La alcancía de los Rodríguez

Los bienes están avaluados en más de $4.000 millones
La alcancía de los Rodríguez

Los familiares de los Rodríguez Orejuela le solicitaron al Consejo Nacional de Estupefacientes que “por razones humanitarias” el Estado les deje conservar 48 bienes para su subsistencia. Los bienes están avaluados en más de $4.000 millones.
Redacción Judicial


sábado, 05 de mayo de 2007

Con el argumento de que se trata de un “pírrico” patrimonio para llevar una vida digna y consolidar un capital que les permita mantener y educar a sus hijos, 28 integrantes del grupo familiar de los extraditados y confesos capos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, de forma insistente, desde hace siete meses, le vienen solicitando a la Fiscalía y al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) que, en virtud del acuerdo al que llegaron con el gobierno de Estados Unidos, les devuelvan o permitan conservar 48 bienes de su multimillonario imperio económico.

Desde el pasado mes de octubre, Jaime y Humberto Rodríguez Mondragón, en representación del clan de los Rodríguez, conformado por hijos, esposas, ex esposas y sobrinos de los capos, le vienen reiterando a las autoridades judiciales y al Gobierno que, en cumplimiento de un acuerdo suscrito con el gobierno norteamericano en septiembre de 2006, entregaron 92 inmuebles avaluados en $21 mil millones y renunciaron a los pleitos de los bienes afectados con extinción de dominio, pero también, “implícitamente”, se pactó que pudieran conservar el derecho sobre bienes avaluados en más de $4 mil millones.

La última petición está fechada el pasado mes de enero y, concretamente, el abogado Jorge Luis Gutiérrez, apoderado del grupo familiar de los Rodríguez Orejuela, insistió en que por razones humanitarias les sean restituidos a sus clientes 28 bienes que corresponden a sus viviendas familiares y otros 19 más para ser usados como “medios de vida” porque, según ellos, hacen parte del fruto de su esfuerzo y trabajo personal. Además reiteró que los herederos de la ilícita fortuna de los Rodríguez Orejuela renuncian a intereses que puedan derivarse de cooperativas en trámite de extinción.

La sorpresiva petición de los descendientes de los Rodríguez Orejuela se convirtió en una papa caliente y las misivas de su abogado y de ellos mismos, con el listado de los bienes en Cali, Yumbo, Bogotá, Jamundí, Palmira, Barranquilla, Neiva o Envigado, circulan de despacho en despacho, sin que nadie se atreva a negarlo o a aceptarlo. En la Dirección Nacional de Estupefacientes dicen que la respuesta es del fiscal Mario Iguarán. En el ente investigador afirman que el asunto corresponde a una decisión política del Consejo de Estupefacientes. La Procuraduría está en desacuerdo con la propuesta. No ha faltado quien sugiera que la respuesta salga de la boca del propio presidente Uribe.

Son lotes, apartamentos, casas, garajes, bodegas, sociedades de inversiones: un cuantioso patrimonio económico que, según el abogado Gutiérrez, es “ínfimo” comparado con los bienes que ha venido entregando el clan de los Rodríguez Orejuela en Colombia. De acuerdo con él, en la Fiscalía ya reposan múltiples pagarés y otros documentos entregados “voluntariamente” que tendrían un valor cercano a los $180 mil millones. Por eso, insiste el abogado, los $4 mil millones que solicitan “de manera humanitaria” son apenas necesarios para garantizar su subsistencia.

En el listado que los herederos de los Rodríguez Orejuela le han enviado a las autoridades, bajo el rótulo de “viviendas familiares” y “medios de vida”, aparecen varios reseñados como si no estuvieran incautados por la Fiscalía y, en cuatro de tales predios, explícitamente se advierte que hacen parte de sentencias de divorcio avaladas por respectivos juzgados de familia. También llama la atención que en varias de estas propiedades se registra como propietaria la firma Inversiones ARA, cuya razón social dio tanto de qué hablar hace 10 años durante el sonado ‘narcoescándalo’ del proceso 8.000.

‘El Señor’ y ‘El Ajedrecista’

Aunque los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela fueron por primera vez reseñados por la justicia colombiana como integrantes de la banda de “Los Chemas” en Cali a mediados de los años 60, una década después, sin que las autoridades lo objetaran, se habían convertido en hombres de sociedad y magnates reconocidos. Además de haber constituido el famoso Banco de los Trabajadores, donde controlaban el 70% del total accionario, crearon una cadena de emisoras, la sociedad Drogas La Rebaja y fundaron dos universidades en Bogotá.

Como en su momento lo registró el periodista Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína, el imperio económico de los Rodríguez Orejuela incluyó compañías de seguridad, el club deportivo América de Cali, el Grupo Radial Colombiano, incontables cooperativas y concesionarios de empresas internacionales, entre otros. Sin embargo, durante muchos años vivieron a sus anchas, bajo el paraguas de la impunidad, rodeados por empresarios, políticos, deportistas, periodistas y destacadas personalidades de la crema y nata de la sociedad colombiana.

Incluso, el 15 de noviembre de 1984, Gilberto Rodríguez Orejuela fue capturado en Madrid junto a Jorge Luis Ochoa Vásquez cuando ambos se dedicaban al montaje de una red de distribución de cocaína en Europa y, para sorpresa internacional, apenas la justicia norteamericana reclamó su extradición sindicándolo de ser el jefe del más grande cartel de droga en el mundo, el Gobierno colombiano hizo lo propio para que fuera juzgado en el país. Sólo unos meses después fue extraditado a Colombia y, en julio de 1987, un juez de Cali lo dejó en libertad y sentenció su absolución.

Entonces regresó a su reino de impunidad hasta que en 1994, a raíz de los aportes que le hicieron los hermanos Rodríguez Orejuela a la campaña “Samper-Presidente”, y como consecuencia del escándalo político, la justicia se acordó de nuevo de sus nombres y fueron capturados el 6 de junio y el 7 de agosto de 1995. Entre La Picota y la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Miguel y Gilberto Rodríguez, a pesar de estar condenados a 23 y 21 años de cárcel, en 2002, cuando apenas llevaban 7 años de prisión, por pena cumplida, se ordenó su libertad. Pero se les atravesó el gobierno Uribe y súbitamente cambió su suerte.

Gilberto volvió a prisión acusado de reiterar acciones de narcotráfico. Su hermano Miguel no alcanzó a salir a la calle. La justicia los encausó de nuevo y entre diciembre de 2004 y marzo de 2005 fueron extraditados a EU. Sus familiares decidieron entonces publicar un documento en el que, según ellos, dejaban constancia histórica de que los capos habían sido objeto de “una persecución política del gobierno norteamericano obedecida por las autoridades colombianas”. En prisión terminó su saga criminal y apenas empezó el rastreo de su inmensa fortuna.

En el acuerdo de septiembre de 2006, suscrito con los EU, los Rodríguez se comprometieron a entregar su ilícito patrimonio a cambio de la no extradición de sus familiares y de que los saquen de la Lista Clinton. Y, pese a que el acuerdo no compromete al Gobierno colombiano, también accedieron esperando que el Estado les reconociera a sus herederos en Colombia, “como un acto de buena fe” por su colaboración con la justicia, 48 bienes que ellos consideran como un “capital semilla” para empezar de nuevo. En el acuerdo, sin embargo, sí queda consignado que EU no “vería con malos ojos” que el gobierno Uribe accediera a las peticiones del clan Rodríguez.

El tema está en estudio en la CNE. ¿Puede jurídicamente el Estado devolverles bienes incautados? ¿Cuáles serían las incidencias políticas de esta iniciativa? ¿Está el Estado colombiano dispuesto a negociar con la mafia, como lo hacen los norteamericanos? La palabra la tiene la CNE y deberá pronunciarse en los próximos días. “Es un exabrupto lo que piden”, dicen algunos penalistas consultados. Otros, en cambio, ven con buenos ojos este tipo de negociaciones. La controversia está servida


Publicado en El Espectador/www.elespectador.com