PENA DE MUERTE A BOSQUES Y AFROCOLOMBIANOS EN RESISTENCIA
PENA DE MUERTE A BOSQUES Y AFROCOLOMBIANOS EN RESISTENCIA
Delegados de las familias de los Consejos Comunitarios asociados en Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA; los Consejos Comunitarios Mayor del Curvaradó y Jiguamiandó, la Asociación de Familiares víctimas de la violencia socio política, CLAMORES, la Red de Alternativas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se unen a las expresiones de objeción a la ley aprobada en el congreso, calificada por el mismo diario El Tiempo, como “ley maderera”.
La ley es uno de los mecanismos que privatiza los territorios colectivos, que deniega los derechos colectivos, y que en la misma corriente de otras disposiciones legales, entre ellas la ley 975, mal llamada de justicia y paz”, legalizará las propiedades usurpadas, y propiciará que el modelo de desarrollo productivo feudalista empresarial del paramilitarismo encuentre nuevos mecanismos de control de la población y de destrucción de quiénes se opongan.
Una voz de alerta desde el Bajo Atrato, ante la reingeniería paramilitar a través de la desmovilización que anuncia acciones contra los habitantes de las Zonas Humanitarias del Cacarica y la nueva estructura de la estrategia paramilitar “Héroes del Atrato” que atacaría a las comunidades que habitan en las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó.
Bogotá, D.C 16 de diciembre de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
PENA DE MUERTE A BOSQUES Y AFROCOLOMBIANOS
Los pueblos afrocolombianos, las comunidades indígenas y la humanidad misma están siendo vulnerados en sus derechos a su supervivencia y sobrevivencia.
La ley maderera, aprobada el pasado martes por el Congreso, nunca fue consultada con la totalidad de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Las pocas consultas realizadas fueron un mecanismo para cumplir con una cierta formalidad pero no para incluir las objeciones de fondo y las iniciativas de reglamentación de la población
Fueron los sectores empresariales madereros, entre ellos los que han deforestado en el Bajo Atrato en zonas de control paramilitar, los que participaron en la formulación de la ley, su pensamiento, asociado a un modelo de desarrollo destructivo de pueblos, de seres humanos y del derecho de la humanidad a un ambiente limpio.
Hoy los voceros de los empresarios, que se encuentran en el Congreso de la República han reiterado que la ley es importante, porque protege los Parques Nacionales y los Territorios Indígenas y REGLAMENTA prácticas de comunidades que por ser pobres carecen de capacidades técnicas para proteger aéreas con bosques naturales, desarrollar planes de reforestación.
Las argumentaciones pretenden desconocer que la destrucción de bosques naturales, por ejemplo, en el bajo Atrato desarrolladas por Maderas del Darién, filial de Pizano S.A, Maderas del Atrato, Urapalma se ha desarrollado es por lógicas de desarrollo inequitativas, esclavistas, corruptas, violentas, antiecológicas.
Las empresas en muchas ocasiones han usando las necesidades de los pobladores para crear asociaciones campesinas bajo la cuales, con la “supuesta participación” de las comunidades han arrasado y destruido mecanizadamente bosques naturales como los Kativales y los robles para procesar triplex y enviarlo al mercado internacional.
Esa destrucción se ha realizado con engaños y falsos beneficios a las comunidades, mientras los pueblos son más miserables, las arcas empresariales se llena con la expoliación y la extracción.
No existen planes de reforestación serios y transparentes, como hoy puede constatarse se abren paso luego del arrasamiento forestal y la destrucción de millares de especies vegetales y animales y de la desertificación, a proyectos de palma, de banano “primitivo”, de coca con procesamiento, de ganadería extensiva. Cambia el nombre de la empresa pero no el sentido de la destrucción ambiental y humana.
Como si fuera poco, las empresas privadas, que han abusado de la miseria de los pobladores, usan de los sellos de certificación como el FSC para mostrarse como cumplidores de los requisitos internos ambientales, el derecho a la consulta y su actuación sin el uso de la violencia.
Pero es violenta el hambre, como el arrasamiento forestal, como la coincidencia de operaciones empresariales y el control paramilitar. A pesar de las desmovilizaciones la pasadas y las que ya se vienen encima, el Parque Nacional de los Katios es usado para operaciones paramilitares, para la deforestacipon controlada la siembra de coca, mientras a pocos kilómetros los militares desarrollan una persecución contra los habitantes de las Zonas Humanitarias en el Cacarica o con sistemas de control militar los paramilitares se apropian de propiedades, destruyen los bosques, venden las maderas que pasan por controles policiales y militares de la Brigada 17 o en el Salquí el Truandó deforestan con radios de comunicación y armas, pasan la madera arrasada por todos los controles ambientales, mientras a los afrocolombianos, indígenas y mestizos se les decomisa sus pocas rastras de madera.
Y como si fuera poco en medio de la desmovilización paramilitar se apoderan de propiedades familiares, los reinsertados anuncian que viene de nuevo una etapa del progreso, que es una imposición a las comunidades y se anuncia que las comunidades que no se vinculen a los esquemas de seguridad de redes de cooperantes correrán riesgos.
Por eso a las comunidades que han construido propuestas de protección alternativas a las políticas de seguridad se les anuncia que vendrán nuevas masacres, ya se anunció a los habitantes de las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó y en días pasados un desmovilizado anunció que para las Zonas Humanitarias del Cacarica se alista la muerta a los reductos de guerrilleros que allá habitan para poder desarrollar la etapa del progreso.
Aprobada la ley "maderera" se ataca al alma de los pueblos, al alma de la humanidad que desea una sociedad en armonía, donde los seres humanos podamos vivir en respeto con la vida natural.
Nos unimos a la comunicación de varias organizaciones y comunidades que objetan la ley forestal aprobada.
Consejo Mayor del Jiguamiandó
Familias del Consejo Mayor del Curvaradó
Familias de Consejos Comunitarios del Cacarica asociados en CAVIDA
Asociación de familias de víctimas de la violencia socio política de Riosucio, CLAMORES
Familias desplazadas del Bajo Atrato
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Delegados de las familias de los Consejos Comunitarios asociados en Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA; los Consejos Comunitarios Mayor del Curvaradó y Jiguamiandó, la Asociación de Familiares víctimas de la violencia socio política, CLAMORES, la Red de Alternativas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se unen a las expresiones de objeción a la ley aprobada en el congreso, calificada por el mismo diario El Tiempo, como “ley maderera”.
La ley es uno de los mecanismos que privatiza los territorios colectivos, que deniega los derechos colectivos, y que en la misma corriente de otras disposiciones legales, entre ellas la ley 975, mal llamada de justicia y paz”, legalizará las propiedades usurpadas, y propiciará que el modelo de desarrollo productivo feudalista empresarial del paramilitarismo encuentre nuevos mecanismos de control de la población y de destrucción de quiénes se opongan.
Una voz de alerta desde el Bajo Atrato, ante la reingeniería paramilitar a través de la desmovilización que anuncia acciones contra los habitantes de las Zonas Humanitarias del Cacarica y la nueva estructura de la estrategia paramilitar “Héroes del Atrato” que atacaría a las comunidades que habitan en las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó.
Bogotá, D.C 16 de diciembre de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
PENA DE MUERTE A BOSQUES Y AFROCOLOMBIANOS
Los pueblos afrocolombianos, las comunidades indígenas y la humanidad misma están siendo vulnerados en sus derechos a su supervivencia y sobrevivencia.
La ley maderera, aprobada el pasado martes por el Congreso, nunca fue consultada con la totalidad de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Las pocas consultas realizadas fueron un mecanismo para cumplir con una cierta formalidad pero no para incluir las objeciones de fondo y las iniciativas de reglamentación de la población
Fueron los sectores empresariales madereros, entre ellos los que han deforestado en el Bajo Atrato en zonas de control paramilitar, los que participaron en la formulación de la ley, su pensamiento, asociado a un modelo de desarrollo destructivo de pueblos, de seres humanos y del derecho de la humanidad a un ambiente limpio.
Hoy los voceros de los empresarios, que se encuentran en el Congreso de la República han reiterado que la ley es importante, porque protege los Parques Nacionales y los Territorios Indígenas y REGLAMENTA prácticas de comunidades que por ser pobres carecen de capacidades técnicas para proteger aéreas con bosques naturales, desarrollar planes de reforestación.
Las argumentaciones pretenden desconocer que la destrucción de bosques naturales, por ejemplo, en el bajo Atrato desarrolladas por Maderas del Darién, filial de Pizano S.A, Maderas del Atrato, Urapalma se ha desarrollado es por lógicas de desarrollo inequitativas, esclavistas, corruptas, violentas, antiecológicas.
Las empresas en muchas ocasiones han usando las necesidades de los pobladores para crear asociaciones campesinas bajo la cuales, con la “supuesta participación” de las comunidades han arrasado y destruido mecanizadamente bosques naturales como los Kativales y los robles para procesar triplex y enviarlo al mercado internacional.
Esa destrucción se ha realizado con engaños y falsos beneficios a las comunidades, mientras los pueblos son más miserables, las arcas empresariales se llena con la expoliación y la extracción.
No existen planes de reforestación serios y transparentes, como hoy puede constatarse se abren paso luego del arrasamiento forestal y la destrucción de millares de especies vegetales y animales y de la desertificación, a proyectos de palma, de banano “primitivo”, de coca con procesamiento, de ganadería extensiva. Cambia el nombre de la empresa pero no el sentido de la destrucción ambiental y humana.
Como si fuera poco, las empresas privadas, que han abusado de la miseria de los pobladores, usan de los sellos de certificación como el FSC para mostrarse como cumplidores de los requisitos internos ambientales, el derecho a la consulta y su actuación sin el uso de la violencia.
Pero es violenta el hambre, como el arrasamiento forestal, como la coincidencia de operaciones empresariales y el control paramilitar. A pesar de las desmovilizaciones la pasadas y las que ya se vienen encima, el Parque Nacional de los Katios es usado para operaciones paramilitares, para la deforestacipon controlada la siembra de coca, mientras a pocos kilómetros los militares desarrollan una persecución contra los habitantes de las Zonas Humanitarias en el Cacarica o con sistemas de control militar los paramilitares se apropian de propiedades, destruyen los bosques, venden las maderas que pasan por controles policiales y militares de la Brigada 17 o en el Salquí el Truandó deforestan con radios de comunicación y armas, pasan la madera arrasada por todos los controles ambientales, mientras a los afrocolombianos, indígenas y mestizos se les decomisa sus pocas rastras de madera.
Y como si fuera poco en medio de la desmovilización paramilitar se apoderan de propiedades familiares, los reinsertados anuncian que viene de nuevo una etapa del progreso, que es una imposición a las comunidades y se anuncia que las comunidades que no se vinculen a los esquemas de seguridad de redes de cooperantes correrán riesgos.
Por eso a las comunidades que han construido propuestas de protección alternativas a las políticas de seguridad se les anuncia que vendrán nuevas masacres, ya se anunció a los habitantes de las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó y en días pasados un desmovilizado anunció que para las Zonas Humanitarias del Cacarica se alista la muerta a los reductos de guerrilleros que allá habitan para poder desarrollar la etapa del progreso.
Aprobada la ley "maderera" se ataca al alma de los pueblos, al alma de la humanidad que desea una sociedad en armonía, donde los seres humanos podamos vivir en respeto con la vida natural.
Nos unimos a la comunicación de varias organizaciones y comunidades que objetan la ley forestal aprobada.
Consejo Mayor del Jiguamiandó
Familias del Consejo Mayor del Curvaradó
Familias de Consejos Comunitarios del Cacarica asociados en CAVIDA
Asociación de familias de víctimas de la violencia socio política de Riosucio, CLAMORES
Familias desplazadas del Bajo Atrato
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
posted by roman @ 8:18 AM
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