Número 157 – noviembre 26 de 2006
Ley del silencio intenta imponerse sobre comunicadores alternativos
Editor | Periódico El Turbión – noviembre 26 de 2006

Hablar de un colega detenido en estas condiciones no es fácil: hace nada nos encontrábamos en el trabajo de campo, buscábamos la noticia cada quién para nuestro medio y, de vez en cuando, podíamos intercambiar información, opiniones o apoyarnos para evitarnos las molestias que, naturalmente, surgen de ser reportero en un país como Colombia.

Han pasado 7 días desde la detención de Freddy Muñoz. Al momento de regresar de Caracas, el pasado 19 de noviembre a las 9:00 pm, luego de haber participado en un taller ofrecido por TeleSur a sus corresponsales, agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) lo apresaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá para dar cumplimiento a una orden de captura, expedida por la fiscalía quinta seccional de Barranquilla, que lo involucra en una investigación por un supuesto atentado contra unas torres de transmisión eléctrica en junio de 2002. Al día siguiente, Freddy fue trasladado a esa ciudad, donde rindió indagatoria el martes 21 en la mañana y se le mantiene privado de la libertad en las instalaciones del DAS, a la espera de que el fiscal encargado del caso dicte la resolución correspondiente para definir su situación.

Desde ese momento, las acusaciones contra Freddy no han tenido una explicación creíble de parte de las autoridades colombianas, quienes, con las irregularidades presentes en el proceso, han demostrado que la labor periodística en Colombia ha sido convertida en un delito que puede ser perseguido de diversas maneras con el fin de negar el derecho fundamental de cualquier persona a informar y ser informado oportunamente.

La absoluta falta de pruebas contundentes y la elaboración de testimonios a la medida de las incriminaciones que quieren endilgarse a un acusado por razones políticas se han convertido en el factor común de la justicia en Colombia, especialmente durante el gobierno de Uribe: miles de campesinos, jóvenes, estudiantes, líderes comunitarios y sindicales o ciudadanos comunes que estorban a quienes están a la cabeza del Estado han sido detenidos en redadas masivas, debiendo ser dejados luego en libertad por la falta de pruebas o la falsedad de las mismas. Así mismo, decenas de operativos militares y policiales en el país, causantes en algunas regiones de desplazamientos, detenciones arbitrarias y misteriosos asesinatos, han contado con la participación de civiles encapuchados, que resultan siendo criminales en ejercicio posando de 'reinsertados' y señalan a los uniformados a los posibles 'terroristas' a perseguir, sin prueba alguna de sus acusaciones.

Uno de los puntos fundamentales de la llamada política de seguridad democrática del actual gobierno ha sido la conocida red de informantes que Uribe, usando un eufemismo, llama cooperantes y que se complementa con el programa presidencial que intercambia beneficios a los desmovilizados de los principales grupos armados por informaciones que puedan presentarse a la opinión pública como resultados efectivos de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado: más allá de la verdad, aún por encima de la justicia, está la necesidad de mostrar los resultados de un régimen autoritario que no puede darse el lujo de demostrar sus errores e incapacidad o de perder su popularidad.

En el caso de Freddy Muñoz han sido este tipo de testimonios la única evidencia para involucrar al periodista a una investigación que ya no sólo llama la atención por la condición del acusado –corresponsal en Colombia de una de las principales agencias noticiosas del mundo– sino por las condiciones en que se presentan, una tras otra, actuaciones de parte de la autoridades que retan toda lógica de legitimidad en el proceso: a pesar de que la orden de captura fue emitida el viernes 10 de noviembre, no se hizo efectiva en el control de emigración a la salida de Freddy hacia Venezuela el 12 de noviembre, sino en su regreso al país del domingo 19; Freddy fue trasladado a la ciudad de Barranquilla, que es en la que menos se puede garantizar su vida y seguridad personal por la fuerte influencia paramilitar y mafiosa que sufre una buena parte de la Costa Atlántica, sin garantías para que sus abogados puedan verificar el desplazamiento y las diligencias relacionadas con éste, y luego de realizada la indagatoria, cuando la ley prohíbe cualquier procedimiento no ordenado por la Fiscalía, el DAS realizó un intenso interrogatorio y una serie de fotografías al colega por fuera del proceso, sin que se permitiera la presencia de su defensor, Tito Augusto Gaitán.

Pero la relación entre estas irregularidades y la intencionalidad política de esta detención se comprende a la hora de analizar el trabajo reciente de Freddy Muñoz: su labor investigativa sobre temas tan delicados como la relación del alto mando de la Policía Nacional, especialmente el general Jorge Daniel Castro, con envíos de cocaína a los EEUU –que posteriormente serían justificados por la DEA y algunos funcionarios del alto gobierno como un "envío controlado"– y las relaciones entre los narco paramilitares y un elevado número de congresistas y miembros del alto gobierno –que ya incluyen al propio Uribe y a su canciller– se ha destacado por la profundidad de las investigaciones, la variedad de las fuentes empleadas y por la corroboración de informaciones que muchos medios nos atrevemos a emplear sólo como hipótesis, teniendo una importante influencia sobre el actual clima de tensión que se vive en el país y en la información que circula en el exterior. Por ello, se hace cada vez más posible que los sectores que dominan el poder en Colombia y que manejan a su antojo el aparato judicial del país, estén iniciando una serie de medidas de retaliación sobre uno de sus críticos con mayor influencia en la opinión pública para advertir a quienes se encuentran en abierto desacuerdo con el régimen uribista sobre las posibles implicaciones de sus acciones. En otras palabras: buscan demostrar que en Colombia existe libertad de pensamiento, mientras no se intente expresar nada públicamente.

Para quienes conocemos profesionalmente a Freddy Muñoz y sabemos de su trayectoria como comunicador, que abarca más de 12 años de vida periodística en importantes diarios regionales y agencias nacionales e internacionales, el caso no deja de ser preocupante porque consiste en un atentado más del régimen contra la libertad de prensa y expresión que se concentra sobre los medios alternativos e independientes y sus trabajadores. Ya fuera con una sonrisa menuda o con un aire de gravedad en el entrecejo, Freddy, delante de la cámara de TeleSur, y varios de los miembros de nuestro equipo periodístico, tras la cámara fotográfica de El Turbión, nos hemos encontrado decenas de veces en el lugar de la noticia y caminado codo a codo por las calles, tratando de realizar lo mejor posible nuestra labor: enterar al mundo sobre lo que sucede en un país del norte de Sudamérica y sobre la lucha cotidiana de sus gentes.

El compromiso con la verdad y con quienes padecen sus más crudas manifestaciones son elementos fundamentales en cualquier labor periodística. Sin ellos, el trabajo de cualquier comunicador se convierte en una herramienta de manipulación al servicio de los intereses dominantes en una sociedad que, como la nuestra, se hunde en una profunda y desgarradora injusticia. Hoy, cuando esa misma injusticia se cierne sobre un comunicador como Freddy Muñoz Altamiranda, empleando a las instituciones colombianas como mecanismo disparador de una cruda campaña de represión contra quienes se atreven a criticar o a manifestar el disenso al gobierno que más ha impuesto los consensos en la historia reciente del país, el clamor por la libertad de Freddy Muñoz se convierte en una tarea de la sociedad entera.

Quedan apenas dos días para el vencimiento del plazo del que dispone la Fiscalía para definir si ha sido completamente infectada por la enfermedad que carcome a los altos estratos de la sociedad colombiana y maneja al actual gobierno o si es capaz de una actuación apegada a los aspecto más avanzados y justos de la legislación, dejando que Freddy Muñoz vuelva a tomar sus herramientas de trabajo y su compromiso social para seguir, junto a todos nosotros, cumpliendo con el deber periodístico.

Desde la sala de redacción del Periódico El Turbión, acompañamos solidariamente a Freddy Muñoz, a su padre Libardo, a sus amigos y familiares, y a los colegas de TeleSur en este difícil momento y nos sumamos a los crecientes llamados por su libertad y por el respeto a la libertad de prensa.