NI LIQUIDADCION, NI MILITARIZACIÓN: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO ABIERTA PARA LOS HIJOS DEL PUEBLO.
Comenzamos el año con noticias alarmantes sobre la Universidad del Atlántico. En la sesión del Consejo Superior realizada el pasado 15 de enero, se aprobó la propuesta de la rectora Ana Sofía Meza, de aplazar la iniciación del primer semestre del 2007 hasta el 10 de abril. Y para terminar el segundo semestre del 2006 se aprobó el período comprendido entre el 20 de marzo y el 2 de abril. En los tres primeros meses del año la Universidad se mantendrá cerrada a la comunidad universitaria para llevar a cabo la reestructuración de la misma en los ámbitos académico, financiero y administrativo. Esta decisión la tomó el Consejo presidido por el Viceministro de Educación Javier Botero Álvarez, con el voto negativo de los representantes de los profesores, estudiantes y egresados.
No hay ninguna razón de orden académico, administrativo, ni financiero, que justifique cerrar la Universidad, mediante el eufemismo del aplazamiento, para adelantar la reestructuración técnica, es decir jubilación forzosa o despido de profesores con experiencia calificada y altos niveles de formación en desmedro de la calidad académica; jubilación forzosa y despido de empleados y trabajadores; un desmedido aumento en el costo de matriculas para los estudiantes, en especial para los de estratos 1, 2 y 3. Todo lo anterior sin la participación de la comunidad universitaria.
Mantener la Universidad cerrada durante tres meses resulta desde el punto de vista financiero totalmente irracional e ineficiente para manejo de los recursos públicos; además del traumatismo pedagógico que ello causa a los estudiantes. Situación que se torna más gravosa en medio de la crisis financiera que vive la universidad y que exige una mayor austeridad en el gasto de los recursos que la sociedad le transfiere para el cumplimiento de su noble misión educativa.
La Universidad del Atlántico, a pesar de la crisis, ostenta niveles destacados en el desarrollo de la formación y la investigación, como lo revelan los reconocimientos a los grupos de investigación avalados por Colciencias y los resultados en los ECAES, obtenidos gracias al trabajo de los profesores y el desempeño de los estudiantes.
Para el cumplimiento de la misión y de sus funciones la Universidad requiere de la Autonomía Universitaria, garantizada en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 30/92 y en el Estatuto General de la Universidad. Esta Autonomía reside en la comunidad universitaria integrada por directivos, profesores, estudiantes, trabajadores y empleados, quienes tienen el derecho y el deber de expresar su punto de vista sobre el futuro de la Universidad. Por supuesto, también los jubilados que han dedicado gran parte de su vida al engrandecimiento de la Institución.
No es aceptable, por tanto, que la dirección de la Universidad se niegue a discutir con la comunidad universitaria, en mesas de trabajo, la reestructuración de la Universidad del Atlántico. Menos aún que no lo haga a través de los espacios institucionales como los claustros de profesores, los consejos de Facultad, el Consejo Académico, el Consejo Superior, o en las asambleas de estudiantes, de empleados y trabajadores.
Durante los últimos años, desde la Multiestamentaria Nacional, hemos emprendido diversas acciones democráticas, pacíficas y civilistas en apoyo y solidaridad con la Universidad del Atlántico, con la convicción de que lo que allí se decida es crucial para todo el sistema de educación superior público. La marcha multitudinaria, desde Cartagena hasta Barranquilla es un ejemplo muy representativo de protesta, organización y solidaridad que reclama mantener abierta y funcionando la Universidad del Atlántico y se opone a su cierre.
Desde todo punto de vista resulta inconveniente el cierre de la Universidad en estos momentos, razón por la cual, con todo el respeto por la independencia de los estamentos universitarios de la misma Universidad, hacemos un vehemente llamado a la dirección y a la comunidad de la Universidad del Atlántico a mantener abierta la institución, desde el 1º de febrero, para terminar el semestre y discutir sobre su futuro.
En la agenda de discusión hay temas que consideramos insoslayables, entre ellos:
La defensa de los derechos humanos de los universitarios.
Rechazo total al alza en las matrículas.
Reestructuración del Fondo Pensional.
Solución del déficit financiero ocasionado por el reconocimiento de pensiones.
Cubrimiento de mesadas y bonos pensionales con recursos nacionales y departamentales.
Pleno funcionamiento de la Unidad Salud universitaria.
Convocatoria pública para el nombramiento de profesores, empleados y trabajadores de planta que reemplacen a quienes voluntariamente decidan ejercer el derecho a la jubilación.
Nombramiento de Rector o Rectora, en propiedad, con base en procesos democráticos y participativos de la comunidad universitaria, acordes con la Constitución Nacional, la ley 30 de 1992 y la jurisprudencia de las Cortes.
Exigencia de respeto y garantía de la libre expresión de pensamiento de los universitarios que no comparten la política oficial, así como a las diferentes expresiones de protesta constitucionalmente protegidas. Con este fin hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Fiscalia, a la Personería y demás órganos competentes a garantizar los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones de la comunidad universitaria.
Proponemos la realización de una asamblea multiestamentaria el 1º de febrero, como punto de partida del trabajo a realizar este semestre.
Consideramos de la mayor importancia un pronunciamiento del Consejo Académico sobre la actual situación de la Universidad y su visión de largo plazo, como corresponde a su investidura de máxima autoridad académica de la Institución. Como tarea de acompañamiento y expresión de defensa de la educación pública colombiana, en particular de la Universidad del Atlántico, proponemos la realización de un Cabildo Abierto en la ciudad de Barranquilla, en los primeros días de febrero.
El Comité Coordinador de la Multestamentaria Nacional Universitaria, denuncia a la opinión pública nacional las posiciones antipatrióticas y antiacadémicas de los Consejeros Carlos Rodado Noriega, Javier Botero, Antonio Vallejo Morales, Clara Vargas, Augusto García y Héctor Rodelo, por agenciar e imponer la privatización y elitización de la Universidad del Atlántico, a través de un proceso gradual y paulatino de marchitamiento académico, administrativo y financiero so pretexto de sanear la institución, omitiendo adelantar un real inventario sobre los verdaderos agentes responsables de la corrupción administrativa, la persecución y asesinato de líderes estudiantiles y sindicales que denunciaron a su debido tiempo dichas anomalías.
Rechazamos igualmente la MILITARIZACIÓN del campus universitario, incluyendo la Unidad de Salud, ordenada por la Rectora Ana Sofía Meza, porque atenta contra la autonomía universitaria, porque amenaza gravemente la libre opinión de los universitarios y cercena la participación democrática en las decisiones cruciales de la institución y los demás derechos fundamentales de los estamentos.
No queremos más Rectores Policías, ni la injerencia de organismos represivos del Estado al interior de la Universidad. El Movimiento Universitario Nacional no se dejará amedrentar por las medidas de fuerza y seguirá respaldando a los Estudiantes, Profesores, Empleados, Trabajadores y Pensionados de la Universidad del Atlántico y a la educación pública superior.
Bogotá, 17 de enero de 2007.
ATRÁS LA MILITARIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO: TODOS AL CABILDO ABIERTO
LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO: NI CERRADA NI PRIVATIZADA
COMITÉ COORDINADOR MULTIESTAMENTARIO NACIONAL UNIVERSITARIO