Servicio noticioso – Número 149 – septiembre 26 de 2006
32 ciudades marcharon contra políticas de Uribe

Equipo | Periódico El Turbión - septiembre 26 de 2006, 10:00 pm

Hace apenas un par de horas concluyeron las diferentes marchas que, en todo el país, constituyeron la primera jornada de protesta que se realiza, a nivel nacional, desde el inicio del segundo periodo presidencial de Uribe Vélez. La reforma tributaria, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, la privatización del 51% de la Empresa colombiana de Petróleos (ECOPETROL), del Instituto de Seguros Sociales (ISS), de la Administración postal nacional (Adpostal) y la reforma al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otros, fueron los puntos que convocaron las movilizaciones en todo el país.

Convocada por las centrales obreras –CUT, CGT y CPC– y por el Polo Democrático Alternativo (PDA), la jornada de protesta se extendió por 32 ciudades del país y contó con la asistencia masiva de trabajadores, estudiantes, usuarios de servicios públicos, pensionados, trabajadores desempleados, desplazados, mujeres, maestros y demás sectores descontentos con el manejo que se da al país por parte del actual gobierno.

En Bogotá, la marcha inició hacia las 4:30 pm a la altura del Planetario Distrital y concluyó en la Plaza de Bolívar a las 7 pm, lugar en el que más de 8.000 personas manifestaron su inconformidad frente a una serie de políticas provenientes de un régimen político autoritario, que acompaña sus reformas de "una cruda represión y de la manipulación aberrante de la opinión pública", según reza uno de los comunicados repartidos por los manifestantes.

Uno de los puntos más fuertemente denunciados por quienes participaron de la jornada tiene que ver con lo referido a la reforma tributaria que se está discutiendo actualmente en el Congreso. De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la enorme cantidad de reformas tributarias en la historia de Colombia demuestra el grado de improvisación estatal en el tema fiscal y lo duramente afectada que se ve la clase trabajadora en cada una de ellas. En la actual propuesta del Ministerio de Hacienda, la modificación del IVA lesionaría intereses de los sectores más pobres de la población, al hacer inaccesibles para ellos la mayoría de los productos fundamentales de la canasta familiar. Adicionalmente, al disminuir la base gravable, más colombianos estarían obligados a declarar impuesto a la renta.

A la lesión a los consumidores con la reforma tributaria se suma la protesta en contra del TLC, punto de especial relevancia en la marcha. Los amplios sectores de la población potencialmente afectados con la firma del TLC fueron el motivo de la protesta, en donde se rechazó enfáticamente la globalización neoliberal y la imposición de recetas provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y otros organismos internacionales.

El TLC, de acuerdo a las fuerzas que convocaron la jornada de protesta, implica la imposición de políticas tendientes a privatizar los servicios públicos y, de manera general, a desconocer las obligaciones estatales de inversión social y desarrollo para la población más vulnerable.

Adicionalmente, en todo el país se rechazaron las medidas destinadas a la privatización de los servicios públicos, la educación, la seguridad social y las empresas del Estado. En el caso del ISS, se expresa una gran preocupación por la inminente liquidación de la principal institución de seguridad social de la nación, lo que se está demostrando con el desconocimiento de obligaciones pensionales y en materia de salud por parte del Estado, lo que implica la entrada de multinacionales de la industria de la salud y de los fondos de pensiones a definir como negocio el derecho a la salud y a las pensiones de los colombianos, dejando así a los sectores más pobres a la deriva de las condiciones del mercado.

Así, ya no se habla de 'paciente' o de 'estudiante', sino de 'cliente' de las multinacionales, situación contra la cual se manifestó, hoy en la tarde, la inconformidad de los miles de marchantes. Las voces de estudiantes y profesores del SENA exigieron una educación de calidad y pública, pues las generaciones venideras tienen derecho a la educación y al desarrollo equitativo. Plasmar ideas acerca de la importancia de la educación pública en la sociedad fue un objetivo de la manifestación de los integrantes de FECODE. Así mismo, centenares de estudiantes de secundaria salieron a las calles a exigir del gobierno que no continúe con las privatizaciones y cierres de colegios y universidades públicas.

La privatización de Ecopetrol fue otro de los puntos álgidos que destacaron los manifestantes. Las intenciones del gobierno de vender el 20% de las acciones totales de la Estatal Petrolera, siguiendo un procedimiento similar al que se empleó hace meses para entregar un 51% de la Refinería de Cartagena a la multinacional Glencore, y la constante persecución contra el sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO) fueron denunciados en múltiples arengas y consignas. Antonio Navarro, vocero del PDA en el Congreso, resaltó que "Ecopetrol es patrimonio de los colombianos y aquí vamos en contravía de lo que está pasando en América Latina, donde se está nacionalizando el petróleo", señalando, además, la reciente militarización de las oficinas de Adpostal, seguida de la liquidación de la institución.

En materia de servicios públicos domiciliarios, los sindicatos de la telefónica ETB y del Acueducto de Bogotá, estuvieron presentes: se rechazó la venta de acciones de la ETB a capitales transnacionales y, del mismo modo, que se exigió la no comercialización de la fuente de agua de Chingaza, pues el agua es el recurso natural esencial y vital de todo ciudadano, del cual no deben apropiarse agentes privados.

Por otro lado, de forma reiterada y generalizada, fue interés de los manifestantes reclamar por unas condiciones dignas y justas de trabajo estable, ante lo cual el principal tropiezo, son las políticas que flexibilizan las relaciones de trabajo y acaban la contratación en condiciones dignas. A través de sucesivas reformas laborales, como la consagrada en la Ley 789 de 2002, se vienen lesionando los derechos constitucionales de los trabajadores, al permitir al empleador manejar todas las condiciones de los mercados laborales, generando condiciones de trabajo cada vez sean más precarias, desapareciendo de facto los derechos a la estabilidad laboral, a la libre asociación, a la seguridad social, etc., situación que se agrava de manera considerable con la precariedad del salario mínimo, punto en el cual, las centrales de trabajadores fueron enfáticas en manifestar su inconformidad con la imposición de un salario mínimo que no se ajuste a las necesidades de los sectores vulnerables de la población.

El rechazo masivo a estas medidas es un llamado claro de una sociedad que busca salidas concretas a sus principales necesidades y busca construir un país diferente. Al clientelismo manejado en las esferas gubernamentales, dirigido a la privatización de los servicios públicos, la educación y la seguridad social, con el consecuente desconocimiento de las obligaciones estatales, a las políticas autoritarias y represivas del gobierno de Álvaro Uribe, los sectores populares contestan de nuevo con la legitimidad de la movilización y hacen un llamado a que estos problemas sean observados de manera crítica por la sociedad.

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