Comisión internacional verifica situación humanitaria en La María-Piendamó
Equipo | Periódico El Turbión – junio 15 de 2006
"¡Y seguiremos luchando hasta que se apague el sol!"
-Himno del CRIC

Los pueblos indígenas y las demás organizaciones sociales, campesinas y afro descendientes que participaron en la Cumbre Intinerante y Permanente de Organizaciones Sociales "José Pedro Pascue" y en la Movilización del Sur Occidente colombiano del pasado mes de mayo, se levantaron como el Ave Fénix de sus cenizas, luego de la dura represión con que fue atendida su intención de dialogo con el gobierno. Están dispuestos a denunciar y exigir del Estado la reparación por la nueva vulneración de derechos a que fueron sometidos.

Recordemos que del 11 al 20 de mayo se realizaron estas actividades en varios departamentos del sur occidente de Colombia, entre los que se encuentran Nariño, Putumayo y Cauca, con el fin de reclamar que el Estado cumpla con los acuerdos firmados hace más de 15 años con las comunidades indígenas. Desde entonces, luego de que el Estado colombiano fuera condenado por hechos en los que miembros de la Fuerza Pública protagonizaron una masacre que afectó a los comuneros del norte del Cauca y a pesar del reconocimiento del crimen por parte del gobierno, hasta la fecha no se ha cumplido la reparación prometida.

De la misma manera, las comunidades dejaban clara en estas movilizaciones, una vez más, su posición de rechazo a la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC), a la reelección presidencial y a las diversas medidas gubernamentales que atentan contra la vida digna de los colombianos.

El gobierno nacional, en cabeza de Uribe Vélez, al encontrar tal convicción y fortaleza en los más de 18 mil manifestantes, acudió a dos de sus armas más usadas para tratar de imponer su voluntad y no escuchar la del pueblo: la estigmatización y la fuerza. Fue así como el Territorio de convivencia, diálogo y negociación del resguardo indígena de La María-Piendamó, situado en el centro del departamento del Cauca y a 40 minutos de su capital, donde se situaba la mayor parte de los manifestantes, se convirtió en un escenario de persecución, muerte y represión violenta que protagonizaron los representantes de la llamada 'seguridad democrática', justificados en el señalamiento mentiroso, realizado por el gobernador del departamento, Juan José Chaux Mosquera, de que la movilización social actuaba como "agente del terrorismo, el narcotráfico y la guerrilla".

Sin embargo, la realidad no se puede ocultar: los agentes de la policía y los miembros del ejército que participaron en los feroces operativos no atacaron a delincuentes peligrosos o a combatientes expertos en el tema de la guerra, como lo manifestaría engañosamente en varias ocasiones el comandante de policía del Cauca, coronel José de Jesús Celi Rincón, sino a cientos de civiles vulnerables, desarmados y sedientos de justicia social, quienes esperaban diálogo y no represión, y que no estaban preparados para ser atacados con armas de fuego o con los implementos de guerra provenientes del Plan Colombia, tales como los carros blindados y los helicópteros con los que se arremetió contra el resguardo.

Como lo reportamos entre el 15 y el 22 de mayo, durante el cubrimiento y la transmisión radial que realizamos de estos sucesos, las agresiones de las fuerzas gubernamentales contra las comunidades generaron fuertes enfrentamientos en La María y en otros lugares de la región, como Remolino, en Nariño, el Pital en el Norte del Cauca y la propia ciudad de Popayán, donde los militares, la policía antimotines y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) atacaron a las comunidades y a los manifestantes con armas de fuego, gases, helicópteros, tanquetas y garrotes, algunos cubiertos de alambre de púas, provocando graves lesiones a decenas de niños, mujeres embarazadas, funcionarios de la Cruz Roja e incluso a los Defensores del Pueblo de Cauca y Nariño quienes también recibieron varios impactos con las bombas de gas que fueron lanzadas desde los helicópteros artillados.

La permisividad manifiesta del presidente y de las autoridades del Gobierno Departamental, y su apoyo irrestricto al abuso de autoridad y de fuerza cometido por los uniformados, fue tanta que fueron capaces, incluso, de saquear el resguardo e incendiar lo que encontraron a su paso: las casetas de reunión, las sillas, las casas de los indígenas, sus utensilios de cocina, sus camas, sus cobijas, sus motocicletas, el grano almacenado, las instalaciones del puesto de salud, la oficina del gobernador indígena y la emisora comunitaria y hasta los libros que estaban para la venta y la exhibición sobre temas de resistencia indígena fueron víctimas de la acción destructiva de las fuerzas enviadas por el Gobierno Nacional para la represión.

Como consecuencia de esa irracional respuesta del gobierno de Uribe, fue asesinado el joven líder indígena José Pedro Pascué, quien hacía parte de la Guardía Indígena, institución tradicional amparada por la Legislación Especial Indígena vigente en Colombia y encargada de la protección de los territorios colectivos y ancestrales. Adicionalmente, cientos de personas fueron heridas o detenidas, algunas de ellas miembros de los medios de comunicación alternativa presentes en el lugar –entre quienes se encontraba uno de nuestros reporteros–, recibiendo tratos denigrantes y constantes amenazas por parte de los uniformados mientras eran retenidas ilegalmente sin cargos o infracciones en su contra.

Además de los costos humanos, de las muertes, las detenciones y las lesiones a cientos de personas, la agresión produjo daños materiales sobre las propiedades de las comunidades que se estiman en varios cientos de millones de pesos.

La causa de estas agresiones es, sin duda, la actitud de Uribe Vélez frente a una movilización de carácter pacífico que, como se ha constado por organismos veedores de los derechos humanos, sólo se dispuso a taponar la Vía Panamericana al ver el engaño del Ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, quien aseguró que asistiría al lugar de encuentro para dialogar con los manifestantes, pero nunca llegó.

Ante estas situaciones que dejan nuevamente al Estado y sus gobernantes como violadores flagrantes de la Constitución Nacional, los Derechos Humanos y los tratados internacionales, los indígenas, campesinos, afro descendientes y organizaciones sociales en general, decidieron convocar la conformación de la Comisión Garante de Verdad, Justicia y Reparación, para que estos hechos no queden en la impunidad y el gobierno reconozca su arbitrariedad, así sea por el juzgamiento internacional.

Con ese fin se convocó a instituciones como las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Conciliación, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de DDHH del Congreso de la República, la Fundación Minga, el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Acción Permanente por la Paz. Como garantes se invitó al premio Nóbel alternativo de economía, Manfred Max Neeff, y al juez Baltasar Garzón. Fue así como, el pasado 15 de junio, se instaló oficialmente la Comisión Garante de Verdad, Justicia y Reparación que contó con la asistencia de los representantes de varias de estas entidades. El juez español, reconocido por adelantar el juicio contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, envió a su delegado, el abogado Manuel Ramiro Muñoz, quien además es representante del Centro Internacional para la Paz, con sede en Toledo España, y confirmó la participación de Garzón en la comisión y el permanente acompañamiento a las investigaciones que se requieran para establecer la responsabilidad del Estado colombiano en ese nuevo atropello, del que fueron víctimas más de 18.000 colombianos que se movilizaron para exigir respuesta y cumplimiento de acuerdos incumplidos.

"No podemos prejuzgar previamente qué cargos son, ni qué responsabilidades hay. Lo que se debe hacer, en primera instancia, es acudir a las instituciones del Estado. Como hay un Estado de Derecho, funciona la Procuraduría para el caso de que haya extralimitación de las funciones del Ejercito y la Policía, la Fiscalía en caso de que haya meritos para responsabilizar por los delitos que se cometieron y está la instancia del Contencioso Administrativo para reparar a las víctimas", afirmó el delegado Muñoz.

Sin embargo, como todos sabemos, esto no necesariamente terminará con la aplicación de la justicia a favor de las víctimas, entonces es necesario saber qué más se puede hacer. "Ninguna instancia internacional va a aceptar el caso si no está resuelto internamente... primero las cortes internacionales y organismos respetan lo local: en caso de que no haya solución al conflicto, entonces, se puede elevar a nivel internacional", señaló Muñoz y agregó, refiriéndose a la masacre de El Nilo (1991) y a los acuerdos que se establecieron a partir de ésta entre el Estado y las comunidades indígenas luego de que el caso fuera sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que "la masacre en el país quedó en impunidad, pero en la Corte se encontró responsable al Estado Colombiano, luego la comisión llamó a conciliar a las partes y hay en este momento un acuerdo de conciliación".

Lamentablemente, ese acuerdo tampoco se ha cumplido y ya han pasado 15 años desde su firma: quedan sobre la mesa numerosas dudas sobre si existirán posibilidades reales de cumplimiento por parte de un gobierno que demuestra su absoluto desinterés por el respeto a la ley y a los acuerdos con sus ciudadanos.

Precisamente, el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Aparicio Ríos, estuvo reunido en Bogotá con 7 embajadas que hacen parte del G24 y con varios organismos de cooperación internacional y nacional que ofrecieron su respaldo a la Cumbre de Organizaciones y a la Movilización del Sur Occidente y se mostraron sorprendidos por la forma como se trató la situación por parte del Gobierno.

De esta reunión se logró, además del apoyo político para presionar al gobierno colombiano para que cumpla con las reparaciones establecidas por la ley, avanzar en la gestión para se agilice un diálogo directo con los altos gobiernos, especialmente con el de Colombia, para que se lleve a cabo un proyecto de restauración del Territorio de dialogo, negociación y convivencia de La María-Piendamó y se pueda dar continuidad a la Cumbre Itinerante.

Por su parte, el defensor del pueblo delegado para indígenas y minorías étnicas, Gabriel Muyui Jakanamejoi, afirmó que de acuerdo a las indicaciones del defensor del pueblo nacional, Wolmar Pérez, no cree conveniente hacer parte formal de la comisión porque "somos parte del Estado y somos una institución de control" y que, por lo tanto, sólo estarían adelantando las gestiones que les corresponden por la Constitución. Siguiendo los mismos lineamientos institucionales, el defensor del pueblo del Cauca, Víctor Javier Meléndez Guevara, confirmó el acompañamiento a la comisión y afirmó que desde su despacho apoyarán las investigaciones, prestarán la asesoría jurídica y el acompañamiento a quienes presenten las denuncias, a fin de que sean respetadas sus garantías procesales. El funcionario dio un alto nivel de importancia a la necesidad de que el discurso se materialice en medios probatorios, dentro de los expedientes que están cursando ante la Procuraduría y en las investigaciones que la Justicia Penal Militar u otras instancias con mayores garantías puedan generar. "Es necesario manejar con mucho juicio el tema probatorio, para lograr los resultados que las comunidades esperan", aseguró Meléndez Guevara.

En el proceso, que apenas inicia para buscar la verdad, lograr la justicia y la reparación por parte del Estado hacia los colombianos que se movilizaron y fueron reprimidos brutalmente, surgen posiciones asombrosas por parte del gobierno. En declaraciones de altos funcionarios del Gobierno Nacional y Departamental se insiste en que la acción del Esmad estaría legitimada por la supuesta irregularidad con la que la Guardia Indígena mantuvo bajo su custodia a dos agentes de este cuerpo policial, quienes fueron apartados de sus grupos durante la arremetida policial del martes 16 de mayo.

Sin embargo, al tratar de intercambiar papeles con las comunidades y de ocupar el puesto de las víctimas, los miembros de la Fuerza Pública y el gobierno hacen intentos alocados por evadir sus responsabilidades en estos crímenes. Las declaraciones de miembros de la Cruz Roja Internacional, de la Naciones Unidas y de otras instituciones que participaron como garantes del acto humanitario de entrega de los uniformados confirman que, por el contrario, se dio por parte de los indígenas una muestra de humanismo y respeto por los derechos humanos.

"La Defensoría Regional ha sostenido que la Guardia Indígena resguardó a los miembros del ESMAD y les brindo atención médica oportuna y eficiente, que les dio protección frente a cualquier eventualidad, que les permitió el acercamiento para las gestiones humanitarias. A la Defensoría le permitieron el acceso sin ningún problema, le permitieron comunicaciones con los familiares: el trato fue digno y respetuoso", afirmó el defensor del Cauca al Periódico El Turbión.

Así mismo, se comprueban fácilmente, con pruebas patentes, los demás actos denunciados por parte de la comunidad. "Cuando recibimos los gases, incluso al lado del carro de la Defensoría, se veía que eran lanzados desde los helicópteros... los gases también cayeron en el sitio mismo en el que estaban los policías heridos... es una situación que ya no se puede cambiar: son hechos que están para que se llamen a los que tienen el testimonio. Que entraron tanquetas, que entró ejercito, que entró fuerza pública, que provocaron pérdidas e incendios, que faltan cosas en la tienda, son hechos", afirmó el funcionario.

José Sánchez, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), capítulo Valle del Cauca, aseguró que es importante la existencia de organizaciones de indígenas, afro descendientes y campesinos que se fortalezcan en eventos como la Cumbre Itinerante. No obstante, se mostró preocupado porque el gobierno manifiesta tener una política de respeto a los derechos humanos que, en la realidad concreta, es otra cosa contraria a lo que predica. Afirma que "en las altas esferas se ufanan de respetar y promover la defensa de los derechos humanos, pero en el campo, cuando la gente protesta y está en el terreno de la lucha, vemos que el mismo gobierno, con sus aparatos del Estado, los viola constantemente".