Enero 22 de 2007 -

Verdades detrás del documento suscrito entre congresistas, políticos y las Auc

A raíz de la divulgación de este pacto, la opinión pública aún debate las consecuencias políticas de este encuentro que debería significar la pérdida de investidura de todos los firmantes.

A mediados de 2001 las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, afrontaban graves fracturas internas originadas por la creciente participación de sus principales comandantes en el narcotráfico.La crisis había llegado a tal punto que el 10 de mayo de ese año -cinco días antes de su boda con Kenia Gómez- Carlos Castaño Gil había renunciado a la jefatura nacional del movimiento porque en su concepto las Auc estaban inmersas en el narcotráfico y los frentes en la mayor parte del país estaban cometiendo todo tipo de tropelías sin control alguno.Las Auc aceptaron la renuncia de Castaño el 9 de junio siguiente y ese mismo día nombraron un nuevo estado mayor compuesto por nueve comandantes y encabezado por Salvatore Mancuso.

Con Castaño por fuera de las instancias de decisión, los nuevos jefes paramilitares se dieron a la tarea de buscar un espacio político, que por aquella época no habían podido obtener debido a que al gobierno de entonces solo le interesaba negociar con las Farc en el Caguán.Fue en ese escenario en el que se produjo la cumbre de Ralito del 23 de julio de 2001, en la que cuatro senadores, siete representantes a la Cámara, dos gobernadores y cinco alcaldes, entre otros, firmaron un documento confidencial y secreto en el que se comprometían a defender las tesis políticas de las Auc y a construir una nueva Colombia.

Más allá de los alcances penales que pueda acarrear para los políticos firmantes, lo cierto es que la lectura del documento revelado por EL TIEMPO produce indignación. Que un puñado de dirigentes políticos, entre ellos algunos de los mayores electores de la Costa Atlántica, hayan accedido a pactar con los autores de las peores masacres de la historia del país un documento tan absurdo y pretencioso, es una vergüenza para los firmantes y habla muy mal de la clase dirigente.Lo anterior no tiene excusa y en cualquier país medianamente serio del planeta, todos los dirigentes que suscribieron el documento deberían enfrentar un juicio político e incluso retirarse de la actividad pública de por vida. Sólo puede servir como atenuante el hecho de que, por aquellos días, las Farc estaban no sólo fuertes sino arrogantes, cómodamente apoltronadas en su santuario del Caguán y dedicadas a cometer los mismos crímenes que los paramilitares y de que, en consecuencia, decenas de líderes políticos en diferentes regiones del país se sentían obligados a buscar la protección de las Auc bajo el principio de "el enemigo de tu enemigo es tu amigo".

Otros dirán que lo hicieron por miedo o bajo amenaza, pero queda entonces la pregunta para ellos de por qué no lo denunciaron oportunamente.Pero es un atenuante menor. La verdad es que la firma del documento es una mancha demasiado grande para la hoja de vida de quienes la estamparon, y en esa medida, los partidos a los cuales hoy pertenecen deben de inmediato proceder a examinar los casos y, eventualmente, a expulsarlos. Esto cobija a varios grupos uribistas, al Partido Conservador, pero también al liberalismo en la oposición, que tiene en el listado de rúbricas la de su principal elector en el país, el senador Juan Manuel López Cabrales. Son las secuelas inevitables de la divulgación del documento.