Corte Suprema de Justicia vincula a más congresistas por la para-política
Entre los nuevos investigados por la alta corporación están el presidente de la Cámara, Alfredo Cuello y el representante Álvaro Morón. Entre tanto, la Corte acepta que el caso de Araújo sea llevado por la Fiscalía.
Fecha: 04/18/2007 -
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia vinculó a las investigaciones por para-política al presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Cuello Baute, al senador Rubén Darío Quintero y al representante Álvaro Morón.

Cuello Baute es del Partido Conservador y representante del departamento de Cesar. Su colega Morón pertenece a Alas Equipo Colombia y representa al mismo departamento.

Por su parte, el senador paisa Quintero es militante del partido Cambio Radical y está señalado de recibir favores políticos del paramilitar conocido con el alias de ‘El Alemán’. Según las primeras versiones, la alianza se hizo para obtener cerca de 26.000 votos en Antioquia.


Además de los anuncios de la vinculación de estos legisladores, la Corte publicó su decisión de permitir que la Fiscalía investigue al ex senador Álvaro Araújo después de haber renunciado a su fuero de legislador.

Araújo es un reconocido político de Cesar, máximo líder de Alas Equipo Colombia y heredero del fortín político de su padre, Álvaro Araújo Noguera (prófugo de la justicia).

Pero ahí no terminan las decisiones de la Corte. En la tarde de este miércoles también se conoció que habrá detención domiciliaria para los congresistas Luis Eduardo Vives y Alfonso Campo Escobar, señalados por nexos con paramilitares.

De esta manera, se ahonda la crisis desatada desde hace más de un año tras el proceso por la vinculación de congresistas y miembros del gobierno con grupos de autodefensas.

Aunque el tema no era nuevo para la justicia, sólo entonces comenzó a funcionar el aparato estatal encargado de las averiguaciones, pese a que algunos entes como la Fiscalía tenían la mayoría de las pruebas represadas desde hacía más de cinco años.
Por cuenta de estas investigaciones están tras las rejas ocho pesos pesados de la política colombiana.

Los tres primeros fueron los senadores congresistas Álvaro García y Jairo Merlano y el representante Erick Morris, todos del departamento de Sucre y miembros de la bancada uribista en el Congreso.

La Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a los congresistas, les abrió investigación el 18 de octubre de 2006. Una semana después, los llamó a indagatoria, y finalmente les dictó orden de captura por concierto para delinquir en asocio con grupos de autodefensas. García está acusado de participar en el complot para ordenar algunas de las masacres de campesinos cometidas entre 2000 y 2002.

El 15 de febrero de este año, tras dos meses de zozobra sobre lo que ocurriría, la Corte ordenó la captura de seis congresistas más, esta vez por las denuncias sobre infiltración paramilitar en Cesar y Magdalena.

Se trataba de Álvaro Araújo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo y Jorge Caballero, todos uribistas señalados de tener vínculos con ‘Jorge 40’ y beneficiarse de la repartición electoral decretada por los paras y revelada por la analista Claudia López.

Aunque los cinco primeros fueron capturados esa misma noche, el último sigue prófugo. Maloof, Caballero y Vives habían sido expulsados del uribismo a comienzos de 2006, por vínculos con autodefensas, pero luego volvieron al redil con la bendición presidencial.

A finales de marzo Araújo envió una carta al Senado llena de calificativos contra la Corte Suprema y renunciando a su condición de congresista, con el fin de que su caso pasara a competencia de la Fiscalía.

Idéntica decisión había tomado Merlano semanas atrás. El debate político sobre el tema no se hizo esperar. Mientras los congresistas de la oposición aseguraron que se trataba de una maniobra para burlar la justicia, ex magistrados como Eduardo Cifuentes pidieron a la Corte que mantenga la competencia sobre los x congresistas.

Mientras Araújo y Merlano dicen que la Corte les violó el debido proceso y que prefieren que los investigue la Fiscalía (en la cual el proceso tiene dos instancias) los analistas se preguntan qué pasará si todos los salpicados optan por la misma decisión si se tiene en cuenta que la Corte ha sido la punta de lanza de las investigaciones.

Trino Luna, gobernador de Magdalena, fue suspendido de su cargo y también está detenido, tras los señalamientos de la congresista Piedad Córdoba de que fue impuesto como candidato único por las autodefensas.

Aunque en principio Córdoba, en calidad de presidenta de la Dirección Liberal, avaló la inscripción de Luna como candidato liberal, después denunció que los paramilitares le estaban ayudando a hacer campaña.