colombiainedita

Tuesday, February 28, 2006

Les pedimos perdon amigos de Colombia Inedita, para aquí publicamos este texto que llego hace unos días a la redacción De Colombia Inédita y no habíamos incluido:

Servicio noticioso – Número 122 – Febrero 19 de 2006 El Turbión

Camilo Torres Restrepo (1929-1966)
Por José Steinsleger - La Jornada

Siglos de resistencia y solidaridad forjaron las rebeliones sociales de Colombia. Estas luchas, que nunca padecieron soledad, conocieron el primer territorio libre de América en el palenque de La Matuna, dirigido por el esclavo africano Dionisio Biojó, quien murió ejecutado por los españoles (Cartagena, 1621).

Más tarde, la Revolución de los Comuneros, liderada entre otros por José Antonio Galán (1781), cuestionó el mal gobierno del poder colonial. Las demandas comuneras contribuyeron a forjar el ideal emancipador y, en 1809, fueron parcialmente contenidas en el célebre Memorial de agravios, de Camilo Torres, prócer independentista bolivariano (1766-1816).

En el primer lustro de 1960, otro Camilo irrumpe con fuerza en la historia colombiana. Hijo de padre anticlerical y madre crítica de la actitud moralizante de los curas, el joven abandona sus estudios de derecho y en 1954 se ordena sacerdote. Luego estudia ciencias sociales en la Universidad de Lovaina (Bélgica) y en 1959 regresa al país, donde la curia lo nombra capellán de la Universidad Nacional de Bogotá.

Colombia vive en aquellos años la turbia paz del Pacto Nacional, acuerdo celebrado por los ex presidentes Alberto Lleras Camargo (liberal) y Laureano Gómez (conservador) tras la caída del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-57). Siniestra y antidemocrática por sus contenidos, la ‘alternancia’ del pacto buscaba conjurar la rivalidad de ambas facciones que había desangrado al país: entre 1948 y 1953 más de 300.000 colombianos murieron.

En tanto, millares de jóvenes de Colombia y el continente siguen con atención los entretelones de un cimbronazo histórico: la Revolución Cubana, donde ¡otro Camilo! (Cienfuegos) había entrado en La Habana con su sombrero guajiro y montado a lomo de mula detrás de los tanques tomados por los rebeldes al ejército represor.

De actividad incesante y febril, Camilo Torres es profesor universitario, técnico en el Instituto de Reforma Agraria, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional junto a intelectuales como Orlando Fals Borda, animador de los estudiantes para que cruzaran sus conocimientos con la realidad de los pobres, presidente del primer Congreso Nacional de Sociología, autor de estudios sobre desarrollo urbano, agropecuario y universitario, y conferencista en ciudades de la sierra y los llanos, de la selva y las costas del Pacífico y el Caribe.

En el interín, otro cimbronazo: el Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII a pesar de los sectores retrógrados de la Iglesia (11 de octubre de 1962), y, un año después, la publicación de la encíclica Pacem in Terris, centrada en el tema de la paz y la convivencia entre los hombres, los pueblos, las naciones y los bloques de poder en que se dividía el mundo.

En el Concilio, Juan XXIII recuerda a los fieles el deber de tomar parte activa en la vida pública, aboga por el establecimiento de un sistema social regido por la justicia y la dignidad humana, y denuncia el lujo sin escrúpulos de un pequeño grupo de privilegiados que se contrapone a la miseria en que viven las masas de desposeídos (Mater et Magistra, 1961).

En junio de 1963, los curas malos festejan la muerte del papa bueno. Uno destituye a Camilo de su cátedra y así empieza la persecución de quien venía planteando a los cuatro vientos el recurrente y soterrado dilema de los católicos: ‘hijo de Dios-miembro de la sociedad’. “La eucaristía –escribe Camilo– carece de sentido sin un cambio radical en las estructuras de poder (...) El asunto no es discutir si el alma es mortal o no, cuando el hambre y la miseria lo son”.

En 1964, después que el gobierno de Guillermo León Valencia bombardea con napalm las comunas de Marquetalia (Tolima), Camilo Torres intenta el contacto con los guerrilleros del Bloque Sur. Persuadido de que “el deber de todo cristiano es hacer la revolución”, redacta la plataforma del Frente Unido del Pueblo colombiano (FUP), donde proclama la abstención electoral para los comicios de 1974. Dos tribunales especiales lo llaman a juicio por los delitos de ‘subversión’, ‘atentado a la seguridad del país’ y ‘asociación para delinquir’.

“¡Revisar la sotana/ mi general/ que en la guerrilla cabe/ un sacristán!”. El 27 de julio de 1965 Camilo celebra su última misa, cuelga los hábitos y se pone a las órdenes de los hermanos Vásquez Castaño, fundadores del ELN. En los últimos meses de 1965, el Cura Guerrillero transmite sendos mensajes a los cristianos, a los militares, a los campesinos, a las mujeres, a los sindicalistas, a la oligarquía, a los no alineados, a los desocupados y al FUP.

El 15 de febrero de 1966 Camilo Torres Restrepo muere en combate. Canta el uruguayo Daniel Viglietti: “... cuando iba/ por su fusil...”. El cuerpo nunca fue entregado por las fuerzas militares. Isabel Restrepo, su madre, declaró: “Camilo nació cuando lo mataron”.

¡A TOMARNOS EL 08 DE MARZO!
Bogotá, febrero 22 de 2006


Cordial saludo amigas y amigos,

Las organizaciones de mujeres hemos concertado en el marco de la conmemoración del 08 de marzo realizar acciones dirigidas a perdir al Alcalde Distrital respuesta a lo que ha pasado con las mujeres en Bogotá, solicitándole una reunión en donde las organizaciones podamos preguntarle acerca de cómo la política de Seguridad y Convivencia del gobierno Distrital, contempla acciones de protección para las mujeres quienes están siendo hostigadas y sus organizaciones por parte de grupos de desmovilizados; Así como las acciones de violencia sexual contra las mujeres y el cumplimiento de su propuesta de campaña respecto a mantener una oficina rectora de mujer y géneros.

Para esto se realizarán dos acciones puntuales:

1) PLANTON el 8 DE MARZO en el PARQUE SANTANDER A LAS 12 M. El propósito es un plantón en silencio en donde las organizaciones puedan entregar un volante donde se cuenten los casos de violencias contra las mujeres en Bogotá. Es el caso del movimiento Popular de Mujeres que quiere denunciar las violencias contra mujeres y organizaciones en Altos de Cazuca, Usme y Ciudad Bolivar.

2) LA CITA CON EL ALCALDE DISTRITAL EN SU DESPACHO. Se realizará un comunicado de prensa informando acerca de la reunión.

Estas acciones irán acompañadas de una estrategia de impacto, repartiendo volantes, haciendo dos pancartas y pintando graffitis con la pregunta ¿Alcalde que pasa con las mujeres en Bogotá?

Esperamos ser muchas en estas actividades; por lo tanto, contamos con la CONVOCATORIA que las organizaciones hagan a sus contactos y mujeres con quien trabajaban.

Arbitrariedad, irracionalidad
ORDEN DE CAPTURA CONTRA INTEGRANTE DE JUSTICIA Y PAZ

“Por eso la ley muere y no aparece la justicia, pues el impío cerca al justo y queda pervertido el Derecho” Habacuc 1, 4

RESUMEN

El pasado viernes 17 de febrero, la Comisión de Justicia y Paz conoció que uno de nuestros integrantes, DIEGO CAMILO FIGUEROA RINCON, defensor de Derechos Humanos en el área de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y ambientales se encuentra vinculado en un falso proceso judicial con el radicado 115933 que sigue la Fiscalía Seccional 42 de Buenaventura como ideólogo del Frente Manuel Cepeda Vargas de la guerrilla de las FARC EP, según informe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS

DIEGO CAMILO fue víctima de una abuso de autoridad, el pasado 28 de noviembre durante varias horas, en una práctica que es ya rutinaria en Buenaventura, a través de redadas en que participan efectivos del DAS y de las Fuerzas Militares. El defensor de Derechos Humanos, luego de ser sometido a presiones psicológicas, de impedírsele comunicarse con nuestra Comisión de Justicia y Paz, fue llevado a un cuarto oscuro, intimidado, reseñado en las instalaciones del organismo de seguridad. Posteriormente, debido a la acción urgente desarrollada fue dejado en libertad. Este día de noviembre era la primera vez que el joven defensor de Derechos Humanos iba al departamento del Valle, y en particular el municipio de Buenaventura, donde preparaba su viaje al Bajo Naya.

Tres días después, el jueves 1 de diciembre, los datos expresados por DIEGO CAMILO, acerca de su lugar de origen, lugar de habitación familiar en Bogotá son usados como base de un Informe de “inteligencia” que lo individualiza y ubica como terrorista de las FARC. Estos datos entregados al DAS son usados posteriormente en el falso montaje judicial en el que se le pretende identificar con el alias de “Camilo” ideólogo de la columna Manuel Cepeda Vargas.

El viernes 2 de diciembre, después de denunciado el abuso de autoridad, un supuesto escolta de un mando de la guerrilla del 30 Frente de las FARC, de nombre AMADO MOSQUERA, de manera poco coherente, con profundas inconsistencias y contradicciones se refiere a alias de “Camilo” como sobrino de un comandante del Frente 30 de las FARC, al que este lleva remesas, armas, recluta y tiene responsabilidad política.

El miércoles 14 de diciembre un nuevo falso testigo, LUIS FERNANDO CUERO, describió físicamente a “Camilo”, cuyos rasgos no coinciden con los de DIEGO CAMILO, y lo asocia con su tío alias “Mincho”, Comandante del 30 Frente de las FARC en labores de sistemas de computación para la guerrilla. Igualmente ubica a alias “Camilo” en lugares y espacios en los que, el Defensor de Derechos Humanos, nunca ha estado ni conocido.

Ninguno de los testigos suministró elementos que permitieran identificar a alias “Camilo” con DIEGO CAMILO FUGUEROA RINCON. Es el DAS en su informe de inteligencia quien de manera irregular, arbitraria e infundada lo hizo. Más grave aún es que, sin una corroboración mínima de los datos suministrados por el DAS y sin el menor análisis bajo los criterios de la sana crítica de este informe de “inteligencia” y las declaraciones de los testigos, la Fiscal 42 seccional de Buenaventura, ordenó capturar, el miércoles 14 de diciembre a 14 personas, entre ellas, el Defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión Justicia y Paz y dos afrocolombianos del Bajo Naya, MARCO ANTONIO DIAZ, padre e hijo.

Viernes 16 de diciembre, dos días después, la Fiscal 42 remitió una comunicación al DAS con la dirección de la residencia en Bogotá de DIEGO CAMILO para que sea capturado.

Desde la expedición de las órdenes de captura para rendir indagatoria, 5 personas han sido detenidas y todas han recobrado la libertad.

Con el simple sentido común se pone en tela de juicio el rigor investigativo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y las actuaciones en debido proceso que debe adelantar un sensato ente investigador como es la Fiscalía. Es un absurdo, absolutamente risible.

Es vergonzoso y causa pánico que esta sea la seguridad, la inteligencia y la investigación en este Estado de “Derecho”.Paradójicamente con celeridad se montan y se desarrollan los procesos judiciales contra integrantes de Justicia y Paz, se mantienen los seguimientos a los defensores de nuestra organización en Bogotá. Se usan a desplazados remitidos por organismos militares sin objetivos precisos de lo que desean, se anima a la población para que seamos expulsados de regiones, se nos llama para que alberguemos a guerrilleros.

Mientras se afina la máquina persecutora, las estructuras criminales se reestructuran, entran en la reingeniería de la impunidad regular o en la ley 975, son ausentes las garantía para la defensa de los derechos humanos, pues no se realizan acciones eficaces sobre los modos de operación paramilitar en complicidad, en tolerancia y o con omisiones de estructuras estatales. En lo judicial, por el contrario, rápidamente las víctimas de crímenes, muchos de ellos, de Lesa Humanidad son judicializados mientras sus territorios colectivos apropiados ilegalmente o empresarialmente usados son objeto de la expoliación y el despojo sin que la justicia ni el poder ejecutivo actúe eficazmente. Las víctimas se han convertido en los victimarios.


SOLICITUDES

A FRANCISCO SANTOS VicePresidente de la República, teléfonos (571) 3344507, (573) 7720130 ppdh@presidencia.gov.co solicitar que informe al Presidente de la República y al Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ANDRES PEñATE acerca de esta absurda actuación de los funcionarios de este ente; adoptar las medidas administrativas de separación del cargo de los agentes del DAS mientras son investigados y sancionados, comprometidos en la detención abusiva del Defensor de Derechos Humanos DIEGO CAMILO y del montaje ahora construido falseando la realidad; dar respuesta integral a las medidas cautelares que cobijan las comunidades afrocolombianas del Bajo Naya

A MARIO IGUARAN, Fiscal General de la Nación (571) 5702000 extensión 2562 Fax (571) 4149000 Extensión 1113, contacto@fiscalia.gov.co en aplicación de sana crítica y debido proceso asigne el conocimiento del proceso Radicado 115933 de la Fiscalía Seccional 42 de Buenaventura a una delegada en Bogotá de la Unidad de Derechos Humanos, respetando las garantías procesales; inicie investigaciones penal por el delito de prevaricato por acción de la Fiscal 42 seccional Buenaventura

A EDGARDO MAYA VILLAZON, Procurador General de la Nación, (571) 3360011 Fax (571) 2847949 quejas@procuraduria.gov.co investigar y sancionar ejemplarmente a los funcionarios del DAS involucrados en este montaje judicial

Ver adjunto hechos en Detalle.

Bogotá, 23 de febrero de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Monday, February 27, 2006

www.prensarural.org

El material de Prensa Rural puede reproducirse gratuitamente, total o parcialmente mencionando la fuente.


Un nuevo grupo paramilitar aparece en el valle del río Cimitarra

por Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
Zona de Reserva Campesina, 21 de febrero del 2006

Al menos eso es lo que parecen indicar los letreros que han dejado en
los árboles de la región y en las pañoletas encontradas por algunos
campesinos: AUC 123, se puede leer en los letreros.

Se trata de un grupo de unos 300 hombres que deambulan por la veredas
La Floresta, La Esperanza, San Lorenzo y Lejanías, en jurisdicción de
municipio de Cantagallo. El grupo de hombres armados no se deja ver
por los campesinos durante el día. El lunes 20 este grupo combatió con
la guerrilla. En la zona hacen presencia las FARC y el ELN.

La presencia de este grupo aparentemente paramilitar se suma a la
fuerte militarización que se observa en el nordeste antioqueño y en la
parte media del valle del río Cimitarra. Sin embargo los combates con
la guerrilla son esporádicos y la presión militar se ha centrado sobre
la población civil.

Detenciones arbitrarias, torturas y saqueos son algunas de las
violaciones cometidas por los batallones del Ejército (Calibío, Nueva
Granada, Plan Vial y Energético Nº 7). Hasta el momento tres
campesinos de la región se encuentran desaparecidos sin que nadie de
razón de su paradero.

HOY POR LA MAÑANA, A LAS 4 con 15 MINUTOS EXACTAMENTE, EL FASCISTOIDE PRESIDENTE QUE NOS GOBIERNA, NOS ASESTÓ UN DURO GOLPE, UNA TRAICIÓN AL PUEBLO COLOMBIANO, AL CUAL REGALA INDIGNAMENTE, Y LO PONE A LOS PIES DE LAS VORACES EMPRESAS TRANSNACIONALES NORTEAMERICANAS, AL FIRMAR FORTUITAMENTE Y EN LAS SOMBRAS EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

URIBE NO ES EL PRESIDENTE DE LOS COLOMBIANOS, NO ES UN LÍDER LATINOAMERICANO, SOLO ES UNO MÁS DE LOS ABYECTOS Y ENTREGUISTAS PRESIDENTES QUE CON EL AUXILIO DEL GRAN CAPITAL, DE LOS LATIFUNDISTAS, DE LOS NARCOS, DE LAS GRANDES FIRMAS, HAN DECIDIDO VENDER A COLOMBIA EN PEDAZOS, AL MEJOR POSTOR, TRAICIONANDO ASÍ LA CONFIANZA Y LA LABOR ENCOMENDADA POR LOS COLOMBIANOS, A ESTE MONIGOTE FACHO QUE SE PROCLAMA COMO EL SALVADOR DE LA PATRIA.

HERMANOS, ESTA DECLARACIÓN ES UNA DESFACHATEZ, UNA MÁS DE LAS PUÑALADAS TRAICIONERAS QUE NUESTROS GOBERNANTES LE HAN INFLINGIDO AL PUEBLO COLOMBIANO, UNA DERROTA PARA TODO EL PUEBLO, CAMPESINOS, OBREROS, ESTUDIANTES, AMAS DE CASA, POLICIAS, SOLDADOS. AQUÍ PERDEMOS TODOS Y SOLO GANAN LOS MISMOS DE SIEMPRE, ESA OLIGARQUÍA COLOMBIANA, QUE VIVE A CABALLO ENTRE MIAMI Y BOGOTÁ. COLOMBIANOS CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERDEMOS TODOS, Y SOLO GANA EL GRAN CAPITAL NORTEAMERICANO, QUE EXTENDERÁ SUS MANOS ALOS CAMPOS, ALAS OFICINAS, A LAS CALLES DE LAS CIUDADES COLOMBIANAS QUE SERÁN BARRIDAS POR UN CUMULO INMENSO DE PRODUCTOS BARATOS, DE DUDOSA CALIDAD, QUE DESTRUIRÁN A LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA COLOMBIANA.

COMO SIEMPRE, EN ESTA YA LARGA NOCHE DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS, LOS INTERESES DE UNOS POCOS PREVALECEN SOBRE LOS INTERESES DE LA MAYORÍA. EN ESTE CASO LOS INTERESES DE ESA PEQUEÑA BURGUESIA COLOMBIANA, QUE EMPEÑADA EN VENDERLE ALGUNOS PRODUCTOS BÁSICOS A LOS NORTEAMERICANOS, NO DUDAN EN SACRIFICAR A SUS COMPATRIOTAS. ESA PEQUEÑA BURGUESÍA QUE TIENE EN EL PRESIDENTE URIBE A SU GUARDIÁN, A SU PALADÍN, A SU ESBIRRO.

COMPATRIOTAS AÚN PODEMOS DETENER LA DEBACLE, LA ZOZOBRA QUE SE NOS AVECINA, AÚN EXISTEN MÉTODOS LEGALES PARA DETENER ESTA TRAICIÓN, PERO UN CONGRESO FRAUDULENTO EMPEÑADO EN QUEDAR BIEN CON EL SEÑORITO QUE NOS GOBIERNA, NO ES GARANTÍA PARA DETENER ESTA TRAICIÓN. COMPATRIOTAS ES HORA DE QUE NUESTRA VOCES SE DEJEN OIR, DEMOCRATICA Y LIBREMENTE. AQUÍ NO GANA NADIE SEÑORES, SOLO PIERDE COLOMBIA, TODOS NOSOTROS. NO DEJEMOS QUE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO SE NOS IMPONGA. NO DEJEMOS QUE LAS DECISIONES DE LA MAYORÍA SEAN OLVIDADAS Y PISOTEADAS.

COLOMBIA TIENE MUCHOS MÁS PROBLEMAS QUE RESOLVER, QUE FIRMAR UN ACUERDO INDIGNO, RASTRERO, QUE HIPOTECA NUESTRA MAYOR RIQUEZA, NUESTRO PUEBLO.

NO AL TLC.

NO A LA REELECCIÓN

Friday, February 24, 2006

Los medios de RCN y El Tiempo asume el vocabulario de los militares
Por: Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)* (Fecha publicación:19/02/2006)

Uribe amenaza bombardear concentraciones guerrilleras, lo cual hace todos los días. Con razón que la guerra la esta perdiendo…





La guerra de la Macarena en el parque natural en el departamento del Meta, no le va bien a Uribe y sus generales. Y ahora, en la desesperación por las derrotas militares que han sufrido, amenaza ante las puertas de Casa Blanca en Washington (durante su visita de “trabajo” para firmar el TLC), de “bombardear concentraciones guerrilleras”.

A parte que la amenaza de Uribe no solamente es ridícula, suena para los colombianos como un gran chiste, ya que sus FFMM todos los días tratan de encontrar los guerrilleros para bombardearlos.

Desde dos meses sufren los soldados y oficiales mejor preparados del ejército colombiano múltiples derrotas en Macarena. No han sido los Batallones de Contraguerrilleras (los Rambos del ejército) que han cazado a la guerrilla, sino lo contrario. Eso fue lo que pasó a final del mes de diciembre cuando se enfrentó el Batallón Nº 12 de la Contraguerrilla durante tres horas con la guerrilla y en donde cayeron 29 muertos y 20 heridos en las filas oficiales. De ahí han sido diarios los ataques guerrilleros a la tropa oficial que se encuentran cercados por, seguramente, miles de guerrilleros. Lo cual ha tenido como consecuencia, que los 900 campesinos que Uribe había reclutado para erradicar, en un show mediático, los cultivos de hoja de coca, prometiéndolos casa y plata, solo quedan, oficialmente, 200 personas. Ha habido también varias deserciones en las filas militares que explica la desesperación del presidente Uribe y su ministro de defensa, Camilo Ospina, cuando amenaza con bombardeo al parque natural.

¿Son tontos o es un show?

Escribía El Tiempo el 16 de febrero:

“Al referirse a los bombardeos anunciados por el presidente Uribe, el ministro Ospina dijo que serán puntuales sobre blancos precisos, en sitios donde se han concentrado reductos de las FARC y desde donde están atacando a los policías que protegen la erradicación.

”En aquellos lugares donde se identifiquen las concentraciones guerrilleras o en aquellos lugares donde se identifiquen blancos militares, se podrá proceder con todos los instrumentos de que dispone la Fuerza Pública, para neutralizarlos” explicó el ministro Camilo Ospina”.

Con razón que la guerra no le va bien a Uribe y a sus generales. No es necesario de ser un estratega excelente de alto rango militar para entender, que la guerra no se hace a través de los medios de comunicación, menos avisar cómo va a realizar las acciones militares contra el enemigo. Si hubiera sido el vicepresidente, Francisco Santos, no nos habríamos sorprendido, pero es el ministro de defensa que tiene 400.000 soldados bajo su mando y responsabilidad que ya lleva 41 años de conflicto armado con una guerrilla que no ha sido debilitado sino, por lo contrario, por cada operativo militar que haga, se refuerce cada día más.

Y el Plan Colombia, ¿que?

Y para en una e otra forma tratar de defenderse ante la realidad y las preguntas “pesadas” de los periodistas, el Mindefensa Ospina explica que a la guerrilla hay que ”quitarle la chequera”, es decir a los cultivos de la hoja de coca. Con semejante argumento la guerra va a seguir por siglos, ya que esta guerra no es de la coca, sino de los conflictos sociales, económicos y políticos. Todos lo dicen menos este gobierno y su mejor aliado, el presidente Bush.

Porque ¿como explica el ministro y su presidente, que después de seis años de Plan Colombia, las FARC atacan en todo territorio nacional, no importa si se cultiva arroz, banano, café o hoja de coca, la guerrilla esta dando duro, o como dicen los venezolanos; ¡“Están dando palo”! a pesar que Uribe dice que han erradicado más de 400.000 hectáreas de cultivos de coca. Si el argumento de la “chequera” fuera cierto, la guerrilla estaría practicamente derrotada. Pero la realidad, como vemos todos los días, es diferente.

Una cosa es que un régimen de “guerra total”, como es el de Uribe, intenta de convencer al pueblo colombiano de una “solución militar”, porque esa política fue lo que Uribe honestamente prometía a los votantes colombianos en el 2002, y, como decían las FARC y mucha gente; “Un voto a Uribe es un voto a la guerra total”, olvídense procesos de paz porque no existe en la mente o en la charla del señor, ese señor que fue un cercano y colaborador a Pablo Escobar en la década -80, según un informe del Departamento de Estado, que colocó a Uribe en el número 82 de la lista gringa sobre personas aliadas o colaboradores con el cartel de Medellín.

La responsabilidad de los medios

Pero otra cosa es el vocabulario de los medios de comunicación. Como el caso de El Tiempo que habla sobre las personas que se encuentran en cautiverio de la guerrilla. No es para hacer apología a las FARC, pero es notorio como los medios colombianos se han acercado el vocabulario de los militares y de Uribe. Un ejemplo es la tragedia de los soldados y policías capturados en el combate. Según El Tiempo no son prisioneros de guerra sino “secuestrados”. El vocabulario tiene un fin; negar, como hace Uribe y los generales, que en Colombia en los últimos 41 años no ha habido un conflicto armado sino unos bandoleros de ayer y hoy unos “narcoterroristas” que jode toda la economía del país, consigue desempleo y pobreza extrema.

Es una triste constatación que prolonga e dificulta una solución política negociada de este largo conflicto que ha costado centenares de miles de vidas humanas. Y unos de los responsables de esta guerra están en las gerencias de El Tiempo y medios como RCN.

Sobre este último medio de comunicación se puede desear mucho. Ultimamente se ha vuelto más que nunca, y no quiere decir poco, militarista y más aliado a Uribe y a los generales. También absorbe y copia literalmente los comunicados del Departamento E-5 del ejército (departamento de la guerra psicológica) sobre los combates en el país.

“Terroristas y héroes”

Cuando caen guerrilleros son ”terroristas dados de baja”. Pero cuando mueren en combate soldados son tildados como “héroes de la patria, asesinados por los terroristas de las FARC”.

Cuando se trata de mostrar a los cuerpos de los combatientes de ambos lados, pues, los muertos de estas personas son vistos en forma diferente.

El cuerpo del guerrillero es cubierto con un plástico negro en donde solamente salen las botas plásticas (así se puede hacer un montaje con los mismos soldados para mejorar la “estadística”). Mientras los soldados son mostrados con fotos y muchas veces también el ataúd, rodeado por la esposa y los hijos y más familiares, todos llorando acusando al enemigo militar por ser asesinos, expresión lógica ante el dolor.

Esa simplificación de la guerra en Colombia choca con el periodismo ético y sus principios. Los medios serios deben cuestionar e investigar los hechos. Pero en Colombia ese principio es negado por los dueños que resulta ser los mismos dueños del país. Familia Santos, grupo Santodomingo o Ardila Lules son al mismo tiempo los más ilustres señores de la oligarquia colombiana que tienen sus nexos, directamente (como Santos) en la política o indirectamente como los otros clanes oligárquicos.

El caso de RCN

Los medios ni siquiera investigan cuando son asesinados sus propios trabajadores, reporteros o personal. Ese es el caso de RCN.

Las siguientes palabras son del director de RCN, Alvaro García, cuando lo entrevisté el 11 de abril 2004, es decir, dos años después de que hayan sido asesinados los dos integrantes de RCN-Televisión en Cali cuando un helicóptero ametralló con Punto 60 dos de las tres personas del equipo del RCN que perseguía el grupo guerrillero que había secuestrado 11 de 23 diputados en la asamblea del Valle en pleno centro de Cali el 11 de abril del 2002.

Mi pregunta a García fue: ¿Hasta donde había llegado la investigación acerca la responsabilidad de los asesinatos del ejército?

El general Jorge Enrique Mora, entonces jefe del ejército dijo en una rueda de prensa el 13 de abril, 2002, que los reporteros no deben meterse en la zona de conflicto, notablemente irritado y molesto por la cobertura que los medios habían hecho a la acción de la guerrilla. En ésta, la guerrilla de las FARC se habían llevado en pleno centro de Cali, 11 de 23 diputados de la asamblea del Departamento del Valle en las narices de la fuerza pública. Fue tan vergonzante para los militares ya que toda la acción fue filmada por un equipo de televisión local. Los militares amenazaron a muerte a los periodistas que seguían en la pista de los guerrilleros. Y en los Farallones fue ametrallado durante dos horas el equipo de RCN que iba a cubrir el hecho por su canal. En el hecho fueron muertos el camarógrafo y el conductor del vehículo, mientras la periodista Luisa Estela Arroyave fue rescatada por otros colegas, entre ellos uno de El Tiempo, de ser asesinada por el helicóptero que disparaba con ametralladora Punto 60.

• ¿Y que pasa, Alvaro García, director de RCN-televisión, con la investigación de sus dos trabajadores asesinados por el ejército en los Farallones el 12 de abril 2002?

“Realmente las investigaciones hasta donde tenemos conocimientos, no han avanzado mucho. El tema quedó en las manos de la Fiscalía General (Camilo Osorio, mano derecha de Uribe, acusado por nexos con los paramilitares de los organismos de seguridad pero sobre todo con altos oficiales de las FFMM acusados por genocidio, masacres y matanzas o desapariciones en Colombia, nota del redactor). Y por el otro lado, hay otra ala de la investigación que esta en la justicia penal militar. Porque, como tú lo decías, hubo participación de fuerzas militares en eso episodio. Por eso ellos están en la obligación de investigar que fue lo que pasó. Hasta ahora no hemos tenido resultados precisos de la cuestión. Han pasado dos años y no tenemos la certeza absoluta en detalles que fue lo que realmente fue que sucedió esa tarde en los Farallones de Cali y que terminó con la muerte de nuestros dos compañeros”.

¿Cual es el vocabulario del director de RCN acerca el asesinato de sus empleados? Sobre el asesinato dice “episodio”.

Cómplice de la impunidad

Dice que ha pasado dos años y no sabe en “detalles” que pasó. No solamente es cínico contra los familiares de los dos empleados de RCN muertos, sino niega todas las pruebas y antecedentes y niega así el periodismo investigativo. Jamás tilda al ejército por haber asesinado sus dos trabajadores. O lo más probable; Alvaro García no tiene aval de los dueños de RCN de decir la verdad, porque entonces se choca con los intereses políticos que los dueños tiene con los militares y el actual presidente de Colombia, Alvaro Uribe.

• La siguiente pregunta era: ¿“Hasta donde ha llegado el propio trabajo de investigación periodística de RCN para poder aclarecer los asesinatos de sus dos compañeros?”

“Bueno, no mucho más que las investigaciones (de la Fiscalía, nota del redactor) y (…) del testimonio que dio Luisa Estela Arroyave de que habían quedado atrapado en medio de fuego cruzado (!) y cayeron disparos muy cerca, . . . eh, . . . eh, . . eh, . . . probablemente de los helicópteros que estaban patrullando la zona, aunque también de la parte alta montaña había movimientos de gente armada, tanto la guerrilla como el ejercito (¡sic!). Realmente ha sido imposible saber que fue lo que pasó esa tarde.”

Es decir; RCN ni siquiera ha “cavado” o investigado absolutamente nada en un asunto tan cerca como la muerte de dos compañeros de la RCN. El señor García sabe perfectamente bien, que ni la Fiscalía, y menos la Justicia Penal Militar, va a sindicar al ejército de haber sido responsable por las dos muertes. Por eso, es más importante que nunca, que periodistas serios se dedican a investigar al fondo para denunciar el terror estatal mortal como lo han hecho varios organismos internacionales de periodistas han hecho sobre el caso de RCN en Los Farallones. Pero Alvaro García prefiere dejar los asesinatos de sus dos colegas en impunidad para así proteger los asesinos del ejército esa tarde en Los Farallones de Cali.

Tuvo que exiliarse

Luisa Estela Arroyave tuvo que irse al exilio por las amenazas de muerte que sufrió, amenazas que sin duda tenían como objetivo hacerla acallar y no mover “tierra y cielo” que es nuestra obligación.. Como fuera poco, la noche siguiente de la muerte de los dos integrantes de RCN, personas dispararon un misil hacia el edificio de RCN en Bogota en clara advertencia que; “Si ustedes nos acusan de haber asesinado sus trabajadores, vamos a mejorar la puntería”!

Los misiles derribaron una bodega 25 metros al lado RCN. . . .

Dos semanas después los asesinatos del ejército de los empleados de RCN, me encontré con varios periodistas de RCN en una conferencia que realizó el ministerio de trabajo de Angelino Garzón en el municipio de Girardot. Los pregunté extraoficialmente sobre la responsabilidad de los asesinatos y el atentado contra la sede de RCN en Bogota y relataron que el caso de los Farallones era más claro que el agua, que el helicóptero del ejército había disparado con ametralladora durante dos horas para matar a Luisa Estela Arroyave. Sobre el roquetazo contra RCN en Bogota decían que ese tipo de misiles no posee la guerrilla y confirmaron la teoría que también fue el ejército. “Quédese quieto” para no revelar ni investigar sobre el caso. Si no, la puntería sería corregida.

Una extraña visita
Por: Miguel Suárez RADIO CAFE STEREO, especial para ARGENPRESS.inf
20/02/2006)

El presidente de la oligarquía colombiana Alvaro Uribe, saltándose instancias, ministros y negociadores, viajo esta semana (7) a Washington, para según el “intervenir personalmente” en la negociación del TLC. Según Uribe esta negociación o entrega de la soberanía colombiana a los Estados Unidos, es vital para los intereses nacionales, que ante las protestas de casi todos los sectores sociales, no esta muy claro a que intereses nacionales se refiere.

De tan repentino viaje saltan varios interrogantes:

Es necesaria la presencia de un presidente para hacer que se firme un tratado favorable a los intereses de los Colombianos?, Será que la presencia de Alvaro Uribe Vélez ablandara a los negociadores imperiales?, Es realmente este el motivo del intempestivo viaje?, porque, si de entregar la soberanía nacional se trata solo bastaría un orden del jefe fascista y sus “negociadores” firmaran lo que los gringos quieran?, Tendrá este viaje alguna relación con la difícil situación del ejercito de la oligarquía colombiana frente a la guerrilla?

Miremos primero el proceso del TLC.

El 7 de diciembre pasado el gobierno de la oligarquía peruana, frente al cual se encuentra el empleado de las transnacionales, Alejandro Toledo, anuncio que cerró “favorablemente” las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Visiblemente emocionado, Toledo destacó que logró incluir de manera indefinida los beneficios de la Ley de Promoción Comercial Andina y que productos peruanos como mangos, espárragos, uvas, joyas y textiles, entrarán al mercado estadounidense libre de aranceles.

Inmediatamente el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, alabó la decisión y anuncio que seguiría los pasos de Toledo en cuanto al supuesto tratado y de paso urgió al presidente Palacios del Ecuador a hacer lo mismo y firmar el entuerto.

La negociación de este supuesto tratado entre la “poderosa” economía colombiana con los Estados Unidos, comenzó públicamente a comienzos del año 2004, luego de una gira de Uribe a Washington donde a cambio de la prolongación del mal llamado Plan Colombia, que sirve de sostén a la tambaleante oligarquía colombiana, se comprometió a mezclar en este embeleco a los gobiernos del Ecuador y Perú.

Con esta acción Uribe confirmó su papel de peón imperial para propiciar que los Estados Unidos se apoderen de las riquezas naturales de Latinoamérica, así como para propiciar los planes militares intervencionistas de los Estados Unidos en Colombia y América latina.

Una de las razones argüidas por los diferentes lacayos imperiales para firmar el TLC, es la preservación de las llamadas Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA), otorgado por el gobierno de los Estados Unidos a las oligarquías andinos que se plieguen a sus dictados.

Las Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas se han venido aplicando desde el año 2002 sin que hayan producido ningún bienestar a los pueblos y que a pesar a que se intentan mostrar de forma habilidosa, como que ayudan al avance de las exportaciones andinas a los Estados Unidos, en el caso colombiano las exportaciones por este programa propiciadas, en un 90% han sido en productos como oro, esmeraldas, níquel, carbón, flores, confecciones y petróleo y que, dicho sea de paso, junto con el café son exportados por transnacionales estadounidenses.

A los pueblos latinoamericanos se nos han querido vender la idea de que este mal llamado tratado será favorable y traerá bienestar ya que, según ellos, las multinacionales colombianas, peruanas y ecuatorianas, que todos sabemos que no existen, podrán competir en igualdad de condiciones con las estadounidenses y exporta sus productos libremente a ese país, con lo cual el empleo bien remunerado abundara en nuestros países.

Como ejemplo se nos ha tratado de presentar a países como Méjico, que con una economía mucho mas poderosa que los países andinos, suscribió con los Estados Unidos y Canadá el llamado Nafta y los resultados fueron que luego de la firma del oneroso tratado, México pasó de 12 millones de pobres a 54 millones y los llamados pobres extremos llegaron a la fabulosa cifra de 20 millones de personas.

Así mismo la poderosa economía canadiense se vio afectada viéndose obligado a reducir su presupuesto social dejando en el desamparo al 70% de los desempleados.

Tal como anuncio orgulloso Alejandro Toledo, que los mangos peruanos ahora podrán entrar sin impuestos a los Estados Unidos, mostrando con esto la clase de exportaciones que según ellos traerán bienestar a nuestros pueblos, el delegado imperial Rober Zoëllick, al referirse a los beneficios de la ley de preferencias andinas Atpdea, dijo que 'Cuando visito Colombia, siempre disfruto de las hermosas flores que se están comerciando gracias a esto”, refrendando con esto la clase de productos que ellos nos han asignado para exportar a los Estados Unidos, mangos, flores, petróleo, oro y carbón además de agua.

En cuanto a Colombia, Uribe a prometido, que defenderá los “sagrados intereses de la patria”, pero nunca a aclarado para el cual es la patria, si los Estados Unidos o Colombia, ya que en su afán por firmar el TLC, que es mucho más que un tratado de comercial, ha pasado por sobre todo el mundo y hasta a los gordos y barrigones representantes de las federaciones de agricultores y ganaderos los mando a callar, cuando expusieron sus criterios contrarios a firmar dicho tratado.

Tres negociadores del Ministerio de Protección Social en las rondas del Tratado de Libre Comercio (TLC), sobre la propiedad intelectual y los medicamentos, debieron renunciar ante lo nocivo de este acuerdo que Alvaro Uribe Vélez, se aférra a firmar los mas pronto posible.

El ultimo caso de renuncia fue el de Luis Guillermo Restrepo Vélez, ante abandonó por parte del gobierno de Uribe Vélez, de la propuesta de negociación concertada con los países andinos y, donde de manera unilateral, presentó una propuesta de protección de datos basada en el texto estadounidense, que contiene disposiciones con niveles de protección mayores que los acordados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (CAFTA), donde se ignoran todos los compromisos con el sector salud.

Pero talvez el caso de sumisión más vergonzoso en este proceso de entrega de la soberanía colombiana, se dio en los comienzos cuando Uribe retiro su negociador de propiedad intelectual, el argentino Carlos Correa, a exigencia de los Estados Unidos.

Pero este afán de entregar la soberanía colombiana de parte de Uribe, parece tener como contraprestación por parte de los Estados Unidos la extensión del llamado “Plan Patriota” hasta el año 2010, único medio para que la oligarquía colombiana siga manteniéndose en el poder.

Debemos tener en cuenta que por medio del “Plan Colombia” y del “Plan Patriota”, los Estados Unidos han invertido desde el año 2000, mas de 4.000 millones de dólares en el sostenimiento de la oligarquía colombiana, dineros destinados casi en su totalidad a armar su ejercito de ocupación.

Según informes extraoficiales, en Colombia hay mas de dos mil militares yanquis camuflados entre mercenarios, agentes de la Cia, la Dea, personal consular y unos 700 militares de rango medio.

En los últimos días fuimos testigos de los desesperados esfuerzos de Uribe Vélez, ante la eficacia de su descompuesto ejercito, de mezclar al ejercito ecuatoriano en el conflicto interno colombiano, cosa que afortunadamente por el momento parece haberle fallado y entonces se dio el inesperado viaje al corazón del imperio bajo el supuesto de impulsar lo no impulsable, porque los negociadores imperiales no moverán un ápice de sus exigencias ante la llegada del narcotraficante y para ceder los negociadores de la oligarquía colombiana solo habría bastado una llamada desde Bogota.

Una información que parece mostrarnos que la agenda escondida de Uribe en los Estados Unidos, es la firma del TLC, en las condiciones que exijan los Estados Unidos a cambio de mas fondos para su ejercito, es un articulo que circula vía e-mail donde denuncia que “A fines de la semana pasada la Embajada de los Estados Unidos empezó a solicitar de distribuidores de munición basados en los EEUU presupuestos para la entrega de 4 millones de balas 5.56 forradas con 'penetradores'. El envío de estos proyectiles de grano 62 y alta energía conocidos como 'full metal jacket' balas de cola de buque, será acompañado por el envío de 3 millones de balas trazadoras para uso en ametralladoras M-249”.

Otro elemento a tener en cuenta en estos momentos y que debe incidir muchísimo en los afanes de la oligarquía colombiana, son los indiscutibles golpes que la guerrilla le a propinado al ejercito de la oligarquía colombiana en estos días y que parece tener muy intranquilos tanto a Cesares como a lacayos.

Quién envía el mencionado mensaje titula su mensaje ¿Balas por TLC?. Que a cambio de mas apoyo para la guerra un sector la oligarquía colombiana este decididos a entregar la soberanía nacional para garantizar su supervivencia aunque sea por cuatro años más, no tiene nada de raro dada la condición mafiosa de quienes hoy detentan el poder en Colombia.

Para cerrar con broche de oro su visita a la sede imperial, Uribe, el narcotraficante, se reunió con la señora Condolencia Rice. Uribe resumió su encuentro con la ministra de relaciones imperial, con un anuncio que nos corrobora el objetivo de su visita, la entrega de soberanía por mas guerra 'Hasta ahora hay una voluntad expresada de sacar adelante la segunda fase del Plan Colombia y se está ultimando lo que son los detalles'

Mejor dicho, habrá entrega de la soberanía, o sea, TLC y más guerra, su firma por parte de la oligarquía colombiana, es solo cuestión de días, otra cosa es que el pueblo lo vaya a aceptar.

El Ecuador está al borde del abismo sin fondo de la guerra
Guerra o... GUERRA
Por: Jaime Galarza Zavala ALTERCOM, especial para ARGENPRESS.inf
22/02/2006)

El Ecuador se encuentra al borde del abismo. No de uno cualquiera: del abismo sin fondo de la guerra.

Hacia allá nos empujan varias manos. En primer lugar, la mano imperial, fría y sanguinaria de Washington.

No es historia de estos últimos días. La presión comenzó hace diez años, cuando las armas ecuatorianas derrotaron y humillaron al militarismo peruano durante la Guerra del Cenepa. De nada le valió a Lima el apoyo del Pentágono a través del espionaje satelital con que éste le auxilió sin tapujos. La caída fue inevitable. Entonces Washington jugó cartas más sabias y más eficaces. Apeló a las armas diplomáticas, las mismas que empleó victoriosamente en 1942 para imponerle al Ecuador el Protocolo de Río de Janeiro.

Por añadidura, lanzó sobre el frágil y bobo Estado ecuatoriano una bomba atómica monetaria: el ofrecimiento de 30 mil millones de dólares para el desarrollo de las zonas fronterizas, y un puñado de dólares, pagado por Vladimiro Montesinos, a unos cuantos diputados mercenarios.

El abrazo entre Fujimori y Mahuad, atrás la bandera USA. Los dos hoy están prófugos por corruptos.Los Acuerdos de Paz fueron firmados por Jamil Mahuad y Fujimori, y ratificados por los parlamentos de los dos países En el Ecuador,. algún general digno exclamó, desgarrado: «Hemos perdido en la mesa de la diplomacia lo que ganamos en el campo de batalla».

Lo que se perdió fue una enormidad: territorio, derechos amazónicos, soberanía nacional. Para ablandar a los ecuatorianos, aparte del señuelo monetario, se nos engañó con la promesa de que disminuiría el gasto militar en aras de combatir la pobreza y redimir a las masas sometidas a marginación y miseria.

El Satán de la guerra sonreía burlonamente en el Pentágono. Pronto veríamos doblado el presupuesto militar y el número de tropas.

Es que la intención era otra y la reveló abiertamente Peter Romero, ex Embajador norteamericano en Quito, uno de los principales artífices de los Acuerdos de Paz. Llegó a decir: «El nuevo rol de las Fuerzas Armadas del Ecuador está en el Norte». Es decir, en Colombia, en la guerra interna de Colombia.

Dicho de otra manera: arreglado el problema fronterizo con el Perú al modo como lo imponía Washington, los dispositivos militares ecuatorianos debían ser traslados al Norte, a la frontera con Colombia, para ejecutar el rol de tropas aliadas y complementarias de las Fuerzas Armadas de Colombia en su guerra interminable para acabar con el movimiento guerrillero, que no ha podido ser vencido en medio siglo.

Este dato es definitivamente importante, pues si las guerrillas de Colombia – las FARC, el ELN y otras- bordean cincuenta años de existencia, nunca fueron problema para el Ecuador, que venía manteniendo apenas unos cuantos centenares de soldados y policías en los 600 kilómetros de frontera. La situación varió apenas en años recientes, cuando Washington y el gobierno colombiano decidieron implantar primero el Plan Colombia y luego el Plan Patriota, que concibe la guerra colombiana como «guerra regional» en la que deben intervenir los Estados vecinos en apoyo de los planes del emperador George W. Bush y su virrey Alvaro Uribe. De allí las presiones sobre aquellos, con la desgraciada circunstancia, para Washington, de que dos de estos, Brasil y Venezuela, más fuertes y poderosos que el Ecuador, se niegan rotundamente a jugar el papel de «perros de la guerra», como se denomina en Estados Unidos a los mercenarios.

En el Ecuador hay resistencia, una vez caído del poder Lucio Gutiérrez, el «mejor aliado» de los guerreristas.

Hay que hacernos, pues, tragar todo un menú truculento para convencernos, entontecernos, intimidarnos y ablandarnos.

Así asoman supuestos campamentos guerrilleros de las FARC en nuestra Amazonía, que nadie los encuentra, o bien retenes montados en El Frailejón, Carchi, de los que «no se hallaron pruebas», según El Comercio; a la vez se fumiga la frontera con químicos destructivos y malsanos, se blande la amenaza de muerte contra cientos de ecuatorianos en nóminas macabras elaboradas por la llamada Legión Blanca, incursionan los paramilitares contra la población fronteriza, hasta que finalmente Colombia lanza una provocación descarada con helicópteros artillados, bombarderos y desembarco de tropas en la provincia de Sucumbíos, bajo el pretexto de combatir a un grupo guerrillero que supuestamente penetró en territorio ecuatoriano pero que no asoma por ninguna parte.

Tan brutal resulta esta acción que el propio Ministro de Defensa, General Oswaldo Jarrín, ha señalado que esta fue planificada y premeditada. En verdad, no podía jamás ser accidental, como pretende ahora el virrey, pues a lo largo de toda la región invadida la línea divisoria es el río San Miguel, que tiene un ancho de 100 o 120 metros, absolutamente visible durante el día y a la baja altura con que volaron y actuaron las naves invasoras.

El objetivo de esta invasión es el mismo de las fumigaciones: despoblar la zona fronteriza para impedir que campesinos colombianos y eventualmente población ecuatoriana apoyen a los guerrilleros, facilitar las acciones de terror de los paramilitares ultraderechistas a fin de que la población fronteriza de ambos países huya cada vez más hacia el Sur, forzar a las tropas ecuatorianas a participar en la guerra colombiana, con carne de cañón pagada por el hambre de nuestro pueblo.

A tanto ha llegado el plan bélico ideado por el Comando Sur gringo y los mandos militares de Colombia, para involucrarnos en la escalada sangrienta del hermano país, que finalmente ha protestado la Cancillería ecuatoriana y el Ministerio de Defensa, en acto respaldado por el Congreso Nacional mediante resolución condenatoria de la invasión, con el voto en contra del bloque socialcristiano liderado por Cynthia Viteri. Voto que los coloca en la línea de Washington y Bogotá; es decir, en la línea de la guerra del Imperio, que es también la línea de la entrega de la Base de Manta, cabeza de playa para la ocupación de todo nuestro territorio y su conversión en plaza de armas.

En ese punto nos hallamos: al filo de la navaja. Empujados hacia la guerra por la mano brutal del Imperio, pero también por la mano de sus secuaces políticos y de los tontos útiles que creen cándidamente en todos los cuentos de la CIA y otros servicios de inteligencia (¿?).

Pero ¡cuidado!, el juego es peligroso.

Si nuestros jóvenes son forzados a servir de carne de cañón en una guerra ajena, bien podrían despertar de su letargo, cobrar conciencia y volver sus armas contra quienes les mandaron al matadero.

Uribe Vélez: punta de lanza del imperialismo norteamericano
Por: Ramiro Vinueza PERIODICO OPCION, Ecuador
22/02/2006)
www.argenpress.info



El ascenso al poder de Alvaro Uribe Vélez significó el acentuamiento de una política guerrerista, que ha agravado el conflicto interno de Colombia y que hoy corre el riesgo de desbordar sus fronteras con las reiteradas violaciones de la soberanía ecuatoriana por parte del ejército de ese país.

Una situación de esta naturaleza no puede ser ni fortuita ni involuntaria, como ha aludido en sus ambiguas explicaciones la diplomacia colombiana y el mismo Uribe Vélez.

Todas estas acciones corresponden a las estrategias elaboradas en el Pentágono, de donde surgieron tanto el Plan Colombia, como la Iniciativa Regional Andina y el Plan Patriota que, junto a los tratados de libre comercio, pretenden asegurar el dominio del imperialismo norteamericano en nuestra región.

Son cerca de 7 años de aplicación del Plan Colombia, hoy Plan Patriota, en los que el gobierno norteamericano y el colombiano han gastado fabulosas cifras. El analista Allende La Paz, que cita un informe del Ministerio de Defensa de Colombia titulado: “Logros y retos de la política de defensa y seguridad democrática”, publicado el 7 de diciembre, señala que: “durante el año 2 003 se invirtieron en la guerra 4 mil 800 millones de dólares: aportados 694 por Estados Unidos, 516 recaudados por el Impuesto al Patrimonio y 3 617 del Presupuesto Nacional. El año 2004 se invirtieron en la guerra 5 mil 500 millones de dólares: aportados 661 por Estados Unidos, 134 del Impuesto al Patrimonio y 4 703 del Presupuesto Nacional ordinario. Durante el 2005 se invirtieron en la guerra 6 mil 400 millones de dólares: aportados 674 por Estados Unidos, 57 de Impuesto al Patrimonio y 5 638 del Presupuesto Nacional ordinario”.

Esto significa que en tres años han invertido 16 mil 700 millones de dólares en la guerra. “Los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos invirtieron un poco más de 13 millones de dólares diarios durante el 2003; el 2004 invirtieron 15 millones de dólares diarios, y el 2005 invirtieron 17,5 millones de dólares diarios”.

Según estas cifras se puede establecer que la mayor parte de los recursos para los planes guerreristas son financiados con más pobreza, desocupación y sangre del pueblo colombiano, al cual se le ofreció paz y prosperidad. Ninguna de las ofertas de Uribe se han cumplido: los precios de los combustibles han subido en un 215%, los pobres y los indigentes suman 28 millones 479 mil colombianos, lo cual representa el 67,8% de la población. Existen 780 mil colombianos desplazados durante los tres primeros años del gobierno de Uribe, a los que se suman 3 millones de desplazados antes de él, 2 mil dirigentes sindicales asesinados en los últimos 4 años, 2 millones 500 mil desplazados internos y 4 millones de desplazados en el exterior.

Pese a los enormes recursos invertidos, el Plan Patriota es un fracaso, pues Colombia ni se ha pacificado ni ha prosperado, y la insurgencia lejos de ser debilitada y peor aniquilada, ha asestado contundentes golpes militares y ha legitimado sus demandas sociales y políticas ante el pueblo colombiano. El gobierno de Uribe está sufriendo las mismas derrotas que los quince gobiernos que le han sucedido, y que pretendieron en vano resolver por la vía militar el conflicto interno.

Frente a estos sucesivos fracasos, y dentro de una nueva estrategia del Pentágono, el Plan Colombia se propuso regionalizar el conflicto, señalando que el problema no solo era colombiano sino de todos los países sudamericanos, particularmente de los colindantes con este país. Una gran ofensiva propagandística y diplomática se implementó para sensibilizar a la opinión pública y conminar a los gobiernos a adherirse a estos propósitos. Sin embargo la mayoría de países se negaron a intervenir en el conflicto y se abstuvieron de calificar a la fuerzas insurgentes colombianas como “terroristas”, que era la pretensión de Uribe Vélez y del Pentágono, para comprometerlos en una ofensiva general.

Ahora una nueva fase parece estar en marcha, en las que las provocaciones, el chantaje la agresión se ponen al orden del día.

En el Ecuador, la debilidad de los gobiernos y su abierta sumisión a las órdenes del gobierno norteamericano permitió la ocupación de tropas y mercenarios de ese país en la Base de Manta, y la movilización de alrededor de 10 mil soldados hacia la frontera norte. Esta actitud ha estimulado la prepotencia del gobierno de Uribe Vélez, que ha sostenido indiscriminadamente fumigaciones con glifosato, que han afectado a miles de campesinos, niños y mujeres en nuestra frontera.

Por otro lado, ha sido evidente la presencia de aparatos de inteligencia que operan en suelo ecuatoriano con la más vergonzosa permisividad de las autoridades. El más escandaloso de estos hechos fue el apresamiento en Quito del líder guerrillero Simón Trinidad, situación que se repitió en Venezuela con el apresamiento de Rodrigo Granda, solo que en este caso el rechazo del gobierno venezolano fue más contundente.

Los últimos hechos en la frontera colombo-ecuatoriana no solo muestran que se realizaron incursiones “involuntarias”, como lo dice Uribe, sino que hay reportes de que el ejército colombiano operó desde territorio ecuatoriano para combatir a la guerrilla.

Las mañosas “disculpas” presentadas por Uribe Vélez más bien constituyen una arrogante conminación al gobierno ecuatoriano a un mayor involucramiento, arguyendo que las fuerzas guerrilleras operan desde el Ecuador, a la vez que le sirven de plataforma para su ansiada reelección.

Al parecer, esta perversa maniobra estaría dando resultado, ya que el gobierno de Alfredo Palacio ha señalado que incrementará los contingentes militares en las provincias fronterizas, situación que ha sido rechazada por diversos sectores y por los propios pueblos fronterizos, que no reclaman más tropas, sino más recursos para el desarrollo de la producción, la educación y la salud.

Visto desde este ángulo, el mayor peligro para el Ecuador, Venezuela y los demás países sudamericanos es la política guerrerista que impulsa el gobierno de Uribe Vélez, quien con el pretexto del combate al ‘terrorismo y el narcotráfico’ amenaza en convertirse en un eje de intervención y punta de lanza de los intereses de los halcones de la guerra norteamericanos, encabezados por Bush.

Para ello necesitan la reelección del Uribe, por eso han comprometido extender el Plan Patriota hasta el 2010, dotándole de más recursos financieros y el asesoramiento militar que le permita formar unas fuerzas militares y paramilitares que, hoy por hoy, son las más grandes de América Latina. Durante la administración de Uribe se han incrementado y creado nuevas fuerzas. Según algunas estimaciones, existen 263 000 militares; 123 000 policías; 600 000 retirados de las fuerzas armadas que trabajan en empresas de seguridad y que hacen parte de este engranaje; 10 000 paramilitares; 100 000 reservistas que fueron llamados por Uribe, y un millón de informantes (‘sapos’) a ser reclutados pagados por el Estado. Esto hace más de dos millones de efectivos militares al servicio de una política de agresión.

Esto podría anunciarnos que tan descomunal contingente no se lo organiza solo para combatir a la guerrilla. La calificación que el imperialismo está haciendo de esta fuerza debe llamar la atención sobre todo en un país que no tiene litigios fronterizos

Guerra contra el 'terrorismo'
Por: Cristiano Morsolin
especial para www.ARGENPRESS.info
22/02/2006





Nuevas recomendaciones de la ONU a Colombia y una audiencia de juristas de prestigio internacional refrescaron la memoria acerca de los crímenes contra civiles que continúan cometiéndose en el conflicto armado.

El informe anual sobre Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (http://www.hchr.org.co), Louise Arbour, presentado el lunes 13 de febrero, señala que las violaciones de derechos humanos no hacen parte de una política deliberada del Estado. Se evidencia también que con 'acuerdos clandestinos' los paramilitares controlan aspectos políticos. Lo novedoso del 2005 es la preocupación por la expansión ‘para’ y su eventual interferencia en la política. También pide modificar la Ley de Justicia y Paz a fin de que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas, como han solicitado 158 organizaciones sociales y ONG de Europa y Colombia (http://www.voltairenet.org/article129755.html ).

El lunes 13 de febrero del 2006 terminó la visita a Colombia de los Sres. E. Raúl Zaffaroni de Argentina (ministro de la Corte Suprema de Argentina y antiguo Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito ILANUD) Robert K. Goldman de Estados Unidos (antiguo Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y antiguo experto de las Naciones Unidas sobre lucha antiterrorista y derechos humanos) y Stefan Trechsel de Suiza (antiguo Presidente de la Comisión Europea de Derechos Humanos y recientemente nombrado juez ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.), tres miembros del 'Panel de Juristas Eminentes sobre Terrorismo, Lucha Antiterrorista y Derechos Humanos', un grupo de ocho juristas convocado por la Comisión Internacional de Juristas (www.cij.org ) en octubre de 2005 para examinar a lo largo de 18 meses el impacto de la lucha antiterrorista sobre los derechos humanos y el estado de derecho en todas las regiones del mundo.

Durante una audiencia de dos días, celebrada en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, el Panel ha recibido informaciones acerca del impacto de actos terroristas y de medidas antiterroristas adoptadas o promovidas a lo largo de los últimos cincuenta años en Colombia, incluso las medidas adoptadas en el marco de la política de seguridad democrática en los últimos tres años. Abogados, fiscales, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, personas desplazadas y representantes de comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas intervinieron en esta audiencia. El Panel escuchó, por parte del Gobierno, la explicación acerca de las medidas adoptadas.

Una de las premisas de la política de seguridad democrática es que no existe un conflicto armado interno en Colombia sino una guerra contra el terrorismo. Sin embargo, el Panel quiere destacar que, si bien el derecho internacional humanitario prohíbe la comisión de actos terroristas, el hecho de que tales actos sean cometidos durante un conflicto armado no altera, ni el estatuto jurídico de las hostilidades, ni el de las partes en conflicto, ni el deber de las partes de observar el derecho internacional humanitario. Durante esta audiencia, el Panel recibió denuncias de que ciertas medidas antiterroristas que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, en particular las facultades de policía judicial conferidas a las fuerzas militares, siguen siendo utilizadas en la práctica produciendo un número altísimo de detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial. El Panel expresa preocupación por la información recibida acerca de intromisiones del poder ejecutivo en decisiones judiciales como también por las tentativas de limitar la competencia de la Corte Constitucional, garante del estado de derecho y de la protección de los derechos fundamentales.

El Panel manifiesta su preocupación por algunas expresiones de altas autoridades que estigmatizan a defensores de derechos humanos, no sólo porque importan una crítica injusta a una tarea tan legítima como necesaria en cualquier país del mundo y en toda circunstancia, sino muy especialmente porque en un cuadro de violencia, semejantes estigmatizaciones se traducen mecánicamente en graves riesgos para la vida.

Los miembros del Panel agradecen a todas las personas que les han proporcionado informaciones, opiniones y explicaciones durante su visita. Este material será recogido en el informe que los ocho juristas del Panel producirán sobre la situación en el mundo. No se emitirá un informe particular sobre Colombia ni sobre ninguno de los países visitados, toda vez que el objetivo del proyecto es la evaluación de la situación mundial.

Necesita destacar que el día 27 de septiembre de 2005 la Comisión Internacional de Juristas CIJ presentó en el Parlamento Europeo (gracias al apoyo de Alain Lipietz – diputado de los Verdes/ALE y Presidente de la Comisión UE en relación con la comunidad andina www.lipietz.net y Héléne Flautre, diputada de los Verdes/ALE y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del PE – www.flautre.net )un informe de 78 páginas en el que evalúa las políticas del Gobierno Uribe llamada de 'Seguridad Democrática' http://www.piedadcordoba.net/ipw-web/portal/cms/modules.php?name=News&file=article&sid=1008

Un ejemplo de terrorismo de Estado

El 21 de febrero de 2005 en Mulatos tropas del ejército asesinan a las 8 a.m. a LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA líder de la comunidad, su compañera BELLANIRA AREIZA GUZMAN y al hijo de LUIS EDUARDO, DEINER ANDRES GUERRA de 11 años. La caravana de la muerte continuó y el mismo día a las 12:30 del día en la Resbalosa el ejército asesina a ALFONSO BOLIVAR líder de la comunidad, su compañera SANDRA MILENA MUÑOZ sus hijos NATALIA ANDREA de 5 años de edad, su hijo SANTIAGO de 18 meses y ALEJANDRO PEREZ. El jesuita Javier Giraldo (www.javiergiraldo.org ) y la ex alcaldesa Gloria Cuartas (www.gloriacuartas.com ) fueron amenazados tras señalar a militares de la fuerza militar regular de la Brigada XVII como presuntos responsables de la matanza de la comunidad pacifista en resistencia civil de San José de Apartadó.

Esta masacre despertó la movilización de la comunidad internacional; el Parlamento Europeo y la Comision de derechos humanos del Parlamento italiano reaccionó expresando su profunda preocupación por la salvaguardia de los Derechos Humanos en Colombia. (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=13200 ).

El 2 de diciembre del 2005 el Departamento de Estado de E. U. decidió que no entregará asistencia económica a la Brigada XVII del ejercito colombiano. El senador Patrick Leahy en una intervención en la plenaria de la Cámara Alta ha declarado que 'hay quienes sospechan que fue el Ejercito el que perpetró la masacre'. Para el Senador lo mas preocupante es la manera como el gobierno maneja la investigación. Según este, la reacción inicial fue la de negar cualquier responsabilidad, pese a denuncias de los pobladores contra los militares y testimonios de observadores internacionales que dijeron haber visto 'a soldados riéndose mientras se exhumaban los cuerpos, tomándose fotos, haciendo señales de victoria y alterando evidencia' (El Tiempo, 2.12.2005).

La declaración de la comunidad de paz de San José de Apartadó, en el triste aniversario de la masacre, subraya que 'el gobierno niega inmediatamente cualquier responsabilidad y con mentiras evade lo que ha hecho el ejército, colocando por el contrario a las víctimas como victimarios. Argumentando falsedades militariza San José, la policía y el ejército entran a San José el 1 de abril de 2005 teniendo que desplazarnos y construir donde no había nada un nuevo caserío llamado San Josecito.

Después de más de dos años de concertación de las medidas provisionales el Estado rompía dicha concertación con el puesto de policía dentro de San José mintiendo a compromisos ya hechos con la comunidad. Pero allí no quedó la mentira y la desfachatez ya que cualquier confrontación armada culpa a la comunidad.

La fiscalía solo planteó su ineficiencia, su complicidad ante la impunidad culpando a la comunidad, ante esto ante la mentira ante la muerte asumimos una posición de silencio con ellos, los asesinos, los victimarios ante la ausencia de justicia merecen por lo menos la indignación de las víctimas y así se lo hemos mostrado.

Pero después de un año el Estado ha engañado sobre la famosa presencia del estado y que siempre ha estado desde nueve años de existencia de la comunidad, que ha sido la misma: exterminio y muerte.

Al año de la masacre sólo encontramos desolación silencio y desplazamiento en las veredas Mulatos, las Nieves, Resbalosa, la Esperanza, el Porvenir, desplazamiento actual en la vereda Caraballo ataques indiscriminados contra las zonas humanitarias de Cristalina y Arenas, el asesinato de dos líderes más de la comunidad ARLEN SALAS y EDILBERTO VASQUEZ.

Se ha dado judicializaciones de campesinos, líderes de la comunidad, la muerte, el silencio de las tumbas, la destrucción, el robo, la tortura es lo que hemos vivido en este año después de la masacre.

En este año el gobierno nos culpaba de prohibir cosas ilegales como ha sido el licor. Lo que se ve hoy en San José son cantinas manejadas por paramilitares en convivencia con la policía y la toma de casas y tierras por parte de los llamados desmovilizados o mejor legalizados paramilitares. La policía ha hecho muy bien su labor de cuidar a los paramilitares en San José junto con ellos han llegado son prostíbulos.

La carretera en pésimas condiciones, Los bloqueos se mantienen, el control de alimentación es total, la misma realidad muestra las mentiras del gobierno. Pero su cinismo no tiene límites pese a la realidad de muerte y exterminio que nos ha sentenciado, el gobierno nos culpa a nosotros de esto diciendo simplistamente que hacen todo lo posible pero la comunidad es cerrada. Pero cerrada a qué? a la muerte y a la destrucción a arrodillarnos al paramilitarismo a entregar las tierras, a que nos sigan asesinado, tiene razón a eso somos cerrados y no admitimos esa realidad.

Sin embargo no dice por qué se ha negado el gobierno y la fiscalía a crear una comisión de evaluación nacional e internacional que diga porque no se ha hecho justicia en todos los casos de exterminio contra la comunidad, solo nos culpa es lo mas fácil. Para ellos solo existe colaboración si aceptamos sus derroteros de muerte, si los testigos dan testimonio para justificarse de que están haciendo algo, pero porque no le dicen al mundo que han hecho con mas de 40 testimonios que se dieron para la masacre de la Unión (asesinados seis líderes de la comunidad) donde dos testigos fueron asesinados por informaciones que dieron los organismos de control y asesinados por la fuerza pública. Por qué no dicen que ha pasado con los mas de 120 testimonios que ha dado la comunidad en los diversos casos.

Donde están las demás investigaciones solo colocan el testimonio como la única prueba pero cuando lo hemos dado este ya no sirve y todo en la impunidad, es la mejor forma de construir impunidad y ante esta forma tan sucia y corrupta de la justicia no se puede caer, es un deber moral e histórico develar la forma tan manipuladora que se utiliza el testimonio y con este solo justifican la impunidad y culpan a la comunidad, a las víctimas.

No cuentan al mundo las veces que nos ha intimidado la fiscalía filmándonos, judicilizandonos. Pero es natural en un estado que decidió exterminarnos, así lo tiene que decir para justificar su accionar de muerte.

No ha contado al mundo el gobierno que después de un año de la masacre la comunidad exigió mínimos para poder tener credibilidad ante tanta mentira del gobierno y por ello exigió la comisión de evaluación de la justicia como una fórmula para intentar superar la impunidad, exigió el puesto de policía afuera donde estuviera la comunidad, exigió el respeto de las zonas humanitarias, pero el gobierno entendió todo al revés, ya que en vez de respeto a las zonas humanitarias sólo ha buscado exterminarlas con balas y muertes.

Pero lo mas importante que no ha contado el gobierno al mundo en este año que pese a su política de exterminio contra nosotros de legalización del paramilitarismo, de querer sacarnos de las tierras, de la muerte que ha sembrado la Fuerza Publica con cantidad de casos y que anexamos, la vida no ha sido derrotada, la dignidad de la comunidad no ha sido doblegada, y solo por que LUIS EDUARDO, BELLANIRA, DEINER, ALFONSO, SANDRA, SANTIAGO, NATALIA, ALEJANDRO están mas vivos que nunca y nos han mostrado el camino de la vida. Después de este año el llanto, la tristeza y la desolación no han sido una forma de hacernos retroceder, por el contrario la memoria de nuestros amigos sus enseñanzas han estado mas vivas que nunca, y por ello hoy a un año de su muerte estamos compartiendo al mundo esperanza de que es posible todavía construir un mundo mas humano donde vivamos en dignidad'.

Víctimas colombianas piden a Europa dejar de 'alimentar la guerra'

La colombiana Brígida Gonzáles, miembro de la comunidad de paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, pidió el martes 21 de febrero al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que no siga 'alimentado la guerra' que sufre desde hace décadas su país y que retire su apoyo a la Ley 'Justicia y Paz' del presidente colombiano, Alvaro Uribe. Gonzáles, madre de dos niñas que fueron asesinadas en algunas de las matanzas perpetradas por el Ejército, los paramilitares en su comunidad, comenzó en España una gira por varios países europeos con el objetivo de seguir denunciando las masacres cometidas contra la población civil en Colombia. El martes 21 de febrero ofreció una rueda de prensa en el Congreso junto a la diputada de Izquierda Unida (IU), Isaura Navarro, y Gonzalo Franco, miembro de la ONG Acompaz (www.acompaz.org ), en la que recordó que desde que se formó la comunidad de paz de San José de Apartadó hace nueve años han sido asesinados 175 de sus miembros. El martes 21 de febrero se cumple el primer aniversario de la masacre de ocho personas --tres menores de edad--, cometida por el Ejército en esa comunidad, una experiencia de resistencia civil que cuenta con el apoyo de la Iglesia, agencias de la ONU y ONG colombianas e internacionales, que se declara neutral frente a todos los actores del conflicto armado. Para Gonzáles, es 'deplorable y vergonzoso' que países como España hayan ofrecido su respaldo político y económico al Gobierno de Alvaro Uribe para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz --el marco legal para desmovilizar a los grupos armados ilegales--. 'Es deplorable que se apoyen gobiernos con actitudes dictatoriales', denunció.

En este sentido, aseguró que el supuesto plan de desmovilización y reinserción de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es una 'farsa' en la que no creen ya que, a su juicio, la estructura paramilitar 'sigue intacta y se mueve a través de la fuerza pública'.

'Mientras el presidente Uribe quiere hablarnos de paz, Ejército y paramilitares siguen haciendo de las suyas', insistió Gonzáles, que consideró que la paz 'no se construye con las armas'. 'La paz se construye con garantías, mejorando las condiciones de la población civil, y respetando la vida, que es lo esencial', subrayó. Asimismo, lanzó duras críticas contra el Plan Patriota, del que dijo que no es más que un 'plan de exterminio' creada por el Gobierno con el pretexto de acabar con el narcotráfico y la guerrilla. Sin embargo, denunció Gonzáles, 'se trata de una gran mentira porque lo que están haciendo es acabar con los campesinos'. Brígida Gonzáles tiene claro que comunidades de paz como la de San José de Apartadó son una 'piedra en el zapato' para el presidente Uribe porque siguen denunciando ante la comunidad internacional las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos contra los civiles. 'Y pese a los muertos que hemos puesto no nos vamos a callar',
advirtió. Por eso, pidió a la comunidad internacional que siga denunciando las atrocidades que están ocurriendo en Colombia. 'Si no fuera por esa cooperación y solidaridad ya habrían acabado con nosotros, pero la voz internacional ha hecho que (el Gobierno) pare un poco la arremetida contra la población civil', sentenció. Por su parte, la diputada Navarro aprovechó la ocasión para volver a denunciar la 'connivencia' que existe entre el Ejército colombiano y los grupos paramilitares, y criticar tanto al anterior Gobierno del PP como al actual del PSOE, 'que se dice progresista', por apoyar a Uribe en una ley, Justicia y Paz, que se basa en la impunidad.

También en Roma la red italiana de solidaridad con las comunidades colombianas de paz ha organizado una manifestación de protesta frente a la Embajada de Colombia en Italia.

El Europarlamentare Vittorio Agnoletto (GUE) ha solicitado la Unión Europea de 'evaluar el destino final de los recursos financieros destinados a tutelar las zonas humanitaria, las comunidades indígenas, las comunidades de paz, garantizando el correcto desarrollo no solo de las operaciones de voto, sino de toda la campana electoral. En Colombia las zonas humanitarias y las comunidades de paz que tratan de resistir para estar afuera del conflicto armado, son constantemente objeto de numerosos e indiscriminados ataques por parte del ejército como fue en ocasión del asesinato de Arenas Altasa y Arlen Salas David, miembro de la comunidad de paz de San José de Apartadó, el 17 de noviembre. Estos graves hechos demuestran que las palabras del gobierno colombiano no son creíbles porque sigue vigente la impunidad por los responsables de los masacres'.

Thursday, February 23, 2006

por la defensa de la universidad del atlantico
ni un paso atras todos en asamblea permanente

PRESOS POLITICOS COLOMBIANOS. PRIMERA PARTE


En Colombia cerca de 7000 personas conforman la población carcelaria en los distintos establecimientos penales del país.
El gobierno colombiano no les concede el estatuto de presos políticos porque niega determinantemente la existencia del conflicto armado que existe allí hace ya más de 4 décadas, no obstante SI les atribuye el rótulo de TERRORISTAS.

Por supuesto por ser esa la concepción del gobierno, tanto el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia) como todos los entes y ministerios del país, trabajan el tema de la misma manera, lo cual produce una gran dificultad para los organismos que trabajan por los derechos humanos.
Hasta el 11 de setiembre de 2001, cuando una situación extraña produjo los hechos tristemente recordados a la vez que modificó la situación mundial, todo preso por cuestiones políticas era acusado de delito de rebelión.
Pero a partir de esa fecha repudiable, cambia esta situación y al preso político además de ser juzgado por rebelión –lo cual está tipificado en el Código Penal- se le agrega la acusación de TERRORISTA, lo cual complica la situación del detenido, ya que lo coloca en una posición de absoluta indefensión.

Hay más de 68.000 personas presas en Colombia, muchas de ellas fueron privadas de su libertad sin que existiera prueba alguna que los identifique como sediciosos.
Muchos sindicalistas están presos por “terrorismo y por rebelión” pero se puntualiza especialmente sobre lo primero, ya que el gobierno coloca al delito de rebelión en segundo plano, dada la coyuntura internacional.
De las 68.000 personas en situación de privación de libertad, la mayor parte NO TIENE condena firme, no han tenido juicio ni sentencia.
Hay alrededor de 2.200 personas condenadas, el resto está en proceso de investigación; cuando por ejemplo es detenida una persona sola el juicio es un poco más rápido, pero cuando se detienen varias juntas se ha dado el caso de que éstas estén hasta 18 meses sin ser juzgadas. Vale aclarar que según la ley colombiana 36 horas es el tiempo límite para que una persona sea puesta a disposición de la autoridad competente, pero esos tiempos en Colombia son violados permanentemente.

La reforma penal del año 2003 elevó de 40 a 60 años la pena máxima para los detenidos, esta pena cae con toda su rudeza para los detenidos políticos, combatientes, luchadores, sobre quienes cae el peso de la ley.
Sin embargo según la FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS COLOMBIANOS en los últimos tiempos el 60 % de los detenidos NO son combatientes, sí son dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y gente perteneciente a organizaciones sociales a populares, quienes por supuesto pasan a denominarse TERRORISTAS…
Colaboran rotundamente para que ese cargo pueda ser impuesto al detenido, los “informantes”, contratados por el gobierno para que argumenten “conocer a la persona y asegurar que sin dudas ha estado vinculada a alguna organización insurgente o fue parte de algún atentado”.

Se ha conocido el caso de personas que han sido procesadas, juzgadas y condenadas, aún sin haber tenido pruebas concretas de su accionar, luego de su penar que puede llevar años son consideradas INOCENTES.

En el marco de la Politica de Seguridad Democrática, aumentó considerablemente la aplicación de TORTURA contra los detenidos, hecho que se realiza particularmente contra habitantes de poblaciones empobrecidas.
Existe una discriminación salvaje contra miembros de la comunidad afrocolombiana, así como contra quienes están alojados en centros de reclusión transitorios –estaciones de policía-, donde la tortura es permanente. En los últimos años la tortura física fue transitoriamente reemplazada por la tortura psicológica, pero la primera recobró últimamente su sitial…siendo el uso de picana sobre cuerpos previamente arrastrados, luego mojados algo constante.
Pero también se suele introducir en la boca del detenido una bala con la que supuestamente mataron a otra persona, obligándosele a tragar dicho elemento. Tampoco faltan los simulacros de fusilamiento, o cualquier otra parodia de muerte brutal.

A quienes detienen por actividad política, así como a los combatientes de los movimientos insurgentes y luchadores sociales les aplican preferentemente la tortura psicológica.

Por supuesto toda tortura es difícil de demostrar, especialmente para quienes permanecen en centros de reclusión a quienes antes de trasladar para el interrogatorio de la justicia, se les ha hecho firmar un documento en el cual aseguran que fueron tratados correctamente…

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Amigos de la PAZ en COLOMBIA y en el MUNDO


Con Información de VOZ REBELDE

Camilo Torres Restrepo (1929-1966)
José Steinsleger - La Jornada

Siglos de resistencia y solidaridad forjaron las rebeliones sociales de Colombia. Estas luchas, que nunca padecieron soledad, conocieron el primer territorio libre de América en el palenque de La Matuna, dirigido por el esclavo africano Dionisio Biojó, quien murió ejecutado por los españoles (Cartagena, 1621).

Más tarde, la Revolución de los Comuneros, liderada entre otros por José Antonio Galán (1781), cuestionó el mal gobierno del poder colonial. Las demandas comuneras contribuyeron a forjar el ideal emancipador y, en 1809, fueron parcialmente contenidas en el célebre Memorial de agravios, de Camilo Torres, prócer independentista bolivariano (1766-1816).

En el primer lustro de 1960, otro Camilo irrumpe con fuerza en la historia colombiana. Hijo de padre anticlerical y madre crítica de la actitud moralizante de los curas, el joven abandona sus estudios de derecho y en 1954 se ordena sacerdote. Luego estudia ciencias sociales en la Universidad de Lovaina (Bélgica) y en 1959 regresa al país, donde la curia lo nombra capellán de la Universidad Nacional de Bogotá.

Colombia vive en aquellos años la turbia paz del Pacto Nacional, acuerdo celebrado por los ex presidentes Alberto Lleras Camargo (liberal) y Laureano Gómez (conservador) tras la caída del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-57). Siniestra y antidemocrática por sus contenidos, la ‘alternancia’ del pacto buscaba conjurar la rivalidad de ambas facciones que había desangrado al país: entre 1948 y 1953 más de 300.000 colombianos murieron.

En tanto, millares de jóvenes de Colombia y el continente siguen con atención los entretelones de un cimbronazo histórico: la Revolución Cubana, donde ¡otro Camilo! (Cienfuegos) había entrado en La Habana con su sombrero guajiro y montado a lomo de mula detrás de los tanques tomados por los rebeldes al ejército represor.

De actividad incesante y febril, Camilo Torres es profesor universitario, técnico en el Instituto de Reforma Agraria, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional junto a intelectuales como Orlando Fals Borda, animador de los estudiantes para que cruzaran sus conocimientos con la realidad de los pobres, presidente del primer Congreso Nacional de Sociología, autor de estudios sobre desarrollo urbano, agropecuario y universitario, y conferencista en ciudades de la sierra y los llanos, de la selva y las costas del Pacífico y el Caribe.

En el interín, otro cimbronazo: el Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII a pesar de los sectores retrógrados de la Iglesia (11 de octubre de 1962), y, un año después, la publicación de la encíclica Pacem in Terris, centrada en el tema de la paz y la convivencia entre los hombres, los pueblos, las naciones y los bloques de poder en que se dividía el mundo.

En el Concilio, Juan XXIII recuerda a los fieles el deber de tomar parte activa en la vida pública, aboga por el establecimiento de un sistema social regido por la justicia y la dignidad humana, y denuncia el lujo sin escrúpulos de un pequeño grupo de privilegiados que se contrapone a la miseria en que viven las masas de desposeídos (Mater et Magistra, 1961).

En junio de 1963, los curas malos festejan la muerte del papa bueno. Uno destituye a Camilo de su cátedra y así empieza la persecución de quien venía planteando a los cuatro vientos el recurrente y soterrado dilema de los católicos: ‘hijo de Dios-miembro de la sociedad’. “La eucaristía –escribe Camilo– carece de sentido sin un cambio radical en las estructuras de poder (...) El asunto no es discutir si el alma es mortal o no, cuando el hambre y la miseria lo son”.

En 1964, después que el gobierno de Guillermo León Valencia bombardea con napalm las comunas de Marquetalia (Tolima), Camilo Torres intenta el contacto con los guerrilleros del Bloque Sur. Persuadido de que “el deber de todo cristiano es hacer la revolución”, redacta la plataforma del Frente Unido del Pueblo colombiano (FUP), donde proclama la abstención electoral para los comicios de 1974. Dos tribunales especiales lo llaman a juicio por los delitos de ‘subversión’, ‘atentado a la seguridad del país’ y ‘asociación para delinquir’.

“¡Revisar la sotana/ mi general/ que en la guerrilla cabe/ un sacristán!”. El 27 de julio de 1965 Camilo celebra su última misa, cuelga los hábitos y se pone a las órdenes de los hermanos Vásquez Castaño, fundadores del ELN. En los últimos meses de 1965, el Cura Guerrillero transmite sendos mensajes a los cristianos, a los militares, a los campesinos, a las mujeres, a los sindicalistas, a la oligarquía, a los no alineados, a los desocupados y al FUP.

El 15 de febrero de 1966 Camilo Torres Restrepo muere en combate. Canta el uruguayo Daniel Viglietti: “... cuando iba/ por su fusil...”. El cuerpo nunca fue entregado por las fuerzas militares. Isabel Restrepo, su madre, declaró: “Camilo nació cuando lo mataron”.


Información tomada de El Turbión

SIN CONSULTA A LAS COMUNIDADES

EMPRESA NORTEAMERICA Y GOBERNACION DE ANTIOQUIA FIRMARON CONCESION MINERA EN JIGUAMIANDO Y MURINDO





El día 4 de febrero de 2005, el entonces Gobernador del Departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa y James Álvaro Valdiri Reyes, en calidad de apoderado de la sucursal en Colombia de la compañía Muriel Mining Corporation, con domicilio principal en el Estado de Colorado, Estados Unidos; suscribieron un contrato de concesión para el aprovechamiento y explotación de una mina de cobre, oro, molibdeno y otros minerales, con una extensión inicial de 2.000 hectáreas localizada en áreas limítrofes de los municipios de Murindó, Antioquia y Carmen del Darién, Chocó, por una duración prorrogable de 30 años.



Según se establece a través de los planos anexos al contrato de concesión y de acuerdo a las coordenadas georeferenciadas del área, esta mina cubre parte de los territorios del Resguardo Indígena de Uradá – Jiguamiandó y del Consejo Comunitario de la Cuenca del Rió Jiguamiandó, jurisdicción del municipio del Carmen del Darién. Mas concretamente, cerca de una cuarta parte de la mina se halla en el territorio colectivo del Jiguamiandó y las tres cuartas partes restantes cubren el Resguardo Indígena Embera – Catio y el municipio de Murindó.



Este contrato se suscribió luego de que la compañía Muriel Mining Corporation presentara el día 14 de abril de 2004 propuesta de contrato de concesión para la exploración y explotación del área referida y de que, según los términos del mismo, esta cumpliera con todos los tramites y requisitos exigidos en la leyes nacionales. A pesar de ello, el Instituto Colombiano de Geología y Minería ha reportado, a la Comisión de Justicia y Paz, que a ninguna de las solicitudes radicadas para la explotación minera en jurisdicción del Municipio del Carmen del Darién les ha sido otorgado contrato de concesión. En igual sentido, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha afirmado que no ha aprobado ninguna licencia ambiental en el sector de la minería para dicha área.



Actualmente la concesión se encuentra en etapa de exploración, la cual se extenderá por tres años luego de los cuales se dispondrá otros tres para que la compañía Muriel Mining Corporation realice las obras de construcción y montaje.



Sumado a este hecho, actualmente se tiene información de la existencia de otro contrato de concesión suscrito entre estas partes el día 28 de diciembre de 2004, con una extensión superficiaria de 16.000 hectáreas en las que se iniciará la explotación de oro, cobre y molibdeno y demás minerales concesibles. La duración de esta concesión seria de 30 años prorrogables y se prevé la realización de obras como la construcción de un helipuerto en la comunidad de Coredocito. Esta concesión estaría ubicada entre la Quebrada Jarapetó, quebrada de Taparos, el Río Murindó y La Rica. Un total de 11.000 hectáreas correspondería a la jurisdicción del municipio de Carmen del Darién y las 5.000 restantes, al municipio de Murindó.



Pese a que el Estado de Colombia es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y ha dictado Leyes como la Ley 70 de 1994 e incluso, el Código de Minas, las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario del Jiguamiandó no han sido notificadas, informadas o consultadas por ninguna entidad publica de la realización del mencionado contrato de concesión y de la explotación minera que se realizará sobre cerca de 500 hectáreas de su territorio colectivo. Menos aun, las comunidades han participado de los trámites, audiencias, intervenciones y procedimientos públicos para el otorgamiento de dicho contrato, sin que allí se hayan determinado los impactos económicos, sociales o culturales para las comunidades indígenas o negras o tomadas decisiones de manera conjunta con las minorías étnicas afectadas o fomentado las formas propias de aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades afrodescendientes.



Esta clase de actividad minera afecta y desmantela de manera manifiesta los valores culturales, sociales y sobre todo económicos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en torno a la libre decisión frente a la explotación de los recursos naturales que se hallan en su territorio y a la conservación y uso sostenible del ambiente, tal y como se ha establecido en los artículos 121 y 259 del Código de Minas, el articulo 44 de la Ley 70 de 1994 y los artículos 4, 6, numerales a y b y 15, numeral 2, del Convenio 189 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo.





Bogotá D.C, 18 de febrero de 2006

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

www.prensarural.org

Ejército hurta elementos en escuela rural

por Cahucopana
12 de febrero de 2006

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz de
Nordeste Antioqueño (Cahucopana), organización no gubernamental de
derechos humanos, denuncia ante la comunidad nacional e internacional
el hurto de elementos de la escuela rural ubicada en la vereda de Dos
Quebradas, perteneciente al municipio de Remedios, departamento de
Antioquia. Los hechos fueron realizados por soldados del Batallón
Calibío de la XIV Brigada del Ejército Nacional de Colombia. Los
hechos fueron los siguientes:

1. Entre los días 7 y 27 de noviembre del 2005, miembros del Batallón
Calibío de la XIV Brigada del Ejército Nacional de Colombia
permanecieron en la vereda de Dos Quebradas.

2. El día 18 de septiembre la profesora Nubia Amparo Miranda salió de
la región porque la mordió una culebra y la escuela fue cerrada. La
puerta fue asegurada con llave.

3. El esposo de la profesora encontró la escuela con la cerradura de
la puerta rota. En ese momento constató que faltaba una grabadora
marca Sankey, dos videos de cursos de matemáticas, el manual de
primeros auxilios, tres ollas y dos cuchillos. Todos estos implementos
pertenecían al plantel educativo. Adicionalmente, faltaba un radio
marca Sony y siete discos compactos que eran efectos personales de la
profesora de la escuela.

4. Un vecino de la vereda acusó a un miembro del ejército de haber
robado las cosas de la escuela y éste negó los hechos. Después, el 12
de noviembre, el cabo Huertas entregó al presidente de la junta de
acción comunal de la vereda la grabadora marca Sankey en mal estado y
el radio. El radio había sido marcado con el nombre de Montoya, que
correspondía al nombre de uno de los soldados.

La presencia de fuerza pública en una escuela está prohibida por
derecho internacional humanitario. Este hecho ha contribuido a
aumentar la desconfianza de la comunidad de la vereda Dos Quebradas
hacia el Ejército Nacional de Colombia y, en especial, hacia los
soldados del batallón Calibío de la XIV Brigada que permanecen en la
zona. Estos hechos se dan dentro del contexto de hostigamiento,
asesinatos, y consecuente desplazamiento de la comunidad del nordeste
antioqueño, provocado por la presencia y comportamiento agresivo de
las tropas del ejército nacional que permanecen en la región desde
abril del 2005.

Ante la amenaza de nuevos hechos de violencia en contra de la
población civil y por el respeto al derecho inalienable de la
educación, exigimos a las autoridades competentes la investigación de
estos hechos y la sanción de los responsables. Exigimos la protección
de los derechos fundamentales vulnerados por la fuerza pública.

Wednesday, February 15, 2006

Reunión de Obispos y ELN en La Habana
Por: Ariel Florit 14/02/2006
www.argenpress.org

Tres días antes de que se reinicien en Ciudad de La Habana negociaciones entre la agrupación guerrillera colombiana ELN y el gobierno de ese país con el fin de comenzar un diálogo de paz, cuatro obispos de Colombia se reunieron en la capital cubana con representantes de la organización.

Una delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encontró en esa ciudad con los prelados designados por Conferencia Episcopal de Colombia como preparativo de la ronda que se iniciará el viernes. Una primera etapa de esas conversaciones fue cumplida en La Habana en diciembre pasado.

Por la agrupación guerrillera asistieron al encuentro el comandante Antonio García, jefe militar y político, y su portavoz Gerardo Bermúdez, conocido por el seudónimo de Francisco Galán.

Los obispos son monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de Barrancabermeja; monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de Magangue; monseñor Ricardo Tobón Restrepo, obispo de Sonsón-Rionegro, y monseñor Julio Enrique Prado Bolaños, obispo de Pasto.

Las partes que participan en estas negociaciones han advertido que aún no se ha estructurado una agenda para el diálogo ELN-gobierno.

Un participante en las negociaciones en nombre de la sociedad civil colombiana, el empresario Moritz Akerman, dijo a la prensa en La Habana que el proceso electoral en el país sudamericano ha determinado un 'cambio de ritmo' en el proceso en marcha en La Habana. Subrayó, no obstante, que 'las partes no han construido todavía la suficiente confianza como para entrar en los temas de fondo que la situación requiere'.

'Está el periodo electoral cursando en Colombia y nadie quiere arriesgar mucho en estos periodos', explicó.

Estas negociaciones cuentan con respaldo, además de Cuba como sede, de los gobiernos de España, Noruega y Suiza

Tuesday, February 14, 2006

Amigos de Colombia Inedita les presentamos a continuaicon un extracto de la
entrevista que la escritora laura Restrepo le dio al periodista Antonio Morales
riveira, para la revista Credencial.
Puede leerse completa en www.eltiempo.com/credencial
Con Información tomada de www.eltiempo.com


¿Qué siente de los cuatro años de Uribe? Las clases dirigentes colombianas compraron e hicieron ganar a un proyecto de derecha, que muy rápidamente se les volvió un proyecto de extrema derecha, que se quiere reproducir en el poder.

– No deja de ser una gran paradoja que en medio de un proceso generalizado en el continente, de búsqueda de salidas más democráticas y menos autoritarias, menos discriminatorias, y menos ignorantes de los pobres, en Colombia está pasando justamente lo contrario. Nosotros somos la vanguardia de la vuelta atrás.

– Pero coincide eso precisamente con que Colombia es el único país en América Latina donde subsiste una lucha armada y una confrontación con la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico…

– Ese es un esquema muy generalizado y yo veo otro esquema posible. La presencia de Bush garantiza, justifica, explica la presencia de Uribe y su permanencia se manifiesta en virtud del hecho de que está respaldado por una figura mayor y del mismo signo que es desde luego George Bush

– ¿Finquero de la misma condición intelectual?

– Y de la misma estatura moral, que es todavía más significativo, Uribe es la punta de lanza de la política de Bush frente a América Latina. Uribe es un gobernante altamente indeseable.

¿Por qué el pueblo colombiano se ha montado con tal pasión a respaldar a un gobernante que está de espaldas a todos los grandes lineamientos históricos? Yo pienso que estamos en una contrarrevolución.

Las contrarrevoluciones, desde luego, tienen su euforia y se sienten liberadoras, rescatando los antiguos valores feudales, familiares, religiosos, autoritarios. Vivimos una euforia que tiene un signo contrarrevolucionario…

– Que se opone a ¿cuál revolución?

– En Colombia se ha dado una revolución democrática muy interesante. Los procesos de paz, en medio de las contradicciones, de las fallas, son procesos de apertura mental y política, porque por primera vez se daba la opción de que una disidencia pudiera entrar a conversar y pudiera entrar a dialogar.

Desde Belisario se produjo toda una apertura hacia esa gente que estaba tratando de hacer oposición armada, porque los canales políticos eran demasiado estrechos, porque en la legalidad les daban por la cabeza, los encarcelaban, los mataban.

Entonces se abrió la posibilidad de pensar que el país era más que los partidos tradicionales. Eso fue un remezón muy profundo. Luego vienen otros procesos de paz, unos “payasos” como el que se llevó a cabo durante Pastrana. Pero hay por debajo una auténtica revolución democrática en el pueblo colombiano. Empieza a haber otra voz. Eso desemboca en un hito democrático muy importante que es la Constitución del 91, donde de alguna manera se plasma esa apertura.

No deja de ser muy significativo que en esa Constitución estaban presentes todas las tendencias políticas del país, más los indios, más los negros, más los evangélicos. Sí, eso fue de verdad deslumbrante...

– ¿Y usted siente que muy inmediatamente se empezó a activar esa contrarrevolución?

– Sí, y lo que pasa es que ahora está triunfante. Se ha ido fortaleciendo y se ha ido consolidando y hoy en día está en su apogeo. Pero la Constitución del 91 viene acompañada por hechos también democráticos de mucha significación, la elección popular de alcaldes remece el interior del país, mucho más de lo que podemos ver a vuelo de pájaro. Son conquistas democráticas que empiezan a afianzarse; el surgimiento de dirigentes ajenos a las clases políticas tradicionales.

Todo quiere decir que el país se está abriendo, se está sacando de encima la camisa de fuerza de ese gamonalismo y de esa tiranía de los partidos tradicionales. Entonces esa era la revolución en marcha.

– Toda contrarrevolución produce una contra; triunfaron los sandinistas y montaron la contra. En Colombia quizás se dieron unas condiciones de democratización de la vida colombiana hace quince años o un poco más, y surgió una contra que son los paramilitares. ¿La contra está en el poder hoy?

– La contra está en el poder hoy con el presidente Uribe, que tiene un programa claramente antidemocrático. Uribe odia la Constitución. Y quiere desmontar las cosas que lograron fraguarse en ese proceso democrático.

Se desmontan los procesos de negociación, se desmonta la Constitución, se le mete el acelerador al presidencialismo y se saca gran carta de la manga, el paramilitarismo, que es la garantía armada de que la contrarrevolución se puede imponer y que la democracia se puede desmontar.

– ¿Cree usted que la legítima o ilegítima desmovilización de los paramilitares y el proceso de Ralito, son un voto de confianza del Estado en el sentido de que esa contrarrevolución paramilitar ganó y que ya no es necesario mantenerlos activos?

– Dentro de un ámbito democrático toda negociación es necesaria; uno no puede decir con la guerrilla sí, negocien, pero no con los paramilitares. Lo que pasa es que hay un truco ahí muy complicado. Si los paramilitares son un brazo ilegal del propio Estado, como lo son, por sus vínculos con las fuerzas militares, porque operan despenalizadamente en todo el país, entonces tenemos que la negociación es una negociación del Estado consigo mismo. Eso es impresentable. El Estado no puede negociar con su ala ilegal para legalizarla.

Esta negociación sin principios nos va a llevar a una situación muy calamitosa, despenalizando sin los debidos juicios, sin los debidos procesos, negociación incondicional.

– ¿Qué puesto le da usted en eso que llama la “contrarrevolución” a los medios de comunicación que construyen y reconstruyen tendencias a su antojo en torno a Uribe? ¿Cree que esos medios se comprometieron definitivamente con la guerra y con unos actores de la guerra en Colombia?

– Una cosa son los dueños de los medios que en general se han movido unánimemente en torno a Uribe y otra es la tarea de los reporteros y de los periodistas que de todas maneras mantienen abiertos espacios de discusión, de debate en los periódicos, en la radio, donde asoma cada tanto el otro país, y a pesar de que son muy minoritarios, permiten que la gente aprenda a leer entre líneas. Y si aquí no es aplastante ese predominio, esa trenza jugada a opciones no democráticas, es porque la gente lee entre líneas.

Si la gente lee un titular inmediatamente está sospechando que la cosa puede ser justamente la contraria. Uribe es la cabeza visible pero va a tener problemas tremendos, cuando esta gente que lo respalda, que está con él, este paramilitarismo que entiende que Uribe es una buena opción de gobierno, le saque la mano.

– Si la estructura del poder en Colombia ya compró ese proyecto, que era de derecha y se convirtió en ultraderecha, ¿cómo puede desmontarse de lo que ya se compró?

– Es impresentable que en Colombia se esté afianzando el fascismo como se está afianzando, es impresentable que en Colombia estén teniendo ese lugar en la política, en el parlamento, en el campo, en las carreteras, en la Presidencia, grupos paramilitares al margen de la ley. Tarde o temprano eso tiene que caer por su propio peso.

Esa complacencia del gobierno de Estados Unidos con el paramilitarismo, con sus implicaciones de narcotráfico en Colombia, pareciera indicar que está barajando una opción para frenar los procesos democráticos; elecciones y por detrás una acción paramilitar que favorezca el desmonte de la democracia.

– En Colombia la guerra es estable y las guerras son todo lo contrario de la estabilidad, están hechas para que duren poco, para que alguien gane o pierda, pero la inmoralidad de la guerra consiste en que cada año produce 4.000 muertos, que hacen parte de esa cuota estable de la cual además se nutre la economía de la guerra en la que ganan los paras, los narcos, el Ejército y las Farc. Todos hacen parte de la perversa estabilidad de la guerra en Colombia.

– Aquí hay muchos que ya ganaron, hasta las Farc también ganaron. Ganaron territorio, ganaron poderse consolidar, ganaron que no los puedan sacar de ciertas zonas, ganaron evidentemente muchísima plata y eso lleva a un estado de equilibrio, que durante el gobierno de Pastrana se puso muy en evidencia.

También la guerrilla en eso juega un papel de distorsión de un verdadero proceso político de democratización.

¿Cuál es el verdadero enemigo de estos paramilitares, cuál es el enemigo de Bush, cuál es el enemigo de Uribe? No es la guerrilla como ellos dicen… es el pueblo colombiano que está bregando para obtener niveles de vida más dignos, una cuota de alegría, es el proceso democrático. Pero al estar ahí la guerrilla, actúa como una especie de comodín.

A mí no me simpatiza para nada el papel que cumple la guerrilla en este país. Las Farc no juegan a favor de ese proceso democrático. Las Farc tienen una apuesta muy territorial. Una guerrilla que no aspira al poder es una guerrilla que inmediatamente se corrompe, se burocratiza, se contenta con el poder local, con los negocios…

– Parece claro el retroceso de todas las conquistas sociales y laborales hasta regresarnos a la Colombia de los años cincuenta o más atrás…

– Con las banderas de la seguridad, Uribe ha logrado que nadie vuelva a decir que tiene hambre, que necesita salud ni que quiere techo. Y entonces, viene muy bien decir que en Colombia hay una guerrilla estalinista – lo cual es cierto– que tiene vínculos con el narcotráfico – lo cual es cierto–. Entonces se justifica la represión a fuerzas democráticas que legalmente no podrían estar siendo aplastadas, encarceladas, acalladas, asesinadas. Entonces por eso yo creo que la guerrilla contribuye a que el proceso sea particularmente oscuro.