Febrero 9 de 2007 -
Asesinan en Apartadó a otra víctima que se alistaba a denunciar en las audiencias de Justicia y Paz
La muerte de Carmen Cecilia Santana parece calcada de la que tuvo lugar en Montería la semana pasada cuando mataron a Yolanda Izquierdo.


Un hombre llegó hasta su puerta en esa población del Urabá antioqueño, le disparó y huyó. La madre, de 28 años, estaba haciendo trámites para pedir reparación por el crimen de su esposo Marco Tulio Hernández, asesinado por paramilitares el 7 de febrero de 1995 en Chigorodó, otra población del Urabá antioqueño.

Carmen estaba en la acera de su vivienda del barrio San Fernando junto a sus hijos de 7, 9 y 14 años, cuando a las 3 de la tarde apareció el desconocido y le disparó en un brazo, según testigos.

"Forcejeó con él pero la abrazó para darle más tiros y luego se escapó", contó uno de los asistentes al sepelio ayer en el cementerio de Apartadó.

Tenía miedo

Desde noviembre pasado Santana estaba pensando en denunciar su caso a la Fiscalía de Justicia y Paz, pero el temor se lo impedía. A raíz de la muerte de su esposo estuvo desplazada en Villavicencio.

A pesar del temor finalmente viajó a Bogotá a entrevistarse con Patricia Buriticá, miembro de la Comisión Nacional de Reparación (CNRR), a quien le planteó la misma pregunta que se hacen muchas víctimas hoy: ¿si denuncio quien me garantiza protección?
"Me pidió tiempo para pensarlo nuevamente. A finales de diciembre me comunicó que estaba decidida a denunciar y que había regresado a la región", contó Buriticá. Sin embargo no alcanzó a hacer oficialmente su denuncia.

Carmen tenía una relación sentimental con el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Hernán Correa Miranda, por lo que no se descarta que el crimen tenga que ver con esto.

Ayer, incluso, ese agremiación dijo: "Este asesinato se da en el marco de las amenazas que a través de correo electrónico les llegaron a diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, en las que se alude a que arreciarán contra las familias de los dirigentes de oposición al Gobierno".

Carmen fue líder cuando trabajó en una finca bananera y fue parte de la Comisión de Reclamos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Agrario (Sintrainagro). En noviembre pasado el vicepresidente y tesorero de esa entidad fueron amenazados en Urabá.

Al menos cuatro miembros de la familia de Carmen han sido asesinados en hechos que siguen sin ser aclarados.

A su padre lo mataron a comienzos de los 90 en Urabá y desde ese momento su madre recibía amenazas cada que pretendía
denunciar.

En Córdoba y Sucre, mayores amenazas

El asesinato de Yolanda Izquierdo, líder de un grupo de 700 desplazados que reclaman tierras arrebatadas por los 'paras' en Córdoba, sacó a la luz amenazas contras víctimas en varios lugares del país, según dijo ayer el presidente de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro.

El mayor número de casos se está presentando en Córdoba y Sucre, y el tercer deshonroso lugar en los datos que se tienen lo ocupa Santander.

"Estas denuncias se han conocido luego de la muerte de la señora Izquierdo", manifestó Pizarro durante un encuentro con familiares de Yolanda en la Defensoría del Pueblo de Montería. En esta ciudad creció el temor tras la circulación de panfletos contra líderes de desplazados del corregimiento Las Palomas. En Barranquilla y Cesar también hay amenazas.

MEDELLÍN y MONTERÍA


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