URGENTE-URGENTE-URGENTE

EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI EN CONJUNTO CON DERECHO PREVENTIVO & DERECHOS HUMANOS Y LA RED DE DERECHOS HUMANOS ISAÍAS CIFUENTES

COMUNICAN

1- En este momento 4:00 PM del día 19 de mayo estamos en tiempo real recibiendo información angustiosa de los campesinos, afro descendientes e indígenas desde la vía Pasto Tumaco que en número de cerca de 17.000 personas ejercen el derecho constitucional a la movilización y a la protesta pero agredidos cruentamente por la fuerza pública.
2- Que desde las tres de la tarde se reinició la agresión estatal a los manifestantes de esta región de Nariño.
3- Informan los manifestantes que se les dispara con armas de fuego.
4- Que huyen despavoridos niños, ancianos, mujeres y manifestantes por los montes aledaños.
5- Solicitan ¡que cese el fuego! a la población desarmada.
6- Hay desaparecidos y heridos.
7- Requieren urgentemente ambulancias y atención médica y hospitalaria.
8- Que exigen se conforme inmediatamente la Mesa de Negociación.

CDH-USC
La Dirección
Cali Mayo 19 de 2006 4:00 PM








CATÁSTROFE HUMANITARIA EN COLOMBIA
¡QUE CESE EL FUEGO¡

EL CANDIDATO PRESIDENTE URIBE VULNERA EL DIH
Y AGREDE BRUTALMENTE AL PUEBLO
EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO



DECLARACIÓN PÚBLICA DE DP&DH Y CDH-USC

La acción cruenta ejercida por el estado colombiano vulnera los derechos humanos

DERECHO PREVENTIVO & DERECHOS HUMANOS
Y EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI:

Reconocemos como justas las movilizaciones convocadas por el Proceso de Unidad Popular del sur occidente colombiano que se están realizando en el Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo pues ellas se enmarcan en el ejercicio de los derechos fundamentales constitucionales que el estado debe proteger y el pueblo ejercer.

Consideramos que convertir la problemática social en problema de orden público no ayuda a resolver los graves problemas sociales, económicos, culturales, étnicos, políticos, de tierra y humanitarios que el estado agrava penalizando y agrediendo innecesariamente la protesta social, derecho consignado constitucionalmente.

Llamamos a las Instituciones estatales a garantizar la libre movilización de la protesta respetando TODOS los derechos constitucionales y a suspender inmediatamente las acciones cruentas contra la población manifestante; pues de lo contrario el estado con esas agresiones se está deslegitimando a si mismo. Indicamos que cada vulneración a los derechos humanos es la deslegitimación del estado y del régimen político imperante.

Convocamos a los organismos de control a iniciar lo que le competa a cada uno para investigar y sancionar a los agentes estatales y servidores públicos civiles, policiales y militares que por acción u omisión hayan atentado y estén atentando contra la vida e integridad personal, salud, educación, bienes, justicia, libertad, paz, convivencia, opinión, conciencia, familia y territorio de los manifestantes.

Recordamos al estado , sus agentes y servidores públicos que el derecho fundamental constitucional de los colombianos a la vida es inviolable, desde que empieza la vida hasta su muerte, e igualmente tienen derecho a vivir con dignidad, pues el derecho a la vida es esencial entre los esenciales, ya que ningún otro se puede ejercer desligado de este. Los derechos derivados son también fundamentales por conexidad, lo reafirmó la Sentencia SU442/97.

Reiteramos que las acciones cruentas de agentes estatales contra la población civil manifestante, vulneran notoria y claramente los derechos fundamentales constitucionales, incluidos los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso teniendo en cuenta que los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política Colombiana se interpretan de acuerdo con los Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, y además se prohíbe limitarlos aún en estados de excepción.

Reafirmamos que es deber del estado no sólo la difusión y promoción de los derechos humanos sino su protección y, lo fundamental, garantizar que los residentes puedan ejercerlos libremente. En caso contrario se configuraría un estado autoritario de rasgos fascistas.

Solicitamos que el Señor Ministro del Interior y de Justicia en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales responda las peticiones expresadas por el Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano y se de apertura a la Mesa de Negociación con los manifestantes y peticionantes.

Proponemos a las partes aceptar nuestra disposición para participar con nuestra experiencia de acompañamiento jurídico y humanitario en la Mesa de Negociación propuesta en la Carta Petición que el Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano dirigió al doctor Sabas Pretelth de la Vega Ministro del Interior y Justicia, e igualmente remitida a nosotros.

Con todo respeto

Athemay Sterling
Director

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derechopreventivo@telesat.com.co
derechoshumanos@usc.edu.co

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