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Saturday, April 07, 2007

Zona Modelo

Bajo las órdenes del General Mario Montoya, en octubre de 2002 el Ejército y la Policía desterraron a las milicias de las Farc de la Comuna XIII de Medellín. Desde entonces, las autoridades han querido presentar esta zona como modelo de la política de seguridad del presidente Uribe. En realidad, con el respaldo de la Fuerza Pública se implantó una zona de control de los grupos paramilitares comandados por Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, escribe Iván Cepeda.

Por Iván Cepeda Castro*



Bajo las órdenes del General Mario Montoya, en octubre de 2002 el Ejército y la Policía desterraron a las milicias de las Farc de la Comuna XIII de Medellín. Desde entonces, las autoridades han querido presentar esta zona como modelo de la política de seguridad del presidente Uribe. En realidad, con el respaldo de la Fuerza Pública se implantó una zona de control de los grupos paramilitares comandados por Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’. Después de la Operación Orión, los paramilitares notificaron a los pobladores las nuevas normas de conducta que debían adoptar si querían seguir en la localidad. También les comunicaron del pago de impuestos para el “servicio de seguridad”. Desalojaron por la fuerza las casas de varios líderes acusados de pertenecer a las milicias, y convirtieron esas viviendas en centros de operaciones del Bloque Cacique Nutibara, que funcionan al lado de diez bases del Ejército y ocho de la Policía. Las casas fueron ocupadas por los paramilitares y sus familias para ejercer una vigilancia permanente sobre la población. Según los habitantes de la Comuna, miembros de la Policía de la Estación Laureles realizan patrullajes conjuntos con los paramilitares. Los desmovilizados cuentan con una empresa Convivir en la zona, prestan sus servicios como vigilantes e informantes, controlan las juntas administradoras locales, monopolizan el comercio ilegal de gasolina y el transporte.

El nuevo régimen de control territorial ha significado un cambio en los métodos de ejecución de la violencia, y de la difusión social del miedo. En vez de crímenes masivos y públicos, ahora se practica una “represión silenciosa” —como la llama la comunidad— de la que hacen parte la desaparición selectiva, los homicidios cometidos con arma blanca, y el desplazamiento forzado “gota a gota”. Con estos métodos, 121 personas han sido asesinadas o desaparecidas desde 2002 en la Comuna. Las mujeres son víctimas frecuentes de violencia sexual. Los jóvenes son sometidos a reclutamiento forzado. Por su parte, la administración municipal niega que estos hechos provengan de los paramilitares, y los atribuye a bandas delincuenciales emergentes. No obstante, se han hallado fosas comunes, y algunos de los crímenes —como el de la señora Teresa Yarce, en 2004, que pertenecía a la Asociación de Mujeres de Las Independencias— muestran claramente una acción tendiente a eliminar a los líderes de las asociaciones de víctimas.

En otra columna que escribí a propósito del homenaje que le tributó el Presidente de la República al general Mario Montoya, señalé que ya desde finales de la década de 1970 este oficial había sido acusado en un periódico mexicano de participar en la conformación del escuadrón de la muerte ‘Triple A’. En esa época, el teniente Montoya formaba parte del Batallón de Inteligencia “Charry Solano”, especializado en organizar operaciones encubiertas y acciones terroristas. En días pasados se ha realizado un acto de desagravio al General con motivo de la información aparecida en el periódico Los Angeles Times, que lo vincula directamente con los paramilitares. Esta vez el homenaje corrió por cuenta de la IV Brigada del Ejército, que alquiló microbuses de las empresas de transporte ligadas a ‘Don Berna’ para traer a los pobladores.

Todo esto ocurre en Antioquia, donde durante la década de 1990 fue asesinado el abogado Jesús María Valle por criticar las cooperativas de seguridad Convivir auspiciadas por el gobernador Álvaro Uribe; las mismas que durante esa época sirvieron a la multinacional Chiquita Brands para contratar paramilitares con el fin de matar sindicalistas en sus plantas.

www.anncol.org

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