mundial en cuanto al número de personas desplazadas internas; coartan además las expresiones públicas de aquellas personas y grupos que disienten con el gobierno; y garantizan la impunidad de los grupos paramilitares, los cuales siguen cometiendo delitos de lesa humanidad; particularmente, la intervención directa de tropas militares estadounidenses en Colombia, amenaza toda la región.

Sr. Presidente Álvaro Uribe Velez, Usted sabrá que la historia argentina incluye dolor y que hace 30 años una dictadura impuso medidas impopulares a través de la fuerza, censurando, asustando, torturando, engañando, reprimiendo, asesinando, persiguiendo y desapareciendo cualquier manifestación de oposición y cambio.

Siendo este el día que inicia su segundo mandato como presidente reelecto de la República de Colombia, manifestamos nuestra solidaridad con nuestro hermano pueblo colombiano y repudiamos las políticas de Estado que Ud. ha sostenido durante su primer mandato. Hacemos un llamado a revisar estas políticas y a revertir la dramática situación de violación de los derechos humanos que estas causan.

Le hacemos saber que la comunidad internacional se encuentra atenta y vigilante ante lo que sucede en Colombia. Ante aquellas políticas que generan miseria para la población, enriqueciendo a unos pocos y reprimiendo el disentir popular, el pueblo argentino continúa diciendo NUNCA MÁS.


Nota: mensaje reenviado como archivo adjunto.

HASTA SIEMPRE


JULIO

ACOMPAÑAN LA PROPUESTA:


MADRES DE PLAZA DE MAYO LINEA FUNDADORA
Benjamín Gandolfo (Vicepresidente de la FUBA),
Javier Varvieri(Presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales-UBA),
Federico Novo Foti (Sec. General de la Facultad de Filosofía y Letras-UBA),
Pampa Lenta (Consejera Directiva-Fac. de Psicología-UBA),
Sebastián González (Sec. de DD.HH - Fac. de Medicina-UBA),
Pamela Centurión (Sec. DD.HH-Facultad de Psicología-UBA),
José Castillo (Comisión
Interna - AGD-UBA - Fac. Sociales),
Cecilia Vázquez (Comisión Interna - AGD-UBA / Fac. Medicina),
Malena Lenta (Comisión Interna - Fac. de Psicología/UBA),
Alejandro Waisman (Cons. Junta de Antropología - Fac. de Filosofía y Letras / UBA).

Siguen las firmas

SIN OLVIDO 56
MANUEL CEPEDA VARGAS
Asesinados en Bogotá
9 de Agosto de 1994


Memoria y Justicia

El 9 de agosto de 1994, eran aproximadamente las 8:30 a.m. en la ciudad de Bogotá, cuando el Senador del movimiento político Unión Patriótica MANUEL CEPEDA VARGAS salió de su vivienda hacia el Congreso de la República, acompañado de un escolta y su conductor. Minutos más tarde, a la altura de la avenida Américas del Barrio Mandalay, el vehículo fue interceptado por varios hombres armados, quienes dispararon contra el Senador MANUEL CEPEDA VARGAS, causándole la muerte.

En sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. – del 16 diciembre de 1999, se condenan a los militares, HERNANDO MEDINA CAMACHO y JUSTO GIL ZÚÑIGA LABRADOR, de rango sargentos en el momento de los hechos, adscritos a la Brigada 9 con sede en Neiva, como coautores del asesinato de MANUEL CEPEDA VARGAS.

MEDINA CAMACHO y HERRERA LUNA fueron responsables de otros crímenes y violaciones a los derechos humanos, como aparece reseñado en el libro "Terrorismo de Estado en Colombia", publicado por varias Organizaciones no gubernamentales, en el que se publicó la hoja de vida de miembros del ejército implicados en presuntas violaciones de Derechos Humanos, entre las cuales se encontraba la de los sargentos mencionados.

En la investigación, es acusado el jefe paramilitar CARLOS CASTAÑO GIL, como autor material del asesinato de MANUEL CEPEDA VARGAS, pero la juez lo absuelve afirmando que: “en cuanto a CARLOS CASTAÑO GIL se impartirá Absolución por la ausencia de prueba convincente y fehaciente, que obligan a resolver las dudas que quedaron en la actuación procesal a su favor, que no permiten afirmar con certeza, que este fue el agente determinador del homicidio en la persona de CEPEDA VARGAS”

Tiempo después, el Comandante paramilitar CARLOS CASTAÑO GIL reconoció su participación en la planeación del magnicidio, tanto como en otros delitos y crímenes.

Han pasado 12 años, solo dos de los responsables fueron castigados... pero las raíces profundas de este crimen, expresión del genocidio político contra la Unión Patriótica, sigue en la impunidad, sigue sin ser reconocido en la sociedad colombiana.

La lucha contra el olvido ha hecho posible ir esclareciendo, más allá de los móviles del crimen, claramente constatados desde 1.982 en la práctica sistemática de exterminio de la oposición política contra la Unión Patriótica, los actores materiales e intelectuales.

El esclarecimiento ha ido mostrando a todas luces la participación de miembros de las Fuerzas Militares en el Crimen, en el uso de la estrategia paramilitar.

Los responsables intelectuales se encubrieron en la podredumbre institucional para negar cualquier vinculación con el crimen, algunos ante la sociedad colombiana siguen apareciendo como hombres honestos y pulcros, a veces como víctimas o como prohombres de la democracia.

La lucha contra la impunidad en el asesinato de MANUEL CEPEDA VARGAS, ha sido la incansable labor de sus familiares, su tenacidad en la afirmación de la memoria, su terquedad en el esclarecimiento de la verdad, su profundo anhelo de una justicia integral, por ello… en sus escritos, en sus pinturas, en su biblioteca, en su colección de relojes, el tiempo de una sociedad distinta continúa marcando los sentimientos, las voluntades de comunidades, de organizaciones, de expresiones del pueblo... por ello…

MANUEL CEPEDA VARGAS, en la memoria…

MANUEL CEPEDA VARGAS, SIN OLVIDO…

Bogotá, D.C., 09 de Agosto de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Friday, August 04, 2006

Colombia
La privatización de ECOPETROL, incumplimiento a los acuerdos de la huelga y continuidad del entreguismo de Uribe
(Fecha publicación:03/08/2006)
Información Adicional
Tema: Situación en Colombia
País/es: Colombia





El 26 de Mayo de 2004 el gobierno de Alvaro Uribe, representado por los ministros de Protección Social y de Minas y Energía, el presidente de ECOPETROL y con la presencia de garantes del Episcopado Colombiano y el Concejo Municipal de Barrancabermeja, se comprometió textualmente a lo siguiente: “Durante el presente gobierno, se garantiza el carácter estatal de ECOPETROL S.A. en el marco de su naturaleza jurídica de sociedad pública por acciones, por lo tanto la misma, no será privatizada ni liquidada”. Hoy dos años después decide poner en venta el 20% de las acciones, precisamente cuando la empresa viene de obtener las mayores utilidades netas de toda su historia, 3.5 billones de pesos y de transferir al Fisco Nacional en total 7.35 billones en el año 2005. La venta se decide en medio de un alza escandalosa de los precios internacionales del petróleo y la inocultable disputa mundial por su control, mientras Colombia se acerca a la condición de importador de crudo, es decir cuando la empresa adquiere mayor valor estratégico para el país y su seguridad energética.

La decisión es propia del entreguismo que ha caracterizado al uribismo viene de prorrogar la explotación del Gas de la Guajira a la Chevron-Texaco, el crudo de Caño Limón a Occidental, ofrecer en licitación el 51% de al Refinería de Cartagena, poner en la Bolsa las acciones a Ecogas y retroceder la legislación petrolera a los contratos de Concesión, en resumen actúa muy acucioso con la seguridad energética de Estados Unidos y no la de Colombia, gobierna para las multinacionales y no para el país.

Mientras alega la falta de recursos para los proyectos de ECOPETROL, le oculta al país la existencia en bancos extranjeros de 1500 millones de dólares del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), que ECOPETROL tiene inversiones no estratégicas que suman más de 1 billón de pesos y que la empresa tiene suficiente capacidad de endeudamiento para asumir las inversiones que la fortalezcan y manejar de manera eficiente y razonable la explotación de los hidrocarburos.

La puesta en venta de la Refinería de Cartagena y el 20% de las acciones de ECOPETROL, son un grave atentado contra la soberanía nacional, debilita las finanzas del Estado y pone en grave riesgo la soberanía energética de Colombia.

Firman congresistas del PDA.
Senadores: Gloria Inés Ramírez, Jorge Enrique Robledo, Iván Moreno Rojas, Alexander López M., Gustavo Petro Luis Carlos Avellaneda, Jaime Dussan, Jesús Bernal A., Parmenio Cuellar, Jorge Guevara.
Representantes: Franklin Legro, Pedro Obando, Venus Albeiro Silva, Orsinia Patricia Polanco, Pedro Obando, Germán Navas, Wilson Borja, Germán Reyes.
Y también firma: Maria Isabel Urrutia.

Colombia
Las centrales obreras deben aprestarse a liderar la defensa de los derechos laborales de todos los colombianos
Por: Gustavo Rubén Triana Suárez (MOIR) (Fecha publicación:03/08/2006)
Información Adicional
Tema: Situación en Colombia
País/es: Colombia





A tan solo dos meses de haber firmado en Ginebra, Suiza, el denominado Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia en Colombia, el gobierno de Alvaro Uribe desenfrena su arraigado autoritarismo contra el movimiento sindical y la población, en aras de continuar aplicando su neoliberalismo extremo. Las medidas que aplica dejan sin piso alguno lo que sus representantes suscribieron en el marco de la 95ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Como ocurre con todo lo que Uribe proclama o compromete sobre los intereses de la nación y el pueblo, lo firmado allí no tardó en convertirlo en letra muerta.

En efecto, el gobierno ordenó el 25 de julio la militarización y liquidación de la Empresa Antioqueña de Energía, EADE S.A., y procedió al despido de sus 810 trabajadores afiliados a SINTRAELECOL y a entregar de inmediato la operación de dicha empresa a un operador privado; el sábado 29 de julio, también previa militarización, desalojó de la Empresa Social del Estado (ESE) José Prudencio Padilla a los pacientes y trabajadores de la clínicas a fin de liquidar la institución y despedir a 1200 empleados que atendían a los trabajadores y familiares afiliados al ISS de Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena y San Andrés, y, en la semana del 24 de julio, sorprendió al país al anunciar que venderá el 20% de las acciones de ECOPETROL, iniciando así la privatización de la empresa, patrimonio de los colombianos, sin, por lo demás, importarle un bledo pisotear los acuerdos que, en el marco de la huelga de los trabajadores petroleros en el 2004, había firmado con la USO.

Todo a pesar de que en el mencionado Acuerdo Tripartido se estipula “la promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores, de sus dirigentes sindicales y de sus organizaciones, especialmente en lo que concierne a la vida, la libertad sindical, la asociación y expresión, la negociación colectiva, así como la libre empresa para los empleadores” y que, como abundando en tales compromisos, Uribe convino con las Centrales Obreras, los Empresarios y la OIT darle prioridad a esos postulados y “aprovechar el espacio que nos brinda la Comisión de Aplicación de Normas, para divulgar el presente acuerdo y reiterar el cumplimiento de las políticas de la OIT.”

Con las tropelías arriba señaladas ¿puede quedar duda en la dirigencia de las Centrales Obreras sobre que todo fue una farsa y que el gobierno no cumplirá ni una sola silaba de lo suscrito, tal como lo demuestran las disposiciones de gobierno y patronos que dejan en la calle a miles y miles de compatriotas y exterminan implacablemente los sindicatos? Frente a esta realidad de bulto, toda conducta que desarme a las gentes creando falsas expectativas sobre las continuas falacias y engaños a los que recurre el gobierno revela una innombrable falta de consecuencia con los intereses de los trabajadores y el pueblo. Es pues la hora de asumir con entereza y dignidad una posición de denuncia de las astucias inherentes a la política gubernamental y de llamar al movimiento sindical y popular a la movilización contra ellas. Empezando por la que debe desplegarse contra la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la aprobación de la correspondiente agenda legislativa, con la mira puesta en ganarse la comprensión y el respaldo de toda la sociedad en la gran batalla por recobrar los derechos de asociación y contratación para los trabajadores colombianos.

Una condición imperativa para avanzar hacia tales metas es el retiro de las Centrales Obreras de los llamados espacios de concertación y dialogo convocados falaz y demagógicamente por el gobierno. Y otra, empeñarse en conformar la más amplia unidad de los sectores que hoy ven sus intereses menoscabados y sus derechos democráticos cercenados a causa del modelo neoliberal. Se presentarán así las mejores circunstancias para que las luchas sindicales y populares adquieran el vigor necesario para impedir la destrucción que el imperialismo y la plutocracia, a cuyo servicio está Uribe Vélez, hacen de nuestra nación.