Los chivos expiatorios del proyecto uribista

Los chivos expiatorios del proyecto uribista
Equipo | Periódico El Turbión – abril 2 de 2007

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, sala penal, de dictar orden de captura contra seis congresistas investigados por presuntos vínculos con los paramilitares, se ha desatado toda una polémica que merece un detenido análisis.

Lo cierto es que la tarea de los magistrados de la Sala Penal no puede ser menos que aplaudida, toda vez que ha tocado uno de los finos urdimbres que se esconden tras la estructura política de nuestro país. Sin embargo, lo que en principio pareciera ser una conquista que podría entusiasmar a más de uno, no es otra cosa que una de las movidas estratégicas del gobierno para legitimar su cuestionada política de seguridad democrática y elevar su credibilidad.

Si se observa con detenimiento, la persecución de los parlamentarios aparece en un punto en el que las críticas al proceso de paz con los paramilitares y los repetidos señalamientos al presidente como patrocinador y cabeza de las autodefensas en nuestro país, ameritaban una respuesta del gobierno. Ante la insuficiencia de los argumentos del presidente, en los que éste resalta su supuesta condición de víctima de la guerrilla y desconoce vínculo alguno de su familia con los paramilitares, no quedaba otro camino que lavarse las manos, sacrificando unas cuantas cabezas para expiar sus culpas.

La arremetida contra los congresistas cumple con dos propósitos: por un lado, niega la posibilidad de que el gobierno esté parcializado frente al conflicto armado interno, pues así como la llamada Ley de Justicia y Paz "no está diseñada únicamente para favorecer la desmovilización de los paramilitares", la mano dura no es sólo contra la guerrilla sino que enbiste también contra el paramilitarismo. Y, por otro lado, da solidez al proyecto de la seguridad democrática como un instrumento cuya efectividad ha permitido atacar los niveles más altos de corrupción.

Seguramente, optar por esta estrategia no fue tarea sencilla, pues las constantes demandas por un pronunciamiento presidencial sobre la materia, consecuencia lógica e incómoda de la investigación de la 'parapolítica', no son un obstáculo fácil de sortear. Pero, pensando en esto, se tomaron las debidas precauciones. En días anteriores, tanto los numerosos partidos uribistas, como el readaptado Partido Conservador, se dieron a la tarea de retirar todos los parlamentarios involucrados en el escándalo y el presidente, que antes había intervenido para desestimar los hallazgos del computador de alias Jorge 40 y para reclamar por la publicación del testimonio de Rafael García, ex director de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ahora se muestra afable ante la labor adelantada por la Corte Suprema. Es más, dicha investigación se constituyó en toda una cuña para el régimen, y ahora tenemos a José Obdulio Gaviria llenándose la boca de saliva al señalar que ésta es la "apoteosis de la justicia", una perla más de la seguridad democrática.



La expiación de la cancillería:

María Consuelo Araújo, ex Ministra de Relaciones Exteriores, fue otra de las inmoladas por la causa uribista, aún a expensas del propio presidente. Como hermana de uno de los congresistas detenidos, Álvaro Araújo Castro, el escándalo le afectó directamente en su papel como portavoz del Estado en el exterior. Ante las reclamaciones de grupos como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado que, en comunicado con fecha del 17 de febrero, solicitó su renuncia y la manifestación en Bruselas del primero de febrero, en la que se reprochaba al gobierno belga mantener relaciones diplomáticas con Colombia hasta tanto no se aclararan los vínculos de esta funcionaria y del uribismo con la parapolítica, su renuncia fue inevitable: transcurrieron tan sólo cuatro días desde la detención del congresista para que se hiciera pública su decisión de retirarse del cargo, comunicada en rueda de prensa el 19 de febrero. Ahora Colombia cuenta con un nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo Perdomo.


Finalmente, deben examinarse estos eventos como silenciadores ante los conflictos originados por la inconformidad de los paramilitares frente a los prometidos beneficios de la Ley de Justicia y Paz, y como un segundo avance en la tarea de consolidar un ejército único bajo el mando del proyecto autoritario del mandatario, que se propone desechar el paralelismo de las autodefensas, que hoy por hoy le resulta innecesario e inconveniente al uribismo y sus aliados, para poder construir instrumentos más sofisticados y macabros de represión.


Publicado En El Periódico El Turbión