DENUNCIA PÚBLICA


Las comunidades de las veredas: La Paz , Cuatro Esquinas, El Diamante, El Oasis, Las Palmeras, Santa Ana, Fundación, La Victoria , Rosa Blanca Aguachica, El Encanto y Puerto Caimán; reunidas el 12 de noviembre de 2006 en el caserío de Aguachica municipio de Arauquita DENUNCIAMOS ante la Defensorìa del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales los siguientes hechos que han alterado la tranquilidad y han vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestra jurisdicción:

1- El 28 y 29 de octubre a las 3:45 p.m. y las 4:30 p.m., la Fuerza Aérea realizo intensos ametrallamientos en las fincas Tasmania y Perfidia de propiedad del señor José Ángel y la señora Elvira Marin y en la finca de la señora Marina mahecha ubicadas en las veredas La Chiguira y Santa Ana, afectando las casas de habitación, el ganado y la fauna; la misma situación ocurrió el ocho de noviembre a la 1:30 p.m. , en las veredas Las Palmeras, Santa Ana, El Oasis y Aguachica creando pánico y zozobra en los habitantes de estas veredas.

2- En los operativos militares el Ejército ocupa permanentemente las fincas, casas y escuelas violentando la intimidad personal y familiar vulnerando de esta forma el DIH, que prohíbe la vinculación de los civiles y los centros educativos en el conflicto.

3- Continúa la estigmatización y persecución contra el campesinado que vive en medio del conflicto en esta jurisdicción, pues el Ejército y la Fiscalia de la mano de supuestos reinsertados e informantes pagos involucran en los montajes judiciales a humildes campesinos a quienes se les violan sus elementales derechos y el debido proceso. Es inexplicable que la Fiscaliza y la fuerza Publica le de credibilidad a sujetos de dudosa reputación en la sociedad como: MANUEL PRADA REY y EDILSON PRADA REY alias los Picochulos, o WILFREDO QUINTERO alias el Lechero, a ANÍBAL MONTAÑO alias Charriado y a alias Millar o Trola; individuos que la comunidad reconoce como estafadores y que han robado a los campesinos de la región, hoy por hoy siguen delinquiendo protegidos por el estado y dañando la imagen, buen nombre y honra de quienes su único delito es producir los alimentos para los habitantes de los cascos urbanos de nuestros municipios y las grandes ciudades del país.


Exigimos se detenga la estigmatización, la persecución, los montajes judiciales, las detenciones selectivas y masivas de campesinos, se aplique el derecho de distensión a los no combatientes, se respete el debido proceso a las personas arbitrariamente privadas de la libertad y que el gobierno regional y nacional en ves de tanta represión paguen la deuda social que tienen con el campesino invirtiendo en proyectos productivos para alcanzar la paz.


Aguachica, noviembre 12 de 2006.


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