Rechazo indígena a la presión institucional de limitar la resistencia y detener los
procesos de liberación de la madre tierra

El 3 de septiembre próximo se cumple un año de iniciado el proceso de Liberación de la
madre Tierra, en la finca La Emperatriz, mecanismo con el cual los indígenas Nasa de la
zona norte del Cauca buscaron que de una vez por todas el gobierno nacional identificara
los mecanismos para que el Estado hiciera efectivo el mandato de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para indemnizar a las víctimas de la Masacre del
Nilo, ocurrida en diciembre del año 1991.

Las autoridades indígenas alertaron en su momento por la presencia amenazante de la
fuerza pública, así como por el lenguaje bélico y tendencioso usado por los funcionarios
del Estado, entre ellos el gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera. Luego la
opinión pública conoció las acciones excesivas de de que hizo gala el Esmad como fuerza
represiva del Estado, ocasionando innumerables heridos, así como daños en los predios
ocupados por las comunidades indígenas.

A pesar de la incomprensión institucional, el gobierno nacional accedió a escuchar la
palabra de los pueblos indígenas y a formalizar mecanismos que permitieran cumplir su
compromiso adquirido en el convenio NILO, en mediano plazo, de reposición integral por
los daños causados a la convivencia, al territorio y la identidad del pueblo Nasa del norte
del Cauca.

Más tarde, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2005, varias
comunidades indígenas, tanto nasas y guambianos como Totoroes, kokonukos y
yanaconas prosiguieron el proceso de Liberación de la Madre Tierra en 16 predios de 7
municipios del Cauca, entre ellos la Finca El Japio, informando de esta forma a la opinión
nacional e internacional sobre la falta de cumplimiento del Estado nacional a los tantos
acuerdos y compromisos adquiridos con las comunidades indígenas y organizaciones de
este departamento. La coherencia de las reclamaciones hizo que el gobierno nacional
firmara un acta de cumplimiento el 16 de diciembre del año pasado.

En sentido de lo anterior, diversas iniciativas zonales vienen reflexionando sobre lo
sucedido desde entonces, observando con preocupación, que el cumplimiento por parte
del gobierno nacional ha sido mínimo para hacer operativo los compromisos, en especial
los del Nilo y Caldono sobre los que se explicitó un carácter urgente. Por el contrario, a
pesar de la voluntad que los delegados institucionales han expresado en las múltiples
reuniones realizadas, igual que a través de los medios de información, lo que se observa
permanentemente es la invención de argumentos amañados para evadir los compromisos
adquiridos.

Preocupa sobremanera la propuesta de ley presentada por el Gobierno Nacional al
Congreso de la República para reemplazar la ley 160 de 1994 donde se ha incluido, en
franco desacato de la Constitución Nacional, la iniciativa de la politiquería local, con la
cual, a través de los Planes de Ordenamiento Territorial, POT municipal, y los Consejos
de Desarrollo Rural, CDR, se prohíbe la venta de tierras a las comunidades indígenas en el Cauca. Así, de un plumazo, nos convierten, nuevamente, en extranjeros de nuestra
propia tierra, reactivando desde el Estado el sentimiento de segregación y discriminación
racial que se conservó en Colombia hasta finales de siglo XX contra los indígenas y las
comunidades afrodescendientes.

Hoy se reproduce la alianza tácita e histórica entre el Estado y los latifundistas para, a
través de instrumentos jurídicos, vulnerar los derechos y negar las garantías a las
comunidades indígenas. Por una parte, se observa la búsqueda de normatividad para
prohibir el derecho a la propiedad colectiva, tal como lo ha propuesto la Reforma a la Ley
agraria, y por otro, la apertura de procesos punitivos con los cuales no solo se amedrenta
a los pueblos, sino que se vulnera su sentimiento y posibilidades de libertad, tal como está
sucediendo en contra de más de 15 dirigentes y autoridades tradicionales, tanto del orden
local como zonal y regional, responsabilizándolos de los daños causados por la fuerza
pública en las haciendas el Japio y la Emperatriz.

Otra forma de presión para facilitar el despojo a los indígenas de los terrenos en litigio o
de los territorios ancestrales se observa con el señalamiento que hacen los voceros
institucionales afirmando que los reclamantes actúan bajo presión de los grupos al
margen de la ley o son militantes de éstos, por lo cual han realizado de forma indebida
detenciones masivas. Igual sucede con los continuos allanamientos a los territorios
indígenas por parte de los actores de la guerra, así como los combates entre los actores
armados donde las víctimas civiles hacen parte de los reportes de victoria dados por los
diferentes ejércitos.

Ante la situación descrita, las comunidades y las autoridades tradicionales indígenas
expresan que no se puede permitir a la llamada política de seguridad democrática
convertirse en normatividad estatal ni que las instituciones de la rama jurisdiccional de la
nación colombiana defiendan solamente al gran capital en detrimento de las mayorías
pobres o que continúen siendo instrumentos de las necesidades y directrices del actual
gobierno, olvidando el mandato Constitucional de la independencia de los poderes en
Colombia.

Desde ya, los gobernadores de cabildos del cauca, las autoridades zonales y los
Consejeros mayores CRIC, manifestamos:

1. Nuestro rechazo a esta nueva forma de presión institucional que busca limitar la
resistencia indígena .

2. Nuestro apoyo y solidaridad con las personas que están siendo procesadas por la
liberación de la madre tierra, ya que ellas fueron identificadas por ser lo voceros de
la defensa de los derechos de los movilizados, reclamar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el estado colombiano y estar en contra de los excesos
de la acciones de la fuerza pública, no por haber cometido actos ilícitos.

3. Que el Gobierno colombiano respete los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, en especial todo lo referido al no involucramiento de los
civiles en el conflicto armado.

4. Que todas las comunidades indígenas del Cauca, nos declaramos en asamblea
permanente y estaremos prestos a tomar decisiones oportunas en procura de
garantizar los derechos humanos y el debido proceso de quienes han sido
llamados por la fiscalía.

5. Nuestro llamado a las organizaciones campesinas, afros, sectores sociales
urbanos y comunidad nacional e internacional, en especial a los organismos y
personalidades de los derechos humanos para que estén atentos de esta situación
y exijan del gobierno colombiano acatar la Constitución Política, observar el debido
proceso y cumplir con eficiencia y celeridad los compromisos adquiridos con las
comunidades y organizaciones indígenas del Cauca.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC

Popayán, agosto 31 de 2006