Febrero 13 de 2007 -
Niños que fueron reclutados por grupos paramilitares deben ser entregados, pide Defensor del Pueblo
Vólmar Pérez también solicitó a las Fuerzas Armadas abstenerse de realizar operativos de inteligencia militar con menores desmovilizados y pidió planes de educación sexual y retorno a la familia.


Pérez hizo un fuerte llamado de atención porque en los procesos de desmovilización de los grupos de autodefensas no se han entregado de manera oficial y pública los niños y niñas que han sido víctimas del delito de reclutamiento forzado.

Según una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo, solamente 212 niños y niñas han sido desvinculados de estos grupos. Se calcula que esta cifra corresponde a menos del 10 por ciento del total.

"El reclutamiento ilícito de menores es uno de los delitos que más afecta la conciencia de la humanidad, reclama que la desvinculación de menores de edad sea informada al Estado, la sociedad y las familias", afirmó Pérez, quien agregó que "de no ser así, se producen consecuencias negativas para el niño, niña o adolescente desvinculado y de esta manera no se satisface adecuadamente el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que reclama la sociedad".

El pronunciamiento se hizo en el marco de la conmemoración del quinto aniversario del Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños y Niñas en el Conflicto Armado de las Naciones Unidas, organizado por la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia.

Este protocolo, que empezó a regir en Colombia en mayo del 2005, prohíbe el reclutamiento forzado de menores de 18 años de grupos armados ilegales.

Al encuentro asistieron representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Bogotá, la Embajada de Suiza, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Unicef, organizaciones no gurbermentales y cerca de 50 niños y niñas de diferentes regiones del país.

El Defensor del Pueblo también hizo un llamado especial sobre la situación de niños vinculados al conflicto armado. Según una investigación realizada con 329 niños desvinculados del conflicto armado, el 95,6 por afirmó haber tenido su primera relación sexual antes de los 15 años.

Además, la cuarta parte de los niños aseguró haber sido golpeado frecuentemente en su infancia.

Así mismo, Pérez solicitó las fuerzas armadas se abstengan de realizar operativos de inteligencia militar con los niños desmovilizados, que se desarrollen estrategias de educación sexual y que se apoyen los procesos de retorno a la familia y de inserción económica.

Hace apenas unos días, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se pronunció sobre el tema del reclutamiento forzado de niños por parte de las Farc en una columna de opinión en el diario francés Le Figaro, en el marco del encuentro "Liberen a los niños de la guerra", realizado en París (Francia) el pasado 5 y 6 de febrero y al que asistieron representantes de 60 estados.

En dicha conferencia se señaló que desde 1998, cerca de 2.916 niños han sido desmovilizados en Colombia. Otros países que registran también un alto número de niños víctimas de reclutamiento forzado son Sudan (cerca de 16.400) y la República Democrática del Congo (cerca de 27.346).

Esto dicen los niños

Bajó el promedio de reclutamiento forzado en comparación con el del estudio del 2001. Dentro de los principales hallazgos, se encontró que el promedio de edad de reclutamiento bajó de 13,8 años en el 2001 a 12,8 años en el 2005.

Existen factores específicos de vulnerabilidad en términos de desprotección parental. Tan sólo el 43,9 por ciento de niños, niñas y adolescentes desvinculados vivía con sus dos padres antes de la vinculación (según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005 este indicador para el país es de 57,9 por ciento).

El 66,8 por ciento de los niños, niñas y adolescentes fue golpeado por lo menos en alguna oportunidad en su infancia, y para una cuarta parte de ellos y ellas los golpes fueron una práctica frecuente ; el 15 por ciento de los niños y 25,2 por ciento de las niñas expresaron que la violencia y la falta de afecto en sus familias influyeron como factores para ingresar al grupo armado.

En materia de trabajo infantil, se halló que el 90 por ciento afirmó haber realizado por lo menos un tipo de actividad productiva no doméstica y/o doméstica antes del ingreso al grupo armado.

Se observa la cercanía de los niños, niñas y adolescentes con manifestaciones del conflicto armado, incluso antes de la vinculación, se observa en los hallazgos sobre actos directos de violencia en el lugar donde vivían: el 52,6 por ciento experimentó de cerca episodios de violencia severa, como tomas armadas, 48,9 por ciento masacres (en sus lugares de residencia), 24 por ciento mencionó haber sido víctima de desplazamiento forzado (él - ella o alguien de su familia), 37por ciento sufrió el asesinato de algún miembro de su familia, 22.2% mencionó que él o su familia fue víctima de amenazas y 60% afirmó tener familiares en algún grupo armado ilegal.

Sobre el ejercicio del derecho a la educación, los hallazgos muestran que un tercio de la población atendida en el programa desertó de la escuela para ingresar a tales organizaciones. El segundo renglón de causas de deserción escolar lo ocupan las razones relacionadas con pobreza y falta de oportunidades; el tercer y cuarto renglón lo ocupan las razones propias del sistema escolar y las problemáticas de violencia o negligencia familiar respectivamente.

En relación con el tratamiento dado en el marco del Programa del ICBF, el 85% de los niños, niñas y adolescentes, afirmó haber recibido un muy buen trato o un buen trato, el 14% un trato regular y tan sólo el 1% un mal trato por parte de los y las funcionarias del programa del ICBF.

A los niños no se les garantiza el debido proceso. El 59,6% no había recibido información acerca del estado de su proceso judicial, el 56% manifestó no tener conocimiento sobre la asignación de un juez para el seguimiento y trámite del mismo. El 64,5% afirmó no haber recibido información por parte del Defensor o Defensora de Familia respecto a su proceso de protección.

En cuanto a la tenencia de documentos, el 23,8% de la población manifestó no tener el registro civil en el momento del estudio y casi la mitad de las y los entrevistados manifestaron no tener tarjeta de identidad. Con relación a este certificado del Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), se observó que el 43,2% de los niños, niñas y adolescentes desvinculados no lo posee; hecho que confirma que no se está cumpliendo con lo dispuesto por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas - CODA, en lo relativo al plazo máximo fijado para otorgarlo (20 días).

CRISTINA CASTRO
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