Boletín 135
Comunicaciones ONIC
Jueves 28 de Septiembre de 2006
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FORO POR LA VIDA Y DIGNIDAD ALERTÓ SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE LESIONAN DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS


El desarrollo de una política perversa en contra de los pueblos indígenas por parte del Estado colombiano, como quiera que no se tienen en cuenta las necesidades y características de los pueblos y comunidades nativas en el marco del estado social de derecho que enmarca la Constitución Política de Colombia, fue una de las principales conclusiones que arrojó el Foro Nacional por la Vida y Dignidad de los Pueblos Indígenas de Colombia que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá.

En este evento, que sirvió como escenario para las conclusiones de la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, se estableció que la crisis humanitaria que hoy padecen las comunidades indígenas se constituye en un proceso histórico ligado a procesos estructurales relacionados con la profundización de un modelo económico donde se privilegia lo militar sobre lo político.

Los participantes en el Foro, incluyendo a los representantes de los organismos internacionales, resaltaron la falta de voluntad política por parte del Estado colombiano para cumplir con los tratados internacionales, principalmente el Convenio 169 de la OIT, y las recomendaciones que en materia de derechos humanos han realizado el G-24 y las Naciones Unidas, en particular las presentadas en el 2004 por Rodolfo Stavenhagen, relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

En el marco del evento se manifestó la preocupación por la violación constante de los derechos de las comunidades indígenas en Colombia, donde la acción u omisión recae en los agentes del Estado. Dicha denuncia está respaldada con la presencia de la fuerza pública en el corazón de los resguardos, la cual utiliza escuelas y colegios como bases militares, además de instalar trincheras en medio de la población civil.

De manera reiterativa se alertó sobre la configuración de un conjunto de reformas legales y constitucionales que se diseñan en contravía de los derechos de los pueblos indígenas, en las que se avizora la amenaza constante y reiterada contra los territorios, sin acudir a los mecanismos de Consulta Previa.

De igual forma, se advierte la preocupación por el papel que desempeñan la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación con respecto a su tarea de obligatoria protección de los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, las investigaciones por desplazamientos, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos contra líderes indígenas en el país hasta ahora no han arrojado resultados efectivos y eficaces, todo esto sumado a la presencia y las actuaciones paramilitares en los resguardos, quienes han terminado amparados bajo la ley de Justicia y Paz, hoy denominada por algunos “Ley de la Impunidad”.

Las recomendaciones planteadas ante tal situación de crisis humanitaria y proceso de pacificación fueron las siguientes:

Exigir al gobierno actual que deje de burlar y cumpla los acuerdos convenidos, tratados internacionales y recomendaciones en materia de respeto a los derechos indígenas, realizados por las diferentes instancias internacionales que velan por el ejercicio pleno de las libertades, garantías y derechos de los pueblos indígenas de Colombia.

Exigir al gobierno y al Estado la verdad sobre muertos y desaparecidos, recuperación de la memoria y el desmonte de la estructura paramilitar que hoy los quiere extinguir; además de garantizar los recursos necesarios para formular e implementar una propuesta de paz de los pueblos indígenas de Colombia.

Exigir al Estado colombiano el retiro inmediato de la fuerza pública y militares extranjeros de los territorios indígenas.

Exigir al Gobierno Nacional, en virtud del genocidio y la discriminación que hoy se cierne sobre las comunidades, la formulación e implementación, con los recursos necesarios, de una política pública de carácter estatal para garantizar la atención y protección de los pueblos indígenas.

Exigir al Gobierno Nacional la investigación eficaz y el cumplimiento efectivo del mandato constitucional respecto del abuso sexual y las arbitrariedades cometidas por la fuerza pública en contra de las mujeres indígenas.

Exigir al Gobierno Nacional el inmediato cumplimiento de los acuerdos establecidos con las comunidades indígenas y la inmediata adecuación de los proyectos de ley que amenazan sus territorios, según la normatividad internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas.

Solicitar a la comunidad internacional que la cooperación destinada para los pueblos indígenas sea otorgada con base en el reconocimiento y acompañamiento de organizaciones y autoridades propias, es decir, tomando en cuenta el ejercicio del gobierno y justicia propia en referencia a sus planes de vida.

Establecer una Mesa de Trabajo integrada por las agencias del sistema de Naciones Unidas y las organizaciones de los pueblos indígenas, con el propósito de articular agendas y acciones conjuntas que permitan el desarrollo de modelos económicos propios, la efectiva garantía de los derechos de los pueblos indígenas y el control sobre los territorios ancestrales.

La Organización Nacional Indígena de Colombia reiteró su compromiso indeclinable, en aras de continuar con un trabajo que permita el cumplimiento de las conclusiones arrojadas por el Foro que contó con la participación de un alto número de organizaciones indígenas del país.

CONCEJO NACIONAL INDÍGENA DE PAZ
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