Madres comunitarias exigen a Bienestar Familiar cese de recortes

Bogotá – Más de 400 madres comunitarias y trabajadoras del programa de hogares de bienestar realizaron, desde tempranas horas del día, un acto de protesta frente a la sede nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) exigiendo a las nuevas directivas de esta entidad el cumplimiento de los acuerdos firmados con las principales organizaciones que, a nivel nacional, agrupan a quienes se dedican al cuidado de los niños de los sectores populares y el cese a la política de recortes presupuestales que el actual gobierno ha implementado paulatinamente.

La actividad, convocada por organizaciones como la Asociación por la defensa de los derechos de los hijos del pueblo (Addhip-Modep), el Sindicato nacional de trabajadoras al cuidado de la infancia en hogares de bienestar (Sintracihobi), la Asociación de madres comunitarias de Colombia (Amcolombia), la Unión de trabajadoras de hogares de bienestar (Ustrabin), la Red de madres comunitarias de Tunjuelito (Remacot), Asounidas de Fontibón y Asokennedy se desarrolló con el propósito de presionar que la entidad estatal cumpla con los requerimientos esbozados por las madres comunitarias en un pliego de 5 puntos, en el que se incluyen reivindicaciones salariales, de seguridad social y en materia de servicios públicos y capacitación. De acuerdo con voceras de la protesta, el objetivo de este petitorio es mejorar las condiciones en que se está prestando el servicio en los hogares de bienestar, las condiciones en que "centenares de niños y niñas de los más pobres están siendo atendidos, mientras sus familiares tratan de ganar algo para sostener a sus familias", así como dar a estas trabajadoras unas condiciones dignas para desempeñar su labor y para vivir.

Sin embargo, el punto central de la protesta se concentra en la relación entre la aplicación de una serie de estándares y lineamientos impuestos por el ICBF para permitir el funcionamiento de cada hogar comunitario y el reciente recorte a las cuotas de participación, que son los aportes pagados mensualmente por los padres de familia por cada niño atendido, a menos de $8.000, lo cual implica un recorte sustancial a los recursos con los que se cuenta para el funcionamiento de estos establecimientos de cuidado a la niñez.

Es de anotar que, actualmente, las madres comunitarias no son consideradas por la ley como trabajadoras sino como voluntarias, a pesar de su dura labor, y que los requisitos planteados para el funcionamiento de los hogares de bienestar no van acompañados de los recursos necesarios para adecuar las instalaciones de los mismos ni para capacitar idóneamente a las personas dedicadas al cuidado infantil en los sectores populares. Ninguna de ellas devenga el salario mínimo y el monto más alto de la llamada beca de apoyo que llega a sus manos apenas rodea los $186.000, a lo cual se suma el pago de la madre auxiliar que cada hogar requiere y los gastos adicionales que se derivan de la atención a los menores.

Así, la situación que se vive en los hogares de bienestar se ha venido volviendo insostenible, dado que los gastos necesarios para el sostenimiento de los mismos no se compensan con los limitados ingresos que perciben del apoyo económico y las raciones alimenticias que les entrega el ICBF, lo cual se suma a la corrupción reinante en la distribución de estas ayudas que lleva a que muchos funcionarios actúen como especuladores de alimentos y a que en algunos hogares comunitarios las raciones nunca lleguen a los niños.

Por estas razones, las demandas que las madres comunitarias plantean al instituto las han llevado a la calle, luego de un proceso de negociación infructuoso y de numerosos intentos de solución que se han quedado en palabras.

Luego de esperar más de 5 horas por alguna respuesta de parte de las directivas a la exigencia de una reunión inmediata para abordar estos temas y plantear las soluciones del caso, las madres comunitarias definieron bloquear pacíficamente la Avenida 68, a la altura de la calle 66, para presionar a la directora de la entidad, Elvira Forero –quien, a la sazón, se encontraba en la ciudad de Cali–, a aceptar una reunión extraordinaria con la mesa de trabajo del programa, compuesta por representantes de las distintas organizaciones, obteniendo como respuesta la agresión de un grupo de policía comandado por el sargento viceprimero de apellido Galeano que intentó, infructuosamente, disolver el acto pacífico recurriendo a la fuerza y que llegó, incluso, a agredir a uno de nuestros reporteros física y verbalmente.

Luego de 40 minutos de parálisis total de esta importante vía capitalina, se hizo presente un grupo de unos 30 hombres y dos tanquetas antimotines de la Fuerza Disponible de la policía, al mando de un mayor de apellido Miranda, que evitó toda negociación con las madres comunitarias y procedió a amenazarlas con el uso de la fuerza si no desalojaban la vía. Hacia las dos de la tarde, las madres se retiraron temporalmente de la vía para evitar una confrontación para la que no estaban dispuestas, mientras seguían exigiendo respuesta a la directora del instituto sobre la reunión planteada para solucionar esta dura problemática. Luego de una hora de espera, estas trabajadoras retomaron la avenida, siendo duramente reprimidas apenas unos minutos después por los agentes que, usando gases lacrimógenos, chorros de agua y macanazos, se lanzaron contra el grupo de señoras.

Luego de estos hechos, las madres continuaron la presión, obteniendo la reunión con la directora del ICBF para el próximo martes 21 de noviembre y reorganizando los mecanismos de presión para exigir pronta solución a su problemática. De acuerdo a una de las líderes de la protesta, "no vamos a ceder, ni aunque nos repriman: vamos a seguir exigiéndole a Bienestar unas condiciones dignas para el cuidado que hacemos nosotras de los niños, un cuidado que hacemos con el mismo amor con el que estamos aquí hoy".

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