colombiainedita

2007-05-16T12:41:00.000-07:00

En las entrañas de una verdad inconclusa
[ 05/15/2007] [ Fuente: El Espectador ] [ Autor: Hollman Morris ]

El regreso de los muertos
Dolorosa crónica sobre macabros hallazgos en las fosas comunes que los paramilitares dejaron a su paso por el Putumayo.

"Los muertos contarán la historia", expresó exhausto el joven antropólogo después de exhumar algunos restos de personas en el lejano municipio de La Dorada, en la selva del Putumayo. Tras varios días de trabajo, como los demás miembros de la Comisión de Justicia y Paz de la Fiscalía desplazada al sur del país, el avezado profesional quedó estupefacto con el macabro descubrimiento. La muerte sólo dejó en la región el estigma de una espantosa guerra sucia.

A cargo del fiscal Juan Carlos Goyeneche, la comisión partió de Puerto Asís protegida por un grupo de policías y detectives. Junto a los miembros de la Fiscalía, una odontóloga, un antropólogo y dos biólogos bien armados. Luego de dos horas de viaje por una maltrecha carretera, al llegar al puente sobre el río Guamuez, la comisión se detuvo en un retén militar. El nerviosismo sacó de su mutismo a los viajeros. "Está oscureciendo y nosotros aquí", comentaban.

En su fuero interno, ninguno descartaba un ataque de la guerrilla, o de las Águilas Negras o de Los Rastrojos, que operan en la zona. El retraso implicó que se rompiera el sigilo de la operación. Unos a otros se preguntaban: ¿Por qué para estos casos no puede contarse con un helicóptero? Pasado el tiempo, el Ejército autorizó el acceso y la Comisión de Justicia y Paz siguió en su misión: buscar en las fosas los rastros de la verdad del paramilitarismo en el sur de Colombia.

Ya en La Dorada y en horas de la madrugada, comenzaron a repetirse los tropiezos. "Alcalde, préstenos unas palas", reclamó uno de los funcionarios judiciales cuando empezó la excavación. "¿Alguien tiene para la gasolina de los carros?", preguntó otro. Y la noticia del arribo de la comisión se regó como pólvora en el pequeño pueblo de escasos 6.000 habitantes. Por eso, en pocos minutos, Héctor Mayorga, detective adscrito a la Dijín, ya estaba comprometido con familiares de víctimas a regresar al casco urbano con respuestas.

Con una carpeta bajo el brazo y una decena de fotos con los retratos de las víctimas, Mayorga se encaminó con los demás al sitio conocido como "La Marranera". Una vez en el lugar, el antropólogo Jaime Castro empezó a dar las instrucciones para iniciar el trabajo. "Todos en hilera, pendientes de las deformaciones del terreno o donde cambia de color la vegetación. Si detectan estas modificaciones, me llaman". En pocas palabras, una especie de "operación rastrillo" para encontrar muertos.

Doce banderas

No pasaron muchos minutos cuando alguien llamó la atención sobre una ondulación del terreno y de inmediato se clavó el primer barrero, una varilla alargada con una especie de tenazas en el extremo. Con manos de cirujano, el antropólogo tomó una muestra de tierra, la olió, observó el color de la tierra y dijo: "Aquí puede haber restos". El topógrafo levantó un croquis, comenzó la excavación y rápidamente aparecieron unas botas y los restos de un hombre. A su lado, un cráneo sin esqueleto adyacente.

"No es uno, son varios cadáveres", señaló el antropólogo y luego empezó a dibujar en la tierra un cuadrado. En su perímetro, poco a poco fueron apareciendo más restos de hombres y a cada hallazgo un comentario técnico doloroso: "esta fractura de fémur fue con machete y se nota que fue un cuerpo desmembrado". Horas más tarde, un confeso joven paramilitar corroboró la tesis del antropólogo: "En esta guerra había que descuartizar a la gente viva". Un cráneo con dos orificios. "El disparo dejó el mentón pegado al pecho".

Así pasó la tarde calurosa y acompañada de una romería de personas, la mayoría mujeres, pendientes de noticias. "Estos son hilos de un collar de mujer", "Este es un antebrazo", y del hueso colgando un reloj que quedó marcando las cuatro de la mañana o de la tarde. La carta de identidad de un ecuatoriano, y ante cada resto el aporte de una entomóloga, es decir, de una bióloga experta en insectos; de una odontóloga examinando dientes intactos; de un fotógrafo captando retazos de prendas; y de policías y soldados que no se atrevieron a mirar.

Al final de la jornada, quedaron en la explanada doce banderas rojas que señalan doce fosas y que sumadas demuestran que aquello fue un campo de exterminio y después un cementerio clandestino. El antropólogo concluyó con un interrogante: "¿Sí ve?, los muertos cuentan sus historias". Y fueron cinco días más, y más de 20 cuerpos desenterrados. Después empezaron a llegar hombres y mujeres para contar lo que hasta entonces nunca habían dicho: "Un día llegaron los paramilitares que operaban en la Dorada y se llevaron a nuestros hijos".

Llegaban temerosos, con la cabeza gacha y hablando en voz baja, pero después de los hallazgos empezaron a recordar: "El Personero siempre nos dijo que si queríamos vivir no denunciáramos". En esas apareció una mujer llamada Nancy Galárraga, y de su mano su sobrina de seis años. Suspiró más de una vez, al final tomó fuerzas, y así explicó su caso: "Fue el 1º de enero de 2000. Con mis hermanas fuimos citadas a 'La Marranera' por el comandante Asprilla. Y el hombre me dijo que no me preocupara, que regresara y que las muchachas volvían más tarde. Nunca lo hicieron".

Desde ese primero de enero sigue esperando a Juliana, de 23 años; a Martha y Lucrecia, mellizas de 18, y a Susanita, de 13. Y desde ese día quedaron huérfanos tres niños. Todos en La Dorada recuerdan el caso de las hermanas Galárraga. "Eran muchachas muy alegres, salían los fines de semana a los ríos, a vender comida en los paseos". La madre estuvo al borde de la locura porque además de arrebatarle a sus hermanas, los paramilitares le quitaron la casa. Sin embargo, todos los días, durante el tiempo que aquellos se pasearon por el pueblo a la vista de todos, no dejó de preguntarles a los comandantes por la suerte de sus hijas.

El día de las excavaciones, medio pueblo estaba pendiente de las Galárraga. Pero no era la única expectativa. Un joven moreno que ayudó a echar pala como loco y andaba con la Policía, parecía el más ansioso. Era un confeso paramilitar que después fue señalando el sitio de nuevas fosas en la vereda El Placer. Cuando tomó confianza, fue develando crudos pasajes de horror. "Me llamo Róbinson y llegué al Putumayo reclutado en Buenaventura. Me prometieron sueldo de $700.000 y me dijeron que no tenía que matar sino cuidar laboratorios, pero todo fue engaño. Lo descubrí rápidamente".

A su amigo

El confeso paramilitar tomó un segundo aire y agregó: "Un día los comandantes llegaron al pueblo con varios civiles amarrados y, de repente, uno de ellos dio una orden perentoria: Los nuevos salgan de la fila y fórmense. Y delante de ellos, el comandante alias Maluco agarró del cabello a uno de los civiles y delante de todos le clavó el cuchillo en la garganta. Luego dijo sonriente: 'Esto se hace para que no puedan gritar'. Y luego explicó sin inmutarse que había que tener cuidado con no cortar la yugular, porque la idea era que sufrieran".

"Algunos paracos alcanzaron a desmayarse, pero durante los cuatro años que estuve con los paramilitares, descuarticé a nueve personas". Una de ellas fue a su propio "lanza", es decir, a su mejor amigo. El muchacho contó que tuvo que hacerlo porque quiso desertar del grupo. Entonces lo obligaron a descuartizarlo vivo. El espontáneo narrador hizo silencio, clavó su mirada en el piso, y confesó con amargura: "Me dieron ganas de vomitar, pero tuve que sacarle los órganos, porque si no, me mataban".

Todos quedaron estupefactos. Y el muchacho habló de nuevo: "Había otro comandante a quien llamábamos Muela Rica, porque obligaba a sus víctimas a comer carne humana. Hasta a nosotros nos decía que había que aprender para que no muriéramos de hambre. Cogía los lados más gordos del cuerpo —y señaló su antebrazo y las nalgas— y los cortaba con cuchillo, los echaba a una paila llena de aceite y, a punta de pistola en la cabeza, obligaba a la gente a comer. Después decía que había que beber sangre para saciar la sed de matar".

Después el muchacho se aburrió de recordar y antes de partir con los policías que lo custodiaban, reconoció que quería pedirles perdón a sus víctimas, pero no sabía cómo mirarlas a la cara. Hoy sabe que en cualquier momento lo pueden matar, que algunos de sus antiguos compañeros lo buscan para asesinarlo. Tuvo educación, alcanzó a estudiar un semestre de sistemas, es hijo de una profesora de español, pero un día se dejó arrastrar por el ciclón de la violencia. Ahora, lejos de sus andanzas y en espera de pronta justicia, asombra a todos y concluye: "Yo lo que quiero es estudiar criminalística y ciencias forenses".

Termina su relato y otro confeso paramilitar empieza el suyo: "Un día íbamos por el río San Miguel y observamos a unos guerrilleros en El Afilador. A los pocos días, el comando Cali ordenó sacar a toda la gente de El Afilador a la cancha. Parecía un allanamiento. Entramos tumbando puertas, sacamos a la gente y a todos los hicimos arrodillar. Las mujeres gritaban, los hombres guardaban silencio. Los asesinamos a todos, entre ellos a 15 mujeres. Un comandante mató a dos niños que lloraban la muerte de su madre".

El Tigre

Días después, la Comisión de Justicia y Paz regresó al Putumayo. Esta vez a la vereda El Tigre, del municipio de La Hormiga. Desenterraron 20 cuerpos. En medio de los trabajos, apareció la guerrilla y hostigó a los militares que vigilaban la entrada al Valle del Guamuez, a escasos kilómetros del sitio de los hallazgos. Cuando sonaron los disparos, hasta el antropólogo, el fotógrafo y el topógrafo desenfundaron sus armas. El hostigamiento duró apenas 10 minutos, pero continuó el trabajo.

Con demasiado silencio porque los campesinos de la zona prácticamente vivieron secuestrados durante los últimos cuatro años. Sin embargo, en medio de la desolación colectiva, un muchacho identificó el cadáver de su padre, un ex policía. Y en medio de la tragedia volvió a surgir el enigma de las hermanas Galárraga. Entonces alguien dijo que el comandante Asprilla sabe el sitio donde están enterradas. No obstante, hasta hoy no se han podido ubicar. Tampoco a Asprilla, de quien se sabe que ahora comanda a un grupo de sicarios en el Valle.

"Como él, hay muchos que siguen libres", comenta Róbinson. Y añade: "Es que es difícil cambiar la vida de un día para otro". Luego admite que estuvo en diferentes albergues por problemas de drogadicción. ¿Cuántos como él pueden seguir en la calle?, pregunta uno de los funcionarios judiciales en la ruta de regreso a Puerto Asís y después a Bogotá. Nadie lo sabe. La mayoría del país desconoce también que en apenas cinco años, en el Putumayo murieron masacrados centenares de colombianos anónimos que apenas ahora cuentan sus historias desde sus despojos .

Recuerdo amargo de una masacre

En la noche del 9 de enero de 1999 un grupo de paramilitares entró a sangre y fuego a la inspección de policía de El Tigre, jurisdicción de La Hormiga (Putumayo), y ordenó al administrador de la planta eléctrica a pagar la luz. A partir de ese momento fue el horror. Los 30 'paras' fueron sacando violentamente a sus víctimas de las casas, fusilando a unas en la calle y a otras degollándolas para luego echarlas a las aguas sobre el río Guamuez. El resultado de esa absurda locura de los asesinos fue 26 civiles muerte y 14 desaparecidos. No contentos con la masacre, se acercaron a una bomba de gasolina para incendiarla y de paso quemar el pueblo. No pudieron, pero en la memoria colectiva quedó grabado ese día de horror y muerte.

Paramilitarismo/Apoyo militar a las AUC, vieja denuncia sin oídos

2007-05-16T12:33:00.000-07:00

Apoyo militar a las AUC, vieja denuncia sin oídos

A las víctimas no las sorprendió la afirmación de Mancuso de que tres generales del Ejército participaron en la expansión del paramilitarismo en el país. ¿Por qué? Análisis.
Por Juan Diego Restrepo E.

Fecha: 05/15/2007 -
Los detalles narrados por el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso sobre los generales Rito Alejo del Río, Iván Ramírez Quintero y Martín Orlando Carreño Sandoval, y sus aportes a la expansión del proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la región de Urabá, Córdoba y Chocó son viejas denuncias que en su momento no tuvieron oídos. Por eso, a las víctimas que estaban este martes en la Fiscalía las revelaciones del desmolizado no las sorprendió. Por el contrario, ellos -aseguraron- sabían bien esas páginas de la historia.

Mancuso expuso cómo Del Río y Carreño Sandoval participaron de manera directa en la expansión y consolidación de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandadas por Carlos Castaño, cuando se desempeñaron, respectivamente, como comandantes de las brigadas XVII, asentada en Carepa, y la XI, con sede en Montería.

Si bien todas las denuncias de la época eran rechazadas por los gremios empresariales, los mismos militares y funcionarios de Estado de alto nivel, la fuerza de la prueba llevó al juez Pedro Díaz a proferir en una orden de captura que se hizo efectiva el 21 de julio de 2001.

La detención se basó en las pruebas acopiadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tras tres años de investigación al general Del Río por su participación en el asesinato y desaparición de más de 1.200 personas durante los años 1996 y 1997, cuando se desempeñó como comandante de la Brigada XVII. No obstante, fue ex carcelado el 6 de agosto del 2001 y el 9 de marzo de 2004 el entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, precluyó la investigación.

Quien pasó de bajo perfil fue el general Orlando Carreño Sandoval. Sobre su paso por la Brigada XI no existen investigaciones en sus nexos con el paramilitarismo, así como tampoco cuando reemplazó a finales de 1997 a Rito Alejo del Río en la Brigada XVII. Su paso por la Fuerzas Armadas lo llevó a ser Comandante del Ejército Nacional, cargo al que llegó en noviembre de 2003 y del cual salió a finales del 2005. Hoy aspira a ser gobernador de Santander.

Sin oídos

Uno de los documentos más detallados que complementa lo afirmado por Mancuso es el texto Pasión y muerte de un informante, del sacerdote jesuita Javier Giraldo, citado además en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia adelantado por el senador Gustavo Petro el 17 de abril pasado.

El prelado hizo un recuento del proceso y posterior muerte del soldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, asesinado el 2 de abril de 2005 en Yarumal, Antioquia, por describir las relaciones entre los militares de diversas guarniciones en Antioquia y las Auc.

De acuerdo con sus declaraciones, “el General Rito Alejo Del Río llegó a Mutatá rodeado de paramilitares para enfrentar los combates con la guerrilla en La Llorona y de allí se comunicaba con el “Mono Mancuso”, líder paramilitar. La oficina de dicho General era frecuentada por paramilitares que iban allí a planear muchas cosas. Los paramilitares entraban sin problema a la Brigada XVII donde el General Del Río les daba confianza; dicho General más bien le temía a los soldados regulares, pues pensaba que la guerrilla podía infiltrarlos para matarlo”.

En una segunda declaración ante la Procuraduría, realizada el 23 de febrero de 1999, Giraldo Yepes dio más detalles contra Rito Alejo Del Río: “El General Del Río era el que daba las órdenes a los comandantes de batallón y sus directrices eran trabajar con los paramilitares y hacer “legalizaciones”.

Él mismo era escoltado por paramilitares y a la Brigada entraban los principales líderes de éstos, como Mario Pragas, Mancuso, “Negro Fino”, “Jota Jota”, “Cero Cero”, “La Zorra”. Afirma que el General les decía que el apoyo a los paramilitares por parte del Ejército debía ser “A-1” (o sea de máxima prioridad)”.

Giraldo Yepes también señaló al entonces coronel Martín Orlando Carreño Sandoval, en esa época comandante de la Brigada XI, con sede en Montería, y luego de la XVII, de Carepa. “Él también apoya a los paramilitares. Los líderes paramilitares de Valencia y Tierralta iban a la Brigada a ofrecer trabajo para los soldados y el General Carreño le pedía al Mayor que escogiera los mejores”, aseveró el soldado.

Pero la de Giraldo Yepes no fue la única voz que se escuchó en contra de los dos generales comprometidos en las declaraciones de Salvatore Mancuso. En el informe de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conceptuó que “en virtud del alto nivel de interacción entre las fuerzas paramilitares y las tropas del Ejército dentro de su jurisdicción, la Comisión considera que, salvo que se esté tratando de una palpable inefectividad y falta de control sobre sus tropas, es claro que el General Rito Alejo del Río debía tener conocimiento (...) de la presencia de los paramilitares en el área y de la cooperación entre sus hombres y aquellos grupos”.

“A pesar de las múltiples quejas acerca de la colaboración entre el Ejército y los paramilitares en la jurisdicción de la XVII Brigada y la evidente seriedad de la situación, el Ejército nunca investigó la conducta del General Rito Alejo del Río en este aspecto. De hecho, el Ministerio de Defensa recientemente transfirió al General a una importante posición: Comandante de la XIII Brigada, una unidad militar que incluye a Bogotá bajo su jurisdicción. Es más, la propaganda oficial del Comando General del Ejército hace una referencia favorable de 1997 como el año de la "pacificación" de la región de Urabá”, indició la Comisión.

La Comisión hizo notar que en casos de actividades conjuntas entre paramilitares y militares, en especial aquellas operaciones que se llevan a cabo con el conocimiento de los superiores, los miembros de los grupos paramilitares actúan como agentes estatales. “Por ello, la Comisión está obligada, por lo tanto, a juzgar de acuerdo con la normatividad sobre los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, y advierte que las violaciones que estos cometan se toman por violaciones del Estado colombiano”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también hizo algunas referencias en sus informes sobre derechos humanos. En el documento correspondiente a 1998, el Departamento de Estado advirtió: “Los comandantes militares locales y los grupos paramilitares llegaron a acuerdos tácitos en algunas regiones, y los grupos paramilitares operaron libremente en algunas zonas que se encontraban bajo control militar. Las autoridades asignaron dos oficiales de alto rango quienes tienen vínculos con los grupos paramilitares a posiciones de alto liderazgo, entre ellos el Brigadier General Rito Alejo del Río Rojas”.

Otro informe de la época, llamado Guerra sin cuartel: Colombia y el derecho internacional humanitario, divulgado en 1998 por la organización no gubernamental norteamericana Human Rights Watch (HRW), da cuenta de las relaciones de Rito Alejo Del Río con los grupos paramilitares de la región de Urabá a partir de las declaraciones del coronel Carlos Alfonso Velásquez, jefe de estado mayor a las órdenes del general Del Río en la Brigada XVII y altamente condecorado por su persecución de los miembros del cartel de la droga de Cali, quien “informó a sus superiores de que su oficial superior apoyaba a los paramilitares en Urabá”.

“Como mínimo, no existe en el Señor Brigadier General Comandante de la Décimo Séptima Brigada un convencimiento de que la Delincuencia Organizada (llamados por la gente de la región Paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá,” informó Velásquez a sus superiores, según HRW.

A raíz de sus denuncias, conocidas por el entonces general Iván Ramírez, comandante de la Primer División del Ejército, Velásquez fue investigado y relevado de sus tareas diarias de jefe de estado mayor y, finalmente, retirado del Ejército el 11 de enero de 1997 con el argumento de haber cometido actos “contra la subordinación, contra el servicio y el compañerismo”.

Hoy, con los señalamientos de Salvatore Mancuso ante los jueces de Justicia y Paz, el general Rito Alejo Del Río recobra su protagonismo en la expansión del paramilitarismo en Antioquia, Chocó y Córdoba, y reviven las denuncias del pasado que, en su momento, no tuvieron oídos que escucharan.

*El autor de este artículo es miembro de la Agencia de Prensa IPC de Medellín, organismo que le ha hecho un detallado seguimiento a los procesos de violencia en Colombia.

Publicado en www.semana.com

Paramilitarismo/Ex jefe de las AUC también acusa a dos de los funcionarios más importantes del círculo del Presidente Uribe

2007-05-16T12:30:00.000-07:00

Ex jefe de las AUC también acusa a dos de los funcionarios más importantes del círculo del Presidente Uribe

Salvatore Mancuso aseguró que el Vicepresidente de la República, Francisco Santos, le pidió crear un grupo de paramilitares en Bogotá; y que el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le propuso a Carlos Castaño un acuerdo para derrocar de la presidencia a Ernesto Samper Pizano.

Fecha: 05/15/2007 -
Eran más de las tres de la tarde y los asistentes a la diligencia de versión libre del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso seguían esperando las prometidas revelaciones sobre los nexos de la clase política colombiana con las autodefensas. El edificio del Palacio de Justicia, en el complejo urbanístico del sector de La Alpujarra, en Medellín, acogía a decenas de víctimas y periodistas nacionales y extranjeros.

Ya durante la mañana sus revelaciones habían sido escandalosas. Mancuso confesó que fue entrenado por militares y que se asoció con varios ex comandantes de las Fuerzas Militares para cometer sus delitos (Ver artículo: ‘Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo’). En la tarde, su testimonio prometía ser sobre la clase dirigente. Lo que muchos creían es que volverían a hacer un repaso de su fuerte influencia en las regiones. Sin embargo, cambió de tercio y entró de lleno al círculo de poder del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Dijo que en 1997 el hoy ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue a buscar a Carlos Castaño para pedirle respaldo para un acuerdo que pretendía derrocar de la Presidencia al entonces Jefe de Estado Ernesto Samper Pizano. Según Mancuso, el hecho ocurrió el primer día en que él tuvo contacto directo con Santos. “Llegó hasta donde estábamos con Castaño usando unas coordenadas que le habíamos dado para que se desplazara hasta el sitio Guadual, en el municipio de Valencia, Córdoba. Castaño me dijo que Santos había pedido la cita. Preguntó qué tan comprometido estaba Samper con los narcos y Castaño le respondió que tenía pruebas. Santos le dijo a Castaño que estaba haciendo una jugada política arriesgada y que venía en nombre de otros a hacerle una propuesta. Que la idea era un acuerdo en el que estuvieran las FARC y las autodefensas, que ese acuerdo terminara en una Constituyente y que luego le pedirían a Samper que se retirara del gobierno”.

Un golpe de Estado

Según el relato de Mancuso, Castaño le respondió a Santos que lo pensaría. “Se dio la vuelta y me dijo: Imagínate lo que me está proponiendo, un golpe de Estado”. Al decir del ex jefe paramilitar, Castaño creía que ese tipo de acuerdo sería una forma interesante de hacerse al estatus político que por esa época comenzaban a reclamar las autodefensas.

Mancuso le dijo al fiscal delegado de la Unidad de Justicia y Paz que esa no fue la única cita en la que estuvo con Santos. La segunda, según el testimonio del ex jefe paramilitar, ocurrió por la misma época en el sitio conocido como “El 21”, en el municipio de San Pedro de Urabá. A ella habrían asistido, además, el ex ministro Álvaro Leyva, el dirigente Hernán Gómez, el periodista Germán Santamaría, el esmeraldero Víctor Carranza, Carlos castaño y Mancuso. En esa cita, “Santos se volvió a referir al golpe de Estado contra Samper y dijo que se acordaría un comunicado conjunto con las FARC declarando el cese de hostilidades. El gobierno de Samper se enteró y ahí fue cuando salió la denominación de los “conspiretos”.

La versión de Mancuso coincide con el relato que el extinto jefe de las autodefensas Carlos Castaño hizo en el libro ‘Mi confesión’. Tiene, eso sí, la intención de descalificar a Santos para demostrar que la penetración de las autodefensas llegó hasta todos los sectores políticos y para neutralizar cualquier acción del ministro en contra de las Autodefensas. Pero no es una versión nueva.

En junio de 1997, tras la liberación de los soldados secuestrados por las FARC en Las Delicias, Caquetá, el grupo guerrillero le pidió a Samper la desmilitarización de cuatro municipios para crear una zona de distensión con el fin de iniciar un proceso de paz. Días después Santos se reunió con los capos de las autodefensas para proponerles el acuerdo político que derivaría en una Asamblea Constituyente, pero la idea se filtró y fue ventilada públicamente por el ex comisionado de paz de Samper, José Noé Ríos, quien acusó a Santos de conspirador.

Esa misma versión fue revivida por los medios de comunicación nacionales hace algunas semanas, tras la divulgación del acuerdo de Ralito y luego de que el presidente Álvaro Uribe señalara que a diferencia del pasado, este gobierno no ha hecho acuerdos con ilegales.

Los dardos contra el Vice

Al Vicepresidente de la República., Francisco Santos también le cayó otro baldado de agua sucia de los que Mancuso lanzó en su versión Libre. El ex jefe paramilitar aseguró que Santos, primo del ministro de Defensa, también se reunió varis veces con los jefes de autodefensas y que “me sorprendí porque lo noté identificado con la causa” y porque “le dijo a Castaño que le gustaba el modelo (de autodefensas) de Córdoba y que le gustaría que se repitiera en Bogotá”. En una de esas reuniones, continuó Mancuso, “Castaño le propuso a Santos que comandara el Bloque Capital, pero este se negó diciendo que no sabía de esas vainas”. El desmovilizado jefe de autodefensas asegura que una semana después se reunió en Bogotá con algunos periodistas de El Tiempo y que luego Santos escribió una columna titulada “Proyecto contrainsurgente” en donde hacía alusión a la estrategia de las AUC.

Hace algunos días, y ante el anuncio de que Mancuso salpicaría a los políticos que se reunieron con él, el Vicepresidente se anticipó al desmovilizado y aseguró que sostuvo varias reuniones no solo con grupos de autodefensas sino con guerrilleros, en cumplimiento de su trabajo al frente de la Fundación País Libre, que trabaja en defensa de los secuestrados. Además, agregó que no tiene rabo de paja y que el país conoce de su trayectoria de denuncia constante contra todo tipo de actores armados.

Políticos salpicados

Mancuso revivió la discusión sobre algunos de los políticos vinculados con la ‘parapolítica’, pero también involucró a otros que no han sido investigados por la Corte Suprema de Justicia. El caso más relevante en este segundo grupo es el del senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe, con quien dijo haberse reunido “una o dos veces”. En la primera de esas citas estuvo presente la ex congresista Eleonora Pineda, hoy presa y acusada por la Fiscalía de concierto para delinquir tras su vinculación al escándalo por la firma del “Acuerdo de Ralito” con Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y Diego Vecino.

En la cita, al decir de Mancuso, hablaron sobre “un pacto político para apoyarla a ella y para apoyarlo a él en algunos municipios del Alto San Jorge y Ayapel”. Uribe es el presidente del Partido Colombia Democrática, uno de los más golpeados por el escándalo, dado que parte de sus congresistas y líderes políticos están presos, entre ellos los senadores Álvaro García y Miguel de la Espriella y la ex representante Pineda.

En el caso de la política de Córdoba dijo que las AUC se reunieron con casi todos los dirigentes políticos y mencionó en concreto a Miguel de la Espriella (a quien se refirió como “uno de nuestros congresistas”), Reginaldo Montes, Salomón Náder y hasta Juan Manuel López, a quien reconoció que por épocas no recibió apoyo paramilitar porque pretendía “usar a las autodefensas”. Fue por esta razón que en las elecciones de gobernador de 2003 Mancuso le dio el aval al candidato del llamado “sindicato” (Julio Manssur, Zulema Jattin, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y Eleonora Pineda), en vez de dárselo al de López.

La diligencia continuará este miércoles y se espera que Mancuso revele, tal como lo anunció en días pasados, nombres de más políticos comprometidos con su accionar y también de quiénes eran los empresarios que financiaban a las autodefensas.

Publicado en www.semana.com

2007-05-16T12:22:00.000-07:00

En los últimos días han pasado demasiadas cosas en Colomba: El justo reclamo de los Estudiantes de la Universidad Nacional en contra del Plan Nacional de Desarrollo; las declaraciones de Salvatore Mancuso, en donde menciona a varios generales del ejército nacional, así como a los primos Juan Manuel y Francisco Santos de haberse reunido con él y planear el traslado del proyecto paramilitar a la ciudad de Bogotá: La presencia de los grupos paramilitares y la violencia que no cesa en la Comunidad de Paz de san José Apartado; La ubicación de fosas comunes con los restos de más cien persona´s, víctimas de los grupos paramilitares en el departamento de Putumayo.

En Colombia Inédita hacemos un esfuerzo por resumir todo esta carga noticiosa; A veces la velocidad de losdescubrimientos nos rebasan, y sin embargo queremos hacer aquí un resumen noticioso de todo lo que ha pasado y sigue pasando.
Trataremos de dividir las noticias en las siguientes categorías, para no porvocar confusión en los elctores: Conflicto en Universidad Nacional y paramilitarismo.

LO que nos sigue pareciendo una verdadera aberración es que on todo lo que sucede al país, nuestro presidente Álvaro Uribe siga manteniendo una popularidad que raya en el absurdo: 75% de aprobación según una encuesta difundida hace apenas unos aías por el semanario Semana. No sabemos bien sí el mundo esta loco, o nuestars encuestas están bien realizadas, pero lo cierto es que Uribe- hitler sigue siendo el presidenete m´s "popular" en toda latinoamerica. Vaya con él.

Declaración Pública

2007-05-16T12:21:00.000-07:00

Declaración Pública

GENERALICEMOS LA JUSTA PROTESTA UNIVERSITARIA
1. En las universidades del Cauca, Surcolombiana, de Pamplona, Industrial de Santander, de Caldas, del Quindío, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la ESAP, así como en las seccionales de Palmira y Manizales de la Universidad Nacional , sumado a la continuidad de la valerosa resistencia en la Universidad del Atlántico, el movimiento universitario ha tomado un auge extraordinario. En Bogotá, con la presencia combativa y multitudinaria en las calles de los universitarios de la Nacional, la Distrital y la Pedagógica Nacional, hecho sin precedentes en los últimos años que no ha podido ser silenciado por los medios de comunicación, confrontando las nefastas implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo en materia de educación superior, se configura un interesante panorama de levantamiento, de mayor amplitud, contra las pretensiones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de profundizar su política de liquidación de la universidad pública.
2. Entre las banderas del movimiento, expresadas en la Plataforma y el Pliego multiestamentario, ha cobrado una relevancia especial la confrontación del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, que contiene graves amenazas contra la estabilidad financiera de las universidades públicas y la calidad académica de la educación superior en su conjunto. Los Artículos que se refieren al cubrimiento de los pasivos pensionales, implican llevar a todas las universidades a correr la misma suerte de la Universidad del Atlántico, es decir a su liquidación como universidad pública; los relacionados con el manejo de los indicadores de gestión, reeditan el inconstitucional Decreto 3545 de 2004; el impuesto a los egresados es un absurdo mecanismo para evadir la responsabilidad financiera del Estado; la formación por competencias laborales y ciudadanas, apunta a convertir la educación superior en una simple fábrica de profesionales y al control confesional mediante los lemas del ciudadano del año 2019; la manipulación de los ECAES, se orienta a estandarizar los programas de formación, controlando su contenido, en aras a la mercantilización de la educación superior en el contexto del TLC.
3. No podemos en ningún momento bajar la guardia frente a la pavorosa crisis humanitaria en los claustros universitarios y es necesario hacer las denuncias correspondientes ante todos los escenarios nacionales e internacionales, así como reclamar las garantías plenas para el ejercicio de los derechos de organización y movilización.
4. Por todo lo anterior hemos decidido consignar las reivindicaciones del momento en el siguiente Pliego Nacional Universitario:
Derecho a la educación pública y su financiación estatal.
· Exigimos la exclusión de los artículos 34 y 38 del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, por vía de la objeción presidencial.
· Exigimos el incremento del presupuesto de las Universidades Públicas según lo pactado en la Ley 30 en el artículo 86.
· Exigimos que el ministerio de hacienda asuma el pago del pasivo pensional de las universidades públicas.
· Exigimos la exclusión de lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 sobre la imposición de la contribución de los egresados de las universidades públicas como mecanismo de financiación.
Autonomía universitaria.
· Exigimos la derogatoria y no aplicación del decreto 2566 de 2003.
· Exigimos la ampliación de la planta docente de las universidades.
· Exigimos la eliminación de los ECAES y la no implementación de los estándares de competencias.
Democracia y gobierno universitario
· Exigimos la elección democrática de los órganos colegiados y de los rectores en las universidades.
· Exigimos la apertura de una mesa nacional de negociación sobre la educación superior pública en Colombia con la participación del ejecutivo, el legislativo y los distintos estamentos de la comunidad universitaria.
Crisis humanitaria.
· Exigimos el respeto por los derechos humanos y las garantías para la organización y la movilización de los estamentos universitarios.
· Exigimos la apertura de una mesa dedicada al tema de los derechos humanos en las universidades colombianas.
5. Es necesario generalizar la protesta en todas las universidades, a partir del 17 de mayo, con la realización de asambleas permanentes, para respaldar el Pliego Nacional Universitario. Asimismo participar con decisión en el Paro Nacional del 23 de mayo, convocado por todas las fuerzas sociales y políticas del país, organizando la toma de las calles.
6. Promovamos y fortalezcamos los frentes por la defensa de la educación publica y contra el acto legislativo 01 de 2006, en las diversas regiones.
7. Convocamos un Encuentro Nacional Estudiantil de Emergencia , el día 26 de mayo y un Encuentro Nacional Multiestamentario el día 27 de mayo, en Bogotá.

Coordinación Multiestamentaria Nacional
Bogotá, mayo 14 de 2007

Mancuso revela que actuó ilegalmente con los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez

2007-05-15T17:26:00.000-07:00

Salvatore Mancuso revela que actuó ilegalmente con los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez

Por primera vez, uno de los hombres sindicados de crímenes de lesa humanidad da nombres de oficiales vivos. El desmovilizado líder de las AUC aseguró ante la Fiscalía que los tres altos oficiales del Ejército fueron vitales para la expansión de su organización. Además señaló que el senador Miguel de la Espriella “era uno de nuestros congresistas”.
Fecha: 05/15/2007 -
El desmovilizado líder paramilitar Salvatore Mancuso hizo dos revelaciones trascendentales durante este martes en el marco de la segunda parte de la versión libre ante la Fiscalía en Medellín. En primer término hizo un diagnóstico conceptual de la razón de ser de estas organizaciones criminales de extrema derecha. Estas surgieron, según él, porque en Colombia hay un “paramilitarismo de Estado”. Entonces tomó ejemplos de los manuales de instrucción del Ejército Nacional para concluir que no sólo él, sino este fenómeno armado, provenían de ahí.

Luego saltó al terreno de los hechos y contó con quiénes trabó una unión para conseguir sus objetivos. Entre estos, soltó tres nombres de generales de la República que han ocupado puestos clave en la cúpula de la institución. Son ellos los generales Rito Alejo del Río, Iván Ramírez y Martín Orlando Carreño.

Sus revelaciones fueron bien recibidas por un auditorio integrado por víctimas del conflicto y que minutos antes –cuando llegó a la sede donde iba a rendir su declaración, fuertemente escoltado y con un chaleco antibalas– le habían gritado: “Asesino, asesino, asesino”. Según las familias de las víctimas del paramilitarismo presentes en la versión libre, éste ahora sí comenzó a revelar lo que había prometido durante la semana pasada.

En esta ocasión, Mancuso suministró detalles inéditos. Después de entregar una documentación ante el Fiscal delegado de Justicia y Paz –incluyendo su carné que lo acreditaba como boy scout cuando era niño–, comenzó con una frase contundente y que tal vez podría resumir lo dicho durante la mañana: “Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia”.

El jefe paramilitar desmovilizado, Salvatore Mancuso, llegó esta mañana a rendir su versión libre ante el fiscal 8 de Justicia y Paz, en Medellín. El senador Miguel de la Espriella, quien se entregó ayer a la justicia por el escándalo de la parapolítica.
A partir de esa frase comenzó a explicar cómo desde la década de los 60 y hasta los 90 todos los manuales de contraguerrilla del Ejército Nacional justificaban e invocaban el pensamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así relató, cronológicamente, los nombres de algunos comandantes del Ejército que en todo este tiempo propugnaron las AUC. Por ejemplo, mencionó nombres como el de Harold Bedoya cuando era comandante general de la segunda división del Ejército en 1993, con sede en Bucaramanga, o el del comandante del Ejército en 1973, Luis Carlos Camacho Leyva, o del comandante Orlando Zafra en 1985 y el de Fernando Landazábal Reyes en 1988, y también el del comandante Luis Arcesio Bohórquez en 1989. De todos ellos, aseguró ante la Fiscalía, hicieron doctrina paramilitar y los cita textualmente.

“La defensa nacional no es sólo responsabilidad del Ejército”, sentenció en una cita textual del comandante del Ejército en 1973, Luis Carlos Camacho Leyva. En otras palabras, Mancuso dijo que se empezó a enrolar en los paramilitares como “cooperante”.
Luego dijo que en la medida que el proceso fue adquiriendo una dinámica mayor tuvo que pasar a las acciones. Entonces habló de tres reuniones con los generales del Ejército Iván Ramírez Quintero y con Rito Alejo del Río, en las que se planeó la expansión paramilitar por el norte de Colombia.

Aseguró que el general Rito Alejo les indicaba a los escuadrones paramilitares qué terrenos podían tomar y cuáles zonas estaban libres de peligro para concentrar a los hombres reclutados.

Su versión coincide con varias organizaciones de derechos humanos que han señalado al general del Río como uno de los oficiales que ha violado los derechos humanos desde la institución. El Cinep dice que el general (hoy retirado) Rito Alejo del Río Rojas ocupó el cargo de comandante de la brigada 17 del Ejército con sede en Carepa, Antioquia, desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997.

“En tal período fueron perpetrados centenares de crímenes de lesa humanidad contra las comunidades más vulnerables de la zona cuya responsabilidad, al menos por omisión, se atribuyó a sus tropas, las cuales fueron vistas habitualmente actuando en unidad de acción con las más reconocidas estructuras paramilitares. Muchos miles de campesinos, negros e indígenas fueron desplazados violentamente de sus aldeas y el paramilitarismo tomó el dominio completo de la región. Pero el general del Río no llegó a Urabá sin antecedentes inquietantes que fueron configurando una trayectoria y un perfil fuertemente contrarios a lo que la ética y el derecho demandan de la milicia. Una serie de acusaciones han quedado registradas en numerosos expedientes judiciales y disciplinarios, que si bien la justicia colombiana con sus arraigados métodos de impunidad que la caracterizan ha dejado sin investigar ni sancionar, llegando incluso el Fiscal General de la Nación a precluir el proceso contra él (9 de marzo de 2004), sus sustentos probatorios ineludibles llevan a definir el perfil de este general como uno de los más tozudos impulsores y gestores del paramilitarismo en Colombia y lo hacen responsable de numerosos crímenes de derecho internacional”.

Precisamente, el senador Gustavo Petro ha insistido en que el presidente Álvaro Uribe Vélez le debe una explicación al país de por qué le ofreció un homenaje de desagravio al general del Río cuando precisamente la embajada de Estados Unidos había anunciado el retiro de su visa y las organizaciones de derechos humanos de ese país publicaban detallados informes de su accionar. Incluso Mancuso contó que entre 1996 y 1997 se reunió con el general Rito Alejo en la finca 'La 21', en San Pedro de Urabá.

Aseguró que allí estuvieron Carlos Castaño (jefe de las AUC ya muerto), y Freddy Rendón, alias 'El Alemán', y que el tema que trataron fue la expansión paramilitar en Urabá. Según Mancuso, este oficial iba en un helicóptero civil, pero él llevaba su uniforme militar. Esta es la primera vez que un ex jefe ‘para’ se refiere al general Del Río.

Luego Salvatore Mancuso señaló al general Martín Orlando Carreño y explicó que cuando estaba en la Brigada 17 enviaba a sus soldados a patrullar en compañía de los comandos paramilitares. “Yo era uno más dentro de esa Brigada”. En otras palabras, Mancuso, dijo que él era un soldado raso al servicio de las decisiones de Carreño, quien con el paso del tiempo fue ascendiendo en su carrera hasta ocupar la comandancia del Ejército.

Mancuso reveló que sus hombres patrullaron con el general Martín Orlando Carreño y que a través de un general de la Brigada 11, al que identificó como Iván Ramírez, conoció al también general Alfonso Manosalva (fallecido) con quien se reunió al menos 10 veces. El general Ramírez comandante de la XI Brigada en Montería y luego llegó a ser jefe de inteligencia del Ejército. De él también las organizaciones de derechos humanos han hecho varios reportes donde lo sindican de varios delitos.

Como se recordará, a Manosalva el ex líder paramilitar ya lo había señalado en anteriores versiones como uno de sus colaboradores en la matanza de El Aro (Antioquia).

Pero las revelaciones de Mancuso no pararon ahí. Contó el episodio con el magistrado Rodrigo Escobar de quien dice acudió a Mancuso por el caso de su novia (no dio el nombre). Quería saber qué había pasado con ella, si aún la tenían retenida o la habían matado. Cuenta que el magistrado “buscó a uno de nuestros congresistas”, a Miguel de la Espriella, para preguntarle eso. Entonces Mancuso llamó a ‘Jorge 40’ y éste le dijo que estaba muerta porque según una información ella manejaba parte de las finanzas de la guerrilla.

Al filo del mediodía, Mancuso terminó diciendo: “El paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrilla o no sea”. Dando así pistas de lo que puede venir en las próximas horas.

¿Ley de leyes?

2007-05-15T17:21:00.000-07:00

¿Ley de leyes?

Leopoldo Múnera Ruiz
Profesor Asociado
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia

1. Lo Político (Breve recuento)

La aprobación del artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 por el Congreso de la República, implica en lo esencial un problema de política social y de concepción del Estado[1]. La concurrencia de las universidades del orden nacional al saneamiento del pasivo pensional sólo podría hacerse por uno de dos mecanismos presupuestales o financieros: asignando recursos propios o destinando una parte de los aportes de la Nación para tal efecto. En cualquiera de las dos eventualidades, el presupuesto de las universidades se vería seriamente afectado y su viabilidad financiera como instituciones públicas sería puesta en cuestión. Si tomamos el ejemplo de la Universidad Nacional de Colombia, la partida para el pago anual de las pensiones representa aproximadamente el 20% del presupuesto total y el pasivo pensional entre siete y ocho veces el mismo. Incluso si las universidades logran “negociar” en la reglamentación del artículo un porcentaje pequeño de participación, éste iría necesariamente en detrimento de las actividades académicas o del carácter público de las instituciones y como veremos más adelante implicaría la “negociación” de la autonomía consagrada en la Constitución Política. Sin embargo, una interpretación rigurosa de la norma llevaría a concluir que de acuerdo con el artículo 38, el aporte de las universidades debe corresponder al porcentaje de la participación de los recursos propios en el presupuesto total, que en el caso de la Universidad Nacional es cercano al 30%.

Hasta el año 2007, el gobierno nacional, en un evidente reconocimiento de su responsabilidad en esta materia, ha venido girado mensualmente los recursos para el pago de las mesadas pensionales. El cambio normativo que introduce el Plan Nacional de Desarrollo obliga a las universidades del orden nacional a concurrir en el saneamiento de un pasivo que ha sido y es responsabilidad de la nación. Extiende de esta manera la aplicación de la ley 100 de 1993 a las universidades del orden nacional y modifica su contenido, al obligarlas a participar con sus recursos en el saneamiento de las pensiones. La ley 100 estableció la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional únicamente para las universidades y las instituciones oficiales del orden territorial, porque en su financiación concurren la nación, el departamento, los distritos o los municipios. Sin embargo, no contempló explícitamente la posibilidad de que las universidades territoriales participaran en la financiación de los fondos con recursos propios o con el presupuesto ordinario aportado por la nación para los gastos de funcionamiento o inversión, como puede inferirse de una lectura atenta del artículo 131[2]. La inclusión la realizó, ilegalmente desde mi punto de vista, el decreto reglamentario 2337 de 1996, que en su artículo 7° incluyó la participación de las instituciones territoriales por fuera de lo establecido en la ley 100. El artículo 38 del Plan eleva esta interpretación del Ministerio de Hacienda al rango legislativo, la extiende a todas las universidades y vuelve así regular lo irregular. La reducción del presupuesto de las universidades del orden nacional que conlleva el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 imposibilitaría una mayor ampliación de la cobertura e iría en detrimento de su calidad académica, en función de preocupaciones fiscales basadas en prejuicios infundados como el del alto costo de la formación de los estudiantes[3].

2. Lo jurídico (Síntesis de tres argumentos)

Esta fiscalización de la política social y el progresivo desmonte de las instituciones estatales encargadas de garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales como el de la salud y la educación se materializa con frecuencia en contra de la Constitución Política de 1991. Así sucedió con la ley 508 de 1999 y el Decreto 955 de 2000, con los cuales se aprobó el Plan de Desarrollo 1999-2002, y con varios de los artículos de la ley 812 de 2003, con la cual se aprobó el Plan de Desarrollo 2003‑2006. En el primer caso la Corte consideró que las normas eran inexequibles totalmente por vicios en el procedimiento, en el trámite de aprobación de la ley; en el segundo por vicios de fondo, por la ausencia de competencia para aprobar el plan mediante un decreto; y en el último, artículos como el relacionado con el presupuesto de las universidades públicas fueron declarados inexequibles por violar mandatos constitucionales como el de la autonomía universitaria. La comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia, y en general de las universidades estatales, ya ha enfrentado con éxito el debate político y jurídico de los últimos planes de desarrollo. Analicemos a continuación tres argumentos sobre la inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

A. La unidad de materia. De acuerdo con la Constitución Política de 1991 (Art. 339) el plan nacional de desarrollo esta “conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.”

El proyecto de ley ha debido respetar la unidad de materia consagrada en el artículo 158 de la Constitución Política, para evitar los denominados micos. En lo referente al Plan Nacional de Desarrollo, en la parte atinente a las inversiones públicas, el proyecto ha debido referirse única y exclusivamente a dichas inversiones, pues tal es la materia que le define la constitución a este tipo de leyes, y ha debido desarrollar lo estipulado en la parte general. En caso contrario estaría en contradicción con la carta política. Así lo ha considerado la Corte Constitucional en diversas ocasiones, por ejemplo:

“8- Conforme a lo anterior, la Corte ha concluido que el principio de unidad de materia es más riguroso en la ley del plan y que por ende el control constitucional de un cargo por violación de este principio en esta ley es más estricto que el contemplado para las demás leyes, por cuanto la ley del plan no puede ser utilizada sino para sus propósitos constitucionales específicos, y no para llenar los vacíos e inconsistencias que presenten leyes anteriores. Por ello esta Corporación ha señalado que para no violar la regla de unidad de materia, las disposiciones instrumentales deben guardar una relación o conexión directa con los objetivos y programas del Plan Nacional de Desarrollo. Y es que si no fuera así, bastaría que esa ley enunciara genéricamente un objetivo general, como puede ser incrementar la eficiencia del sistema judicial, para que dicha ley pudiera alterar todo el estatuto penal y todas las regulaciones procesales, con el argumento de que el plan pretende incrementar la eficiencia judicial.” (Sentencia C-573/04)

La ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 no menciona en la parte general, en términos genéricos o específicos, el saneamiento del pasivo pensional como uno de sus objetivos; no obstante, incluye en el plan de inversiones una norma al respecto, rompiendo de esta manera la unidad de materia dentro del contenido mismo de la ley. Adicionalmente, dicho saneamiento en las universidades estatales del orden nacional no puede hacer parte de un plan de inversiones, pues los recursos destinados a tal propósito hacen parte de los gastos de funcionamiento y no de los gastos de inversión. Así lo establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996, artículos 11 y 36) en concordancia con el Decreto 586 del mismo año (Arts. 14 y 16). Por consiguiente, la ley tampoco conserva la unidad de la materia establecida por la constitución para este tipo de normas, pues incluye un gasto de funcionamiento como si fuera de inversión. En tal medida no puede especificar los recursos financieros requeridos para la ejecución de un programa de inversión inexistente y en consecuencia tampoco respeta el artículo 339 de la Constitución Política.

B. La autonomía universitaria. La ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo le impone a las universidades estatales del orden nacional concurrir con sus recursos al saneamiento del pasivo pensional. Como ya hemos dicho con anterioridad, además de extender parcialmente la aplicación del artículo 131 de la ley 100 de 1993, incluye en forma obligatoria la participación financiera de las universidades en la constitución de los fondos. Viola así la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, desarrollada en lo relacionado con sus características financieras por la ley 30 de 1992 y el decreto 1210 de 1993, y ratificada integralmente por la sentencia C-220/97 de la Corte Constitucional y por la sentencia del 11 de febrero de 1999 de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, expediente N° ACU-579. En relación con la autonomía universitaria y el plan de desarrollo ha dicho la Corte Constitucional:

“En cuanto al manejo de recursos, es claro que una de las funciones inherentes a las universidades y esenciales a su capacidad de autorregulación administrativa es la de elaborar y manejar su propio presupuesto (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-547 de 1994, ya citada). Las universidades tienen la facultad de distribuir sus recursos según sus necesidades y prioridades, las cuales son definidas de manera autónoma por dichos entes sin intervención alguna por parte de la autoridad pública o del sector privado. La Ley 30 de 1992 reconoció tal facultad cuando señaló que las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional pero sólo en cuanto se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo; y dentro de sus características están las de tener personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y atribución para elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que les corresponde (…)

“En ese orden, se considera una intervención indebida la de regular directamente cuestiones tales como organización académica -selección y clasificación de docentes, programas de enseñanza- u organización administrativa -manejo de presupuesto y destinación de recursos-. Al respecto ha sostenido la jurisprudencia que “[s]i el legislador se inmiscuyera en los aspectos referidos o en otros de igual significación, estaríamos en presencia de una intervención indebida en la vida de la universidad y se incurriría en una violación de su autonomía (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-299 del 30 de junio de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell). (…)

“Ahora bien, imponer a las universidades públicas -tal como lo pretende la norma acusada- el deber de concertar y acordar con el Gobierno los criterios y el procedimiento de una redistribución de un porcentaje del total de las transferencias, que no podrá exceder del 12%, es someterlas a una especie de control presupuestal estricto por parte del Gobierno que no puede ser aplicado a las universidades estatales “en razón de que por sus singulares objetivos y funciones ello implicaría vulnerar su autonomíaCfr. Corte Constitucional. Sentencia C-053 de 1998, ya citada. . Así mismo, como acertadamente lo afirma el Procurador General de la Nación, esos procesos de concertación y acuerdo con el Gobierno implican que cada universidad negocie asuntos inherentes a su autodeterminación, autogobierno y autorregulación. En consecuencia, esa intervención gubernamental plasmada en el artículo objeto de reproche en asuntos propios de las instituciones superiores vulnera flagrantemente la autonomía universitaria.” (Sentencia C-926/05)

Al limitar la autonomía financiera, el Plan Nacional de Desarrollo también limita indirectamente la autonomía académica de las universidades del orden nacional, pues reduce los recursos propios o del presupuesto de la nación que son destinados para el desarrollo de las actividades académicas de las universidades y mediante los acuerdos de concurrencia incide en la orientación general de sus presupuestos[4].

C. ¿Ley de leyes? De acuerdo con el artículo 341 de la Constitución Política de 1991, la ley que expide el Plan tiene prelación sobre las demás leyes; adicionalmente, la Corte Constitucional estableció que: “No resulta inconstitucional que en la Ley del Plan se establezcan normas que no sean indispensables dentro del contenido de la Ley, pero que en últimas señalan los propósitos y objetivos de largo plazo” (Sentencia C-015 de 1998). No obstante, esta prelación sólo hace referencia a las normas atinentes a las inversiones públicas. La flexibilidad en los contenidos reconocida por la Corte no puede invadir las competencias legislativas específicas establecidas por la misma constitución. De lo contrario, estaríamos frente a una ley de leyes que nos conduciría cada cuatro años a tener una Carta Política paralela, redactada por los técnicos en planeación del gobierno de turno. Los magistrados Alfredo Beltrán y Jaime Córdoba Treviño señalaron con claridad los límites de tal prelación en el salvamento del voto relativo a la sentencia C-305/04:

Tal prelación, sin embargo, no significa en modo alguno que la ley mediante la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo para un cuatrienio presidencial pueda contener en sus normas legislación sobre todas las materias que al Congreso corresponden en el ejercicio de su función legislativa, pues su objeto, es decir el marco jurídico de su contenido fue expresamente señalado por el propio Constituyente en el artículo 339 de la Carta, como ya se dijo. La prelación sobre las demás leyes a que se refiere el artículo 341 de la Constitución queda circunscrita por ministerio de la misma a los ”mecanismos idóneos para su ejecución”, sin que sea necesario expedir leyes posteriores para ese preciso efecto. De tal suerte que, no es que el legislador hubiere autorizado la inclusión en la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo de cualquier materia que pueda ser objeto de la legislación, pues eso sería tanto como reducir las funciones que el artículo 150 atribuye al Congreso de la República en 25 numerales, al tercero de ellos, como si los demás no existieran. El ámbito amplio sí, pero circunscrito al contenido mismo que al Plan Nacional de Desarrollo le señala el artículo 339 de la Carta, se explica en razón de la naturaleza de los planes de desarrollo que en su parte general no se expresan como mandatos sino más bien como recomendaciones de propósitos y objetivos a alcanzar en el largo plazo y a señalar las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo. Por ello, como lo dijo la Corte en Sentencia C-478 de 6 de agosto de 1992, se hace necesario “darle a la ley del plan una posibilidad de ser ejecutada inmediatamente”, sin necesidad de expedir nuevas leyes instrumentales para ese cometido.”

El artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo invade la competencia de dos normas de carácter específico, la ley 30 de 1992, que organiza la educación superior, y la ley 100 de 1993, que crea el sistema de seguridad social integral. En el primer caso, como hemos dicho, vulnera la autonomía financiera y en el segundo amplia la interpretación del artículo 131 al extenderla a las universidades del orden nacional y lo modifica al obligarlas a concurrir en la creación de los fondos. En ambos casos excede las facultades específicas que la Constitución le otorga al Congreso de la República para la expedición del Plan Nacional de Desarrollo.

Aparte de estos tres argumentos sobre la inconstitucionalidad de la norma aprobada por el Congreso es necesario realizar un estudio sobre el trámite que la misma siguió, para establecer si se respetó el procedimiento establecido por la Carta Política y por las normas que la desarrollan. Finalmente, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del plan, como ya sucedió en el caso de la ley 508 de 1999, no autorizaría al Presidente de la República a adoptar el Plan por decreto, como en forma equivocada lo afirmó el profesor Moisés Wasserman, Rector de la Universidad Nacional de Colombia, durante una asamblea con profesores y estudiantes[5].

Bogotá, mayo de 2007.

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[1]. Texto conciliado del proyecto de ley N° 199 del Senado de la República y 201 de la Cámara de Representantes que será el texto definitivo del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 si no es objetado por el Presidente de la República: “Artículo 38. Saneamiento del Pasivo Pensional de las Universidades Estatales del Orden Nacional. La nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades en los términos establecidos en el artículo 131 de la ley 100 de 1993. Las sumas que se hayan transferido por parte de la Nación con las cuales haya sido atendido el pasivo pensional de dichas universidades a partir de la fecha de corte prevista en el artículo 131 de la ley 100 de 1993, se tendrán en cuenta como pago parcial de la concurrencia a cargo de la Nación de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se establezca.

“Parágrafo: La concurrencia prevista en el artículo 131 de la ley 100 de 1993 respecto de las universidades territoriales se aplicará también en aquellos eventos en los cuales el pasivo pensional se encuentre a cargo de las cajas de previsión territoriales o quienes la hubieran sustituido.”

[2]. “ARTICULO 131. Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada una de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a la fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un monto igual al valor de dicho pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas de previsión, o fondos autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar según lo previsto en la presente Ley, en aquella parte que corresponda a funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la vigencia de la presente Ley

“Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución. Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años de iniciación de la vigencia de la presente Ley. (Negrilla por fuera del texto)

“Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

“Dentro del año siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo, elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que representen los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los 2 primeros años de la vigencia de la presente Ley.”

[3]. En el año 2003, en medio de la campaña por el referendo, el presidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo que la formación de cada estudiante de la Universidad Nacional le costaba al país $14’000.000 al año. Esta suma era el resultado de dividir el presupuesto total de la universidad por el número de estudiantes de pregrado y postgrado. En esa época olvidaba el Presidente, como ahora la Ministra de Educación, que un 20% de dicho presupuesto esta destinado a pagar pensiones, otro 20% a la ejecución de los proyectos que generan ingresos y un 12% a financiar la investigación y la extensión no remunerada. Una vez descontados estos rubros, el “costo” por estudiante, incluido el bienestar estudiantil, quedaba reducido a menos de la mitad: $ 6’831.285 ($ 3’415.642 por semestre).

[4]. Esta relación directa entre la autonomía financiera y la autonomía académica es resaltada por la Corte Constitucional: “Tampoco pueden aceptar (…las universidades…) la intervención constante y la imposición de las directrices del Ministerio de Hacienda y del DNP, que tienen como prioridades las que determina el poder central, en lo que hace a la elaboración y ejecución de sus presupuestos de funcionamiento e inversión, de hecho este tipo de tutela, que es la que se propicia con la interpretación equivocada que le da el gobierno a la norma impugnada, implica para las universidades varias limitaciones que interfieren e incluso niegan su autonomía y que no afectan, por ejemplo, ni al Banco de la República ni a la CNTV, organismos a los que también el Constituyente les reconoció autonomía”. (…)

“Lo que no puede hacer el ejecutivo es decidir cómo esas reducciones de carácter general (en el sentido de aplazamiento o reducción propiamente dicha de las apropiaciones aprobadas por la ley), afectan los presupuestos de los entes autónomos, en el caso que se analiza de las universidades del estado, las cuales deberán autónomamente, a través de sus máximos órganos de gobierno –sus consejos superiores- definir y establecer sus prioridades

“El contenido esencial de la autonomía presupuestal de las entidades (autónomas) reside en la posibilidad que éstas tienen de ordenar y ejecutar los recursos apropiados conforme a las prioridades que ellas mismas determinen, y en armonía con los cometidos constitucionales y legales de la respectiva entidad. Esta Corporación ya había señalado que la “ejecución del presupuesto por parte de los órganos constitucionales a los que se reconoce autonomía presupuestal supone la posibilidad de disponer, en forma independiente, de los recursos aprobados de la ley de presupuesto”. En este orden de ideas aparece claramente que el gobierno, con el fin de poder cumplir sus responsabilidades fiscales globales, sólo tiene necesidad de establecer reducciones o aplazamientos generales en las distintas entidades autónomas, pero no existe ninguna razón para que el ejecutivo establezca específicamente cuáles partidas deben ser reducidas o aplazadas, ni que consagre trámite particulares que puedan afectar la autonomía administrativa de tales entidades…Admitir que el Gobierno pueda reducir o aplazar partidas…o pueda tener injerencia en la administración de sus recursos, implica un sacrificio innecesario y desproporcionado de la autonomía de esas entidades estatales, en nombre de la búsqueda de estabilidad macroeconómica (…) por lo cual esa interpretación es inadmisible.” (Sentencia C‑220/97)

[5]. Ver la respecto la sentencia C-1403/00 que declara la inexequibilidad del decreto 955 del 200, por el cual se adoptó el Plan 1999-2002, después de que la ley 508 de 1999 había sido considerada por la Corte como inconstitucional.

Texto Publicado en El Turbión

Comunidad de paz de San José de Apartadó

2007-05-14T16:38:00.001-07:00

LOS PARAMILITARES ASESINAN A FRANCISCO - Comunidad de paz de San José de Apartadó
Enviado por cdpsanjose el Lun, 2007-05-14 22:51. :: Constancias
LOS PARAMILITARES ASESINAN A FRANCISCO - Las continuas muertes, agresiones y amenazas contra nuestro proceso no paran, todas las formas de destrucción son utilizadas contra nosotros, se usa la inversión social como arma de guerra, la presión, muerte y amenazas de los paramilitares en acción conjunta con la fuerza pública. Nuestro deber histórico, ante la búsqueda alternativa del respeto de la población civil en medio del conflicto armado, es dejar constancia de todos estos hechos para que la humanidad pueda algún día juzgar estos actos terroristas, tenemos nuevamente que dejar constancia de un nuevo asesinato contra las zonas humanitarias y contra la misma comunidad

- Hoy lunes, 14 de mayo a las 7:00 a.m., fue asesinado al frente del Terminal de transportes en Apartadó por los paramilitares FRANCISCO PUERTA, campesino líder y excoordinador de la zona humanitaria de la vereda Miramar. Dos paramilitares se le acercaron a la tienda al frente del Terminal donde estaba sentado y le dispararon varias veces, luego de ello salieron tranquilamente en medio de policía que se encontraba alrededor.

Así mismo hoy a las 7:30 a.m. se encontraba un grupo de seis paramilitares de civil con arma larga en el Mangolo y otros cuatro paramilitares se encontraban también de civil con armas cortas en tierra amarilla. Los militares y la policia se encuentran a dos minutos de esta presencia paramilitar.

- El 13 de mayo subió un comerciante de Apartado a las 10:40 a.m. a comprar varios marranos a San Josesito, allí expresó a varias personas de la comunidad que los paramilitares estaban diciendo en los barrios de Apartadó que iban a realizar una masacre en la Comunidad de Paz.

- El día 9 de mayo a las 7:10 a.m. tres mujeres campesinas allegadas a la comunidad fueron detenidas por tres paramilitares en el Mangolo ubicado en la salida de Apartadó hacia San José. Los tres hombres estaban de civil portaban armas cortas, radios de comunicación y se les presentaron como Aguilas Negras. Les dijeron que las buscaban y las iban a matar. Las llevaron de allí a la salida de Apartadó donde se hace el reten de la policía.

En dicho lugar les pedieron las identificaciones y comenzaron a llamar por radio dando los datos de ellas tres, por radio les contestaban que no eran las que buscaban, que las reseñaran y las soltaran. Enseguida los tres paramilitares les tomaron fotos y les dijeron que si se sabía algo de esta situación las mataban, que ellos iban a estar por ahí, pues la orden era comenzar a matar la gente de esa h.p. comunidad de paz.

Los paramilitares las insultaban y les decían que tenían una la lista, que se habían salvado pero no cantaran victoria por que ellos ya tenían orden de meterse a San Josesito, la Unión y las demás veredas a realizar una masacre.

Ellas les decían que no hicieran eso y ellos les contestaban con rabia que eso ya estaba coordinado y se había dado la orden, que con la con la policía y el ejército no se jugaba y ellos los hacían respetar y ellos mismos (el ejército y la policía) les habían dado los nombres de a quien tenían que darle.

Les preguntaron por varios líderes de la comunidad y acompañantes, les decían que esos h.p. no se iban a salvar, que toda la zona de San José era pura guerrilla, que después de dos años de estar la policía eran poquitos los que trabajaban con ellos, los demás eran alcahuetas y colaboradores de la guerrilla.

Después de tenerlas media hora allí y de seguir insultándolas y diciéndoles amenazas las soltaron reiterándoles que no podían decir nada o las mataban.

Estos hechos evidencian el accionar asesino paramilitar que el gobierno intenta ocultar, se ha comenzado de nuevo una ola de asesinatos contra líderes de las zonas humanitarias y de nuevos hechos de muerte contra la comunidad, como habíamos dejado constancia.

Este accionar de exterminio del gobierno contra la comunidad es nuevamente fallido ya que no retrocederemos ante nuestros principios, seguiremos mas firmes que nunca, nos anima a seguir nuestra transparencia en esta búsqueda y la solidaridad de mucha gente a nivel nacional e internacional que creen en un mundo justo y alternativo. El trabajo de FRANCISCO, su memoria nos da fuerza para seguir adelante, nuestra mayor solidaridad para con sus hijos y su familia.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Mayo 14 de 2007

Capturadas quince personas, de 19 vinculadas por el pacto de Ralito

2007-05-14T16:02:00.000-07:00

Mayo 14 de 2007 - 3:20 p.m.
Capturadas quince personas, de 19 vinculadas por el pacto de Ralito
Los senadores capturados fueron: Reginaldo Montes, William Montes y Juan Manuel López. Miguel de la Espriella se entregó.

La detención de los congresistas fue ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que los investiga por el delito de concierto para delinquir agravado.

Está pendiente la captura de: José de Los Santos Negret, actual representante a la Cámara; Jorge Luis Feris Chadid, ex representante a la Cámara; Wilmer José Pérez Padilla, ex alcalde de San Antero, y Víctor Guerra, ganadero.

El Acuerdo de Santa Fe de Ralito fue firmado en junio de 2001, y en él varios políticos se comprometieron a "refundar la patria", con los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Otras 14 personas que también fueron vinculadas al caso serán investigadas por la Fiscalía General de la Nación, bajo el mismo cargo.

El fiscal general, Mario Iguarán dijo que "la asistencia de esas personas a esa reunión fue libre, espontánea y consiente", y que con ello promocionaron grupos armados al margen de la ley.

Entre los primeros capturados está la ex congresista Eleonora Pineda.

La detención de Pineda la realizó el CTI de la Fiscalía este lunes hacia las 11 y 30 de la mañana en Residencias Tequendama, en el centro internacional de Bogotá. Pineda será trasladada al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá.

López Cabrales fue detenido en el Puente Aéreo de Bogotá, cuando se disponía a abordar un vuelo.

Por su parte, Miguel de la Espriella, quien dio a conocer el documento, se entregó hacia las 12 del día en la sede del comando de Policía de Montería.

Dentro del mismo proceso se entregó también el ex congresista Freddy Ignacio Sánchez.

Las autoridades también confirmaron la detención de Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez, ex alcalde de San Onofre (Sucre). Nació en el corregimiento Berrugas y es conocido popularmente como 'El Pule'.

Se dedicó a la actividad ganadera junto con su padre, Edmundo Balseiro. Fue alcalde de San Onofre por el Partido Conservador en el periodo 2001-2004, sucediendo a Luis Salaiman Fallat y entregó el cargo al actual alcalde, Jorge Blanco Fuentes.

Los afectados

Eleonora Pineda

Comenzó su carrera política como concejal de Tierralta (Córdoba) y en su primera aspiración a la Cámara logró la mayor votación en su departamento. Dobló en votos a otros políticos traicionales, como Reginaldo Montes y Zulema Jattin.

Ella admitió en su oportunidad que Salvatore Mancuso fue quien la invitó personalmente, un día antes de la reunión, cuando la encontró en el puesto de salud de Tierralta.

Juan Manuel López

Es el primer congresista que pertenece a otro partido diferente a la bancada uribista que es vinculado a la investigación de la 'parapolítica'.

López Cabrales es el hombre fuerte del partido Liberal en la Costa y su mayor elector histórico en Córdoba.

Su fórmula para la Cámara de Representantes, Musa Besaile Fayad, no solo logró mantener su curul sino que fue la más alta votación para Cámara en el país.

López nació en Montería (Córdoba) en 1956. Hace parte de una familia tradicional de políticos de la Costa. Su padre fue Gobernador. Fue elegido representante para el periodo 1986-1990, y reelegido en 1994, 1998. En el 2002 pasó al Senado y repitió en el 2006 con la segunda votación más alta en todo el país.

El director del Partido Liberal, César Gaviria, le solicitó al Tribunal Nacional Disciplinario de su colectividad suspender transitoriamente a López.

Gaviria había dicho en abril, cuando fue citado a declarar ante la Corte, que no tenía ningún indicio que le permitiera pensar que López Cabrales tuviera responsabilidad alguna en la firma del pacto de Ralito.

Miguel Alfonso de la Espriella Burgos

Fue Representante a la Cámara entre 1998 y 2002. El año pasado llegó al Senado. Nacido en Sahagún. Empezó en el Partido Liberal, en el 2002 se presentó por el movimiento popular Unido y en el 2006 por Colombia Democrática.

Reginaldo Montes

Nació en Sahagun (Córdoba). Fue concejal de ese municipio entre 1982 - 1990 y alcalde entre 1990 y 1992. Diputado por el departamento de Córdoba, 1995 -1997 y representante elegido en el 2002. El año paso dio el salto al Senado.

Su fuerte electoral está en los municipios de Planeta Rica, Sahagun y Montería.

Durante muchos años militó en el partido Liberal, pero en el 2006 se inscribió en el Partido cambio Radical.

José de los Santos Negrete

Fue elegido a nombre del partido Conservador en el 2006 como representante a la Cámara por Córdoba. Nació en San Bernardo del Viento. Es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena.

La siguiente es la lista de las 19 personas vinculadas a este proceso judicial:

Reginaldo Montes, senador
Miguel Alfonso De la Espriella, senador
José Manuel López Cabrales, senador
William Alfonso Montes, senador
José de los Santos Negret, representante a la Cámara
Luis Carlos Ordosgoitia, ex congresista
Eleonora Pineda, ex congresista.
José María López Gómez
Wilmer José Pérez Padilla
Jorge Luis Feris Chadid
Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez
Víctor Antonio Guerra De la Espriella
Sigilfredo Mario Senior
Álvaro Antonio Cabrales
Rodrigo Antonio Burgos
Freddy Ignacio Sánchez
Jaime Augusto García
José María Imbet Bermúdez
Luis José Álvarez Amaris

Publicado en www.eltiempo.com

Historias de horror

2007-05-14T16:00:00.000-07:00

Historias de horror

Terrorismo de Estado!
Si el hallazgo de los cadáveres de miles y miles de Colombianos impresiona, mas deberá impresionar lo que sucedió antes de que fueran asesinados o fallecieran producto de las terrible torturas y depravaciones a que fueron sometidos en esas orgías de sangre de las que muy poco se conoce.La Colombia de la oligarquía Colombia es un pais donde “los asesinos y genocidas andan libres por las calles" y de los cuales, sus manipuladas encuestas nos dicen que los torturados y los asesinados los apoyan cada día mas.

Miguel Suárez *

Por estos días los medios de información y de desinformación muestran algunas de las impresionantes fotos de las fosas comunes y de los cadáveres producto de las masacres a que a sido sometido el pueblo colombiano. Fotos que causan el estupor de muchos, que aterrados se preguntan como pudo suceder esto en esa supuesta democracia.

Si el hallazgo de los cadáveres de miles y miles de Colombianos impresiona, mas deberá impresionar lo que sucedió antes de que fueran asesinados o fallecieran producto de las terrible torturas y depravaciones a que fueron sometidos en esas orgías de sangre de las que muy poco se conoce.

Toda esa orgía de sangre a sido patrocinada por la oligarquía colombiana, dentro de su estrategia de guerra de baja intensidad, que tiene como enemigo al pueblo y que es llevada a cabo por los aparatos de represión del estado incluidos sus grupos paramilitares.

Este desangre no comenzó con Álvaro Uribe, se ha profundizado con el, quien no es tampoco un recién llegado a horrible noche, ya que desde mediados de los años 70s, hace parte de esa mafia que siembra el terror por todo el país.

Esa política terrorista a sido aplicada al pueblo colombiano desde hace machismos años. Comenzo algunos meses después de la declaratoria de independencia.

Por ejemplo Rafael Nuñez, varias veces presidente de los Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia, y autor ademas de la letra del himno nacional que reza “Cesó la horrible noche”, fue uno de los que la comenzó ya que fue en su tiempo el promotor de una ley conocida como la "ley de los caballos", de represión y persecución contra la oposición.

A su vez, Rafael Nuñez parece haber sido la fuente de inspiración ideológica del "Estatuto de Seguridad" Julio Cesar Tutbay Ayala, que llevo a la cárcel a miles Colombianos, entre ellos, al maestro Luis Vidales, Premio Nacional de Poesía y obligo a abandonar el país de manera precipitada a Gabriel García Márquez, Premio Nóbel de la literatura.

Tal vez, por el nombre de "ley de los caballos", Turbay Ayala, con la asesoria de los generales Reveiz Pizarro y Vega Uribe, convirtió las caballerizas de Usaquen en centro de torturas. Turbay es a su vez es el inspirador de Álvaro Uribe Vélez quien tomó el espíritu terrorista del estatuto de seguridad que ahora es llamado “seguridad democrática”.

En la llamada violencia, que dejo mas de 300 mil colombianos asesinados, se contaban historias como la del corte de franela y el corte de corbata, que consistían, el primero en cortar la cabeza de la victima y el segundo, a abrirle un hueco en la garganta, sacarle la lengua por allí y dejarlos morir desangrados. También se cuenta de trenes con vagones llenos de muertos para tirarlos al mar.

De los tiempos de la violencia heredamos los colombianos dichos populares como el que dice ”En mi tierra se caliente el agua a balazos” o el de que ”en mi casa se atrancan las puertas con muertos”.

En ese tiempo, cuando no existían guerrillas, las masacres no las cometían las llamadas AUC, sino los “Pájaros y Chulavitas”, los paramilitares de esos tiempos.

El diario el Tiempo, publico el pasado 24 de abril (2007) un articulo titulado ”Colombia busca a 10.000 muertos”, podríamos decir que sus cadáveres estan apareciendo hoy, no gracias al gobierno de Uribe que a hecho todos los esfuerzos por ocultar esas atrocidades, sino gracias a la presión de diferentes organizaciones nacionales e internacionales y a que la corte suprema de justicia, obligo a que si los narcotraficantes quería beneficios de la tal ley de Justicia y Paz, deberían decir la verdad y de la cual hasta ahora han contado una muy mínima parte.

En el articulo, uno de los supuestos paramilitares contaba que sus jefes, entre los que hay que incluir por lo menos al hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago, organizaban cursos de entrenamientos donde utilizaban personas que eran llevadas hasta sus campos de entrenamiento para degollarlos vivos.

El supuesto paramilitar reveló que en esos cursos eran llevadas "personas de edad que llevaban en camiones, vivas, amarradas (...) Se repartían entre grupos de a cinco (...) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza... descuartizarlas vivas".

Luego de esas ” escuelas del terror”, estos hombres a nombre de esa oligarquía salían a aplicar lo aprendido contra colombianos inermes buscando con ellos acallar la protesta social y para desvertebrar organizaciones como la Unión Patriótica, en una serie de actos de barbarie que estan marcadas en las cicatrices del pueblo colombiano y que por su sadismo podemos destacar.

La masacre del Municipio de Trujillo, Departamento del Valle del Cauca, en 1990, donde 52 personas fueron víctimas de una cadena de acciones criminales en la que participaron, miembros de los aparatos de represión de esa oligarquía con sus grupos paramilitares.

Un testigo de lo sucedido contaba que “el Mayor del ejercito les ponía en la cara un chorro de agua a presión con manguera, les levanta las uñas con navaja, les quita pedazos de la planta de los pies con corta-uñas, los corta y les echa sal, luego con un soplete de gasolina que lanza llama le queman en distintas partes del cuerpo y la carne se raja y se levanta el cascarón, les pone el chorro de llama en la zona genital, les corta el pené y los testículos y se los mete en la boca a las mismas víctimas y finalmente los descuartiza con una motosierra y al hacer esto, los torturadores gritaban 'ai hombre'”.

Después los iban echando a una pieza enmallada a uno por uno... decía el testigo “yo vi los cadáveres, fue cuando los estaban echando a la volqueta, estaban dentro de los costales, eran como doce costalados, en un costal echaban los troncos y en el otro echaban las cabezas.

Una de esas 52 personas fue el sacerdote Jesuíta Tiberio de Jesús Fernández Mafla. Su cadáver fue encontrado el 23 de abril por un poblador en el Río Cauca, sin cabeza, abiertos el tórax y el abdomen con una motosierra, mutilado y castrado con los más aterradores signos de crueldad.

En la propia Bogota, en el municipio de Suba, miembros de la Policía de la oligarquía colombiana, el 12 de mayo de 1993, como a las nueve de la noche, allanaron la casa de la familia Meléndez, en Santa María del Lago, en el noroccidente de Bogotá, los sacaron esposados al antejardín, luego los volvieron a meter a la casa, minutos después los medios de desinformación los presentaron como delincuentes dados de baja.

La Policía lo presentó al país como un gran operativo contra una banda de 12 asaltantes y así quedó registrado en los medios de comunicación.

El 23 de Septiembre de 2001, a las cinco y treinta de la mañana, hombres que lanzaban gritos de muerte y proferían maldiciones, destruyeron a tiros de fusil la puerta de la vivienda de Monguí Jerez Suárez, humilde mujer santandereana de origen campesino, en el municipio de San Pablo, Bolívar.

Los instantes de horror fueron breves pero contundentes. Cuando ella reparó en lo que ocurría, estaban muertos en el lecho, su hijo Nelson Alirio Hernández de solo ocho años, y su compañero Florentino Castellanos de treinta y ocho, trabajador del municipio, acribillados de varios tiros de fusil.

Ella había perdido completo su brazo izquierdo, y una pierna colgaba sostenido apenas por la piel.

El comandante de la operación, un tal Arriaga, después del éxito de la misma y como premio a sus hombres, dio autorización para hacer pillaje.

El 27 de febrero de 1997, los pobladores de Bijao del Cacarica, fueron obligados a presenciar un macabro partido de fútbol entre los soldados del ejercito de ocupación de la oligarquía colombiana y sus grupos paramilitares.

El periodista Fernando Garavito contaba: “Una vez reunidos los dos ”equipos”, el árbitro hizo sonar su silbato. Cada uno de los equipos ocupó su puesto estratégico en el terreno de juego. Entonces, un ayudante trajo hasta el centro de la cancha una bolsa de fique, y vació su contenido en un punto equidistante entre los encargados de hacer el primer disparo. Los asistentes dejaron escapar un grito de horror. El balón con el que jugarían los contendientes era la cabeza de Marino López, uno de sus amigos.

Durante largos minutos el único ruido que pudieron percibir los habitantes fue el de las patadas que daban los jugadores contra el cráneo destrozado”.

Ese fue el comienzo del año de terror que se vivió en 1997, cuando Alvaro Uribe Velez, era gobernador de Antioquia. “El 4 de abril de 1997, en la región de Cacarica, un comando de militares y paramilitares acantonados en Apartadó, le abrieron el vientre a Daniel Pino delante de observadores internacionales que habían llegado días antes a la zona para comprobar algunas denuncias relacionadas con los atropellos a los derechos humanos.

Tratando de detener el derrame de sus intestinos, el campesino agonizó durante una hora sin que nadie pudiera auxiliarlo”.

Otro relato de esa horrible noche que aun no ha cesado dice “El muchacho, con la camisa celeste rota y sus calzoncillos en el nivel de las rodillas que se habían manchado de color rojo. El niño miraba con sus ojos inocentes hacía el cielo con la expresión ¿por qué?. El niño. De solo ocho años murió desangrado debido al machetazo que sus victimarios, paramilitares de la oligarquía colombiana, le había hecho cuando le cortaron el pené.

¿Su crimen?, Ser hijo de Carlos Julián Vélez, dirigente de la Unión Patriótica (UP) del departamento del Meta. Toda su familia fue masacrada ese día de terror.

Estas historias de terror, y muchas mas han sido de manera “habilidosa” ocultadas al pueblo colombiano y al mundo, que poco conoce de esa “horrible noche” a que nos han sumido esa oligarquía asesina.

Por eso el escritor colombiano Fernando Vallejo a dicho que renuncia a la ciudadanía colombiana porque este es un país asesino, refiriéndose a la oligarquía colombiana que asesina de la manera más impune y sigue fingiendo no saber nada de sus crímenes.

La Colombia de la oligarquía Colombia es un pais donde “los asesinos y genocidas andan libres por las calles" y de los cuales, sus manipuladas encuestas nos dicen que los torturados y los asesinados los apoyan cada día mas.

Si algunos se han conmocionado con las fotos de las fosas y calaveras, deberán conmocionarse aun más con estas horribles historias, y deberían conmocionar al máximo sabiendo que en estos momentos, en el Caquetá, en Nariño, en Arauca y en general en toda Colombia, se están repitiendo estas aberraciones contra el inerme pueblo colombiano.

Sí!, se están repitiendo con igual sadismo y no hacemos nada, hay niños que están siendo sometidos a las mas salvajes torturas al igual que padres, hermanos, hijos, jóvenes y viejos.

Si historia de horror se contaron con las dictaduras del cono sur, las de la democracia mas vieja de sur América, son mucho más terrible, y los colombianos seguimos viviendo en esa horrible noche que inauguro Núñez, siguió Turbay y hoy profundiza Álvaro Uribe Vélez.

* Director de Radio Café Stereo

www.ajpl.nu/radio

Conflicto armado
14.05.2007

Universidades públicas se toman las calles de Bogotá protestando contra el Plan Nacional de Desarrollo

2007-05-14T10:43:00.000-07:00

Universidades públicas se toman las calles de Bogotá protestando contra el Plan Nacional de Desarrollo
Equipo | Periódico El Turbión – mayo 10 de 2007

Más de 20.000 estudiantes, trabajadores y profesores universitarios salieron a las calles para reclamar al gobierno por las medidas adoptadas en el Plan Nacional de Desarrollo, recientemente aprobado por el Congreso, que dejarían a las universidades públicas del país al borde de la quiebra al pasar la responsabilidad por el pago del pasivo pensional de la Nación a cada una de estas instituciones. La convocatoria estuvo en cabeza de la Universidad Nacional, que reunió a más de 11.000 de los asistentes.

El carnaval, como se prefirió llamar a una muestra de cultura y colorido por parte de los estudiantes, inició en la Universidad Nacional desde la portería de la carrera 30 con calle 45. Desde allí se emprendió camino, por una sola calzada, hasta la calle 53 con carrera séptima, donde los estudiantes pudieron reunirse con casi 3.000 de sus homólogos de la Universidad Pedagógica Nacional. Posteriormente, a los marchantes se unieron otros 1.500 de la Universidad Distrital, ubicados sobre la séptima con calle 40, y un número aún no determinado de manifestantes solidarios de diversas organizaciones sociales y de estudiantes de universidades privadas.

Disfraces, gaitas, tambores, arte y mucha alegría conformaron el ambiente que se respiró durante una jornada pacífica de protesta que buscó generar conciencia sobre la problemática de las Universidades Públicas y que inició actividades hacia las nueve de la mañana, hora en la cual se citaron los manifestantes en la Plaza Ernesto ‘Ché’ Guevara de la Universidad Nacional para ultimar los detalles del Gran Carnaval Universitario. La jornada se extendió aproximadamente hasta las cinco y media de la tarde, momento en el que se retiraron los últimos entusiastas de la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional.

El carnaval del pensamiento

El evento de hoy, a diferencia de lo difundido irresponsablemente por algunos medios, no se trató de algún capricho de ‘estudiantes revoltosos’. Las Universidades Públicas se están moviendo en torno a una seria problemática: la reciente aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que es la condena de muerte de muchas de estas instituciones.

A tono con una política privatizadora que se ha encargado de arrasar, en los últimos años, con entidades tan prometedoras como Telecom, Adpostal, la Refinería de Ecopetrol de Cartagena, entre otras, las Universidades Públicas son la piedra en el zapato del Estado colombiano, tanto en el aspecto financiero –por considerarse, en la lógica de los últimos gobiernos, que la educación es un servicio y no un derecho de la población–, como en el político, más cuando desde allí se hilan las principales críticas a las medidas gubernamentales. Por ello, el traslado a las universidades estatales de sus obligaciones pensionales, en virtud del artículo treinta y ocho de la discutida ley, no es otra cosa que una sucia estrategia para agilizar el cierre de estas instituciones o para promover medidas radicales de autofinanciación que las eliticen y las alejen de su fin social, como el alza exagerada de costos de matrículas o la pretensión de que los egresados soporten con impuestos un fondo para la ecuación superior.

Además de estas problemáticas particulares, son banderas de la asamblea permanente el rechazo al TLC, a la Ley de Transferencias y al clima de estigmatización y criminalización contra los estudiantes que se vive en el país.

Universidad Nacional en asamblea permanente

A la cabeza de la educación pública, la Universidad Nacional ha liderado un proceso que arrancó desde el jueves tres de mayo, cuando se declaró en Asamblea Permanente y se dio inicio a la anormalidad académica con el propósito de abrir los espacios de discusión. En un esfuerzo conjunto e interdisciplinario, se ha diseñado todo un programa que no se agota en la evaluación coyuntural de las implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo, sino que se erige sobre ejes más amplios, como son el académico, el de bienestar y el de organización estudiantil.

En ese marco, se han desarrollado diferentes asambleas generales, en el Auditorio León de Greiff, y por facultades, en espacios especialmente dedicados para esto. También se ha dispuesto una serie de recursos creativos, como el denominado pupitrazo, que tanto alarmó a los dueños del sistema privado de transporte masivo Transmilenio el martes ocho de mayo, cuando se pretendió desarrollar en plena Avenida NQS esta actividad y los universitarios fueron duramente reprimidos por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. A pesar de esto y de la caudalosa lluvia que acompañó la tarde, finalmente se llevó a cabo esta acción sobre la avenida El Dorado durante casi dos horas para enterar al público en general de la crisis universitaria.

Hoy las paredes de la nacho se visten de graffiti y color, en una energía que ha convocado desde artistas hasta matemáticos. En un esfuerzo que parece ser contagioso, las Universidades Públicas reivindican nuevamente su autonomía e invitan al pueblo a pensar sus problemáticas. La declaración de asamblea permanente tiene largo alcance y la invitación es a que la discusión trascienda las aulas.

El macartismo y la cacería de brujas

Sin embargo, el estigma y la criminalización de la protesta no se hicieron esperar. El pasado martes en la tarde, el noticiero de televisión CM& recibió una secuencia de video tomada por miembros de la vigilancia de la Universidad Nacional donde se aprecia a un grupo de encapuchados en un acto simbólico en la Plaza Ché. A pesar de que las imágenes corresponden a un suceso aislado ocurrido el lunes 30 de abril, el informe transmitido no duda en señalar que estas imágenes fueron tomadas, supuestamente, el martes 8 de mayo y en implicar a los estudiantes que se han venido manifestando con el Movimiento Bolivariano, organización que se manifestó aquel lunes.

Así mismo, hace algunos minutos, informativos de los canales privados presentaron como noticia de última hora que “la protesta de la Universidad Nacional terminó en disturbios”, luego de que un grupo aislado de estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) que acompañaba la marcha decidiera bloquear la calle a la altura de la avenida décima con calle diecinueve, en pleno corazón de la ciudad, evento que desató un corto choque con miembros del Esmad y terminó con la detención de cuatro estudiantes. Los noticieros, las operadoras de Transmilenio y algunos informativos radiales hablaban descuidadamente de disturbios en la Universidad Nacional, cuando la realidad era bien diferente.

Por ello, los estudiantes han exigido ser escuchados por su propia voz y exigen de los informadores el publicar información veraz y responsable, pues temen que se repitan casos como el de la Universidad del Cauca –otra de las instituciones en paro–, donde vienen apareciendo, en las últimas semanas, panfletos con listados de dirigentes estudiantiles que, por su pensamiento crítico y su labor en las asambleas, estarían siendo señalados objetivo militar por parte de las estructuras narcoparamilitares.

Así las cosas, la protesta estudiantil continúa. Los universitarios han anunciado que se mantendrán en asamblea permanente hasta la solución de la crisis y que realizarán nuevas movilizaciones masivas, lo cual no se hará de esperar, dada la histórica convocatoria que hoy revistió la manifestación, una de las más grandes de la última década.

Publicado en El Turbión

No Traguemos entero

2007-05-14T10:38:00.000-07:00

Primero que todo, si lo que lee aquí le parece coherente y si demuestra algún punto, por favor, compártalo, y ayudenos a mejorar nuestra situación nacional. Antes de explicar por qué habrá trancones mañana en Bogotá, quisiera aclarar que AYER EN LAS NOTICIAS (CM&, CITY TV) SE UTILIZARON IMÁGENES DE ARCHIVO EN LAS CUALES MUESTRAN A LAS M BOLIVARIANAS (GRUPOS DE ENCAPUCHADOS) HACIENDO PROTESTA. eso es una GRAN MENTIRA! YO ESTUVE EL MARTES EN LO QUE SE DENOMINÓ "PUPITRAZO" Y NO HUBO PRESENCIA DE ENCAPUCHADOS. LA JORNADA DE PROTESTA SE HIZO EN ABSOLUTA CALMA, AUQNUE ESO NO FUE SUFICIENTE PAR AIMPEDIR LOS ATAQUES DE LA FUERZA PÚBLICA (ESMAD) QUIENES ARREMETIERON CONTRA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON GASES LACRIMÓGENOS Y AGUA A PRESIÓN DESDE LAS TANQUETAS. LES RECUERDO QUE NO SE HAN UTILIZADO CAPUCHAS, NI PASAMONTAÑAS NI NADA! TAMPOCO SE HA UTILIZADO LA VIOLENCIA. POR FAVOR INVITO A LA COMUNIDAD EXTERNA ALA UNIVERSIDAD A QUE CONTRUYA CRITERIOS PARTICULARES QUE MIDAN LOS DAÑOS QUE DESDE EL GOBIERNO Y DESDE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, SE HA HECHO DENOMINANDO CUALQUIER TIPO DE PROTESTA PACÍFICA COMO TERORISMO! LA UNIVERSIDAD NACIONAL RECHAZA LOS ACTOS TERRORISTAS Y EL BANDALISMO. Mañana habrá más trancones en Bogotá! Suele ser muy molesto saber que los causantes son los Estudiantes de la Universidad Nacional ooooootra vez halegando! Precisamente por eso es que escribo este pequeño informe para que sepa por qué va a estar molesto en los trancones de mañana, y si no preferiría desplazarse en la ciudad en medio de un CARNAVAL! El Plan Nacional de Desarrollo sancionado por el Congreso de la República en la semana pasada tiene varios puntos que podrían poner en peligro la Figura de la Universidad Pública del país. Entre estos el el artículo 38, "Saneamiento del Pasivo Pensional de las Universidades Estatales del Orden nacional" dice: La Nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades en los términos establecidos en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993. Las sumas que se hayan transferido por parte de la Nación con las cuales haya sido atendido el pasivo pensional de dichas universidades a partir de la fecha de corte prevista en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, se tendrán en cuenta como pago parcial de la concurrencia a cargo de la Nación de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se establezca. www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=699 Esto qué quiere decir? Que las Universidades Públicas de Orden Nacional deberán "ajustar" su presupuesto para suplir el 100% del Pasivo Pensional que cada una requiera. En el caso de la Universidad Nacional el asunto afectaría probablemente de la siguiente forma http://www.unal.edu.co/gerencia_finad/presupuesto/index.html :El presupuesto de la Universidad se reparte casi 50/50 entre recursos generados por la Institución y el aporte del Gobierno. A parte de ese presupuesto básico de funcioanamiento, está el de las pensiones. Más o menos, el presupuesto completo equivale a 957mil millones de pesos, y el de pensiones es de unos 164mil millones (de los cuales la Universidad genera 10mil millones). Si el apoyo del gobierno se lleva a negociación y posteriormente se obliga a que la Universidad supla el vacío del Pasivo Pensional, tendría que sacar el dinero del presupuesto básico de funcionamiento. Esto, obviamente llevaría a recortes en muuuuchas más cosas (a parte de todas las que le han recortado en los últimos 40 años) y posiblemente en el aumento de las matrículas, lo cual es sumamente nocivo para quienes estudiamos ahí, ya que económicamente la gran mayoría no puede pagar su estudio en una Universidad privada. Obviamente queda, en este documento, el vacío de por qué carajos es importante que exista Universidad del estado, y de por qué es importante que el Estado poooor lo meeeenos se comprometa a seguir dando el poquito de educación superior profesional que aún da. Por esta razón serán los trancones de mañana y de muchos otros días si no se logra modificar el Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos en el tema del saneamiento Pensional. Por último, cualquier pregunta o comentario, pregunten o comenten! pero no traguen entero por favor!!!!

Una alcaldesa entre escoltas y fusiles, tres meses después del carro bomba en Neiva

2007-05-14T10:34:00.000-07:00

Mayo 11 de 2007

Una alcaldesa entre escoltas y fusiles, tres meses después del carro bomba en Neiva

Dos policías armados con fusiles vigilan desde una trinchera los tejados que rodean la casa de la alcaldesa de de la capital del Huila, Cielo González Villa.

Cuenta que hasta el primero de marzo salía a trotar durante una hora. Pero el carrobomba que estalló ese día en una emisora donde González Villa iba a dar una entrevista, la obligó a restringir sus salidas.

Ahora, al pie de los uniformados, pero separada por una tapia, la funcionaria alista un aparato para hacer abdominales. Viste camiseta blanca de algodón y pantalón de sudadera azul oscuro. Es de cabello castaño claro, alta y esbelta.

El gobierno nacional le entregó un carro de mayor blindaje. La cuadra en la que vive la funcionaria fue cerrada y se llenó de
hombres armados.

Tres meses después, para evitar esos traumatismos en el centro de Neiva, la alcaldesa y sus padres alistan el trasteo a un conjunto residencial.

La alcaldesa ya no va a la peluquería. A las 7:38 de la mañana, un estilista de jeans y sandalias entra a su casa.

Junto a las rejas exteriores, un policía de civil, con chaleco antibalas y fusil Galil, se alista para la salida de la mandataria.

"Listo. Cualquier cosa usted reacciona mientras nosotros nos
ubicamos", dice por radio uno de los hombres.

La mujer sale de prisa. Lleva blusa y pantalón cafés. Dice que no se pone el chaleco antibalas por el calor que reina en Neiva, casi siempre arriba de los 30 grados.

Dentro de la camioneta, Cielo González se echa la bendición y mira por el vidrio el movimiento de sus escoltas.

"Esas dos motos me tocó comprarlas después del bombazo", dice. Se refiere a dos aparatos de color negro de más de 500 centímetros cúbicos en los que viajan hombres armados de fusiles.El bombazo, además, acabó de tajo con los consejos comunitarios de los fines de semana.

La mano en la pistola

Algunos contradictores afirman que la mandataria construye obras físicas, pero se olvidó de lo social y endeudó al municipio.

En la Contraloría municipal, sin embargo, no ha prosperado ninguna investigación en su contra. Aunque esa dependencia reclama mayor planeación en las obras para evitar los notorios traumatismos en las vías de Neiva.

Ella dice que es envidia ante el evidente avance urbanístico que se nota en la ciudad. Esas obras son uno de los motivos que tiene la alcaldesa para no renunciar.

"¿Y quién inaugura? Además tengo que lanzarme a la gobernación en cuatro años", dice mientras la caravana avanza hacia una de las zonas más deprimidas de la ciudad.

La funcionaria dice que las Farc no quieren matar a Cielo González como persona, sino a lo que ella representa como uribista y como autoridad máxima de una ciudad estratégica para ese grupo.

"¡Aseguren... aseguren...!, dice el jefe de escoltas. El carro se detiene frente a uno de los diez hogares en los que el municipio les da alimentos a niños pobres de Neiva.

Allí, ni siquiera el aspecto inofensivo de las cocineras persuade al escolta más cercano a la funcionaria de apartar su mano de la pistola que carga entre su chaleco antibalas.

La alcaldesa se despide diez minutos después. Dos escoltas sacan sus armas.

"¡21... 21... 10-06!", urge alquien a través del radio.

El operativo se repite en un barrio favorecido con un programa de arreglo de viviendas.

También en tres obras viales y, hacia el mediodía, en un lote donde la alcaldesa impulsa un sistema de agricultura urbana para campesinos desplazados.

Estos la reciben con una ensalada de frutas. Ya saben que la alcaldesa no come sancocho. Ni el carrobomba le pudo quitar una obsesión casi enfermiza por el peso. Cuando era pequeña le decían 'gorda' y ahora almuerza con 90 gramos de proteína, 20 gramos de galleta y un jugo sin dulce.

Después de almuerzo, la alcaldesa se encierra en su despacho. A las 7 de la noche hace su última aparición pública. Baja en ascensor y camina rodeada de escoltas los 46 pasos, en diagonal, hasta el Club Social de Neiva.

Sale una hora después para treparse al auto blindado. Dos pistolas le cuidan la espalda.

Texto y fotos: JOSÉ NAVIA
Envíado Especial EL TIEMPO

Fiscal de Valledupar que investigaba violaciones a derechos y narcotráfico era ficha de 'Jorge 40'

2007-05-14T10:17:00.000-07:00

Mayo 9 de 2007

Fiscal de Valledupar que investigaba violaciones a derechos y narcotráfico era ficha de 'Jorge 40'

Varias de las investigaciones que tuvo a su cargo del fiscal detenido estaban relacionadas con los crímenes de los 'paras' de 'Jorge 40'. Las primeras acusaciones de nexos con los paramilitares contra Francisco Becerra Araque, fiscal tercero especializado de Valledupar, fueron hechas por un hombre, hoy protegido por las autoridades.

Según el testigo, llegado de la Costa Atlántica, Becerra era ficha del bloque Contrainsurgencia Wayuu de las Autodefensas, uno de los grupos de 'Jorge 40', y utilizaba su puesto en la Fiscalía para favorecer a los 'paras'.

Por sus manos pasaron los casos del asesinato del ex congresista de Magdalena Fernando Pisciotti, ocurrido en el municipio de El Banco a finales del 2003, y varios de los cometidos por las autodefensas en su arremetida en Barranquilla.

Aseguró además que su contacto era directo con 'Ramiro', segundo de '40' en la parte norte del Cesar y La Guajira, el hombre que manejaba las rutas por donde sale la coca de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el Caribe.

El informante acusó al fiscal de presionar testigos

Cuando un campesino de la zona llegó a la Fiscalía en Valledupar para entregar información sobre ese 'para', dijo el informante, el fiscal "empezó a presionarlo y a cambiarle la versión. Lo intimidó para que no lo hiciera, porque eso era muy peligroso y era mejor dejar así las cosas".

Ese testimonio fue el origen de una investigación interna que llevó a la Fiscalía a ordenar la captura de Becerra, que el pasado lunes se entregó en las oficinas del DAS en Bucaramanga.

Interceptaciones telefónicas, correos electrónicos y otras pruebas llevaron a los investigadores a calificar al fiscal de Valledupar como "colaborador de los paramilitares" de Jorge 40. Está sindicado de cohecho y la Fiscalía revisa con lupa las decisiones que tomó en los últimos años en procesos en los que la justicia todavía sigue sin aparecer.

Casos de homicidios y desapariciones de líderes políticos e indígenas -muchos de ellos kankuamos de la Sierra Nevada-, comerciantes y campesinos de la región en la que 'Ramiro' tenía directa influencia figuran en esa lista.

También se investiga una posible fuga de información sobre allanamientos, registros y otras diligencias contra '40', 'Ramiro' y otros paramilitares del bloque Norte entre los que se menciona a Édgar Ignacio Fierro, 'don Antonio', el hombre de confianza de 'Jorge 40'.

La Fiscalía también indaga si el funcionario habría participado en la venta de algunos expedientes que habrían llegado a las manos de las autodefensas.

"Hay evidencias de que el fiscal habría favorecido en investigaciones por homicidios a 'Ramiro', comandante 'para'", explicó un investigador de la Fiscalía General de la Nación.

Poder corruptor de la 'Oficina'

La salida en limpio de la cárcel de paramilitares como el hoy desaparecido Daniel Mejía, 'Danielito', volvió a despertar las preguntas sobre por qué nunca se pudo comprobar nada contra personas que, como él, aparecían mencionadas en decenas de crímenes en Envigado y otros municipios de Antioquia.

Según fiscales consultados por EL TIEMPO, en ese departamento habrían operado fichas encargadas de precluir o archivar investigaciones contra los 'paras'.

Esa llave macabra se comenzó a destapar tras el homicidio del fiscal Ignacio Aristizábal, en octubre del 2005.

Por ese crimen viajó desde Bogotá una comisión para revisar procesos relacionados con la 'Oficina de Envigado'.

Según las fuentes, un alto miembro de la Fiscalía incluso llamó corruptos a varios fiscales en un evento interno en la capital antioqueña.

La fiscal que ayudaba a 'paras'

Hasta el 2003, Ana María Flórez Silva era una de las funcionarias más destacadas de la Fiscalía. Allí la conocían por la amistad de su padre, Álvaro Flórez Bernal, con Luis Camilo Osorio, el Fiscal de ese entonces.

Pero ese año, la jefa de fiscalías de Cúcuta cayó en desgracia.
Fue acusada ante la justicia por su ex asistente Magally Moreno de colaborar con 'paras', entregándoles información privilegiada y señalando a personas para que fueran asesinadas. Esto fue corroborado por Salvatore Mancuso durante el inicio de su versión libre, en enero pasado, ante Justicia y Paz.

También se le acusa del asesinato de su esposo, el abogado Alfredo Flórez Ramírez, y de las desapariciones de Carlos Alberto Pinzón, un funcionario del CTI de Cúcuta, y su novia, Carolina Osma Claro.

A finales de marzo pasado, la Corte Suprema la condenó a 12 años de cárcel por suministrar información oficial a grupos paramilitares. La ex funcionaria está prófuga.

Publicado en www.eltiempo.com

Detectan apoyo de FARC para izquierda mexicana

2007-05-14T10:16:00.001-07:00

Detectan apoyo de FARC para izquierda mexicana
Doris Gómora
El Universal

Jueves 10 de mayo de 2007

Destina al menos 1 mdd para financiamiento, con especial énfasis en las redes de este país

Además de mantener alianzas con los cárteles del narcotráfico mexicanos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sustituyeron su oficina de México por redes de apoyo, financiando a organizaciones de izquierda a través de su frente internacional, al que destinan montos de un millón de dólares al año en promedio, indica información de inteligencia de los gobiernos de Colombia y México.

"Sabemos de México, donde se está moviendo en algunos círculos. Las FARC han reactivado su aparato diplomático, que generalmente funciona de manera paralela a su aparato de narcotráfico, de violencia, de armas", indicó, en entrevista con EL UNIVERSAL, Francisco Santos, vicepresidente de Colombia.

De acuerdo con reportes de inteligencia del gobierno de Colombia, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, las FARC destinan de sus ingresos -78% de los cuales obtienen por medio del narcotráfico, el resto es por extorsión, secuestros, y cuotas de grupos simpatizantes en el extranjero- un millón de dólares para su frente internacional, con especial énfasis en México, donde venden más de la mitad de la cocaína a los cárteles de la droga.

Las FARC originalmente proyectaron que su frente internacional tendría ingresos por cuotas y recursos que obtuviera "de simpatizantes en sus países de injerencia".

Sin embargo, los reportes de inteligencia del gobierno de Colombia indican que, a partir de 2003 con el incremento de sus gastos para el narcotráfico, las FARC establecieron que, además de distribuir parte de sus ingresos a su frente internacional, en cada país donde tienen alianzas con el narcotráfico sus socios entregarían montos en efectivo, aún no especificados, mediante intermediarios a organizaciones de izquierda.

Es por ello que mientras que en 2003 las FARC destinaron desde Colombia 8 millones 600 mil dólares a su frente internacional, incluyendo México, a partir de 2004 el monto disminuyó a 2 millones 300 mil dólares, hasta llegar en 2006 a un millón 500 mil dólares.

A través de las organizaciones de izquierda que financian, las FARC distribuyen su ideología, organizan eventos, crean oficinas en el interior del país, efectúan el reclutamiento en universidades y realizan acciones contra los gobiernos de Colombia, México y Estados Unidos, indica la información.

El reporte de inteligencia del gobierno de Colombia indica que "la edad de reclutamiento es de los 16 a los 30 años. La organización hace una selección mediante un proceso que comienza con explicar los estatutos internos, los objetivos de la organización y los compromisos que se adquieren al convertirse en miembro activo de las FARC. Luego de este entrenamiento, la persona decide si desea ingresar a las filas".

Como en Colombia y otros países, en México las FARC integran sus redes urbanas de organizaciones de izquierda con personas que no pertenecen militarmente a la guerrilla, pero que tienen una preparación académica, información que fue corroborada por fuentes de inteligencia mexicana.

"Son personas altamente politizadas que llevan en apariencia una vida normal, casi todos con una especialidad o un oficio montado por la guerrilla desde el cual adelantan labores de inteligencia", detalla el reporte.

"Muchas veces ellos pescan (a los simpatizantes) en esos sitios (facultades de ciencias sociales) para llevar a gente que va de lo político o lo propagandístico a otros temas ya mucho más delicados, el narcotráfico o el terrorismo", agrega Santos.

El núcleo de apoyo a las FARC y la Coordinadora Continental Bolivariana, que apoyan abiertamente a las FARC en México y cuentan con la simpatía, incluso con la logística, de estudiantes de universidades como la UNAM, declinaron responder cualquier pregunta relacionada con financiamiento, persecuciones, oficina de operación o familiares de los miembros de la guerrilla radicados en el país.

Inteligencia de Colombia tiene ubicadas oficinas y casas en las que se reúnen simpatizantes y activistas de las FARC en la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Toluca.

Las casas habitación que utilizan las redes bolivarianas replican la operación del departamento que Luis Alberto Albán Urbano alias Marco León Calarcá y las FARC tuvieron entre 1993 y 2002, en la calle Diagonal de San Antonio en la colonia del Valle en la ciudad de México, el cual posteriormente fue referido como "la oficina de las FARC en México".

Inteligencia del gobierno de Colombia indica que otros familiares de Luis Alberto Albán Urbano ingresaron también a México, pero de acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sólo Luis Alberto Albán y las FARC están considerados como organizaciones terroristas y narcotraficantes.

La mayoría de los contactos de los activistas y simpatizantes de México se efectúan en Colombia, Suiza, Venezuela, Perú, Brasil y Canadá, donde vive por su doble nacionalidad Juan Jacobo Albán, hijo de Luis Alberto Albán alias Marco León Calarcá.

Al igual que en otros países, en México las FARC realizan eventos "con participación de diversas ONG, movimientos de izquierda y personalidades proclives a la organización".

El 11 de marzo en la ciudad de México 170 delegados de 10 estados de la República junto con invitados de Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Chile y Portugal formularon la declaración del primer Encuentro Nacional de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Colombiano, misma que fue difundida por el núcleo mexicano de apoyo a las FARC y la Coordinadora Continental Bolivariana capítulo México, además de anunciar otras reuniones más.

La declaratoria establece el rechazo a la alianza entre los gobiernos de Felipe Calderón, Álvaro Uribe y George Bush, así como a la presencia del Ejército mexicano en las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, además de hacer un llamado contra las leyes antiterroristas que afectan a las FARC-EP.

Desde la convocatoria se especificó que las entregas de ponencias serían vía correo electrónico o directamente en el cubículo que lleva el mismo nombre del auditorio, Simón Bolívar, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

En el reporte del gobierno de Colombia se indica que "desde hace unos años, las FARC utilizan la publicación de páginas de internet como herramienta para la divulgación de la información enfocada principalmente a la comunidad internacional, con el fin de mantener su imagen y divulgar su ideología.

Las redes bolivarianas o de apoyo son lo que las FARC denominan "exportar la revolución", explica Raúl Muriel, consultor privado en Bogotá y experto en el tema de las FARC.

"Exportar la revolución es ir sembrando semillitas allá, colocarlas allá con lentitud para que a través de sus estructuras puedan ir generando el mismo fenómeno que en Colombia", detalla Muriel.

Por cada 10 simpatizantes que reclutan las redes bolivarianas y las FARC sólo dos continúan, pero en opinión de Muriel son suficientes para mantener su red.

El otro frente

Un elemento adicional de apoyo que tienen las FARC en México es la red de relaciones públicas que construyeron familiares de miembros élite de la guerrilla colombiana trabajando como representantes oficiales en diversas embajadas de Colombia en el mundo, y de ahí se contactaban con la oficina de México.

Entre esos contactos se encuentra Carlos Roberto Sáenz Vargas, hermano de Guillermo León Sáenz Vargas alias Alfonso Cano ideólogo de las FARC y representante de la guerrilla en las negociaciones de paz en Tlaxcala, México en 1992.

Carlos Roberto Sáenz, quien no es personal diplomático de carrera, laboró como segundo secretario de la misión diplomática permanente del gobierno de Colombia en Viena, desde donde mantenía contacto con los miembros de las FARC de México.

Documentos oficiales de la ONU, UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual confirman la posición de Sáenz a partir de 1995. Tras su salida de la embajada encabezó diferentes ONG, entre ellas Agenda Bogotá, ofreciéndose incluso a servir como negociador entre el gobierno y las FARC a las que pertenece su hermano.

Entre 1993 y 2002, familiares de miembros de las FARC crearon conexiones desde representaciones diplomáticas del gobierno de Colombia y cuando dejaron de operar como personal de las misiones permanentes diplomáticas tenían construida una red de relaciones públicas que utilizaron en favor de las FARC.

El ex presidente de Colombia César Gaviria declinó responder preguntas sobre la oficina de las FARC en México, los nombramientos de familiares de miembros de las FARC en embajadas y sobre el futuro político de la guerrilla.

"A mí no me cabe la menor duda de que las FARC están trabajando en todo el continente. Estamos viendo brazos de ellos, los vemos moverse por los países vecinos con mucha facilidad", destacó Santos.

Además de México, Santos afirmó que el gobierno de Colombia tiene información corroborada de reclutamientos de las FARC en Bolivia y Paraguay con el mismo modus operandi: financiando grupos y buscando alianzas.

Carlos Holguín, ministro del Interior y de Justicia, señala que "para Colombia entre más lejos se vayan mejor, pero para México es muy grave. Son terroristas que tienen un compromiso ideológico con el fanatismo político de desestabilizar, y las actividades que cumplen ellos no son propiamente de ángel ni demócratas".

Sin embargo, para Myles Frechette, quien fuera embajador de Estados Unidos en Colombia entre 1994 y 1997, una de las razones por las cuales las FARC se han extendido a otros países se debe a la falta de reforzamiento de las fronteras colombianas."

En entrevista, Frechette destaca que cuando fue embajador de Estados Unidos su gobierno nunca hizo algún tipo de advertencia al gobierno de Colombia sobre las FARC

"Nosotros no teníamos agentes trabajando en campo. Pero hicimos trabajos de inteligencia en celulares y radios y les dimos la información a los colombianos. Ellos intentaron destruir a las FARC y al ELN, pero no los destruyeron y las FARC siguen atacando con impunidad", externó.

En opinión de Frechette, el objetivo de las FARC no es negociar, sino buscar el poder.

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Las FARC financian a grupos de izquierda

2007-05-14T10:09:00.000-07:00

Las FARC financian a grupos de izquierda
Doris Gómora
El Universal

Jueves 10 de mayo de 2007

Un reporte señala que además de mantener alianzas con los cárteles mexicanos, sustituyeron su oficina de esta nación por redes bolivarianas

Información de inteligencia de los gobiernos de Colombia y México indica que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) financian en este país a organizaciones de izquierda a través de su frente internacional, al que destinan un millón de dólares al año en promedio.

El reporte señala que además de mantener alianzas con los cárteles mexicanos, sustituyeron su oficina de esta nación por redes bolivarianas.

Dichas redes son lo que las FARC denominan "exportar la revolución. Es ir sembrando semillitas con lentitud para que a través de sus estructuras puedan ir generando el mismo fenómeno que en Colombia", explica Raúl Muriel, experto en el tema.

En entrevista con este diario, Francisco Santos, vicepresidente de Colombia, indica: "Sabemos de México, donde se está moviendo en algunos círculos. Las FARC han reactivado su aparato diplomático, que generalmente funciona de manera paralela a su aparato de narcotráfico, de violencia, de armas".

De acuerdo con el informe, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, las Fuerzas Armadas destinan de sus ingresos que obtienen principalmente del narco, un millón de dólares para su frente internacional, con especial énfasis en México, donde venden más de la mitad de la cocaína a los cárteles.

Además, en cada país donde tienen alianzas con el narco sus socios entregarían a organizaciones de izquierda montos en efectivo -aún no especificados- mediante intermediarios.

Por medio de estos grupos, se explica, distribuyen su ideología, efectúan el reclutamiento en universidades y realizan acciones contra los gobiernos de Colombia, México y EU.

Inteligencia de Colombia tiene ubicadas en México oficinas y casas en las que se reúnen activistas de las FARC.

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PLAN DE DESARROLLO PONE EN RIESGO A LA NACIONAL

2007-05-11T09:00:00.000-07:00

Mayo 10 de 2007 - PLAN DE DESARROLLO PONE EN RIESGO A LA NACIONAL
Viabilidad financiera de la U.

En medio de la confusión en la que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, pasó desapercibido un artículo que dispone que las universidades estatales del orden nacional tendrán que negociar con el Gobierno las condiciones para pagar su pasivo pensional. No quedaron claros los criterios con los cuales esto debe ocurrir. Pero si se mantienen las condiciones previstas en la versión original del Plan, las universidades públicas deberán responder con su propio patrimonio, lo que significaría conducirlas a la quiebra y a una reestructuración financiera y administrativa que destruiría su razón de ser.

La pretensión hasta ahora es trasladar las responsabilidades estatales a la propia universidad en proporciones que aún están por definirse. Pero es preocupante que el punto de partida haya sido un supuesto falso del Ministerio de Hacienda en el sentido de que las pensiones han estado a cargo de las universidades, cuando hasta el presente han sido responsabilidad del Estado. Además, sería muy grave que para el pacto de concurrencia se aplicara el que se descuenten los aportes que haya hecho la Nación hasta el momento de la Ley 100 de 1993.

Tal criterio significaría que como para la Universidad Nacional puede estimarse el monto de los pagos de pensiones para los próximos 25 años en cerca de tres billones de pesos, la Universidad debería aportar una suma tal que la tornaría inviable. O sufriría un ajuste tan drástico, que quedaría despojada de su capacidad de contar con un cuerpo de profesores calificados, dedicados a su oficio, como es lo usual en universidades que aspiran a enseñanza e investigación de calidad en el mundo. Vale la pena decir que la acumulación de ese monto no obedece en modo alguno a una imprevisión de la Universidad, sino a la ausencia de reglas estatales claras en materia de pensiones.

No haré hincapié en el error estratégico que esto significaría para el país, que iría para atrás en el concierto mundial del conocimiento y deterioraría la institucionalidad universitaria sobre cuyos parámetros de calidad se ha trabajado en los últimos años.

Tampoco insistiré en la equivocación de ver la educación como un gasto para recortar y no como una inversión en un capital de importancia decisiva para la Nación. Más bien, quiero poner en primer lugar como criterio para la negociación, el que está en juego la equidad social.

Todos los indicadores de desempeño muestran que en las universidades públicas es donde se concentran la docencia y la investigación de calidad a la que tienen acceso los jóvenes más pobres. Afectar las condiciones de trabajo de los profesores, las inversiones en infraestructura, tales como bibliotecas y laboratorios o elevar las matrículas, es afectar a los que menos oportunidades tienen de una educación de calidad. Sería condenarlos a una educación de segunda para un país de segunda. Hasta en los gobiernos más neoliberales del mundo hay cosas que el Estado no puede desproteger: la seguridad nacional, la seguridad social y la educación.

* Profesora U. Nacional de Colombia

Publicado en El Tiempo/www.eltiempo.com

2007-05-11T08:59:00.000-07:00

Mayo 11 de 2007 -
20 mil estudiantes protestaron en Bogotá contra el Plan Nacional de Desarrollo
La marcha empezó a las 10 a.m. y llegó a la plaza de Bolívar a las 3 de la tarde. Al llenarse el recinto, quedaban cinco cuadras de manifestantes por llegar.

Desde la sede de la Universidad Nacional en la carrera 30 con calle 26 y de la Pedagógica en la calle 72 con 11, los manifestantes se tomaron la carrera Séptima en un carnaval improvisado.

Esta vez lo hicieron sin piedras ni grafitis, pero cargados de disfraces, pitos y zancos. "Para que la gente vea que no somos violentos", dijo un joven disfrazado de Muerte tocando unos platillos. Iba con tres músicos más.

Según ellos, la gota que rebozó la copa fue la decisión del Congreso de incluir en el ya aprobado Plan de Desarrollo que la carga pensional de las universidades la tendrán que pagar el Gobierno y las universidades. Algo que para muchos es la puerta de entrada a la quiebra y al alza de matrículas.

"Eso fue lo que pasó en la Universidad del Atlántico. Subieron las matrículas hasta un 500 por ciento como medida de emergencia porque el pago de pensiones los asfixió. Puede pasarle a la Nacional", aseguró Guillermo Baquero, líder de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios.

"Si la gente protesta, es porque algo está pasando", repetían tres estudiantes de la Pedagógica que al final de la caminata no tenían con qué almorzar.

Para Andrea Castillo, salir ayer a la calle con un disfraz de mariposa verde y un silbato era necesario. No había estado en las anteriores marchas de estas dos semanas agitadas, pero le pareció que ya no podía seguir callada.

Acompañada por la mayoría de sus compañeros de segundo semestre de ciencia política de la Universidad Nacional, Andrea salió a protestar en la única marcha sin disturbios realizada en Bogotá desde el Primero de Mayo.

"La ocasión lo ameritaba. Las universidades públicas están al borde de la privatización y en una grave crisis por las medidas que se tomaron en el Plan de Desarrollo", dijo Andrea mientras caminaba por la carrera Séptima con calle 20.

'Deberían estar celebrando': Gabriel Burgos, viceministro de Educación Superior

¿Por qué dice el Gobierno que todo es favorable para las Universidades?

Los que salieron a protestar deberían festejar. Es el único caso en que el papá le da plata al hijo para que pague sus deudas y éste se pone bravo.

Pero el presupuesto de las universidades se afectará

No es cierto. En la Ley 100 de 1994 está estipulado un fondo para pensiones. Así, si el Gobierno da el 50 por ciento del presupuesto, debe dar también el 50 por ciento de las pensiones. Esto garantiza que el Gobierno pague su parte.

Justamente la protesta es porque las universidades no podrían pagar la suya

¡Pero si no han negociado! Todavía no hay porcentajes definidos como para decir eso.

ÉDGAR ALFONSO
Redactor EL TIEMPO

El turno de las víctimas

2007-05-09T15:18:00.000-07:00

El turno de las víctimas

En septiembre de 2006, publicamos este reportaje que la semana pasada fue galardonado con el Premio Lorenzo Natali en Derechos Humanos y Democracia, uno de los más prestigiosos del mundo. Su autora, María Teresa Ronderos, es asesora editorial de Semana y columnista de Semana.com
Fecha: 05/08/2007 -1271

María Zabala perdió casi todo hace 16 años. Asesinaron a su esposo, a su hijo, a otros dos familiares y a varios vecinos de San Rafaelito, una vereda del campo cordobés. Los que quedaron vivos salieron corriendo y, como María y sus seis hijos pequeños, dejaron tiradas sus magras pertenencias, sus casas y la oportunidad de ir a la escuela. “En este conflicto he perdido los mejores años de mi vida”, dice María, en forma didáctica, quizá por las veces que ha repetido la historia.

¿Quiénes fueron? No lo sabe, ni por qué. Le gustaría saber; que todos supieran. ¿Qué le puede reparar el daño causado? Nada, en realidad. Pero sí quisiera que las personas que han sufrido tanto tengan “una luz que les pueda iluminar los años que les queden”. Una vivienda digna como la que tenían, tranquilidad, que los hijos puedan estudiar. El dolor le dejó a María el deseo de salir adelante, y se volvió líder de su comunidad.

En el otro extremo del país, en Pradera, Valle del Cauca, el dirigente del resguardo Kwet Wala, Luis Ángel Perdomo, asumió la defensa de su territorio porque, como él dice, “el indio no es indio sin tierra”, después de los terribles sucesos de 2001. Entonces, se desapareció una familia que había salido del resguardo: papá, mamá y su hijo de 9 años. Los localizaron a los pocos días en una fosa recién cavada, muy cerca del campamento de las AUC. Les habían cercenado los órganos sexuales y se los embutieron en la boca. Al niño le cortaron el pelo a machete con todo y cuero cabelludo. Cuatrocientos miembros de la comunidad encararon a los paramilitares para que respondieran por el acto atroz. Ellos negaron todo. Se denunció a la justicia. La Red de Solidaridad les dio tres millones a cada uno de los otros seis hijos de la pareja.

Las Madres de la Candelaria no piensan ni perdonar ni olvidar hasta cuando aparezcan sus desaparecidos Reconciliadas, Las madres podrán “disponer su corazón y hacer que sus hijos saquen el odio guardado y crean que este mundo es posible sin guerra”. La escena fue captada en Bosa, Bogotá, en 2006. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA / SEMANA
PUBLICIDAD ¿Se sintieron reparados con esto? No, dice Luis. “La plata divide”. Entonces, ¿cómo recompensar la humillación? “Quizá si les hubieran dejado realizar el sueño de sus mayores muertos: trabajar su finca de café. Pero no pudieron volver allá”.

Lejos de allí, en la zona rural de El Peñol, Antioquia, hace unos meses, hombres armados se llevaron al marido de Gloria Inés Gaviria a las 4 de la mañana. Le preguntaban por su vecino. “Hablaban con maña”, y no supo si eran guerrilla o paramilitares. Ella se quedó con sus hijos, temblando, esperando. Cuando amaneció escucharon dos tiros. “Mataron a mi papá”, le dijo la niña. Ella no le creyó: “A su papá,¿por qué?”. Los encontraron muertos en la casa del vecino.

Gloria y su marido, Alonso, eran mayordomos de una finca. Ella, una mujer menuda y dulce, asumió las labores rudas del hombre de la casa, para no perder su trabajo. Todas, menos cuidar la finca de noche. El miedo no la dejaba dormir. Cada ladrido de perro era augurio de que vendrían por ella y los niños. Estuvo mes y medio quedándose en otras casas. Los patronos la despidieron por incumplir. “Tenían razón, dice resignada, no estaba de noche”. Está tramitando un apoyo del gobierno, pero no le creen su historia. No tiene testigos. “Es como si se hubiera muerto un perro”, dice, sin derramar una lágrima.

Cada uno de los familiares de las 8.449 personas asesinadas en masacres desde 1993 y de los 22.700 secuestrados desde 1996 tiene una tragedia qué contar. Las madres, los hijos de los 844 indígenas, 433 maestros, los 419 sindicalistas, los 243 concejales, los 28 periodistas, los 74 alcaldes asesinados desde 2000 quieren ser escuchados y exigen saber por qué. Cada uno de los 1.432 heridos por las minas antipersona desde 1993 y los que dependían de los 401 civiles volados por estas minas quisieran ser reparados física y moralmente. Los que siguen buscando a sus 7.600 desparecidos desde 1993, según Asfaddes,quieren que les diga dónde están. Cada uno de los 2.320.000 desplazados, registrados por la Pastoral Social Católica aspira a dignificar sus vidas.

Cientos de miles de voces soterradas, un mar de dolor sumergido. Sus cuentos tristes apenas si se escuchan; se volvieron parte del paisaje. Quizá en la imagen televisiva de un segundo de la madre que llora junto al cajón; en la noticia pasajera de desplazados que, desesperados, se tomaron un parque; en los carteles mal escritos de las familias que pegan sus rostros a los vidrios de los carros, mientras cambia el semáforo en la calle. Es difícil seguir viviendo en Colombia si se reconoce la magnitud de la tragedia, que aún no cesa. Es mejor no verla.

Haciéndose oír
Últimamente, sin embargo, las estrellas están coincidiendo para que las voces de las víctimas emerjan con fuerza. El conflicto, aunque continúa, mermó su intensidad. Por eso algunos se han animado a hablar.

Además, las víctimas, que se hartaron de rogar, se han ido organizando para sumar voces y hacerse sentir. Hay asociaciones de víctimas de larga data, como Asfaddes y otras recién creadas como el Mvce de Iván Cepeda. “Que el dolor no se quede sólo en la víctima, sino que cada dolor sea el dolor de toda la sociedad”, fue el elocuente mensaje del encuentro De víctimas a Ciudadanos en Nariño, Antioquia, en noviembre pasado. Una sola muestra de cómo ha crecido esta fuerza está en la recopilación de un año en cinco regiones del Banco de las Buenas Prácticas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: encontró 250 experiencias asociativas para superar el conflicto. “Es participar en lo público para que no vuelvan a pasar las cosas que pasaron”, dice María Teresa Muñoz, coordinadora del Banco.

Cientos de organizaciones no gubernamentales e iglesias de distintos credos se han dedicado en silencio a apoyar a las víctimas, en estos años tremendos. La Iglesia Católica ha tejido la red más extensa. Fue la primera en hacer un informe sobre desplazamiento forzado en 1994. Con Ruth, un compendio de las desgarradoras historias de las mujeres desplazadas, las acompaña. Y con TeVeré, preserva la memoria de víctimas del conflicto armado para que “puedan reparar su dignidad y construir una vida sin odio”, dice monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social.

Otras ONG, como la Comisión Colombiana de Juristas, han librado batallas nacionales e internacionales en defensa de los derechos de las víctimas.

Es más, las víctimas colombianas ya no están tan solas. En el mundo se torna hegemónico el pensamiento de que los procesos nacionales de reconciliación deben reconocer la necesidad de reparar a las víctimas, la urgencia de que se sepa algún nivel de verdad y que haya alguna justicia para los crímenes atroces. Y la jurisdicción internacional para hacer valer estas normas es cada vez más poderosa, y pesa más en los fallos de las cortes nacionales.

En ninguna de las anteriores negociaciones de paz en Colombia, ni siquiera en la más reciente con las Farc, se pensó en las víctimas, pero en el proceso con las AUC la influencia internacional volvió una obligación incluirlas. Así, la Ley de Justicia y Paz, cuyo objetivo principal era lograr la desmovilización y el desarme de las AUC, terminó creando la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) y un fondo de reparación financiado principalmente con los bienes de los victimarios. En su revisión de la ley, la Corte Constitucional, hizo más explícito y obligatorio este reconocimiento de las víctimas. Y la Procuraduría, en el extenso informe que publicó sobre el desarrollo de la desmovilización paramilitar, recomienda apelar a los mecanismos constitucionales y tratados internacionales firmados por Colombia, y no sólo a la Ley de Justicia y Paz, para poner en mejor situación a la víctima que al victimario.

La existencia de la Cnrr, con miembros comprometidos con las causas sociales desde diversos campos, recursos y estabilidad por ocho años, da un primer aliento a la organización de las víctimas. Ahora tiene la titánica tarea de volver real y efectiva la respuesta del Estado a esos miles de damnificados del conflicto.

¿Quién no es víctima?
La Comisión tiene claro que considerará como víctimas a las de guerrillas y paramilitares, y también quienes sufrieron a manos de agentes del Estado. ¿Pero desde cuándo empezar a contarlas? Hay diversas fechas posibles y ninguna deja de ser polémica: 1964, cuando nacieron las guerrillas; mediados de los 80, cuando empezaron los paramilitares; 1990, cuando se agudizó el conflicto armado; 1991, cuando se aprobó la Constitución que reconoce los derechos fundamentales. También se deben establecer los criterios para reparar a las víctimas: a quién sólo se le reconocerá en forma simbólica, a quiénes, una reparación colectiva o la restitución de lo que les quitaron, o una indemnización individual.

¿Quiénes son víctimas? Muchos fueron víctimas y pronto se volvieron victimarios. Manuel Marulanda, la familia Castaño Gil. El consenso es que al tomar la ley en sus manos no merecen reconocimiento alguno, pues, por decirlo cínicamente, ya se resarcieron el daño. Pero, ¿y los que están en las zonas grises? ¿Los que murieron a manos de narcotraficantes que ahora han sido aceptados como paramilitares? ¿Son víctimas del conflicto o del narcotráfico? ¿Y los que eran cómplices civiles de armados y defendían todas las formas de lucha? ¿Quién juzga a una víctima como victimario, sin correr el riesgo de equivocarse y humillarlo aun más?

Están las madres de los guerrilleros y los miembros de las autodefensas, muchos de ellos menores de edad. Arrastrados al conflicto a la fuerza, o por falta de oportunidades. ¿A ellas quién las cuenta? “Yo no tengo derechos porque mi hijo estuvo en eso de los paramilitares durante un mes y 12 días, hasta que el Ejército lo mató en combate”, dice Gertrudis Nieto, de Sonsón, Antioquia, que saluda con un apretón fuerte de mano. No la atendieron en la Red de Solidaridad, no le dieron mercados, ni nada, aunque Jesús Amado ayudaba a mantener la casa y ella hoy pasa las duras para levantar el diario. Si la reconocieran como víctima, le gustaría que su hijo menor cumpliera su sueño de ser policía.

Hay otras madres en el limbo porque en guerras tan mezcladas, sus hijos pudieron haber caído por el conflicto armado o no. A Amparo Mejía se le desapareció el esposo en 2002 y a Marta Inés Cardona el suyo en 2004. Parece que fue la guerrilla que se los llevó del campo antioqueño, pero no lo saben. La hija de Myriam Montoya fue al centro de Medellín en 2002, y en un enfrentamiento entre unos secuestradores y las autoridades, se esfumó. Al hijo de Rosaelena Herrera lo sacaron del hospital de Buga. Le dijeron que la Sijín se lo había llevado. Lo ha buscado cada día desde ese 17 de octubre de 2003. No le dan razón. Estas mujeres y otras 200 más están agrupadas en Las Madres de la Candelaria. Se reúnen todos los miércoles en la Plaza de Berrío a clamar porque aparezcan sus hijos y esposos.

Y, por último, están las víctimas del posconflicto. Las 56 familias de Medellín que han tenido que irse de sus casas este año, desplazadas a la fuerza por miembros de las autodefensas que aún controlan sus barrios, aunque técnicamente están desmovilizados. Las dos niñas de 14 y 19 años, violadas hace unas semanas en esa misma ciudad, por ex miembros de las AUC. A una la agarraron entre tres, cuando subía la cuesta camino a su casa, y la forzaron. Al otro día volvieron a su casa y obligaron a su familia a mirar. A la otra, la metieron en un carro y abusaron de ella en un lote de rastrojo. Ninguna quiso identificar a sus victimarios. Temen sufrir las retaliaciones.

¿Es esto parte del conflicto armado, o ya no?

Es probable que la Comisión haga lo posible por abrir el espectro. La idea es incluir, no excluir. Pero por querer abarcar el mar de víctimas, pueden quedarse sin atender a ninguna.

Ya para qué
Son escasos quienes piden larga prisión para sus victimarios.
Desde cuando mataron a su hermano, Dolly Enríquez, poeta caleña de 29 años, se dedicó a trabajar con la Corte de Mujeres. Se reúnen a exorcizar las penas que les dejó la guerra, con bailes, canciones y teatro. Su hermano era su amigo, su compinche, su todo. ¿Quiere que los asesinos paguen años de cárcel? Dolly se quedó en silencio un rato, y luego dijo: “Ya para qué” y empezó a tararear “Ya la muerte no nos devuelve lo que nos quitó… adiós canoa me voy pa’ Beté”. Recuerda que se la oyó cantar a una mujer desplazada, mientras golpeaba la ropa que lavaba contra la piedra. David Valecillas, un líder comunitario de Sabaletas, en Buenaventura, dice que sería bueno “castigarlos, poniéndolos en tratamiento a ver si pueden regenerarse” y María Zabala preferiría que los pongan a trabajar por la sociedad.

Hablé con más de 20 personas que han sufrido el conflicto en carne propia, con experimentados líderes sociales, comisionados que llevan 11 meses escuchando a las víctimas, con fiscales que deben implementar la Ley de Justicia y Paz, con religiosos que las han acompañado por años, y nadie conoce a una víctima que quiera un cheque millonario como reparación. Es más complicado que eso.

Primero piden que les devuelvan lo que les arrebataron. Las Madres de la Candelaria no piensan ni perdonar ni olvidar hasta cuando aparezcan sus desaparecidos, vivos o muertos. Sería su principal reparación, si es que eso es una reparación.

También aspiran a recuperar su buen nombre. Como la familia de aquel joven que aserraron en Florida los paramilitares delante de todos, dizque por guerrillero. “Nadie se atrevió a defenderlo, aunque todo el pueblo lo conocía desde niño y sabía que era sano”, dice un testigo de los hechos.

No menos importante es que les devuelvan sus tierras robadas. Según cálculos de expertos, al menos 150.000 familias fueron despojadas a la fuerza de sus fincas. A mediados de agosto, ya habían llegado 206 peticiones de grupos de víctimas que están reclamando las tierras que les quitaron, a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Por ejemplo, Marlene Galindo y otros reclaman que les devuelvan sus parcelas de la finca La Gloria, en el corregimiento de La Meza, en Valledupar, que han sido ocupadas por miembros del Bloque Norte que comanda ‘Jorge 40’.

¿Cómo devolver cada terreno, si la mayoría de sus propietarios originales no contaban con título? ¿Cómo, si se cometieron tantos fraudes, ‘notarizando’ ventas nunca efectuadas? La Procuraduría ha advertido, con razón, de la necesidad urgente de fortalecer las instituciones que deberán restituir las tierras, el Incoder, Igac y la Superintendencia de Notariado y Registro. La Comisión planea además presentar una legislación de emergencia para devolver tierras sin demasiados trámites, y sin deudas. Hasta ahora, sin embargo, no se ve voluntad política en el alto gobierno para fortalecer y sanear estas entidades.

Buen trato
Antes de que las víctimas pidan restitución, ni indemnización alguna, esperan ser tratados como ciudadanos con derechos. A las niñas que fueron a poner el denuncio de la violación en Medellín, los fiscales preguntaron si no sería que hicieron algo para merecerlo. A Gloria Inés, de El Peñol, la fiscal del caso del asesinato de su marido no le cree porque no tiene testigos cuando se lo llevaron a las 4 de la mañana. A María Zabala le tomó seis años lograr que la inscribieran como desplazada y las tierras que al fin le dieron están llenas de deudas. A Julio César González, líder del Bajo Calima, en el Pacífico, de donde fueron desplazados por los paramilitares, lo tenía contento que retornaran tantas familias a su hogar, pero ahora ha visto a la Fuerza Pública hostigándolos.

Víctimas vueltas a victimizar por los funcionarios del Estado. En lugar de tratarlos como a los más especiales ciudadanos por todo lo que han sufrido, los tratan “menos que humanos”, como dijo un hombre desplazado que vivió tres años hacinado en el coliseo de Buga.

“Lo primero que quieren las víctimas es que se respete su decisión de vivir como han elegido, explica Leonardo Herrera, un joven brillante que trabaja con el Comité de Cafeteros de Jamundí para atender a la población que vive entre varios fuegos. No necesariamente quieren volver al campo. Después de que uno le ha dedicado la vida a ser campesino y lo arrasan todo en horas, es difícil volver a apostarle a eso”. Mario Agudelo, líder de comunidades negras disueltas a la fuerza sobre los ríos Anchicayá, Raposo y Yurumanguí, está de acuerdo. “El Estado tendría que sentarse con las comunidades a ver sus prioridades, y el mecanismo de reparación de daños no puede estar lleno de requisitos que no se puedan cumplir”.

En su proyecto de Plan Nacional de Reparación, la Cnrr quiere que sean las propias organizaciones que han trabajado con las víctimas las que las atiendan. Es una buena idea. No obstante, aterrizarla y poner a andar un programa que, suponiendo, apenas repare a las 40.000 víctimas directas de los últimos años –sin contar a los desplazados– es un desafío administrativo gigante. Despertar expectativas y no responder sería retroalimentar el conflicto con más rabia.

¿Toda la verdad?
Saber qué pasó, eso quieren todas las víctimas. Saber por qué fueron atacadas. Y cada verdad individual dependerá del proceso judicial en el cual, según la ley, se confronte a los victimarios desmovilizados y que éstos den las explicaciones. ¿Cómo se manejarán estas tensas audiencias públicas? ¡Habrá que tener coraje para decirle a un Mancuso o, eventualmente, a un ‘Mono Jojoy’, en la cara, todo lo que han hecho sufrir! Más, si no hay la certeza de que ya no harán más daño. Por eso es clave que el seguimiento de la Cnrr a los procesos de desarme y desmovilización sea, como explica Patricia Buriticá, dirigente sindical y comisionada, “una voz ética que alerte sobre lo que no está funcionando”.

Mucha gente quiere también la otra verdad, la histórica, la pública. A Ana Teresa Bernal, líder en asuntos de paz y miembro de la Cnrr, no se le olvida la conclusión de un taller de víctimas a donde asistió en Sucre: “Y que todo el mundo se entere de lo que nos sucedió para que nunca vuelva a suceder”.

Buscar esta verdad es una tarea que le dio la ley a la Comisión. Ésta ya contrató a los expertos que la harán con base en otras investigaciones, en testimonios de la gente y en expedientes judiciales. ¿Hasta dónde contar todo lo que encuentren? “Si se quiere la verdad, dice Pizarro, es para reconciliarnos. Pero, en medio del conflicto aún, no sé si lo mejor para la reconciliación es hacer público quién financió a quién, quién fue cómplice de quién. ¿Podrá eso desatar, como sucedió en Rwanda, más violencia?”.

Está la otra cara de la moneda. Leonardo Díaz, de Jamundí, se pregunta por ejemplo, “cómo se va a reconciliar con la sociedad quien sabe que detrás de los hombres armados que lo desplazaron estaba un empresario, un militar, o el honorable congresista y sigue viéndolo actuar en público como persona respetable?”

El logro de la sociedad colombiana sería conseguir ese balance entre revelar la verdad que necesita el país para reconciliarse de veras, y guardar para después la que aún no puede tolerar sin causar nuevas venganzas. Peor, con ejércitos enormes aún guerreando, como las Farc, y con la paz con las AUC a medio camino. ¿Es esto posible antes de que termine el conflicto?.

Ciudadanos de primera
Cuando se le pregunta por reparación, la gente sencilla que ha sido víctima pide que el Estado cumpla sus obligaciones prioritariamente con ellos. Algunos saben que legalmente, dar educación, salud, vivienda, no se puede considerar una reparación. Pero se sentirían mejor si se las dieran. Araceli Vallejo, de El Peñol, cuya hija de 16 años fue acribillada por un grupo armado, junto con su novio, no se quita la pena moral de haber tenido que ver sus cuerpos tirados en la carretera por horas, sin lograr que alguien viniera a hacer el levantamiento. Ella pide apoyo sicológico, ayuda humanitaria, oportunidad de trabajo, para “sacarle a su hijo de 14 las ganas de vengarse”. Y Blanca Nelly González, que era madre comunitaria en Abejorral, resolvió ayudar a sus vecinas, cuando vio que los niños que cuidaba jugaban al velorio: uno de 5 años hacía de muerto, y las niñas, de viudas. Ella quiere que se apoye más a las mujeres. Mario, de la zona rural de Buenaventura, que ayuden a restaurar la organización comunitaria que se rompió, y Leonardo, de Jamundí, “hacer a la gente un poco más feliz, para que lo bueno de hoy pese en sus recuerdos más que lo malo del pasado”.

Las reparaciones individuales también incluirán sumas de dinero por los daños sufridos, según fallen los magistrados. En esto, la vigilancia especial que se han propuesto ejercer la Procuraduría y la Contraloría sobre el Fondo de Reparación es central. Es peligroso que los procesos degeneren en complicidades corruptas entre abogados y magistrados para repartirse la plata de la reparación. El caso de Foncolpuertos dejó suficientes lecciones al respecto. Y ya se asoman los avivatos –más de 30 expedientes presentados por abogados que dicen representarlas tan sólo en la Fiscalía de Bogotá– que están vendiéndoles a las víctimas cuentos de que se harán millonarios con las reparaciones que le saquen al Estado.

Vivir en paz
“Seguramente el perdón llegará si nos dejan en paz”, dice David Valecilla, de Buenaventura. Esa es, en últimas, el ansia mayor de las víctimas: que las dejen vivir tranquilas. Hasta Pizarro, quien fue baleado y se salvó de milagro, aspira sobre todo a volver a caminar por la calle sin temor.

Por eso, paradójicamente, frente a las víctimas de hoy, y para evitar las del futuro, la mayor responsabilidad del Estado es conseguir, cuanto antes, la desmovilización y completo desarme de los grupos armados ilegales. Si les garantizan que nunca más volverán a sufrir estas atrocidades, incluso muchos estarían dispuestos a aceptar que los castigos contra sus victimarios sean menores que sus crímenes. Y es probable que acepten indemnizaciones más modestas, siempre y cuando vean que el Estado los trata con respeto, los escucha y atiende sus necesidades más urgentes.

Las víctimas del conflicto armado tienen más fuerza hoy que nunca para exigir sus derechos, y el Estado tiene la enorme responsabilidad de responderles con seriedad. Es la única garantía de que el ciclo de la violencia no se vuelva a repetir y, como dice María Zabala, lograr que las madres sigan “disponiendo su corazón para hacer que sus hijos saquen el odio que tenían guardado ahí y crean que este mundo es posible sin guerra”.

Publicado en Revista Semana/ www.semana.com

Santa Fe de relajito

2007-05-09T15:02:00.000-07:00

Santa Fe de relajito

La sede de los diálogos de paz en Santa Fe Ralito terminó convertida en una zona de parranda, sexo y negocios de los paramilitares.
Fecha: 05/05/2007 -1305

El ex embajador de Estados Unidos en Colombia William Wood tenía razón cuando propuso, en julio de 2005, acabar con la zona de concentración en Santa Fe Ralito. "Esa zona no se justifica más", le dijo en ese entonces al periódico El Tiempo en una entrevista. Lo más probable es que el ex diplomático sabía lo que estaba pasando: los paramilitares habían convertido la zona de diálogos con el gobierno en un 'Country Club'. Nadie le paró bolas a Wood. Dos años más tarde, SEMANA revela los excesos y las excentricidades que allí se vivían. Escandalosas grabaciones y comprometedoras fotografías demuestran cómo los jefes paramilitares se divertían a sus anchas mientras se adelantaban unas polémicas conversaciones de paz con el gobierno.

Las imágenes más exóticas que se vieron durante los casi tres años en que permanecieron los jefes de las AUC, era la polvareda que dejaban los vehículos último modelo en los que se movilizaban los comandantes paramilitares en ese corregimiento de Tierralta, Córdoba. Pero pocos sabían realmente lo que sucedía en esos 183 kilómetros cuadrados de tierra destinados como zona neutral entre el gobierno y las AUC. Mientras el comisionado, Luis Carlos Restrepo, sólo hablaba de paz, futuro y progreso, los paras ingresaban cajas de whisky y se divertían con reconocidas modelos, actrices y prostitutas traídas de Medellín, Barranquilla y Bogotá. Organizaban bacanales con los mejores conjuntos vallenatos, cuentachistes y hasta pianistas. Tenían tiempo para costosas aficiones como aeromodelismo, motocross y cacería. También para tener y cuidar exóticas mascotas como tigres y ponys. Pero aparte de la diversión, también les sacaban tiempo a los negocios en euros con mexicanos y a la compra y venta de dólares.
Todo esto se viene a conocer sólo ahora y eso que los paramilitares estuvieron casi tres años en esa región de Córdoba. Los habitantes de los corregimientos cercanos a Santa Fe Ralito tenían muy claro que los paras eran los que mandaban.

Rumbas salvajes

Una de las cosas más sorprendentes de las conversaciones a las que tuvo acceso SEMANA es que una de las personas que sabía lo que estaba ocurriendo en la zona de los diálogos de paz con el gobierno era la entonces senadora Eleonora Pineda. En una conversación que sostuvo con Salvatore Mancuso, a las 10 de la mañana del 20 de enero de 2005, la congresista le pregunta al jefe 'para': "¿Bueno mono... no será que tienen ahí a unas chicas med? A lo que Mancuso le contesta: "Mira, respeta. Nosotros aquí a chicas med no traemos. Aquí vienen de mucho más alto perfil". " ¡Ah, pero a mí me dicen que son las med...!", le dice Pineda.

Si bien la ex congresista ha guardado prudente silencio sobre las andanzas de los paras en Ralito, varias horas de grabaciones dejan en evidencia que los paras manejaban una amplia red de entretenimiento a todos los niveles. Cuando se trataba de conseguir mujeres, contaban con la colaboración de varias madames en diferentes ciudades. Una de las más eficientes era 'Rochi'. Esta mujer, cuyo nombre SEMANA se abstiene de revelar, era la encargada en Barranquilla de hacerles llegar a los paras los catálogos con las fotos de jovencitas que estaban en el mundo del modelaje. En las conversaciones queda en evidencia que 'Rochi' conoce muy bien el gusto de sus clientes y hace todo tipo de esfuerzos por complacerlos. "La que él quiere no puede hoy, o sea Luz Helena. La que le gustó en la foto tampoco puede. Entonces voy a llevarle a otra niña que es muy bonita. Yo sé que a Pablo le gustan las barranquilleras. Yo ya le conozco el gusto a él", dice la madame refiriéndose a las preferencias de uno de los más importantes jefes paramilitares. Otros jefes paras contaban con sus servicios, que no eran nada baratos. Al menos eso se deduce de la conversación entre 'Jorge 40' y uno de sus hombres, en la que el jefe del bloque norte de las AUC le ordena consignarle a la mujer 24 millones de pesos. (Ver recuadro).

Noches 'crossover'

Aparte de las mujeres, la otra gran pasión a la que los paras le dieron rienda suelta durante su estadía en Ralito fue la música. Fueron muchas las parrandas amenizadas por algunos de los más reconocidos conjuntos vallenatos del país. Beto Zabaleta era el preferido de Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena', el temido jefe paramilitar de Sucre. Máximo Zuleta no podía faltar en las parrandas vallenatas de Gabriel Galindo, alias 'Gordolindo'. De hecho, a mediados de diciembre de 2005 fue contratado para amenizar la fiesta de cumpleaños del jefe paramilitar a la que asistieron, además, un reconocido cuentachistes y un pianista. Y si de gustos musicales se trata, el de Edward Cobos, alias 'Diego Vecino' se inclinaba más por la música mexicana. Una muestra de esto es que el 12 de mayo de ese mismo año, el jefe paramilitar de Sucre hizo una fiesta con el mariachi del cantante mexicano Juan Gabriel, a la que asistió el futbolista Leonel Álvarez. ¡"Hombre, esa farra fue grande"!, cuenta uno de los lugartenientes de 'Vecino' en las grabaciones.(Ver recuadro).

Más diversión

El aeromodelismo era otra de las pasiones de uno de los más temidos comandantes paramilitares, Víctor Mejía Múnera, alias 'Pablo', jefe del bloque Vencedores de Arauca. Y la cacería era de la de Mancuso. Durante su permanencia en Santa Fe Ralito, estos dos hombres también sacaron tiempo para dedicarse a sus aficionees. 'Pablo' compró costosos aeromodelos que fueron llevados por expertos hasta la zona. Tan solo el control remoto de uno de estos aparatos costaba seis millones de pesos. Para poder disfrutar de sus 'juguetes', ordenó construir una pista de 200 metros y cuando no estaba volando sus aviones, dedicaba su tiempo a consentir a dos jóvenes tigrillos que eran sus mascotas.

"¿Cómo le está yendo señor en la cacería?". "Bien, llevo como 200 patos ya". Así es la conversación entre Mancuso y uno de sus hombres de confianza a quien el jefe paramilitar llamó para que se comunicara con el piloto de su helicóptero y le llevara más munición hasta el sitio en donde estaba de cacería. (Ver recuadro). Aparte de las fiestas y los hobbies, los paras también se dedicaban a los negocios. En una de las grabaciones, el jefe de prensa de las AUC, Fernando Soto, se dedica a la comercialización de dólares. "Está llegando una gente que cambia eso en plata colombiana. Reciba una parte en dólares a 2.500 y la otra en pesos. Llámeme a las 3 de la tarde y yo le paso al comandante Bolívar y usted habla con él", le dice Soto a su intermediario. (Ver recuadro).

Si bien es cierto que todo el mundo tiene derecho a sus ratos de ocio y entretenimiento, incluso los paramilitares, los excesos y las excentricidades con las cuales acompañaron el proceso de diálogo con el gobierno no se compadecen con la prudencia y el respeto que merece una negociación con el gobierno y mandan mensajes muy equívocos a varios sectores de la sociedad que han sufrido directamente su barbarie y su violencia.

Marea brava

2007-05-09T14:58:00.000-07:00

Marea brava
En las calles más miserables de Buenaventura se vive una guerra sin cuartel que tiene acorralada a la población civil. SEMANA recorrió la zona.
Fecha: 05/05/2007 -1305
Ya es habitual para los habitantes de El Cristal, un barrio de Buenaventura a la orilla del Pacífico, que el ruido de las olas se confunda con el traqueteo de las ametralladoras. Hoy es El Cristal, ayer fue el Lleras, mañana será el Juan XXIII, los barrios más humildes no sólo de este puerto, sino del país. Allí se libra una guerra sin cuartel que ha llevado a que la gente prefiera vivir arrimada o en la calle, antes que volver a sus baleadas casas de tablas.

La confrontación es por el control de las vías, que ofrecen acceso al mar y que facilitan los envíos de droga al exterior. Nadie sabe con exactitud quién está enfrentado con quién. Las autoridades dicen que son las Farc, los habitantes piensan que son simples narcos, otros más opinan que son rezagos de los grupos paramilitares o incluso bandas de delincuentes comunes. Pero a la gente no le importa de qué bando son los violentos, sólo quieren recuperar su tranquilidad.

"Resistimos los tiroteos unos días, hasta que una bala atravesó la cuna del menor de mis hijos. Gracias a Dios lo habíamos sacado de allí porque estábamos escondidos debajo de las camas esperando que pasaran los disparos", cuenta Gilberto Orozco, un comerciante rebuscador que tuvo que dejar el barrio Kennedy de este puerto y que cuando trató de regresar, encontró que habían tumbado su casa y saqueado sus pocas pertenencias. A tres de sus vecinos les pasó lo mismo.

Los menores están en las dos caras de esta guerra. Entre ellos hay muchos victimarios, y también son víctimas. Ocho de ellos llegaron en los últimos tres meses heridos de bala. La mitad murió. Ante la dificultad para judicializarlos, la Policía propuso la construcción de un gran centro de rehabilitación
PUBLICIDAD La violencia no discrimina. Hace pocos días, a Saulo Quiñones, alcalde del puerto, le avisaron que en el barrio El Firme una balacera llevaba más de una hora. Fue al lugar convencido de que con su presencia, y la de sus escoltas, lograría detener el estallido de violencia. Pero al bajarse de su carro lo recibieron varias ráfagas de fusil que sembraran pánico y confusión. Desesperado corrió en busca de refugio acompañado por algunos periodistas que iban con él. "Esto no nos puede seguir pasando", fue lo único que atinó a decir el alcalde, aún pálido y con tono de decepción.

Son varios los moradores de este lugar que coinciden en que esta ola de violencia desbordada se inició hace dos años. Comenzó cuando, a plena luz del día, 12 jóvenes fueron convocados a un partido de fútbol. Aparecieron flotando en un estero, amarrados de pies y manos con alambre de púas.

Es una paradoja, pero muchos llegaron a estos barrios huyendo de otros infiernos cercanos, convencidos de que son una suerte de tierra prometida. Wilson Palomino llegó hace dos semanas junto a 11 familiares huyendo la guerra en El Charco, Nariño. Ellos son apenas un puñado de los 42.000 desplazados que, según Acción Social de la Presidencia, han llegado a la ciudad entre 1998 y 2007. Palomino tiene las manos curtidas por el trabajo del campo y la desesperanza pintada en su rostro. "Un día cualquiera estábamos lavando ropa cuando un tiro me rompió la pantaloneta que estaba colgando. Asustados nos encerramos, pero más tarde tres muchachos llegaron a la casa, nos interrogaron y dijeron que para que no nos pasara nada, teníamos que pagarles 30.000 pesos al mes".

Lo más indignante es que muchos están pescando en estas aguas revueltas. Extorsionan humildes tiendas que apenas logran subsistir. "Veinte mil a la tienda de don Pacho, 10.000 a la del Aguante y 50.000 a la del Mocho", se puede leer en algunas de las listas que la Policía ha encontrado a los delincuentes que captura. Pero pese a cientos de operativos conjuntos entre Policía y Ejército, a los 11 muertos que han puesto en los últimos 15 meses y a los constantes consejos de seguridad, muchos de ellos dirigidos por el presidente Álvaro Uribe, los controles no son suficientes.

En el recorrido por el barrio Lleras los periodistas de SEMANA encontraron con facilidad a dos muchachos, de 15 y 18 años, que sin muchos aspavientos accedieron a mostrar dos pistolas automáticas que cada uno llevaba al cinto y un fusil que tenían encaletado cerca. ¿Para qué las armas? "Sin ellas nadie nos respeta, aquí nos damos plomo con quien toque".

Antero Viveros, presidente de la junta de acción comunal de ese mismo barrio, tiene una explicación para lo que la ha pasado a Buenaventura: "La pobreza no es disculpa para volverse delincuente, pero cuando el hambre acosa, la gente no toma buenas decisiones y vienen los problemas. Por eso hemos perdido una generación de muchachos que ante la incertidumbre por su futuro, equivocaron el camino".

Las autoridades dicen que parte de las dificultades para contener la violencia es que muchos de sus protagonistas son menores de edad "Por más que los capturamos, la ley nos obliga a liberarlos", dice el coronel Yamil Moreno, comandante del grupo especial de la Policía, que con 900 hombres inició operaciones en la zona en enero pasado.

Allí los niños son protagonistas de la guerra como victimarios y también como víctimas. Sólo en los últimos tres meses han llegado heridos de bala al hospital ocho de ellos. La mitad ha muerto. Esta estadística se suma a las de por sí preocupantes cifras de violencia. El año pasado, en Buenaventura 403 personas fueron asesinadas, lo que elevó la tasa a 130 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Este año, Medicina Legal ya registra 184 muertes violentas y sólo en el mes de abril hubo 73 homicidios, cuatro de los cuales por descuartizamiento.

Los empresarios del puerto buscan desesperados que la violencia de la ciudad desaparezca. Están preocupados por el estigma en una zona donde existen millonarias inversiones y porque la violencia se pueda trasladar de los barrios más pobres a la zona comercial. Nada más el viernes pasado, un petardo de baja intensidad pareció anunciar que la guerra se está moviendo hacía el centro de Buenaventura. Este fue el atentado número 21 con explosivos en lo que va corrido del año.

Lo peor para los barrios humildes del puerto es que la presencia del Estado se limite a contrarrestar el estigma de la ciudad. Que las 'soluciones' no tengan en consideración el tráfico de droga, que es la raíz del problema, y no puedan aliviar la miseria en la que viven sus habitantes en este lugar donde las balas están silenciando el mar.

Publicado en www.semana.com

El ‘señor’ del Bajo Cauca

2007-05-09T14:57:00.000-07:00

El ‘señor’ del Bajo Cauca
SEMANA estuvo en la región de Antioquia donde el paramilitar 'Cuco' Vanoy es amo y señor. Allí lo comparan con Pablo Escobar: tan criminal como benefactor.
Fecha: 05/05/2007 -1305
Tarazá es un municipio caluroso y húmedo al norte de Antioquia, en el que a pocos les importa quién es el alcalde de turno, pero en el que todos saben acerca de Ramiro 'Cuco' Vanoy, ex jefe del bloque Mineros. Se refieren a él, para bien y para mal, como el 'señor'. En las cantinas, en la plaza central del pueblo, en las salas de Internet, en el asilo, en las veredas y en las fincas es común escuchar: "El señor me dio la operación de mi hija", "el señor nos regaló este parque infantil", "saludes al señor" o "los hombres del señor me mataron a mis hijos". Es tal el protagonismo de Vanoy en la zona, que para el día de la versión libre en el edificio de la Fiscalía en Medellín, amigos y víctimas viajaron en buses durante seis horas para hacer presencia. Algunos con camisetas y pancartas de apoyo y otros con lágrimas y llantos de rabia.

Pero, como ha sido costumbre en los testimonios de los jefes paras que hasta el momento se han escuchado, son más las voces de apoyo en las afueras del edificio que las de las víctimas en el sexto piso. La presión ha sido notoria y el bloque Mineros no ha sido diferente.

Su historia, de más de una década, es la de un hombre que ha estado con una mano en el narcotráfico y con la otra en las armas. A diferencia de muchos capos y grandes lugartenientes de la mafia, Rodrigo Vanoy Murillo ha sabido manejar su poderío. Es un hombre poco expresivo, mesurado en sus ademanes y modesto para vestir. Odia firmar papeles y a la hora de responder preguntas prefiere medir y ser cauto con cada una de sus palabras. Su origen es netamente campesino -Yacopí, Cundinamarca- y eso le ha permitido pasar casi inadvertido ante la opinión pública. 'Cuco' Vanoy, con 59 años, es el reverso de 'Ernesto Báez' o Salvatore Mancuso.

‘Cuco’ Vanoy es uno de los jefes paramilitares recluídos en Itagúí. Arriba, La Caucana, corregimiento que le sirvió de cuartel general durante muchos años Casa Diana es un ancianato que Vanoy remodeló. A la derecha, la Clínica San Martín, un hospital que construyó en Tarazá. ¿Será igual de “generoso” con las 1.200 víctimas que le reclaman por las muertes y el despojo?
PUBLICIDAD Y tal vez, esas mismas características de su personalidad son las que le han permitido tener una imagen tan cercana al pueblo. Aunque los hombres del bloque Mineros se desplegaron por varios municipios del norte y el este de Antioquia, fue en Tarazá donde crearon su gran fortín de armas y de drogas. No fue una ubicación fortuita. Este municipio está sobre la troncal que conduce a la Costa. Por ella, se sale directo al golfo de Morrosquillo, donde el narcotráfico tiene varios puertos naturales. El Bajo Cauca limita con Córdoba. Es un corredor estratégico de la guerrilla y los paras por su cercanía con el Nudo de Paramillo y por su conexión directa con el Urabá antioqueño. 'Cuco' y sus hombres se pelearon a muerte la hegemonía de la región. Tanto es así, que en dos incursiones que hizo en el municipio de Ituango en 2001 perdió 99 hombres en combates con las Farc.

Pero para crear este imperio en Tarazá, 'Cuco' entendió que tenía que ganarse a los 42.000 habitantes del municipio. "Ha habido sólo dos narcos en Colombia que le han ayudado al pueblo: Pablo y 'Cuco', dice Andrés Ávila, un campesino del municipio de Cáceres, Antioquia. Y él sabe muy bien a qué ayuda se refiere. Vanoy construyó parques infantiles, dos clínicas con sofisticados equipos (San Martín y Nueva Luz en Tarazá), comedores comunitarios, pavimentó vías, regaló mercados, ventiladores, sillas, hojas de zinc para los techos, novillos para las fiestas de Navidad, remodeló el asilo, hizo donaciones a Iglesias católicas, cristianas y evangélicas, creó el programa Tarazá Sin Hambre, del que se benefician 100 familias, y mandó a operar a un hermafrodita del pueblo y a 270 mujeres les regaló la cirugía de ligadura de trompas. El populismo ha sido su más eficaz estrategia de conquista.

A comienzos del año pasado, por ejemplo, cuando lo trasladaron al centro de reclusión en La Ceja, Antioquia, 2.000 personas de los barrios de Tarazá lo llevaron hasta el comando de Policía. Muchos hombres y mujeres lloraron porque "el señor" se les iba del pueblo. Dentro del tumulto estaban los alcaldes de Tarazá, Caucasia, Valdivia y Cáceres, así como concejales del Bajo Cauca antioqueño y la ex parlamentaria Rocío Arias.

Ha sido una estrategia con el pueblo sin improvisaciones y que continúa exitosa a pesar de estar hoy recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El ex jefe paramilitar sigue atento a todas sus obras. En la pasada Navidad les dio 15.000 regalos a los niños más pobres y los programas de Tarazá sin Hambre y el asilo Casa Diana están marchando. Además de eso, tras la desmovilización en enero del año pasado, creó la Fundación Senderos, que hoy maneja siete proyectos productivos para sus ex combatientes. La economía de este municipio antioqueño sobrevive gracias al ex jefe paramilitar.

Pero todo ese desplegar económico resulta una paradoja para sus víctimas. Se convierte en una mordaza. Por un lado, ellas sienten la necesidad de hablar sobre su dolor y preguntar qué es lo que ha sido de sus familiares muertos y desaparecidos y, por el otro lado, tienen que callar porque económicamente dependen de él. "Quién va a hablar de las cosas malas, si él se mantiene dando plata", dice Juan Méndez, un habitante de Tarazá. De hecho, SEMANA conoció el caso de la madre de un paramilitar, desaparecido por la gente de Vanoy, a quien éste le ofreció cinco millones de pesos como "reparación", y para que no hablara con la Fiscalía.

Es difícil encontrar una persona que hable sin temor acerca de los horrores que hicieron los hombres del boque Mineros mientras operaban en esta región. Horrores que no fueron pocos. Hasta el momento, más de 1.200 víctimas se han inscrito para reclamar por lo que les hicieron. Muchos de ellos vivieron los vejámenes de Ituango cuando entre 1997 y 2001 los paras quemaron casas, violaron a las mujeres y torturaron a campesinos de sus veredas. Todo esto con la excusa de apropiarse de grandes extensiones de tierras con coca y amapola que tenía la guerrilla.

Ha sido esa misma ambición la que llevó a Ramiro 'Cuco' Vanoy no sólo ha extenderse por zonas que tradicionalmente pertenecían a otros bloques como el Central Bolívar de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco' y el bloque Norte de Mancuso, sino a ser considerado por Washington desde finales de los 80 uno de los mayores narcos de Colombia. Incluso, él fue incluido en la lista de extraditables durante la operación 'Milenio', en la que fue capturado Fabio Ochoa, en 1999.

Pero ¿cómo un campesino de Yacopí logró convertirse es un de los hombres más respetados del estado mayor de las AUC? Deberá responder esa pregunta en los próximos días en su versión libre ante la fiscal de Justicia y Paz. Y no será una respuesta corta. Contará su vida como esmeraldero en la zona de Muzo (Boyacá), de su trabajo en los 80 al lado del capo Pablo Escobar y de cómo se convirtió luego en su enemigo a muerte junto a los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Dirá cómo logró pasar de 70 hombres en los años 80 a sostener todo un ejército de 2.800, de su influencia política en el Bajo Cauca, de sus haciendas, su ganado y demás propiedades, de los asesinatos selectivos a dirigentes de izquierda y el reguero de sangre por los municipios del norte antioqueño. Se espera que el testimonio del 'señor' de Tarazá sea una elocuente radiografía de ese estrecho y fatídico matrimonio que se ha dado en Colombia entre capos de la mafia y las autodefen

Afirma el general Padilla: “El Ejército seguía a personal de la Fuerza Pública que participaba en reuniones políticas de los círculos bolivarianos”

2007-05-09T14:55:00.000-07:00

Afirma el general Padilla: “El Ejército seguía a personal de la Fuerza Pública que participaba en reuniones políticas de los círculos bolivarianos”

El comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, aseguró que los dos oficiales de inteligencia sorprendidos cuando merodeaban la casa de Gustavo Petro buscaban a miembros de la Fuerza Pública de Colombia que se reunían con adeptos a Hugo Chávez. ¿Quiénes son los militares colombianos que participan en esos encuentros?
Fecha: 05/07/2007 -
Un inesperado giro dio en las últimas horas el caso de los dos oficiales del Ejército sorprendidos por la escolta del senador Gustavo Petro cuando merodeaban su residencia. Según el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, “el Ejército seguía a personal de la Fuerza Pública que participaba en reuniones políticas de los círculos bolivarianos”.

La afirmación del general Padilla seguramente provocará unas reacciones de consecuencias monumentales. Esto porque los llamados círculos bolivarianos son unas de las estructuras más poderosas de la revolución que impulsa Hugo Chávez en Venezuela.

En otras palabras, el general Padilla está diciendo que hay militares activos de Colombia que mantienen reuniones con personas pertenecientes a una de las organizaciones de la entraña pura del chavismo, que hoy jalona en Venezuela una revolución de corte socialista. Los círculos bolivarianos forman el núcleo del proyecto chavista y su funcionamiento se da tanto de manera legal como ilegal.

La afirmación del general Padilla fue hecha en las escalinatas de la Casa de Nariño tras sostener una reunión con el presidente Álvaro Uribe en donde le informó de lo ocurrido. Luego fue corroborada en la noche de este martes en diálogo con Semana.com y ratificada hoy en las cadenas radiales.

El alto oficial dijo que los dos oficiales de inteligencia buscaban establecer sí hay miembros de las Fuerzas Militares vinculados con una mujer llamada ‘Andrea’ de la que no dio más datos. Para inteligencia militar, ‘Andrea’ podría sostener la reunión con el personal de la Fuerza Pública colombiana –a quienes tampoco se identificó ni de los cuales tampoco se suministró sus rangos- en la zona en donde coincidencialmente vive el congresista.

Luego fue ratificada por el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi. Sin embargo, ni el alto oficial ni el ministro entraron en detalles sobre cuáles son los militares colombianos que mantienen esos encuentros, tampoco se explicó de qué rango, ni a qué unidad están adscritos.

Esta mañana en diálogo con La W, el general Padilla se reservó los nombres pero informó que en caso de comprobarse su participación en estos encuentros serían “expulsados” de las filas. Cuando se le preguntó sí ellos habían incurrido en un delito de traición a la patria respondió que lo importante es que el país debe saber que ellos no pueden “participar en política”.

Sobre por qué se realizó la operación en Cajicá –donde vive la ex esposa del senador Gustavo Petro- dijo que fue un “acto de torpeza” de la inteligencia militar. “Fue un error infantil”, aseguró. Informó, además, que en estos momentos no hay ningún elemento que vincule al senador Petro ni a su familia con actividades ilegales. El general Padilla dijo que el congresista “es una persona honorable”.

Las declaraciones del general Padilla son un elemento más en la cadena de reacciones tras conocerse de la presencia de miembros de inteligencia militar –sin uniforme pero armados- en casa del hoy congresista más crítico de la administración Uribe.

Precisamente, el parlamentario reveló en el Senado de la existencia de un plan en que hay diez sicarios con alta tecnología y que vienen tras él para asesinarlo. Petro dijo que la información fue suministrada por el director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Andrés Peñate.

Entre tanto, el ministro del Interior, Carlos Holguín, informó que el esquema de seguridad del congresista es el más grande de las personas cuyas vidas corren riesgos.

Para este miércoles estaba prevista una reunión entre el comandante del Ejército, general Mario Montoya, y Petro en la que el oficial le iba a aclarar el hecho pero a última hora se canceló. En el ministerio de Defensa no dieron una explicación oficial de por qué se tomó esta decisión ni en qué momento se hará.

Recuento de lo ocurrido

Sospechosas. No hay otra forma de calificar las actuaciones de algunas instituciones oficiales hacia el senador del Polo Democrático, Gustavo Petro.

En menos de seis meses, el senador ha sido víctima de intimidaciones, no sólo por parte de grupos desconocidos, sino por las mismas fuerzas del Estado.

El último eslabón de esa cadena ocurrió el pasado viernes 4 de mayo, cuando su grupo de escoltas del DAS y la Policía detuvo a dos hombres. Los sospechosos rondaban en extraña actitud la casa de Petro en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, donde vive con su familia.

Cuando los custodios del senador se les acercaron, los extraños se presentaron como agentes del DAS, pero aquella versión fue rechazada por el propio director de la institución, Andrés Peñate.

Este lunes, el Ejército reconoció que esas dos personas eran soldados que “realizaban actividades de verificación dentro de un proceso interno que adelanta el Comando del Ejército Nacional”, según consta en un comunicado de prensa.

El hecho aislado podría tomarse como una simple tarea militar. Pero la coyuntura muestra más matices. El primero tiene que ver con serias sospechas de que haya operaciones de inteligencia vigilando a los opositores del gobierno de Álvaro Uribe.

Este temor surgió después de que el propio Presidente señalara que “tengo pruebas, que no las voy a revelar, son de inteligencia militar y policiva, de algunas de las personas que han ido a Estados Unidos, que dicen: ya nos tiramos en el Tratado de Libre Comercio, acusando a este tal por cual de Uribe”.

Después de esta confesión, los opositores del gobierno entendieron que sus actos estaban bajo la mira de las autoridades. Respecto a eso, Gustavo Petro no ha sido la excepción, puesto que es uno de los políticos que más ha cuestionado a Uribe.

Los hechos coinciden con aquel temor. Apenas cuatro días después de la declaración del Presidente, la Policía llegó sin avisar a la oficina del senador para hacer una inspección judicial. Supuestamente, los uniformados buscaban archivos que poseía Petro sobre un debate que hizo en 2003 relacionado con actos de corrupción por parte de miembros de la Fuerza Pública. Las pesquisas se hicieron por petición de una fiscal.

De inmediato, Petro reaccionó. “Si esa fiscal quería obtener los documentos, por qué no me los pidió a mí directamente. Esta situación no me gusta”.

La extraña aparición de los policías coincidió con el día y la hora en que el parlamentario haría una reunión con su escolta personal para aclarar detalles sobre su seguridad.

Pero esa no fue la única vez que Petro denunció acciones en su contra. Desde principio de año ha afirmado que su familia está recibiendo amenazas. Las intimidaciones se dieron tras el anuncio de un debate que revelaría el comportamiento de los paramilitares en Antioquia entre 1995 y 1997, cuando Álvaro Uribe era gobernador de ese departamento.

Pese a todo, el debate se hizo el martes 17 de abril. Más tarde, se presentaron los hechos en la oficina y, el más reciente, frente a la casa de Petro.

Para cada una de las situaciones, han surgido excusas. En el caso de la inspección en la oficina del Senador, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, dijo que se trataba de “un acto insólito y de originalidad de una fiscal”. A renglón seguido, explicó que ella ordenó el ingreso a la oficina “sin comunicarle a su coordinador”.

El episodio terminó cuando el funcionario señaló que le llamaría la atención a la fiscal que ordenó la curiosa inspección, pero que no la sacaría del cargo.

Cuando el senador denunció las amenazas contra su familia, le suministraron una escolta y un abrigo antibalas. Pero han sido insuficientes para blindarlo de nuevas intimidaciones que no generan más que sospechas respecto a las actuaciones de algunos organismos del Estado.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó recibió Premio de la Paz de Aquisgrán, Alemania

2007-05-09T14:49:00.000-07:00

Comunidad de Paz de San José de Apartadó recibió Premio de la Paz de Aquisgrán, Alemania

El galardón, entregado por una plataforma de partidos, sindicatos y movimientos civiles, destacó la labor que desempeña el grupo a favor de las personas amenazadas por enfrentamientos armados.

El premio fue entregado de manera compartida con el circo infantil alemán "Pinocho", que se ha distinguido por su labor de apoyo a las personas traumatizadas por la guerra de los Balcanes.

San José de Apartadó forma parte de una serie de "Comunidades de Paz", asociaciones civiles que desde hace una década se declararon neutrales en el conflicto armado colombiano.

Los habitantes de esta población recibirán el premio en representación de las 50 Comunidades de Paz que existen en Colombia y que, según destacó el jurado, fueron fundadas para ofrecer una perspectiva de supervivencia a sus ciudadanos.

El premio está dotado con 1.000 euros y se entrega anualmente el 1 de septiembre, el Día contra la Guerra.

A diferencia del Premio Internacional Carlomagno que concede anualmente un jurado del Ayuntamiento de Aquisgrán a personalidades comprometidas con el europeísmo, este galardón se otorga a protagonistas que trabajan por la paz, pero que no detentan cargos públicos.

Este año el distinguido con el Premio Internacional Carlomagno ha sido el Alto Representante de la Política exterior y de seguridad de la UE, Javier Solana, quien lo recibirá el 17 de mayo

2007-05-09T14:38:00.000-07:00

'Macaco' dice que no es responsable de fosas comunes halladas en Putumayo

El ex jefe paramilitar asegura que el Bloque Central Bolívar (Bcb), comandado por él, no tuvo injerencia real en el Bloque Sur Putumayo, que sería el responsable de esas tumbas.

Carlos Mario Jiménez 'Macaco' en un comunicado sostiene que ese grupo, así como el de Arauca y el Cacique Pipintá, este último aún sin desmovilizarse, son estructuras adjuntas al Bcb "solo para efectos de la inclusión en el proceso de paz".

'Macaco' sostiene en el documento que el Bloque Putumayo de las autodefensas estuvo al mando de Antonio Londoño Jaramillo, alias 'Rafa Putumayo' hasta el 2004, cuando fue muerto en Medellín.

"A raíz de la muerte del Comandante Rafa, el Bcb asumió la representación de la estructura militar del Bloque Putumayo únicamente para efectos de la desmovilización", reza el comunicado.

El sábado pasado, el fiscal, Mario Iguarán, confirmó el descubrimiento de 105 cuerpos de víctimas de los 'paras' en Putumayo. El mayor hallazgo de este tipo realizado en el país.

Entre los cadáveres se hallaron restos de ciudadanos ecuatorianos que fueron desenterrados por una comisión de investigadores de la Fiscalía y la Dijín.

Primero de Mayo: las voces reunidas

2007-05-09T14:34:00.000-07:00

Primero de Mayo: las voces reunidas
Bogotá | Periódico El Turbión – Mayo 1 de 2007

La indignación, la unidad y la esperanza fueron las banderas que nuevamente se izaron en la marcha de hoy, Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores.

Año tras año, trabajadores de lo largo y ancho del país hacen a un lado el cansancio originado de las largas jornadas de trabajo para emprender una enérgica marcha con el propósito de salir de la invisibilidad en la que la política laboral colombiana los tiene sumergidos. A su lado marchan sus familias, los pensionados y estudiantes, que reconocen la fecha, no como una simple tradición sino como una remembranza de una eterna lucha en la que las reivindicaciones siguen siendo las mismas, pues las circunstancias que les dieron fundamento se niegan a desaparecer.

Ante un panorama poco alentador, en el que las reformas laborales y, especialmente, la Ley 50 de 1990, promovida por el actual presidente, se encargaron de hacer ilusorio el derecho al trabajo, el espíritu de coraje y esperanza del pueblo colombiano hizo temblar nuevamente las calles de las capitales del país.

El primero del mayo día del trabajador, día del pueblo

La masiva acogida de la protesta del primero de mayo reviste toda una simbología que trasciende el plano de la problemática obrera. La firma del TLC, la problemática en boga sobre la parapolítica, los derechos de la mujer y la defensa de los derechos humanos fueron algunas de las demandas, que superan la relación entre el empleador y el empleado para ubicarse en una discusión entre el Pueblo y el Estado, sin perder de vista su íntima relación con el derecho social al trabajo y su apreciación como presupuesto indispensable para garantizar la vida en condiciones dignas. Por eso, en esta fecha se entona el canto del trabajador, se entona el canto del pueblo.

Una marcha llena de color y creatividad se vivió el día de hoy cuando, además de las acostumbradas arengas de las organizaciones, se contó con comparsas y bailes. Representaciones callejeras parodiando las relaciones entre el Estado colombiano y los EEUU, actos de teatro callejero y de música acompañaron la jornada.

La curiosidad y solidaridad de muchos trabajadores de los establecimientos del sector, para los que la fecha no fue obstáculo para continuar con sus labores, interrumpieron sus actividades para animar y compartir con los marchantes. Otro sector que duplicó esfuerzos fue el de los trabajadores informales. Los vendedores ambulantes aprovecharon lo multitudinario del evento para mejorar sus ventas y ,de paso, apoyar la causa, pus son unas de las principales víctimas de las precarias condiciones laborales que se viven en Colombia: por no estar sujetos a contrato, la normatividad laboral les excluye de todo beneficio y, por si esto fuera poco, el gobierno, en una actitud descarada, les persigue y obstaculiza su labor, sin advertir que es precisamente por la falta de una política laboral que los proteja que aquellos se ven obligados a sacrificarse con largas y extenuantes jornadas en unas condiciones hostiles.

"Yo le pido al gobierno que nos ayude y que no nos persiga más, que nosotros somos gente honrada", afirmó doña Magola Romero, una vendedora ambulante que, desde hace cinco años vive de la venta de gelatinas. Ella habla en nombre de un sector que se ha multiplicado gracias al envilecimiento de las leyes sobre el trabajo y que sigue sin entender cómo, en este país, se privilegia la estética de una ciudad sobre los derechos más sensibles de sus habitantes.

Claro que para el sector formal el escenario no es mejor. En especial para los trabajadores de entidades oficiales, quienes siguen siendo las primeras víctimas de la llamada "reestructuración del Estado", que pone por encima la 'productividad' al capital humano. Hablamos con don Martín*, un ex empleado de la Administración Postal Nacional (Adpostal), entidad en liquidación desde el año pasado, quien señala que el cierre de la misma es una estrategia para burlar el pago de las pensiones, demostrando que la denominada "bomba pensional" no es troa cosa que trasladar costo de las irregularidades en la administración a los trabajadores, empleando medidas que acaban por quebrar a estas instituciones.

Precisamente, un tercer grupo de agraviados son los pensionados. La mayoría de ellos, ancianos que acuden a la marcha para no socavar una tradición de antaño y para presentar sus problemáticas particulares. Don Alcides García, pensionado de Bavaria, resalta dos puntos importantes en torno a la materia: el primero, la violación de los derechos adquiridos, por cuanto se pretende descontar una mesada adicional de la cual se habían hecho acreedores desde que se hicieron al estatus de pensionados; el segundo, la dilación y negligencia en la atención a sus solicitudes, que hacen imposible el control de las irregularidades en la liquidación y cancelación de las pensiones.

La memoria intangible

A la altura de la carrera séptima con calle diecisiete de Bogotá, todos los manifestantes hicieron un alto en el camino para apreciar la galería fotográfica y las distintas actividades elaboradas en conmemoración a la memoria de Nicolás Neira, un joven de quince años quien fuera asesinado en aquel lugar, precisamente, hace dos años, a manos de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional.

Disturbios

En Bogotá, la llegada a la Plaza de Bolívar de los más de 100.000 manifestantes, estuvo acompañada de las intervenciones de los dirigentes de las más importantes centrales obreras y de dirigentes políticos como Carlos Gaviria Díaz, presidente del Polo Democrático Alternativo (PDA); Gustavo Petro, congresista del PDA reconocido por resucitar el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, y Piedad Córdoba, senadora del Partido Liberal, cuyos discursos fueron enfáticos en reclamar el esclarecimiento de la verdad sobre el paramilitarismo y sobre las condiciones en que fueron asesinadas un sinnúmero de personas encontradas en las miles de fosas comunes hasta ahora identificadas.

Hacia las dos y media de la tarde, cuando la mayor parte de los marchantes había arribado a la Plaza de Bolívar, un grupo de personas desató un enfrentamiento con agentes de la Fuerza Disponible que rodeaban la zona. A la hora de redacción de esta nota se sabe que los enfrentamientos, que degeneraron en una desmedida persecución de manifestantes por el centro de Bogotá, arrojaron un número de diez policías heridos y, aproximadamente, ochenta detenidos.

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Risaraldenses marcharon para conmemorar el Dia Internacional de los Trabajadores
Pereira | Periódico El Turbión – Mayo 1 de 2007

Más de 3.000 personas recorrieron las calles en los municipios de Dosquebradas y Pereira, para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. La presencia de Esmad no impidió que se bloqueara el servicio del sistema de transporte masivo (Megabus) durante más de tres horas en dos de las vías principales.

Con comparsas, consignas, pancartas y muchos escritos los participantes protestaron contra el TLC, la ley de transferencias, la intervención de Estados Unidos y las políticas antipopulares y antidemocráticas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Es de resaltar la importante participación de los jóvenes y los trabajadores sindicalizados en esta jornada, quienes llenaron las calles de alegría y optimismo.

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El Primero de Mayo en Manizales

Manizales | Periódico El Turbión – Mayo 1 de 2007

Pasadas las 9:00 de la mañana, se dio inicio a la multitudinaria marcha en conmemoración del Día Internacional de la Clase Obrera, saliendo del parque Olaya Herrera y culminando en el parque Ernesto Gutiérrez.

Diferentes sectores, entre los cuales se encontraban trabajadores, trabajadores informales, profesores, estudiantes y el pueblo en general, denunciaron, mientras se movilizaban por la carrera 23, el arrasamiento de la riqueza nacional, las condiciones laborales y el nivel de vida de la población colombiana que sobrevendría de la aprobación y puesta en marcha del TLC; el atraco a las regiones, a la educación y a la salud que se realizará con la aprobación de la ley de transferencias; el Plan Nacional de Desarrollo donde, a manera de ejemplo, uno de sus artículos pondría de nuevo a las universidades en aprietos en materia de presupuesto, denuncias que fueron ampliadas en las intervenciones de los dirigentes de los diferentes sectores populares en el parque Ernesto Gutiérrez, donde también se disfrutó de actividades culturales relacionadas con esta importante fecha.

La jornada del Primero de Mayo en la ciudad de Manizales tuvo un buen desarrollo en términos de los asistentes, alrededor de 2.000, del contexto en que se hicieron las denuncias y de la seguridad, pues, a pesar de la fuerte presencia de uniformados, no se presentaron acciones violentas ni enfrentamientos

Cese del fuego debe ser bilateral y no unilateral como quiere imponerlo el Gobierno, afirmó el Eln

2007-05-09T14:32:00.000-07:00

Cese del fuego debe ser bilateral y no unilateral como quiere imponerlo el Gobierno, afirmó el Eln

En un comunicado, el grupo guerrillero dijo que el Gobierno está utilizando "mecanismos de presión indebidos y reprochables" para obligarlo a aceptar su fórmula en las negociaciones de paz.

"Un cese de fuego y de hostilidades tiene que ser bilateral, ubicando con precisión las actividades que están afectando a la sociedad en general, así como al Eln y al gobierno en particular; establecer qué deben cesar el uno y el otro", dijo el grupo insurgente durante la ronda de conversaciones de paz que se cumple en La Habana (Cuba) y que ya completa tres semanas.

El documento fue firmado por los representantes del Eln en Cuba, Pablo Beltrán, Juan Carlos Cuéllar y Francisco Galán.

El pasado 18 de abril, un día después de iniciados los diálogos, el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo había informado que el presidente Uribe aceptaba una propuesta de cese de fuego experimental y transitorio entre las partes.

Pero, al parecer, el Gobierno ofrece acciones de "reciprocidad" mientras que la organización insurgente insiste en que debe ser "bilateral" y que el Ejército también debe suspender las "operaciones ofensivas".

Otro de los apartes de la carta dice que "para el gobierno de Uribe generar ambiente para la paz significa someter al Eln y llevarlo a que se acorrale en una zona y se desmovilice sin tener que ocuparse de abordar y buscar salida a las causas generadoras del conflicto social y armado".

Hallan más de 211 cadáveres de víctimas de paramilitares en Colombia

2007-05-05T11:41:00.000-07:00

Hallan más de 211 cadáveres de víctimas de paramilitares en Colombia
El ministro de Interior y de Justicia indicó que aún no se ha culminado el proceso de excavación de las fosas y por ello no se descarta que se hallen nuevos restos humanos.

Bogotá.- Las autoridades colombianas hallaron más de 211 cuerpos de víctimas de paramilitares sepultados en fosas comunes en el departamento de Putumayo (sur), fronterizo con Ecuador y Perú, señaló hoy un portavoz oficial.

El ministro de Interior y de Justicia, Carlos Holguín, indicó que aún no se ha culminado el proceso de excavación en la zona y por ello no se descarta que se hallen nuevos restos humanos.

“La Fiscalía y la policía judicial (Dijin) vienen realizando esta operación hace cuatro semanas y han localizado una serie de fosas en los municipios de La Hormiga, San Miguel y La Dorada. No deja uno de horrorizarse y sorprenderse de cuanta crueldad hubo en esta guerra”, declaró Holguín a periodistas colombianos.

El funcionario indicó que los cuerpos encontrados corresponden a campesinos y personas que los ultraderechistas asesinaron “en su insaciable afán para apoderarse del territorio para ponerlo al servicio del narcotráfico”.

“Para nadie es un secreto que estas masacres son el producto de una lucha entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las desarmadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por el dominio de ese territorio que era de dominio durante 1999 de la guerrilla”, agregó.

Holguín explicó que el descubrimiento de las fosas se logró gracias a la información que suministraron algunos ultraderechistas desarmados bajo la cuestionada ley de Justicia y Paz.

Las AUC iniciaron el 1 de julio de 2004 negociaciones de paz con el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, en el marco de las cuales se desarmaron unos 31.000 hombres. Aún queda una escuadrilla disidente por desmovilizarse.

DPA

Publicado en Wilienio Diario/www.milenio.com

Preguntas sin respuestas

2007-05-05T09:11:00.000-07:00

Balance de la visita de Álvaro Uribe a Washington
Preguntas sin respuestas

El presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, no convenció a los demócratas de seguir apoyando al país. Según analistas, el mandatario se dedicó a resolver con cifras poco relevantes las inquietudes que hay sobre parapolítica y derechos humanos. Balance de la visita.
Redacción Internacional

sábado, 05 de mayo de 2007

La visita del presidente Álvaro Uribe a Washington tuvo dos lecturas: la primera, se hizo desde la capital política de Estados Unidos, en donde el mandatario colombiano despertó grandes elogios, pero al mismo tiempo dejó muchas preguntas sin resolver. Para algunos demócratas, Uribe no despejó ninguno de los interrogantes sobre derechos humanos y paramilitares que rondan a su gobierno.

Y, la segunda, fue la que se hizo desde Colombia, en donde, esas mismas dudas, lejos de causarle daño, le reportaron un incremento en sus niveles de aceptación. Según un sondeo de la firma Invamer Gallup, a pesar del escándalo de la parapolítica, Uribe Vélez subió un 10% en las encuestas.

Según Jorge Londoño, director de la firma encuestadora, “la escalada demuestra que Uribe supo utilizar las críticas en su contra para defender su imagen y la de su Gobierno, y capitalizó muy bien los puntos que ha tenido a su favor”.

Esa misma estrategia fue la que utilizó Uribe durante su visita de tres días a Washington, con la diferencia de que no le dio el mismo resultado. “Uribe utilizó los mismos argumentos que usa en Colombia y aunque despertó grandes elogios en un sector político de Washington, el mandatario colombiano no tuvo el mismo efecto entre sus detractores, que era a quienes tenía que convencer. Una cosa es la política interna y otra lo que él debió decir en un escenario internacional”, explicó Paola Widzosky, analista del Centro de Análisis Político de Washington.

Y es que para varios analistas estadounidenses, Uribe se fue de Estados Unidos con las manos vacías, pues no logró el acuerdo de ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Congreso, dominado por los demócratas, y tampoco logró cambiar la imagen de su gobierno entre un amplio sector del partido.

Pese al apoyo de George W. Bush, quien hizo causa común con Uribe en defensa de una estrategia de fuerte implicación norteamericana en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, las señales de que esa política ya no cuenta con el respaldo mayoritario del país del norte fueron evidentes.

El mes pasado, el presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, Patrick Leahy, ordenó la congelación simbólica de una partida de US$55 millones para Colombia como prueba de desconfianza por la política de derechos humanos del gobierno de Uribe.

Ambiente difícil

El tiempo tampoco jugó a favor de Uribe. Tres días no fueron suficientes para convencer a los parlamentarios estadounidenses de apoyar el TLC y la extensión del Plan Colombia. El clima político en Washington no fue favorable al esfuerzo del presidente Uribe. Los demócratas condicionaron la aprobación del pacto comercial a la inclusión de determinadas garantías para la protección de los derechos laborales y sindicales.

Mientras para la Casa Blanca la aprobación del TLC es un punto estratégico —tras el fracaso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el avance de alternativas integracionistas de la región, que suma a más naciones—, para los demócratas es más importante solucionar todas las dudas que hay sobre el Gobierno colombiano y comprometer a la administración Uribe en causas concretas en el tema de derechos humanos y parapolítica.

El escándalo por los nexos de políticos ligados al Gobierno colombiano con los ‘paras‘, y la muerte de cerca de 72 sindicalistas el último año, fueron algunos de los aspectos esgrimidos por los demócratas para no ceder a los pedidos de Uribe.

Para Adam Isacson, presidente de programas del Centro para las Políticas Internacionales de Washington, Uribe no logró ninguno de sus objetivos en Estados Unidos. “Creo que el Presidente colombiano no logró sus objetivos porque no convenció a los líderes de la bancada demócrata, ni a los demócratas ‘indecisos’ de apoyar los planes hacia el país”.

Según explica, la razón no fue otra que una mala estrategia. “Uribe no contestó sus preguntas. Ellos tienen serias preocupaciones (parapolítica, sindicalistas, derechos humanos), y el colombiano lo único que hizo fue usar cifras, en la mayoría de los casos poco relevantes y hasta aburridas. Uribe no se ayudó”.

Según Bernard Arnson, analista del Wilson Center, “Colombia es sólo una víctima de la división política interna que hay en el Congreso norteamericano. Aquí ya hay ambiente electoral y poner de acuerdo a demócratas y republicanos en ciertos temas es muy difícil”.

Y es que esa relación “especial” del Gobierno colombiano con el norteamericano podría estar a punto de cambiar por las revelaciones sobre las conexiones del Gobierno colombiano con los grupos paramilitares. “Eso ha hecho que el estado de la opinión del Capitolio haya cambiado”, aseguró Malcom Seronal de la Universidad de Miami.

Colombia se jugaba mucho en esta visita. No sólo era una ayuda militar que, de perderse, dejaría al país muy debilitado frente a la guerrilla y los enormes recursos procedentes del narcotráfico. Colombia también se jugaba gran parte de su desarrollo económico, pendiente de que el Congreso apruebe el Tratado de Libre Comercio firmado por los dos gobiernos, pero al que también se oponen algunos legisladores demócratas.

“Estos acuerdos”, dijo Bush sobre los tratados con Colombia y otros con Panamá y Perú, “no son sólo tratados comerciales; son señales para América Latina de que estamos junto a las naciones que están dispuestas a tomar decisiones difíciles en beneficio de sus pueblos”.

A pesar del ambiente adverso y los pocos resultados, Uribe aseguró que va a volver a Estados Unidos las veces que sean necesarias para lograr el apoyo que le fue esquivo. “No cabe duda de que Uribe es persistente y eso puede tener algún efecto entre la clase política estadounidense. Esperemos que traiga respuestas la próxima vez”, concluyó Isacson.

Publicado enm El Espectador/www.elespectador.com

La alcancía de los Rodríguez

2007-05-05T09:07:00.000-07:00

Los bienes están avaluados en más de $4.000 millones
La alcancía de los Rodríguez

Los familiares de los Rodríguez Orejuela le solicitaron al Consejo Nacional de Estupefacientes que “por razones humanitarias” el Estado les deje conservar 48 bienes para su subsistencia. Los bienes están avaluados en más de $4.000 millones.
Redacción Judicial

sábado, 05 de mayo de 2007

Con el argumento de que se trata de un “pírrico” patrimonio para llevar una vida digna y consolidar un capital que les permita mantener y educar a sus hijos, 28 integrantes del grupo familiar de los extraditados y confesos capos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, de forma insistente, desde hace siete meses, le vienen solicitando a la Fiscalía y al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) que, en virtud del acuerdo al que llegaron con el gobierno de Estados Unidos, les devuelvan o permitan conservar 48 bienes de su multimillonario imperio económico.

Desde el pasado mes de octubre, Jaime y Humberto Rodríguez Mondragón, en representación del clan de los Rodríguez, conformado por hijos, esposas, ex esposas y sobrinos de los capos, le vienen reiterando a las autoridades judiciales y al Gobierno que, en cumplimiento de un acuerdo suscrito con el gobierno norteamericano en septiembre de 2006, entregaron 92 inmuebles avaluados en $21 mil millones y renunciaron a los pleitos de los bienes afectados con extinción de dominio, pero también, “implícitamente”, se pactó que pudieran conservar el derecho sobre bienes avaluados en más de $4 mil millones.

La última petición está fechada el pasado mes de enero y, concretamente, el abogado Jorge Luis Gutiérrez, apoderado del grupo familiar de los Rodríguez Orejuela, insistió en que por razones humanitarias les sean restituidos a sus clientes 28 bienes que corresponden a sus viviendas familiares y otros 19 más para ser usados como “medios de vida” porque, según ellos, hacen parte del fruto de su esfuerzo y trabajo personal. Además reiteró que los herederos de la ilícita fortuna de los Rodríguez Orejuela renuncian a intereses que puedan derivarse de cooperativas en trámite de extinción.

La sorpresiva petición de los descendientes de los Rodríguez Orejuela se convirtió en una papa caliente y las misivas de su abogado y de ellos mismos, con el listado de los bienes en Cali, Yumbo, Bogotá, Jamundí, Palmira, Barranquilla, Neiva o Envigado, circulan de despacho en despacho, sin que nadie se atreva a negarlo o a aceptarlo. En la Dirección Nacional de Estupefacientes dicen que la respuesta es del fiscal Mario Iguarán. En el ente investigador afirman que el asunto corresponde a una decisión política del Consejo de Estupefacientes. La Procuraduría está en desacuerdo con la propuesta. No ha faltado quien sugiera que la respuesta salga de la boca del propio presidente Uribe.

Son lotes, apartamentos, casas, garajes, bodegas, sociedades de inversiones: un cuantioso patrimonio económico que, según el abogado Gutiérrez, es “ínfimo” comparado con los bienes que ha venido entregando el clan de los Rodríguez Orejuela en Colombia. De acuerdo con él, en la Fiscalía ya reposan múltiples pagarés y otros documentos entregados “voluntariamente” que tendrían un valor cercano a los $180 mil millones. Por eso, insiste el abogado, los $4 mil millones que solicitan “de manera humanitaria” son apenas necesarios para garantizar su subsistencia.

En el listado que los herederos de los Rodríguez Orejuela le han enviado a las autoridades, bajo el rótulo de “viviendas familiares” y “medios de vida”, aparecen varios reseñados como si no estuvieran incautados por la Fiscalía y, en cuatro de tales predios, explícitamente se advierte que hacen parte de sentencias de divorcio avaladas por respectivos juzgados de familia. También llama la atención que en varias de estas propiedades se registra como propietaria la firma Inversiones ARA, cuya razón social dio tanto de qué hablar hace 10 años durante el sonado ‘narcoescándalo’ del proceso 8.000.

‘El Señor’ y ‘El Ajedrecista’

Aunque los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela fueron por primera vez reseñados por la justicia colombiana como integrantes de la banda de “Los Chemas” en Cali a mediados de los años 60, una década después, sin que las autoridades lo objetaran, se habían convertido en hombres de sociedad y magnates reconocidos. Además de haber constituido el famoso Banco de los Trabajadores, donde controlaban el 70% del total accionario, crearon una cadena de emisoras, la sociedad Drogas La Rebaja y fundaron dos universidades en Bogotá.

Como en su momento lo registró el periodista Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína, el imperio económico de los Rodríguez Orejuela incluyó compañías de seguridad, el club deportivo América de Cali, el Grupo Radial Colombiano, incontables cooperativas y concesionarios de empresas internacionales, entre otros. Sin embargo, durante muchos años vivieron a sus anchas, bajo el paraguas de la impunidad, rodeados por empresarios, políticos, deportistas, periodistas y destacadas personalidades de la crema y nata de la sociedad colombiana.

Incluso, el 15 de noviembre de 1984, Gilberto Rodríguez Orejuela fue capturado en Madrid junto a Jorge Luis Ochoa Vásquez cuando ambos se dedicaban al montaje de una red de distribución de cocaína en Europa y, para sorpresa internacional, apenas la justicia norteamericana reclamó su extradición sindicándolo de ser el jefe del más grande cartel de droga en el mundo, el Gobierno colombiano hizo lo propio para que fuera juzgado en el país. Sólo unos meses después fue extraditado a Colombia y, en julio de 1987, un juez de Cali lo dejó en libertad y sentenció su absolución.

Entonces regresó a su reino de impunidad hasta que en 1994, a raíz de los aportes que le hicieron los hermanos Rodríguez Orejuela a la campaña “Samper-Presidente”, y como consecuencia del escándalo político, la justicia se acordó de nuevo de sus nombres y fueron capturados el 6 de junio y el 7 de agosto de 1995. Entre La Picota y la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Miguel y Gilberto Rodríguez, a pesar de estar condenados a 23 y 21 años de cárcel, en 2002, cuando apenas llevaban 7 años de prisión, por pena cumplida, se ordenó su libertad. Pero se les atravesó el gobierno Uribe y súbitamente cambió su suerte.

Gilberto volvió a prisión acusado de reiterar acciones de narcotráfico. Su hermano Miguel no alcanzó a salir a la calle. La justicia los encausó de nuevo y entre diciembre de 2004 y marzo de 2005 fueron extraditados a EU. Sus familiares decidieron entonces publicar un documento en el que, según ellos, dejaban constancia histórica de que los capos habían sido objeto de “una persecución política del gobierno norteamericano obedecida por las autoridades colombianas”. En prisión terminó su saga criminal y apenas empezó el rastreo de su inmensa fortuna.

En el acuerdo de septiembre de 2006, suscrito con los EU, los Rodríguez se comprometieron a entregar su ilícito patrimonio a cambio de la no extradición de sus familiares y de que los saquen de la Lista Clinton. Y, pese a que el acuerdo no compromete al Gobierno colombiano, también accedieron esperando que el Estado les reconociera a sus herederos en Colombia, “como un acto de buena fe” por su colaboración con la justicia, 48 bienes que ellos consideran como un “capital semilla” para empezar de nuevo. En el acuerdo, sin embargo, sí queda consignado que EU no “vería con malos ojos” que el gobierno Uribe accediera a las peticiones del clan Rodríguez.

El tema está en estudio en la CNE. ¿Puede jurídicamente el Estado devolverles bienes incautados? ¿Cuáles serían las incidencias políticas de esta iniciativa? ¿Está el Estado colombiano dispuesto a negociar con la mafia, como lo hacen los norteamericanos? La palabra la tiene la CNE y deberá pronunciarse en los próximos días. “Es un exabrupto lo que piden”, dicen algunos penalistas consultados. Otros, en cambio, ven con buenos ojos este tipo de negociaciones. La controversia está servida

Publicado en El Espectador/www.elespectador.com

Familia de defensor de derechos humanos asesinado Jesús María Valle desautoriza acuerdo con Estado

2007-05-05T08:39:00.000-07:00

Mayo 4 de 2007

Familia de defensor de derechos humanos asesinado Jesús María Valle desautoriza acuerdo con Estado

El Consejo de Estado avaló la conciliación por 1.700 millones de pesos que representan los perjuicios causados. Sin embargo, dos hermanos y cuatro sobrinos dicen no haber sido consultados.

El acuerdo, celebrado el 26 de abril pasado entre los abogados que reprensentan a la familia y el Gobierno, incluye los perjuicios materiales y morales.

El Estado colombiano aceptó su responsabilidad por omisión al no darle seguridad y se comprometió a indemnizar a sus familiares.

"Dicha conciliación se realizó sin consultar nuestra opinión, a pesar de que les habíamos comunicado oportunamente a los abogados nuestro interés en que nuestros representantes ante la Comisión Interamericana pudieran conocer previamente cualquier propuesta de conciliación que realizara el Estado", manifestaron ayer en una carta los familiares en desacuerdo.

Por su parte, la abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos María Victoria Fallon, que lleva el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó que aun si la conciliación es válida, continuará tratando de demostrar que agentes estatales no solo fueron omisivos sino que participaron activamente en el crimen.

Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina, en el centro de Medellín. Presidía el Comité Permanente para los Derechos Humanos de Antioquia y había denunciado complicidad de la Fuerza Pública con los paramilitares que masacraron a 15 personas en el corregimiento El Aro, de Ituango, municipio donde fue concejal.

MEDELLÍN

Publicado en El Tiempo/www.eltiempo.com

Víctima acusó a jefe paramilitar 'El Águila' de delito posterior a su desmovilizac

2007-05-05T08:34:00.000-07:00

Víctima acusó a jefe paramilitar 'El Águila' de delito posterior a su desmovilización

Foto: David Osorio / EL TIEMPO
Luis Eduardo Cifuentes, el 'Águila', comenzó ayer su versión libre ante Justicia y Paz en la sede de la Fiscalía en Bogotá. Desde que comenzaron hace cinco meses las confesiones de los desmovilizados bajo la ley de Justicia y Paz, esta es la primera vez que algo así ocurre.

Mientras comenzaba la versión libre de Luis Eduardo Cifuentes, jefe de las Auc en Cundinamarca, un familiar de una víctima aseguró que el año pasado, cuando el líder 'para' ya estaba desmovilizado, miembros de ese grupo asesinaron al hijo de un primo suyo.

El hombre, un agricultor de 35 años, cuyo nombre se omite por seguridad, dijo que el crimen ocurrió en Guayabal de Síquima (Cundinamarca). Contó que hombres del ''Aguila' llegaron a la vereda Torres, de esa población, montaron al joven a una camioneta delante de toda la gente y luego lo asesinaron.

"Al muchacho lo cogieron y lo echaron al carro. Después apareció muerto. Había mucha gente en ese momento, pero eran hombres armados. Quién hacía algo", dijo el familiar de la víctima.

Este hecho podría comprometer el beneficio de la pena alternativa que recibiría por la Ley de Justicia y Paz.

Si la Fiscalía llega a tener evidencias que prueben que este hecho ocurrió y fue perpetrado por hombres del 'Águila', el jefe 'para' sería juzgado por la justicia ordinaria y podría ser condenado hasta 40 años por homicidio.

El caso es que Cifuentes se desmovilizó el 9 de diciembre del 2004, y es uno de los jefes 'paras' que sigue cerca a sus antiguos subordinados, en proyectos productivos.

Y la ley es clara en que para ser beneficiarios no deben haber cometido delitos después de su desmovilización.

Por ahora habrá que esperar que el ex jefe 'para' avance en su confesión, la cual empezó ayer con apenas 10 familiares de víctimas de las 53 que estaban inscritas.

Fue comunista

Al iniciar su versión, Cifuentes hizo un recuento histórico. Les dijo a los fiscales que antes de ingresar a las autodefensas era militante de las juventudes comunistas en Yacopí, donde nació.

Aseguró que, a principios de los 80, llegaron los 'paras' a esa población y amenazaron con matarlo a él y a otros compañeros.

Según el 'Águila', todos fueron a hablar con los 'paras', a él lo convenció su discurso y decidió trabajar con ellos.

Aclaró que el mando en el grupo era compartido y solo en el 2002 se convirtió en el jefe del bloque.

Aseguró que está dispuesto a contar toda la verdad, pero desmintió que haya tenido responsabilidad en la muerte del humorista Jaime Garzón.

Según él, los 'paras' que lideraba eran pobres y campesinos, y anunció la entrega de dos inmuebles, algo de dinero -cuya cuantía no especificó- y 150 cabezas de ganado.

También mencionó que siempre tuvo apoyo de militares, pero no concretó nombres.

La confesión del ex 'para' continuará hoy.

2007-05-05T08:27:00.000-07:00

Nancy Pelosi no cedió ante peticiones de Álvaro Uribe sobre TLC y Plan Colombia

Foto: Presidencia
El encuentro de Pelosi (izq.) con el presidente Uribe, en el Capitolio de E.U., duró cerca de 50 minutos.
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No discriminar a Colombia en firma del TLC, pidió Presidente Uribe al concluir su gira en E.U. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reclamó claridad sobre las acusaciones de nexos entre paramilitares y autoridades colombianas.

Se sabía que el encuentro con Pelosi no sería fácil. "El problema es que tenemos serias preguntas sobre Colombia y esperamos resolverlas con el presidente Uribe, le dijo Pelosi a EL TIEMPO poco antes de entrar a la reunión.

"Muchos de nosotros (12 congresistas demócratas entraron con ella a la cita con Uribe) expresamos nuestra creciente preocupación por las serias acusaciones sobre nexos entre grupos paramilitares y altas autoridades colombianas", dijo Pelosi en una escueta declaración minutos después de salir de la cita con Uribe, en el Capitolio.

Pelosi no se refirió de manera concreta a los dos puntos de la agenda que para Colombia son vitales y por los que Uribe fue a Washington: el TLC y el Plan Colombia.

Por el contrario, Pelosi, ficha clave en la aprobación de esas enmiendas, fue exigente con Uribe. "Es esencial que el Gobierno de Colombia investigue y condene a aquellas autoridades, incluidas aquellas de alto nivel", le dijo.

Y, como para que no quedara duda de su rechazo a esos nexos con 'paras', Pelosi felicitó a quienes en Colombia han denunciado esos nexos. Calificó esas denuncias de "esfuerzos constructivos para fortalecer la democracia".

La palabra utilizada por Pelosi -high-ranking officials-, se refiere en E.U. a funcionarios que pertenecen a cualquier rama del poder público.

Es decir, que en esa categoría podrían estar no solo el general Mario Montoya, sobre quien el diario Los Angeles Times reveló un informe no confirmado de la CIA, en el que lo señalan de supuesta colaboración con los 'paras', sino también el caso del ex director del DAS Jorge Noguera, así como el de los congresistas de la coalición uribista señalados de posibles nexos con 'paras'.

EL TIEMPO pudo establecer que Uribe tuvo que responder preguntas sobre las acusaciones que hay en contra de Noguera y de Montoya. Y a ambos Uribe los defendió.

El representante James McGovern, quien también estuvo en la reunión, dijo que los legisladores expresaron sus preocupaciones por la impunidad en el país y dejaron en claro que no podían apoyar un TLC si no había progresos sustanciales.

McGovern, que ha sido crítico de la ayuda militar a Colombia, añadió que se le dejó claro a Uribe que "no se trata de solo palabras, reportes o crear unidades de la Fiscalía para investigar, sino de resultados y condenas. Progresos verdaderos". E insistió
en que respaldará un Plan Colombia para las víctimas.

Algunos de los que acompañaron a Uribe a la reunión coincidieron en que el encuentro fue "cordial, pero duro".

También surgió el tema de Chiquita Brands, la compañía americana acusada de entregar dineros a los 'paras'. Uribe dijo que pedirá investigar y que de resultar culpables pedirá la extradición de sus responsables para castigarlos.

Luego Uribe le dijo a EL TIEMPO que había encontrado en Pelosi "una actitud constructiva y positiva".

Asímismo se refirió a las críticas que ha enfrentado por la situacion del sindicalismo en Colombia y mencionó cuatro puntos específicos:

"Primero, se ha hecho un gran esfuerzo para protegerlos y los resultados son elocuentes" dijo, aunque subrayó que no eran suficiente y así lo ha reconocido.
"Segundo, firmamos un acuerdo tripartita con la Organización Internacional del Trabajo que extiende su proteccion.
"Tercero, hemos introducido medidas para eliminar la impundad como demuestra el hecho que se han presentado ya 37 sentencias", precisó.
Cuarto, dijo que había que reconocer una realidad y "es que hay sectores del sindicalismo que se oponen al TLC por razones ideológicas".
Por otra parte, el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció que "no se debería especular sobre el futuro de estos asuntos (TLC y el Plan Colombia), hasta que se resuelva el tema de la violencia contra el sindicalismo y la 'parapolítica' en Colombia".

En medio de esas críticas, Dennis Hastert (ex presidente de la Cámara, republicano), se mostró en desacuerdo con los demócratas y dijo: "Están poniendo en peligro nuestros intereses. Voy a pelear por los fondos para Colombia".

En conversaciones con miembros de su comitiva, Uribe se declaró sorprendido por las declaraciones que los demócratas dieron después sobre la reunión sostenida.

El representante Roy Barreras dijo que no entendía cómo los demócratas hacían referencias públicas a temas que no habían sido abordados en las reuniones. Y se extrañó porqué, si en privado se hablaba de la importancia estratégica de Colombia para E.U., las comunicaciones se centraban en asuntos negativos.
Barreras atribuyó "intenciones políticas" (que no explicó) a los comentarios de los demócratas.

Agenda de hoy

Agenda del último día de la visita del presidente Uribe a Washington.

8:00 a.m. Entrevista con CNN en Español.
9:20 a.m. Reunión con el Consejo Editorial de The Washington Post.
10:30 a.m. Reunión con la Representante de Comercio de E.U., Susan Schwab.
11:30 a.m. Reunión con la organización US-COlombia.
3:00 p.m. Salida hacia Bogotá.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

Reforma agraria y democracia

2007-05-04T12:40:00.001-07:00

Reforma agraria y democracia
Por: Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando las revoluciones burguesas han distribuido la tierra entre los campesinos no solo se ha creado un mercado interno dinámico para el capitalismo nacional; también se ha puesto fin a formas primitivas de explotación, a sistemas arcaicos de retención de la mano de obra y sobre todo a relaciones de dominación política y social que sometían al campesinado al control de terratenientes, gamonales, comerciantes poco escrupulosos y curas de parroquia.

En América Latina estos procesos de modernización del agro solo han tenido éxito mediante revoluciones y no precisamente de la mano de la burguesía local. En la mayoría de los casos la burguesía criolla ni siquiera lo ha intentado y cuando alguna fracción progresista se lo propuso, a la reacción violenta de los propietarios tradicionales hubo que sumar la participación de las multinacionales gringas. Juntos, con el apoyo de las fuerzas armadas, grupos de mercenarios o directamente de los marines, se encargaron de frustrar tales propósitos renovadores.

La modernización del agro latinoamericano se ha realizado entonces sin un acento particular en el mercado interno, sin el objetivo de generar una capa de pequeños propietarios rurales dinámicos y emprendedores y sin preocuparse por dar fin a las formas primitivas de explotación y contratación de la mano de obra ni menos aún por superar las formas tradicionales de participación política y social del campesinado. Los avances del capitalismo en el campo han sido fruto básicamente de la modernización del latifundio y no de su abolición. El terrateniente es ahora un moderno empresario capitalista, la United Fruit Company se llama Chiquita Brand, en lugar del cura tradicional funciona la televisión y los matones de antes han sido reemplazados por paramilitares y mercenarios denominados “contratistas”. El aparcero de antaño es hoy un peón agrícola sin derechos, un paria en su propia tierra que vaga de un latifundio a otro en busca de empleo y el pequeño propietario es una figura condenada a desaparecer ante la avalancha de productos extranjeros con los cuales no puede competir.

La reforma agraria sigue siendo una necesidad de la misma manera que son tareas pendientes la reforma educativa y científica, la reforma política o la reforma urbana –para no mencionar sino las más urgentes- sin las cuales la modernidad de estos países no deja de ser un espejismo.

El capitalismo criollo no podía escoger otro camino para llegar al campo. Dada su naturaleza oligárquica y la debilidad tradicional de sus sectores progresistas lo extraño hubiese sido que las cosas ocurrieran de otra manera. Los reformadores burgueses nunca consiguieron vencer la estrecha alianza entre grandes comerciantes, propietarios rurales y empresas extranjeras. Ni ayer, ni hoy. No sorprende entonces que la exigencia por una reforma agria no encuentre eco y tan solo en Venezuela y Bolivia, donde las oligarquías tradicionales han perdido el gobierno, se adelanten programas ambiciosos de reforma de la propiedad territorial. Y no deja de ser paradójico que hoy como ayer se acuse de “comunistas” a los reformadores cuando en realidad éstas y otras son tareas históricas de la burguesía. Paradójico porque tanto en Venezuela como en Bolivia las reformas no son muy diferentes de la propuesta por Kennedy en la Alianza para el Progreso y resultan menos radicales que la reforma agraria impuesta por los estadounidenses al Japón tras la Segunda Guerra Mundial.

La cuestión agraria en Latinoamérica no solo no ha transcurrido por derroteros democráticos sino que ha sido acompañada con enormes dosis de violencia. Arrebatar la tierra a los indígenas fue política permanente durante la colonia, moderada a medias por las autoridades españolas o portuguesas que temían la total extinción de los aborígenes; fue aún mas cruel en las nacientes repúblicas y así se ha mantenido hasta la actualidad. Pero no solo sufren los indígenas; despojar a los campesinos pobres, blancos, negros o mestizos, también ha sido práctica común de suerte que el cuadro aterrador que proporciona la literatura latinoamericana al respecto nada tiene de mágico o fantástico. Es un pálido reflejo de siglos de opresión, saqueo y violencia.

Habida cuenta del proceso de aguda y desordenada urbanización de estos países cabe entonces interrogarse si a estas alturas sigue siendo necesaria una reforma agraria y si tienen sentido los esfuerzos de algunos gobiernos progresistas en este sentido. ¿Es pertinente una reforma agraria cuando la economía comercial moderna ya es la forma predominante? ¿Tiene sentido distribuir las tierras cuando el tractor domina en los campos? ¿Hay futuro para la pequeña y mediana propiedad cuando la hegemonía la ostenta la gran explotación capitalista?.

La respuesta es simple: si. La reforma agraria no solo es una necesidad social sino una medida saludable para la economía de los países latinoamericanos.

En unos casos, porque en muchas regiones a pesar del avance del capitalismo en el campo aún persisten el latifundio y el minifundio; porque al lado de millones de hectáreas desaprovechas o insuficientemente explotadas hay millones de familias sin tierras o con propiedades exiguas en un continente con elevados niveles de pobreza y miseria. No todo se puede producir en grandes explotaciones; buena parte de los alimentos resultan del trabajo intensivo de pequeñas y medianas propiedades rurales. No es ni social ni económicamente racional que mientras el ganado ocupa las mejores tierras estos países carezcan de alimentos básicos. Las vacas aquí no son sagradas como en India, pero poco les falta; de hecho su suerte es más valorada que la del campesinado pobre o la del indígena. Como si nada hubiese ocurrido en un siglo, en Latinoamérica aún es necesario distribuir tierras y crear una capa de pequeña burguesía rural y no precisamente colonizando las tierras públicas de la frontera agrícola sino afectando las tierras ociosas cercanas a los mercados de las grandes urbes.

Además, no es tan evidente que la “revolución verde” basada en la gran explotación con sus enormes gastos en energía, fungicidas, aguas, abonos químicos, escaso uso de mano de obra y un impacto sumamente negativo sobre el medio ambiente sea la fórmula salvadora y no un gran negocio que solo deja beneficios al gran capital nacional y extranjero.

En otros casos, se trata de detener la expansión cancerosa de las multinacionales madereras, mineras o de plantación que saquean las reservas forestales y de biodiversidad con la complicidad criminal de las mismas autoridades. La reforma agraria moderna tiene entonces un capítulo de defensa decidida del medio ambiente, de conservación ecológica y de ejercicio de soberanía. Por supuesto, también es necesario regular los procesos de colonización en marcha, provocados en casi todos los casos por el desalojo de los campesinos o el acaparamiento de las tierras disponibles por la gran propiedad.

La reforma agraria sigue siendo válida por los mismos motivos sociales de antes. Hay que llevar la democracia, el desarrollo social y los derechos civiles a los campesinos. Hay que romper definitivamente con los métodos primitivos y violentos que impiden a las masas rurales una participación efectiva en la vida política. En muchos países de Latinoamérica el estado es una realidad lejana y difusa y la autoridad real la ejercen los gamonales, las multinacionales, la gran empresa comercial y en algunos casos, las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Esta situación solo preocupa a los gobiernos cuando el poder lo ejercen los mismos campesinos que desconocen la autoridad central y desarrollan sus formas propias de organización y gobierno (con mayor motivo cuando este poder local está vinculado a formas de resistencia armada que amenaza al sistema, como ocurre en Colombia). Reforma agraria no es solo distribuir tierra, créditos y asistencia técnica; también es un proceso social y político de emancipación y participación de las masas campesinas.

La reforma agraria es igualmente un acto de justicia con las comunidades indígenas y otras etnias que aún conservan tierras comunales pues el proceso de expropiación forzosa y violenta de tierras adquiere aquí tintes de racismo agudo y genocidio. Países como México y Guatemala, con importantes poblaciones indígenas son escenario de verdaderas guerras contra estas comunidades, siempre y en todo los casos con la finalidad de apropiarse de sus tierras. Contra los indígenas ya no solo actúa la aculturación y la perdida de identidad a que les somete la sociedad global y el abandono de las autoridades; a ello hay que agregar la violencia pura y dura de policías, soldados, bandas armadas de civiles y matones a sueldo. Inclusive un país como Colombia, con un porcentaje pequeño de etnias indígenas y de afrodescendientes, vive hoy una situación dramática de desalojo, expropiación y verdadero genocidio provocado por grupos armados al servicio de oscuros intereses nacionales y extranjeros interesados en la siembra de palma africana, petróleo, explotaciones mineras o sencillamente acaparamiento de tierras para ganadería extensiva y cultivos ilegales. En este país, con casi cuatro millones de refugiados (alrededor del 10% de su población) una reforma agraria supondría también su retorno a las zonas rurales de las que han sido expulsados. Por el contrario, el gobierno de Uribe Vélez promueve una ley que legaliza esas expropiaciones otorgando titularidad a quien demuestre posesión en los últimos cinco años, es decir, los “narcos”, los “paras” y otros beneficiados por la violencia contra los campesinos. En las condiciones de este país, una reforma agraria tendría que empezar por la revisión minuciosa de los títulos de propiedad rural al menos durante el período que va desde la intentona de reforma agraria del presidente López Pumarejo en los años 30 hasta hoy. Habría muchas sorpresas.

Descartan un reajuste salarial para combatir la inflación

2007-05-04T11:12:00.001-07:00

Descartan un reajuste salarial para combatir la inflación

El ministro colombiano de Hacienda, Oscar Zuluaga, descartó hoy un reajuste salarial para combatir el incremento de la inflación, que de enero a abril sobrepasó en 11 puntos el promedio calculado por el Banco Central.

El funcionario dijo que aunque el costo de la vida ha ido en ascenso en los primeros meses de 2007, no puede generalizarse tal situación para el resto del año.

Recordó que el último reajuste a los salarios se hizo con base en una proyección de inflación más amplia que otros años.

'Por el momento no habrá ajuste del salario mínimo, apenas llevamos cuatro meses de inflación y los incrementos que ha habido han estado muy por encima de las expectativas, por eso este tema no se puede revisar', indicó Zuluaga.

La negativa del ministro fue la respuesta al anuncio de los sindicatos colombianos de convocar a una reunión extraordinaria de la Comisión de Concertación Salarial y Laboral para pedir un ajuste extraordinario en el salario mínimo y el de los empleados del sector estatal.

Zuluaga adjudicó el incremento del índice inflacionario a los efectos del clima que aumentaron los precios de algunos productos de la canasta familiar, pero que deberán cambiar en los siguientes meses del año.

'Tenemos capacidad de cumplir la meta que habíamos fijado para 2007, (entre el 3,5 y 4,5 por ciento).

El 70 por ciento de la variación de este año ha sido por alimentos, allí hubo factores climáticos que habíamos advertido que a partir del segundo semestre tienen que revertirse, explicó.

El Departamento Nacional de Estadística indicó que la inflación en abril fue del 0,9 por ciento, del 4,11 por ciento de enero a abril y del 6,25 por ciento en los últimos 12 meses.

El ingreso básico mensual de los trabajadores colombianos fue establecido por decreto en 433.700 pesos (unos 206 dólares).

Publicvado en Argenpress.info

Demandarán a la Nación dueños de campo de exterminio paramilitar

2007-05-04T11:00:00.000-07:00

Mayo 4 de 2007 - 8:35 a.m.
Demandarán a la Nación dueños de campo de exterminio paramilitar
Dicen que el Estado no hizo nada para evitar que las autodefensas ocuparan y se mantuvieran en su finca 'El Palmar', en jurisdicción de San Onofre (Sucre), hoy llena de fosas.

Según el abogado de los propietarios, la familia Rhenals Bárcenas, el daño ascendería a 15 mil millones de pesos.

Hoy la finca se enfrenta a un proceso de extinción de dominio, pues algunos testimonios en poder de la Fiscalía, entre ellos el del cocinero de Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena', el desaparecido paramilitar que tuvo influencia en la región, los Rhenals los dejaron entrar.

'El Palmar' hace parte de una extensión de terreno de unas 1.800 hectáreas llamada 'Dios te salve'. Allí los hombres bajo el mando de 'Cadena' asesinaron a cientos de campesinos.

La Fiscalía ya ha localizado en 'El Palmar' 43 cadáveres, pero se tiene información de que pueden haber fosas con más de 500.

Por casi 80 años, la hacienda fue un próspero hato ganadero que producía 60 cantinas diarias de leche y empleaba a decenas de pobladores.

Pero las cosas cambiaron a comienzos de los 90 cuando, primero la guerrilla, empezó a extorsionar y secuestrar a los ganaderos de la región, entre ellos los Rhenals.

Luego, en 1997, cuando apareció 'Cadena' y convirtió 'El Palmar' en su campo de operaciones permanente y, posteriormente, en un campo de exterminio. Primero, mató al administrador, Marcos Cardona, y luego a José del Tránsito Torres, uno de los trabajadores.

La familia Rhenals no pudo volver a su hacienda y, aseguran, denunciaron el hecho ante las autoridades en 1998. "Nos robaron el ganado, la maquinaria, la madera y la casa está en ruinas. El Estado no hizo nada para evitarlo y todo el mundo sabía que esos señores estaban allí. El detrimento de nuestro patrimonio es incalculable", le aseguró EL TIEMPO Alicia Rhenals, una de las cinco propietarias de la hacienda (Escuchar audio).

Por eso, preparan una demanda contra la Nación que, según su abogado -Abelardo de la Espriella- podría superar los 15 mil millones de pesos.

"Esto no es un tema judicial sino contable -dice De La Espriella-. Se debe tasar el lucro cesante y el daño emergente. Hay una clara omisión del Estado que no pudo impedir el ingreso de estos señores, por eso exigiremos una reparación directa ante el Tribunal Contencioso de Sucre".

El testigo

Pero los Rhenals no solo tendrán que demostrar que dejaron de percibir ese dinero. Además, deberán desmontar judicialmente la versión de José Feliciano Yepes Álvarez, el cocinero de 'Cadena', quien le aseguró a la Fiscalía (en enero del 2001) que la presencia de las Auc en 'El Palmar' contaba con el beneplácito de los dueños.

"Sé que el dueño es de apellido Renals (Sic) y vive en Cartagena. Los hijos van a la finca, les regalan a los paramilitares una o dos novillas (...) Tengo entendido que el dueño le dijo a Rodrigo Pelufo ('Cadena') que se quedara cuidando esa finca y que si era necesario, que le cultivara los sembrados (...)".

Este cocinero también le indicó a la Fiscalía cómo asesinaban gente y dónde la enterraban. Además, fue él quien calculo en 500 los cadáveres que hay en el lugar.

Extinción

Los Rhenals también enfrentan la extinción de las 400 hectáreas de 'El Palmar'.

La Fiscalía, que inició el proceso esta semana, se basa en la Ley 739 de 2002, que señala que el Estado puede expropiar bienes de origen ilícito o cuya destinación o uso sea ilícita.

Pero el abogado De La Espriella advierte que en este caso es improcedente porque la Ley se le aplica a los dueños y en este caso, quien la utilizó para actos criminales fue un tercero.

En cualquier caso, los Rhenals continúan intentado levantar la hacienda y ya empezaron a repoblarla de ganado, incluidas las 400 hectáreas donde dicen los testigos, aún hay enterrados decenas de campesinos.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com.co

Publicado en El Tiempo/ www.eltiempo.com

Nancy Pelosi le exige a Álvaro Uribe condenar a los militares que tengan nexos con paramilitares

2007-05-04T10:43:00.000-07:00

Nancy Pelosi le exige a Álvaro Uribe condenar a los militares que tengan nexos con paramilitares

Las primeras impresiones tras la reunión del Jefe del Estado con la presidente del Congreso demócrata no son buenas: Le pidieron menos “palabras” y “más resultados y condenas”. En el comunicado oficial ni siquiera se mencionó el TLC, que en teoría era el tema central de la entrevista.
Fecha: 05/03/2007 -
Las primeras sensaciones tras la reunión entre el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y la presidente del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, no son las mejores. Un dato retrata lo ocurrido en la charla. El Tratado de Libre Comercio, TLC, que en teoría era tema sobre el cual iba a girar la conversación ni siquiera se mencionó en el comunicado oficial emitido por la legisladora.

En cambio, el fantasma del paramilitarismo estuvo presente. A Uribe, Pelosi le exigió condenas ejemplares para los militares a los que se les demuestre vínculos con los grupos de autodefensa. Y aunque el tono de reclamo, según algunos de los asistentes, fue cordial también fue “duro”.

“No necesitamos más palabras, reportes o crear unidades de la Fiscalía para investigar, sino de resultados y condenas. Requerimos progresos verdaderos”, aseguró ", aseguró el representante James McGovern.

Y la señora Pelosi fue clara que la exigencia de condena a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos no debe limitares sólo a los de grados inferiores sino que “es esencial que el gobierno de Colombia investigue y condene a tales oficiales incluidos aquellos de alto nivel”.

Y los líderes de la bancada demócrata fueron claros en las consecuencias. “Si no hay progresos sustanciales” no podrá haber firmas de acuerdos comerciales. En otras, palabras TLC.

El balance de la primera jornada

El presidente Uribe concluyó el miércoles la primera de tres jornadas en Washington como se había adelantado: saludos de siempre del presidente George W. Bush, miradas de duda de algunos demócratas y oposición cerrada de sindicatos y activistas de derechos humanos, según el análisis de la AP.

Es mucho más lo que está en juego para Uribe en esta visita que en cualquier otra del pasado reciente. A sus gestiones para la aprobación del tratado de libre comercio (TLC) y más ayuda a través del Plan Colombia se ha unido el inesperado esfuerzo de recuperación de imagen después de las versiones que lo ligan a grupos paramilitares, insiste AP.

Para Bush, con quien se entrevistó temprano como primera actividad de una amplia agenda, Uribe no tiene que probar nada. Sus antecedentes de político de convicciones firmes en favor de la democracia y las libertades siguen siendo incólumes, dijo al comparecer ante reporteros.

Pero, el presidente estadounidense admitió que su colega, a quien volvió a llamar “amigo”, puede estar en dificultades en otros frentes, especialmente el Congreso controlado por la oposición demócrata, a cuyos miembros Bush les pidió darle a Uribe la oportunidad de ser oído.
Uribe tuvo esa oportunidad con una serie de entrevistas en el Capitolio, que incluyeron al líder demócrata del Senado, Harry Reid. El jueves seguirá la serie, tanto como el viernes siguiente, en que el visitante partirá de regreso a Bogotá.

El presidente colombiano ha mostrado, sin embargo, en su primera jornada que estaba optimista de que partirá con la esperanza de haber avanzado en todos sus propósitos.

Reid dijo a través de su portavoz, Federico de Jesús, que no emitiría formalmente un comentario sobre los asuntos tratados debido a que fue “una entrevista privada”, una posición opuesta a la que siguió con la visita el mes pasado del presidente peruano Alan García, empeñado en las mismas gestiones de libre comercio.

Uribe ha traído para este viaje algunas guías para sus intervenciones. Ha dicho al lado de Bush y luego en otros sitios que su gobierno está empeñado en tres objetivos: consolidar la seguridad democrática, crear más confianza en Colombia para las inversiones y satisfacer objetivos sociales cruciales.

En la conferencia anual del Consejo de las Américas en el Departamento de Estado, Uribe tocó el tema más caliente de esta visita. Declaró que bien pudo aliarse a los paramilitares para hacer una lucha conjunta contra las guerrillas narcoterroristas y que los resultados hubiesen sido exitosos.

Pero, indicó que su gobierno evitó entrar en alianzas “con criminales para derrotar a criminales” porque prefirió hacerlo por la vía que señala la institucionalidad democrática.

En un toque de candor para la dirigencia política de un país que oficialmente confía en Dios, informó la AP, Uribe dijo que cada mañana al despertarse su pensamiento iba hacia Dios para pedirle no ser débil en su “decisión de derrotar al terrorismo en Colombia”.

El presidente colombiano terminó su participación ante el Consejo de las Américas como empezó: con una ovación de pie, de unos 200 participantes.

El senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont y presidente del subcomité de operaciones exteriores, dijo en una declaración coincidente con las gestiones de Uribe que lo ha apoyado en los últimos cinco años y continuaba apoyándolo y deseándole éxito.

“Ha hecho muchas cosas buenas para su país”, declaró. “Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que dice o hace”.

Leahy, como presidente del Comité de Apropiaciones, un panel que ha aprobado más de 500 millones de dólares en ayuda para Colombia cada año, ha retenido una entrega de 55 millones de dólares para las fuerzas militares colombianas.

Explicó que la retención continúa debido a que no estaba convencido de la forma en que el Departamento de Estado ha certificado que los militares respetaban los derechos humanos en sus operaciones contra el terrorismo y narcotráfico.

La gestión de Uribe en el Congreso no es fácil pues tratará de poner en su corriente a legisladores demócratas, como Leahy, que tienen grandes presiones de grupos sindicales para pedirle al gobernante garantías de respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho laboral y protección de sindicalistas.

Leahy se reunió el martes con Mario Iguarán, el fiscal general colombiano, quien adelantó que las investigaciones de asesinatos de sindicalistas, el punto crítico de los reclamos demócratas ligados al libre comercio, estaban arrojando una participación conjunta de paramilitares y fuerzas oficiales.

“Lamentablemente, los demócratas tienen los votos para la aprobación del tratado de libre comercio”, dijo Stephen Donehoo, director de Kissinger McLarty Associates. “La mayoría de republicanos, incluyendo los miembros del gobierno, están totalmente convencidos de que el tratado debe ser aprobado porque Colombia es un país importante para la seguridad nacional de este país”.

Publicado en Revista Semana/www.semana.com

Estado fue condenado por la muerte de Jesús María Valle Jaramillo

2007-05-04T10:39:00.000-07:00

Estado fue condenado por la muerte de Jesús María Valle Jaramillo

Bogotá El Estado colombiano deberá pagar 1.702 millones de pesos a los familiares del abogado y defensor de los derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien fue asesinado en 1998, luego de hacer públicas las presuntas relaciones de algunos miembros del ejército con grupos paramilitares, que participaron en las masacres del Aro y La Granja.

"Tranquila Nelly que ya nada podemos hacer. Deje que las cosas pasen". Con esta frase el abogado y defensor de los derechos humanos Valle Jaramillo se despidió de su secretaria, el viernes 27 de febrero de 1998, luego de que dos hombres ingresaran a su oficina, ubicada en el cuarto piso del Edificio Colón de Medellín. Allí lo acribillaron con varios disparos a quemarropa.

Si bien Valle Jaramillo no podía saber cuándo y dónde moriría, sí presentía cómo se produciría ese hecho, pues su vida estuvo marcada por la defensa de los derechos humanos y las constantes denuncias que elevaba ante las autoridades.

Cumpliendo ese papel Valle Jaramillo alertó a las autoridades municipales y departamentales de Antioquia sobre las medidas de protección que debían implementarse en Ituango, una población constantemente amenazada por los grupos armados ilegales. Entre los hechos de violencia denunciados estuvieron las masacres de El Aro y La Granja, Antioquia.

Este caso que hoy llega a su fin, por lo menos, en la justicia contenciosa nacional, permitió que los nueve hermanos y un sobrino del abogado antioqueño, nacido en 1944, puedan recibir 1.421 millones por perjuicios materiales, más 281 millones más por los perjuicios morales.

Estos montos deberán ser cancelados en porcentajes iguales (25 por ciento) por el Ejército, la Policía, el Das y el ministerio del Interior.

Con la agencia Colprensa
Publicado en El Colombiano/ www.elcolombiano.com

Ramón Isaza reveló la identidad de 78 personas asesinadas

2007-05-04T10:36:00.000-07:00

Ramón Isaza reveló la identidad de 78 personas asesinadas

Bogotá
A pesar de que el abogado Camilo Güisa insiste en el avanzado estado de Alzheimer que sufre su defendido, Ramón Isaza Arango, el ex jefe paramilitar se comprometió en revelar los nombres de por lo menos 700 personas asesinadas o desparecidas por hombres de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, y en la segunda jornada de su confesión reveló 78 identidades de víctimas fatales.

Según algunas de las más de 160 víctimas que asistieron a la versión libre, Isaza empezó la lectura de unos documentos que entregó al fiscal de Justicia y Paz, Carlos Gordillo Lombana, en los cuales está la relación completa de los quinientos crímenes de los cuales se comprometió a reconocer su responsabilidad, en la primera fase de su confesión.

Por ahora, Isaza mencionó 78 nombres que en su mayoría calificó como “civiles informantes o auxiliadores de la guerrilla”, argumento con el que justificó los señalados crímenes.

Algunos están en fosas comunes
Según la versión de Isaza, los homicidios y desapariciones se produjeron en el Magdalena Medio antioqueño, donde también reconoció haber asesinado a no menos de trescientos hombres en los años 80, que hacían parte del ejército privado del extinto capo cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, y cuyos nombres dijo no tener registrados.

En la audiencia que comenzó con un retraso de 25 minutos, Ramón Isaza procedió a hacer la enunciación de los muertos y desaparecidos desde 1987 hasta 2005. La mayoría de los homicidios reconocidos por el veterano jefe paramilitar sucedieron en Puerto Triunfo, Doradal, Las Mercedes, Argelia, Son Son, San Francisco y Cocorná en Antioquia, así como La Dorada, Caldas.

Isaza confesó que las personas desparecidas podrían estar en algunas fosas comunes pero aseguró que fueron muy pocas las que los paramilitares del Magdalena Medio enterraron ya que en su mayoría fueron arrojadas a los ríos.

Ninguno de los asistentes a la versión escucharon en la confesión de Isaza el nombre de los familiares por los que exigen verdad y reparación, y aunque el primer crimen que Isaza reconoció fue la masacre de La Esperanza (Carmen de Viboral – Antioquia), aún no ha mencionado ninguno de los nombres de los muertos y desaparecidos en ese lugar en junio de 1996.

En su confesión, el jefe de las autodefensas del Magdalena medio relató cómo se alió a principios de los 80 con Fidel Castaño, y cómo su ejército, al que calificó de campesino, decidió unirse a las Autodefensas Unidas de Colombia.

Lista revelada por Isaza
Estos son las primeras 78 víctimas fatales que mencionó Ramón Isaza en su confesión.

Puerto Triunfo
Ezequiel López
Alberto Torres (1990)
José Medina
Luis Góngora (1994)
Edher Vargas
Luis Fernando Díaz
Andrés Arango Giraldo
Manuel Rojas Gallego (1993)
José Norberto Rojas
Antonio Arango Pérez
Carlos Cardenas
Francisco Javier Gómez
Emiro Pava
Hernando Méndez

Argelia
Nicolás de Jesús Arango Prieto (1993)
Gilberto Pastrana, Argelia
Tony Arango
Hernán Giraldo
Nicolás de Jesús Arango Prieto en Argelia

San Francisco
Luis Albeiro Manrique Orozco
Henry Manrique
Rodrigo Arcila Arango
Roberto Soto
Manuel Galeano

Cocorná
Mario Mejía , (1990)
Carlos Alberto Luna
Hernán Castrillón (desparecido 1991)
Hernando Aguirre herrera (1992)
Hernán Muñoz
Luis Ramírez (1992)
Milton de Jesús Zapata Sánchez
Gustavo Rojas (1995)
Flor María Monsalve (1995)
Jesús Antonio Jiménez Posada (1989)

Doradal
Francisco Jesús Aguirre Herrera (1985)
Bernardo Soamante
Antonio Soto Alzate (1995)
Robinson Osorio (1996)
Hernán de Jesús Zapata
Libardo lopez Osorio
Miguerl Zarrazal (1998)
Carlos Julio Pínzon (2002)
Jaime Sánchez Vásquez
José Bernardo López
José Humberto Botero
Edison Rodríguez
Luis Angel Tabares
Eduardo Morales
John Fredy Ochoa
Wilson Ochoa
Luis ortega
Freddy Ciro
Hermes José López Ricaurte
Luis Roberto López, desaparecido
Jorge Enrique Jaramillo

La Dorada, Caldas
John Jairo Mejia García (1992)
Omar de Jesús Toro Valencia

Publicado en El Colombiano/www.elcolombiano.com
Con la agencia Colprensa

La coca negra

2007-04-30T16:06:00.000-07:00

La coca negra

Desde hace varias semanas, El Charco, en Nariño, ha sido el epicentro del desplazamiento más grande de los últimos años. El periodista Hollman Morris estuvo en la zona y vio los efectos de la guerra por la coca.
Fecha: 04/28/2007 -1304

Desde hace siete años el rostro de la coca, que antes campeaba en el Putumayo, se mudó a los grandes ríos de Nariño y a sus afluentes. Hoy tiene el rostro de negros afrocolombianos pobres, de jóvenes, mujeres, niños, ancianos. En esta región la coca prendió rápido por el hambre, la corrupción y el olvido que campea a lo largo y ancho de los ríos Tapaje, Patía o Telembí, y en bocas de Zatinga. Todo ello hizo que los nativos se lanzaran sin pensarlo dos veces a su siembra.

"Como aquí la gente no roba y no quiere morirse de hambre, se va a sembrar coca. Saben que es ilícito, pero prefieren eso a tomar un arma", dice Harry Caicedo, líder comunitario de la zona. Hoy, Nariño y el Pacífico nariñense son los mayores productores de coca y de cocaína del mundo y por eso es que allí es donde está concentrada la 'guerra contra las drogas'. El Estado ha fumigado intensamente el departamento, y las Farc, el ELN y los paramilitares se pelean territorialmente esta fuente de riqueza. Esa guerra es hoy la causa que genera el más grande desplazamiento en lo que va corrido del año en Colombia: 7.000 personas de los caseríos sobre el río Tapaje, según Acnur.

El 23 de marzo se iniciaron los combates entre la Infantería de Marina y las Farc en un caserío de 400 habitantes conocido como Pulbusa. Hasta allí llegaron las embarcaciones piraña de los militares que inmediatamente fueron hostigadas por guerrilleros. Los infantes dijeron que les dispararon desde las casas y que esa es la causa de que hoy las viviendas estén averiadas con disparos de fusil y esquirlas de granada. Aquí los disparos pueden tumbar una casa, porque están fabricadas de tabla en su gran mayoría. Los pobladores cuentan que las pirañas botaban fuego para todos lados y que por tierra venían los soldados. El susto fue suficiente como para que las 1.100 familias que vivían en buena parte del río, en veredas como Maíz Blanco, Balsal y Pintora, dejaran sus casas.

“Pongan cuidado señores lo que en Pulbusa está sucediendo, que varios por la violencia la vida están perdiendo”, canta Antonio, cerca de El Charco para narrar la forma como los 400 habitantes de este pueblo quedaron en medio del fuego entre las Farc y la Infantería de Marina. El pueblo fue abandonado
PUBLICIDAD Pulbusa, el más grande de los pueblos desplazados, a un mes de los combates aún se encuentra abandonado. Las fichas del dominó quedaron puestas sobre la mesa. Algunas casas fueron revueltas por dentro; la poca ropa de estos campesinos, tirada por el piso y cortada a cuchillo; los escaparates, rotos a la fuerza; los cuadernos de los niños en varias casas fueron desperdigados y sus maletines rotos y robados algunos enseres de los hogares. Los campesinos acusan a los soldados porque en algunos casos los vieron y los encontraron robando. Al respecto, el contraalmirante Orlando Malaver Calderón, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, dice que es difícil imaginarse a sus infantes cargando equipos de sonido más el peso de sus morrales, sin embargo, admite que si existen las denuncias, las investigarán. Y las denuncias ya existen.

Las tropas de la Infantería de Marina entraron al Tapaje motivadas por la presencia del frente 29 de las Farc, que tiene, según el almirante, "claros intereses en el narcotráfico" y que estaba poniendo en peligro las poblaciones de La Tola, Iscuandé y El Charco. Dice que el desplazamiento se ocasionó por la presencia de las Farc y la acción de la infantería para darle tranquilidad a la zona. Alias 'Cachamo', guerrillero de las Farc, dice que "la población tiene que bregar a concentrarse en las veredas" y dicen que de ese territorio no se moverán y que no permitirán subir más por el río a la Infantería.

La Armada Nacional mantiene la tesis de que las Farc obligan a los campesinos a sembrar coca, pero por lo dicho por los propios labriegos, es el hambre la que los presiona, más que las Farc.

También es claro que los insurgentes aprovechan esa situación para cobrar su impuesto a los compradores de pasta y a los narcos que llegan a poner sus 'cocinas' en territorios bajo dominio guerrillero.

Para el almirante Orlando Malaver, la salida a la actual situación es desalojar a las Farc para que la gente pueda dedicarse a actividades lícitas. Para los afrodescendientes, la fórmula es otra, la misma que hicieron pública el 15 de mayo del año pasado cuando se movilizaron más de 13.000 personas a El Charco y que denominaron 'Sustitución de ingresos'. La propuesta plantea soluciones de pequeño, mediano y largo plazo para desarrollar cultivos que les permitan a los habitantes alternativas de ingreso. La propuesta nunca fue escuchada y este año lo que llegó fue la 'fumiga'.

Dos meses atrás y antes de que entrara la Infantería por el Tapaje, los consejos comunitarios de los pueblitos que bordean el río denunciaban los daños de las fumigaciones. Los estragos de siempre en las mismas cosechas de siempre. La mata de plátano con manchas negras y sin vida, las papayas por dentro blancas y malogradas, la yuca y la papa china echadas a perder, y alguna que otra plantación de coca en el piso. Los campesinos dicen que cuando saben que viene la 'fumiga', en lugar de cultivar una o dos hectáreas, cultivan el doble de la que siembran y en sitios diferentes, de tal manera que si la fumigación acaba con una plantación, no acaba con dos. Otros labriegos, después de fumigadas las plantas, cortan rápidamente parte del palo, de tal manera que a las semanas nacen nuevas hojas. "Algunas veces la 'coquita' prende hasta más bonita después de la fumiga", comenta una campesina.

El desplazamiento continúa y las propuestas están sobre la mesa: más fumigaciones y combates. O la propuesta de los consejos comunitarios del Tapaje: sustitución de ingresos, mucho más compleja que fumigar, es evidente, pero con la cual el Estado podría ganarse a la población.

Para que la pasta de coca deje de ser lo que es hoy, "la moneda de los ríos", con la que se compra desde una aspirina hasta un mercado para ocho personas, será muy difícil acabarla sólo con avionetas y es tal la abundancia de coca, que ponen en evidencia que fumigar no da resultados. En estos ríos no hay negocio que no posea una gramera para pesar la pasta de coca, no hay rumbeadero que no ponga videos alusivos a la cultura de la coca, de los narcos y traquetos o a la pobre vida del raspachín. Mientras la guerra por la coca sigue, también los desplazados continúan. Hablar de ellos, de sus imágenes y de sus tristezas es hablar de lo que todos han visto y conocen, la diferencia es que ahora se produce con los protegidos por Orichas y Jorubas.

Publicado en Semana/www.semana.com

La estela roja de Ramón Isaza

2007-04-30T16:05:00.000-07:00

La estela roja de Ramón Isaza
El más antiguo jefe paramilitar del Magdalena Medio declarará al comenzar la semana. Se espera que cuente sus crímenes y sus relaciones con generales y empresarios.
Fecha: 04/28/2007 -1304

Este lunes en la mañana Ramón Isaza se enfrentará a su pasado. Este hombre, considerado el 'Tirofijo' de las autodefensas, deberá contarle a la Fiscalía la historia de su vida en armas, que abarca casi la mitad de su existencia. Isaza fundó el primer grupo de autodefensas en 1978, y desde entonces ha sido protagonista de primera mano de varias guerras: contra las Farc, contra Pablo Escobar y contra otros grupos paramilitares. Por casi tres décadas, Isaza, el más campesino de todos los jefes de las AUC, regó de sangre al Magdalena Medio. Ahora recoge su cosecha: más de 600 víctimas han sido citadas, individualmente, para que acudan a escuchar su "verdad".

Ramón Isaza es un agricultor huraño, cercano a los 70 años, 29 de los cuales ha dedicado a la guerra. Nació en Sonsón, Antioquia, pero desde muy temprano se instaló en el corregimiento Las Mercedes, de Puerto Triunfo, un cálido y hermoso municipio de ese departamento que hace parte del Magdalena Medio. Una región de tierras privilegiadas por su fertilidad, por su ubicación estratégica en el centro del país, y porque en su interior estuvo por muchos años el poco petróleo que se explotaba en Colombia.

Tanta belleza no podía ser completa. Desde principios de los años 70 las Farc habían colonizado la región. Tenían el control político, pues los alcaldes de casi todos los municipios eran del Partido Comunista, secuestraban a su antojo a los ganaderos y comerciantes, y extorsionaban a todo el mundo. Se dice, con razón, que en esta región la guerrilla cometió el error histórico que la hizo inviable para siempre: incapaz de quitarles el dinero a los más ricos, se ensañó con los campesinos medios. Arruinó la economía. Desplazó a los propietarios. Llenó de miedo los caminos.

‘Ernesto Báez’, Salvatore Mancuso y Ramón Isaza estuvieron en el Congreso de la República. Isaza, silencioso y distante, actuó como símbolo de las AUC
PUBLICIDAD La Estrella, la finca de Ramón Isaza, era uno de los blancos que las Farc tenían en la mira. Entonces decidió aplicar la ley del talión. El 22 de febrero de 1978 fue hasta el batallón de Puerto Berrío, donde le entregaron ocho armas. Para entonces la autodefensa era legal. Los militares la promovían sin recato, sin imaginar cómo terminaría la historia. Con esas primeras armas, Isaza emboscó a 20 guerrilleros del noveno frente de las Farc que, según sabía, se dirigían a su finca a secuestrarlo. Ese día los sorprendió y los derrotó. Empezó a cobrarles dinero a otros ganaderos para sostener el grupo, que cada día crecía más. En pocos años las Farc fueron expulsadas del Magdalena Medio. La paz nunca llegó. Empezaba la década de los años 80. Los narcotraficantes compraron la mayor parte de las tierras bañadas por el río Magdalena. Una autodefensa, al mando de Gonzalo y Henry Pérez, creció en Puerto Boyacá, territorio vecino al de Isaza, y los narcos tendrían mucho que ver en su expansión. Adicionalmente, en 1983 el cartel de Medellín y Gonzalo Rodríguez Gacha, el 'Mexicano' le darían vida a Muerte a Secuestradores (MAS), el primer grupo propiamente paramilitar del país. Empezaba una nueva etapa, ya no de autodefensa sino de verdadero paramilitarismo, con la anuencia y la colaboración de muchos militares que pasaron tanto por el Batallón Bárbula (creado en 1979 en Puerto Boyacá) como por oficiales adscritos a la Brigada XIV, con sede en Puerto Berrío.

Hace 10 años el propio Isaza le contó a un noticiero de televisión que el general Faruk Yanine Díaz les dijo en su momento: "Autodefiéndanse porque al Ejército le queda imposible entregarle un soldado a cada colombiano para que lo respalde". Así comenzó el grupo que casi tres décadas después se desmovilizaría como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, convertido en cinco frentes y 989 combatientes. En una organización que no escapó al narcotráfico, que batió récord en robo de gasolina y que mató sin piedad a centenares de personas que "siempre los echábamos al río Magdalena", dijo Isaza.

Los paramilitares de Puerto Boyacá realizaron masacres terribles como la desaparición de 19 comerciantes y el crimen contra los funcionarios judiciales en La Rochela. Isaza ha dicho en múltiples ocasiones que su grupo nunca masacró a nadie. "Mi orden era que los mataran de a uno", dijo en una ocasión. No obstante, la Fiscalía tiene en su contra 16 procesos, de los cuales por lo menos dos son asesinatos colectivos. Uno de ellos, la desaparición de 14 campesinos de Carmen de Viboral en 1996, entre los que había un bebé de 2 meses, el cual, según versiones oficiales, fue entregado por el jefe paramilitar a su hija mayor para que lo criara. El año pasado Isaza dijo ante un juez que esta matanza no era de su autoría sino que la había cometido su hijo Omar, obedeciendo órdenes del general Alfonso Manosalva, entonces comandante de la IV Brigada, ya muerto, y del mayor David Hernández, también muerto e ingratamente recordado como el 'comandante 39 de las autodefensas', que sembró de muerte en Cesar.

De la mano de Isaza y sus hombres, el Magdalena Medio antioqueño se consolidó como región 'antisubversiva'. Lo logró matando simpatizantes de la izquierda, campesinos inermes, líderes sociales; haciendo 'limpieza social' y ofreciendo sicarios para ajustes de cuentas. Sus hijos Omar (muerto), Roque y Rubén, su yerno ('Mc Giver') y sus sobrinos Miguel y Hernán se convirtieron en comandantes. Informes de inteligencia publicados por SEMANA a finales de los años 80 relacionan a Isaza con las masacres en las fincas bananeras de Urabá.

Puerto Triunfo también se convirtió en paraíso para los narcos. En particular para Pablo Escobar, que estableció allí su hacienda Nápoles. No obstante, Isaza sería uno de los mayores enemigos de Escobar y se vincularía a principios de los 90 en la guerra contra el capo. Según ha reconocido, fue la época más dura de su vida porque él y sus hijos sufrieron varios atentados ordenados por Escobar. En uno de ellos murió su hijo John.

A finales de los 80 también había sobrevivido a la guerra entre narcoparamilitares de Puerto Boyacá. Ariel Otero había matado a Henry Pérez y, supuestamente, se había apropiado de dinero y tierras de los demás jefes paramilitares. Luego promovió una desmovilización masiva de las autodefensas del Magdalena Medio. Ramón Isaza se negó a entregar las armas y continuó con su proyecto. En 1992 el cadáver de Otero apareció en las afueras de Puerto Boyacá con un letrero que decía "Traidor, asesino y ladrón".

Luego, cuando Carlos Castaño intentó unificar las autodefensas, Isaza se integró al estado mayor de las AUC, lo cual con los años consideró un error porque allí estaban sentados todos los narcotraficantes del país. Entonces volvió a andar solo. Hasta cuando ingresó a la mesa de Ralito, poco tiempo antes de desmovilizarse. Vestido de cachaco y silencioso, fue uno de los jefes que estuvo en el Congreso en 2004. Su presencia se entendió como una manera de mostrar el origen campesino de las autodefensas, y erigir a Isaza como el símbolo que le daría legitimidad a ese proyecto.

La entrega de armas estuvo a punto de frustrarse porque dos de sus hombres más cercanos, su yerno 'Mc Giver', y su hijo adoptivo, el 'Gurre', estaban en contra de la decisión. Aun así, el acto se hizo. Isaza estuvo durante varios meses 'despachando' desde su finca de Las Mercedes, hasta cuando fue recluido en La Ceja y luego, en Itagüí. Es quizás el jefe paramilitar con más edad y el que más quebrantos de salud padece.

Jamás ha mostrado una pizca de arrepentimiento por las balas disparadas. Tampoco tiene demasiado problema en contar con nombre propio quienes le ayudaron. Su actitud es hasta cierto punto comprensible. El Estado le mostró un camino y le dio las armas para que siguiera por él. Los militares lo respaldaron y le pidieron ayuda en muchas ocasiones. Sus crímenes tuvieron la complicidad de sectores del gobierno y fueron en muchas ocasiones cubiertos con el manto de la impunidad.

¿Contará Ramón Isaza cómo pasó todo? ¿Hablará de militares activos que lo apoyaron? ¿De la alianza de los paramilitares con el Estado para matar a Pablo Escobar? ¿Del apoyo de empresas petroleras y cementeras? ¿Del robo de gasolina? ¿De los cientos de personas que murieron en las aguas del río Magdalena? ¿De los mercenarios extranjeros que los entrenaron? ¿De los políticos? Si lo hace, posiblemente este lunes aparezcan las piezas clave del rompecabezas de la violencia del país. Y se convertirá, sin duda, en uno de los más importantes testimonios que reciban los fiscales en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Publicado en Revista Semana/www.semana.com

2007-04-30T15:12:00.000-07:00

Video detalla asesinatode periodista colombiano

Tocó a grupo de poder en Manizales, señala una investigación de la SIP

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Alejandro Suverza
El Universal
Lunes 30 de abril de 2007

Miles de personas marchaban por las calles de la capital Manizales, en Caldas, Colombia. Una mujer gritaba por altavoz: "¡Orlando Sierra está...!". Y el pueblo le respondía con rabia: "¡...vivo!". El nombre era del subdirector del periódico La Patria que convalecía en un hospital después de haber sido baleado por un sicario.
La mujer del altavoz continuaba: "¡Si alguien está manchando la acera con sangre...!". La gente respondía: "¡...nosotros la teñimos con flores!". El 30 de enero de 2002, el columnista José Orlando Sierra fue atacado antes de entrar a las oficinas del diario. Un sicario lo había esperado más de dos horas en un puesto de dulces y cuando el periodista volvía de comer junto con su hija, le disparó dos veces.

En el documental La batalla del silencio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -transmitido ayer por la noche en el programa Código 2007 de EL UNIVERSAL, bajo la conducción de los periodistas Raymundo Riva Palacio, Estela Livera y Jorge Zepeda Patterson-, una cámara captó el momento en que el agresor corría detrás del periodista y su hija, luego se escucharon dos tiros. Caracol Televisión informaba que estaba herido de gravedad.

Origen de la agresión

La SIP recabó testimonios propios y ajenos para describir el trabajo y la postura de Orlando Sierra en su labor periodística. Se decía que el columnista había tocado los intereses del grupo de poder en Manizales. "Tratar de silenciar o acallar los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista es al miedo infundirle el silencio", decía el subdirector de La Patria antes del atentado.

El académico Ignacio Restrepo aseguraba que no había una persona tan vertical como Orlando Sierra, que en su columna iba contra la corrupción y políticos con nombre y apellido. "No le tenía miedo absolutamente a nadie", agregaba mientras las imágenes del documental lo ponían a cuadro cuando extraía un periódico de la rotativa para supervisar la primera plana.

Nunca quiso callar

De "temerario" lo calificó Luis Felipe Gómez, publicista de La Patria. "Parad, Parad, que te van a matar", le advirtió su amigo el poeta Antonio Leyva. El columnista sólo le respondió: "Hermano, no puedo, no puedo quedarme callado".

En varias de sus columnas, el subdirector Orlando Sierra se había metido con un grupo llamado La Coalición, que de acuerdo con el documental estaba integrado por dos frentes que fingían ser contrarios y se habían repartido el poder en los últimos 40 años. Ponían alcaldes y gobernadores y eran encabezados por los senadores Renán Barco y Omar Yepes. En su columna de julio de 2000, Orlando Sierra se dirigió al segundo para arrojarle en la cara que había formado una tierra de hombres liliputenses, de hombres pequeños, pues. Una periodista de El Tiempo de Bogotá decía que tocar el interés de muchísimos en un país donde la vida no vale nada era terrible el riesgo.

En otra de sus columnas evidenciaba al senador Yepes que mantenía por lo menos a nueve familiares en puestos claves del gobierno de Caldas. Había hecho el organigrama de poder de un legislador. "No soy antiyepista como puedo parecer, soy antinepotista. Me da coraje ver que sucedan estas cosas y que en nuestro medio simplemente se guarde silencio frente a ello", escribió el periodista.

Acusaba también al senador Barco de poner a Caldas en manos de "rapaces", y documentado evidenciaba que muchos de sus colaboradores habían sido cuestionados y juzgados penalmente.

En el documental de la SIP salieron a cuadro los títulos de su columna Punto de encuentro: "La verdad de las mentiras", "Los enemigos del gobierno" y "Pensamientos silenciados". Orlando Sierra era captado en una entrevista cuando decía: "Yo soy inmune cuando escribo y muy frágil cuando sale publicado".

Su ejecutor, Luis Fernando Soto Zapata, fue detenido en un mercado y más tarde otros dos sicarios fueron aprehendidos. Pero los asesinatos de testigos comenzaron. Un hombre de apellido Candelo, que declaró ante la fiscalía, fue ejecutado en un autobús.

El documental muestra la escena cuando el cuerpo del vendedor de dulces era sacado de un barranco. Se argumentó suicidio. El miedo provocó el silencio y los autores intelectuales continúan libres. Enrique Santos, presidente del Comité contra la Impunidad de la SIP -que ha contado los asesinatos de 300 periodistas en América Latina; Colombia, México y Brasil encabezan la lista-, aseguró que la impunidad es el principal actor de la violencia contra los periodistas.

La noche del 1 de febrero, Caracol Televisión anunció la muerte de José Orlando Sierra, mientras en las imágenes mostraban su ataúd con un ramo de flores encima.

Publicado en El Universal/ www.eluniversal.com.mx

Las gracias del hijo consentido del Gobierno Nacional

2007-04-30T11:46:00.000-07:00

Las gracias del hijo consentido del Gobierno Nacional
Abril 29 de 2007

Indignado apareció la noche del jueves 19 de abril el presidente, Álvaro Uribe, por la negativa del ex vicepresidente norteamericano, Al Gore, de asistir a un foro en la ciudad de Miami en el que el mandatario colombiano también participaría. Esto, como un válido ejercicio político de cuestionamiento a la falta de claridad en torno al tema de las relaciones del Estado con el paramilitarismo.

Con bombos y platillos intervino Uribe Vélez, en horario triple A, para defenderse de las acusaciones elevadas por el congresista del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, con el propósito de crear en la opinión pública nacional la idea de que dichas discusiones se habían formulado para desacreditarle ante la comunidad internacional, buscando frenar los procesos que junto a ésta se adelantaban.

La premisa es simple pero pendenciera: los debates sobre el paramilitarismo, del corte de los presentados el pasado martes por la oposición, afectan directamente el interés nacional pues crean hostilidad en las relaciones internacionales. Por lo tanto, estando de por medio 'el bien de la patria', la propuesta de fondo es que estas discusiones se sacrifiquen por la particular forma que el mandatario tiene de ver el 'interés general' y sean archivadas o, mejor, desechadas.

Pero en esto, Uribe Vélez obra como un padre alcahueta que le hecha la culpa al vecino de las gracias que hace su hijo consentido. Y debemos reconocer que es una buena estrategia, pues, como se dice coloquialmente, mata dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, desvía la atención cifrada frente al problema del parauribismo –término acuñado por primera vez por el senador del PDA, Jorge Enrique Robledo– y, por el otro, encubre la realidad que se esconde tras las polémicas desatadas en el plano internacional.

Ahora bien, ¿a quién nos referimos cuando hablamos del "hijo consentido del gobierno"? Escrutar la respuesta no es tarea difícil: si se revisa con atención se apreciará que de un gobierno de corte militarista como el actual, uno de los personajes más importantes es, precisamente, el comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe.

Lo cierto es que tras la negativa de Gore a encontrarse con Uribe y de la decisión del Congreso norteamericano de congelar recursos de asistencia militar por 55,2 millones de dólares a Colombia para su 'lucha contra el terrorismo', se esconden las 'gracias' de este reconocido personaje, quien en días anteriores fuera señalado por el periódico estadounidense Los Angeles Times de adelantar la denominada Operación Orión, efectuada entre el 15 y el 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, de mano de los paramilitares de la zona.

Aunque, por razones de seguridad, la fuente no ha sido revelada, el diario indicó que la CIA recibió informes acerca la alianza entre el ejército y los paramilitares en esta operación. Sobre este punto deben anotarse dos cosas: primero, que Los Angeles Times goza de un prestigio a nivel internacional con el cual sus editores no se atreverían a jugar publicando información tan delicada si no tuvieran confianza en su fuente; y segundo, que al margen de todas las reservas que frente a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos puedan tenerse, ello no obsta para que se le reconozca como uno de los organismos de mayor experiencia en el campo. Por todo ello, falta más que el aval del presidente y una parodia de homenaje al general para borrar las implicaciones de la publicación.

Montoya, el monstruo pacificador

En un artículo publicado en la página del la Séptima División del Ejército Nacional sobre la Operación Orión se lee en repetidas ocasiones que la Comuna 13 se pacificó, concepto que resulta conveniente si se le otorgan las connotaciones que recibía en época de la Colonia. A imagen y semejanza de los pacificadores de dicho periodo actúo el General Montoya, quien, en su afán por erradicar los grupos guerrilleros presentes en la zona, arremetió vorazmente en una operación que costó la vida a decenas de civiles ajenos al conflicto y permitió el exterminio de un número importante de dirigentes cívicos de la zona.

Al decir del presidente y del ejército mismo, la zona ha mejorado notablemente tras la intervención y la presencia permanente de las Fuerzas Militares, traduciéndose en la reducción de la criminalidad. Pero estas afirmaciones han sido desvirtuadas recientemente con la publicación del Informe de Riesgo número 009-07, con fecha del 21 de marzo, de la Defensoría del Pueblo, enviado al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT).

A diferencia de lo afirmado por el gobierno, lo que se infiere del informe es que la Operación Orión dejó el campo despejado para que el paramilitarismo generalizara su control en el sector. Según éste, se verifica que "al surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, articulados a las facciones que no se desmovilizaron y a los desmovilizados que continúan delinquiendo, se le adiciona el reclutamiento forzado de niños y jóvenes, el constreñimiento político a líderes barriales comunitarios y el desplazamiento intra urbano". Por otro lado, se expone que, comparados los meses de enero y febrero del año pasado y el actual, se aprecia un incremento de los homicidios de un número de 4 a 15, lo que lo registrado en el resto del territorio de la ciudad de Medellín.

Una parodia de homenaje

Como una vulgar forma de ocultar la noticia publicada por Los Angeles Times, se recreó un homenaje al General Montoya. Alrededor de 200 personas fueron convocadas –en muchos casos, gracias a engaños y artificios de los miembros del ejército– a un colegio del barrio La independencia de la Comuna 13, con lo cual se simuló ante los medios nacionales un homenaje al militar y se intentó desvirtuar la información suministrada por el diario extranjero. Prometiendo comida, electrodomésticos y hasta el arreglo de sus viviendas, los encargados de la operación militar de opinión pública condujeron a los pobladores en autobuses alquilados por el ejército a la Empresa Bellanita de Transportes. La mayoría de personas desconocían al militar, así como ignoraban que estaban siendo utilizados para burlar el escrutinio de la verdad de los hechos acaecidos a finales del año 2002.

Otras gracias, otras nubes

La hoja de vida del General Montoya no se agota en la Operación Orión. Recen sobre él serias acusaciones que tanto él como el presidente están en mora de aclarar. Dentro de estas acusaciones se enumeran algunas de serio alcance como que, durante el gobierno de Turbay, hizo parte de la organización paramilitar Alianza Anticomunista Americana (Triple A); que su negligencia en la masacre de Bojayá, en 2002, le ocasionó una suspensión por parte de la Procuraduría y que una decisión apresurada y desmedida de su parte tuvo que ver con la muerte de diez policías antinarcóticos en la masacre de Jamundí.

Mientras los verdaderos nexos del gobierno actual con la conformación y el accionar del paramilitarismo empiezan a salir a la luz, así como la influencia de las mafias en los más altos cargos del Estado, personas como Mario Montoya Uribe son protegidas por el solio presidencial para que las acusaciones en su contra permanezcan en impunidad, gracias a la notable habilidad de Uribe Vélez para lograr que el escándalo de la parapolítica pase junto a él sin afectar su imagen.

Esperemos que el Gobierno Nacional se acoja realmente a la "cruzada por la verdad", tan mentada por sus aliados, y que éstos y otro sinnúmero de eventos sean esclarecidos. Sin embargo, si los colombianos no comprendemos que debemos poner fin a una historia de omisiones y mentiras, como una verdadera herramienta por la paz, será imposible generar los cambios necesarios para el progreso del país. Así, la exigencia de la apertura, o reapertura, de las investigaciones respectivas a los criminales de guerra y a los violadores de los derechos humanos en Colombia, así como castigar a los culpables y remover de los cargos públicos a los responsables políticos de las estrategias de guerra sucia se convierte en una necesidad de toda la sociedad.

ublicado periódico El Turbión

Farc envían pruebas de supervivencia de los 12 ex diputados del Valle secuestrados hace cinco años

2007-04-30T11:39:00.000-07:00

Farc envían pruebas de supervivencia de los 12 ex diputados del Valle secuestrados hace cinco años

Los ex funcionarios, incluidos en el listado de canjeables del grupo armado, claman por la suscripción de un acuerdo humanitario y culpan a la guerrilla y al gobierno por su situación.
Por Fabio Posada

El 11 de abril de 2002 el edificio de la asamblea del Valle, en el centro de Cali, fue escenario de una sangrienta toma de las Farc que terminó con el plagio de 12 diputados y el asesinato de varios policías que prestaban guardia en el lugar. Cinco años después el mismo lugar volvió a ser escenario de llanto para las familias de los plagiados, quienes se reunieron este viernes en la duma para observar en pantalla gigante las nuevas pruebas de supervivencia enviadas por la guerrilla.

Los dolientes llegaron a la cita a las 10 de la mañana y desde ese momento vieron desfilar por el muro imágenes y testimonios grabados el 26 de marzo, según el relato grabado de uno de los ex diputados.

El telón de fondo en el video proyectado a las desconsoladas familias no era de la selva colombiana, como suele ocurrir en las pruebas de supervivencia que las Farc se acostumbraron a enviar a sus víctimas. En esta ocasión se trataba de un recinto cerrado con dos fachadas. Una con la pared pintada con líneas varios colores y la otra con un solo fondo, como el de un mural alisado, pero sin pintar.

Abrazadas a sus hijos las esposas y hermanas de los rehenes escucharon durante dos horas los mensajes televisados que sus seres queridos les enviaron desde la manigua. Los vieron cansados por el sufrimiento pero, paradójicamente, mejor vestidos y hasta con semblante más sereno que en el último video enviado por la guerrilla en septiembre del año pasado. Pese a la tragedia la mayoría de ellos estaba menos demacrado y más elocuente. Todos pidieron al gobierno que haga lo necesario para tramitar el acuerdo humanitario y la mayoría culparon tanto al presidente Álvaro Uribe como a la guerrilla de las Farc por dilatar tanto la solución para su problema.

Los 12 ex funcionarios fueron secuestrados en una acción cinematográfica llevada a cabo por un comando especial de las Farc, que irrumpió en la sede de la Asamblea el 11 de abril de 2002, dos meses después de que ese grupo secuestrara a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Tanto los diputados como Betancourt hacen parte de un grupo de 57 rehenes que las Farc proponen canjear por 500 rebeldes presos.

Tras cinco años del plagio, los familiares de los ex diputados tuvieron que conformarse una vez más con imágenes televisadas en las cuales los ven hablar por algunos minutos.
En medio de cálidos mensajes para sus familiares y amigos, los secuestrados políticos insisten en una zona para lograr el intercambio humanitario. En las nuevas pruebas de supervivencia presentadas esta mañana a sus familiares, los diputados critican que las partes en conflicto no puedan llegar a un acuerdo para lograr su libertad y la de los demás secuestrados en Colombia.

Pero además de las críticas dan señales sobre cómo podrían adelantarse las gestiones para lograr el acuerdo humanitario, su causa fundamental y lo único que los mantiene con esperanza, según dicen en los mensajes. Juan Carlos Narváez pide la desmilitarización por un lapso de 30 a 45 días de los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca. Agrega que además de Francia, España y Suiza, amigos del acuerdo, deben sumarse Venezuela y Estados Unidos.
Por su parte Jairo Hoyos cuestionó al gobierno y a las Farc, al preguntarles si están esperando para negociar sobre sus cadáveres. De igual forma el diputado manifestó su total rechazo al rescate por la vía armada y dijo que el acuerdo humanitario debe ser parte de la política de seguridad democrática del presidente Uribe.

Desde el gobierno desestimaron el alcance de estos reclamos. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que las pruebas no muestran nada nuevo y que el gobierno no puede renunciar a la posibilidad de un rescate militar. “Estamos muy interesados en el acuerdo humanitario, pero pedimos que en esa zona de encuentro no haya personas armadas, propuesta que fue rechazada por las Farc, eso muestra falta de voluntad”, señaló el Ministro.

Aunque el gobierno colombiano y el grupo guerrillero manifiestan su disposición para realizar el intercambio de secuestrados por rebeldes presos, durante el gobierno de Álvaro Uribe, no han logrado ponerse de acuerdo sobre las condiciones para efectuarlo.

Publicado en revista Semana/www.semana.com

'Para' que reconoció ser guía del Ejército sería clave para aclarar masacre de San José de Apartadó

2007-04-30T11:34:00.000-07:00

'Para' que reconoció ser guía del Ejército sería clave para aclarar masacre de San José de Apartadó

Adriano José Cano, alias 'Melaza' reconoció el miércoles ante la Fiscalía de Justicia y Paz que sirvió como guía a la Brigada XVII del Ejército, tal como lo afirmaban testimonios de la comunidad.

"(...) Con el Batallón Contraguerrilla 33 iba un paramilitar apodado 'Melaza', el cual entraba por tercera vez a la vereda El Barro en compañía del Ejército (...)", dijo la comunidad en su momento y lo dejó escrito en el texto Noche y Niebla, del Cinep.

Aunque 'Melaza', desmovilizado del 'bloque Bananero', no precisó si fue guía del Ejército antes o después de su desmovilización ni habló directamente de la masacre sí le dijo a la Fiscal que le entregaban arma y lo uniformaban para estar en los operativos y que en uno de ellos ayudó a la muerte de un guerrillero de las Farc conocido como 'Cristo de palo'.

Días posteriores a la matanza, el general Reynaldo Castellanos, comandante del Ejército, aseguró que 'Cristo de palo' era el apodo de Alejandro Pérez, una de las víctimas de la masacre, lo que conectaría a 'Melaza' con los hechos.

La Fiscalía le preguntaría por este caso en los próximos días.

La masacre de ocho personas en San José de Apartadó ocurrió el 21 de febrero del 2005 y por ella la Fiscalía investiga a 69 militares de la Brigada XVII del Ejército. Aunque otra versión señala como autores a las Farc.

Las identidades de 'Gordolindo''

En una sala alterna en el Palacio de Justicia de Medellín Francisco Zuluaga Lindo, 'Gordolindo', reiteró que los narcos financiaron a las autodefensas y mencionó entre ellos a Iván y Julio Urdinola Grajales (ambos muertos), Víctor Patiño Fómeque (en E.U), Orlando Henao y Diego Montoya.

Admitió haber tenido nueve armas con salvoconductos que le conseguía un hombre llamado Mauricio Balaguer en una brigada de Bogotá y reconoció haber suplantado la identidad de Ramón Ramírez Galvis, un ciudadano venezolano, y de Franklin Rosso Valbuena cuando estuvo en Ecuador. 'Gordolindo' dijo que fue advertido de la operación 'Milenio' y que huyó a Europa con documentos falsos usando el nombre de Luis Orlando Bejarano Peña.

MEDELLÍN

Publicado en El Tiempo/www.eltiempo.com

Paramilitar que reveló cómo fue entrenado para descuartizar podría quedar pronto en libertad

2007-04-30T11:31:00.000-07:00

Paramilitar que reveló cómo fue entrenado para descuartizar podría quedar pronto en libertad

Aunque para el Inpec es improbable que eso ocurra, la Fiscalía asegura que por la valiosa colaboración que le ha dado a la justicia, podría acogerse a los beneficios de la ley de Justicia y Paz.

"Ya hay un concepto positivo de su efectiva colaboración con la justicia", le dijo ayer a EL TIEMPO una alta fuente de ese organismo.

"Nos ha colaborado mucho en el hallazgo de fosas a las que nunca hubiéramos tenido acceso", puntualizó el funcionario.

Pese a que purga una condena de 33 años y 4 meses de prisión, confía en que sea beneficiado por la Ley de Justicia y Paz y en que se le reconozca su colaboración efectiva en el hallazgo de fosas y en la aceptación de crímenes atroces cometidos por las autodefensas.

Aunque Villalba fue condenado en abril del 2003 por la justicia ordinaria, los beneficios a los que tendría derecho son similares a los que hoy se les otorga a quienes se acogieron a Justicia y Paz.

También cuenta el hecho de que se entregó voluntariamente, según él, atormentado por el recuerdo de las caras de sus víctimas que lo asaltaban noche tras noche., que afirma que

En cualquier caso, la decisión de devolverle la libertad está en manos de un juez de ejecución de penas que evaluará su caso próximamente.

El hombre, cuyo relato sobre cómo aprendían a descuartizar con campesinos vivos aterró a muchos, saldría tras 8 años de cárcel.

Si Francisco Enrique Villalba llega a quedar en libertad, sería el primer caso de un paramilitar de estas características que sale de prisión y pone al país ante el desafío de perdonarlo para que pueda seguir su curso la negociación con los paramilitares.

Villalba Hernández le contó a EL TIEMPO el pasado lunes 23 de abril, en la cárcel La Picota, cómo enterraban en fosas a cientos de campesinos.

Advirtió que sabía mucho del tema porque había sido entrenado para descuartizar -con campesinos vivos que le llevaban para practicar- y porque ingresó a la organización paramilitar a los 16 años.

"No es bueno dedicarse a picar gente por mucho tiempo. Uno empieza a secarse, a ponerse flaco, porque todas las personas tienen un calor y al rajarles la barriga eso sale y uno se lo traga", afirmó.

Oriundo de Sincelejo (Sucre), Villalba, alias 'Cristian Barreto', se hizo amigo de uno de los más sanguinarios sicarios de Pablo Escobar: Dandenis Muñoz Mosquera, 'La Quica', condenado en E.U. a tres cadenas perpetuas, quien solía ir de vacaciones a las playas de Coveñas.

'La Quica' lo referenció con Fidel y Carlos Castaño Gil, fundadores de las autodefensas. Desde ese momento, empezaron a entrenarlo hasta convertirse en uno de los más cotizados asesinos del paramilitarismo: "Mis compañeros me decían que me fuera a trabajar a sus bloques".

Participó en varias masacres

Colosó y Pichilín (16 muertos), Segovia (41) y Pueblo Bello (43) son algunas de las masacres en las que Villalba reconoce haber participado. También está la de El Aro, en donde insiste haber visto un helicóptero amarillo que sobrevolaba la zona mientras asesinaban campesinos.

El tendero rezado

Mientras esto pasa, lo narrado por Villalba sigue aterrando. Por ejemplo, insiste en lo ocurrido en la masacre de El Aro con el tendero Marco Aurelio Areiza, de 64 años.

"Intenté durante días matarlo -recuerda-. Pero los tiros no le entraban. Son personas rezadas".

Los desafíos que plantea el caso Villalba

La posible excarcelación del 'para' Francisco Villalba pone a prueba al país y al Estado sobre el perdón que exige la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Por un lado, sería parte del precio que se debe pagar en aras de la reconciliación. Y una forma de reconocer ayuda a destapar la verdad. Pero aún es necesario establecer si Villalba recibirá un apoyo para su rehabilitación sicológica y para que se reincorpore efectivamente a la sociedad.

* u.investigativa@eltiempo.com.co

Publicado en El Tiempo/www.eltiempo.com

Dos niñas estaban entre 57 restos hallados en fosas comunes en Mapiripán (Meta)

2007-04-30T11:29:00.000-07:00

Dos niñas estaban entre 57 restos hallados en fosas comunes en Mapiripán (Meta)
Adriana y Jhoana, de 15 y 17 años, desaparecieron en Mapiripán hace al menos siete años. Sus casos son investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La mayoría de los muertos hallados son civiles, según la Unidad de Justicia y Paz.

Los restos de otros dos jóvenes de entre 14 y 18 años, con traumas en sus cráneos y brazos, y el esqueleto de un hombre adulto al que le faltan las manos, hacen parte de lo encontrado en las fosas señaladas por el hoy desmovilizado jefe paramilitar Manuel de Jesús Pirabán, alias 'Jorge Pirata'.

Las víctimas harían parte de las docenas que dejaron los enfrentamientos entre los grupos paramilitares por el control de la región en los últimos 10 años

'Jorge Pirata' se había comprometido el pasado 11 de abril durante la diligencia de versión libre ante la Fiscalía a entregar el mapa con la ubicación de las fosas.

La búsqueda la inició el pasado 14 de abril una comisión del CTI y unidades de criminalística encontraron las fosas en las inspecciones de La Cooperativa y San Andrés (Mapiripán), así como en La Jungla.

Luis González, coordinador de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, aseguró que entre los restos recuperados se encuentran los de varios menores, así como los de algunos combatientes.

De acuerdo con González, los restos óseos llevaban entre seis y siete años sepultados en esa región.

"Las diligencias se suspenderán mañana, pero regresaremos a la zona, porque hemos recibido muchas denuncias sobre personas desaparecidas", afirmó González.

En Mapiripán, los paramilitares, procedentes del Urabá antioqueño, asesinaron a 49 campesinos, entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

Allí, recordó un investigador que estuvo en aquella época practicando el levantamiento de los cadáveres, los sobrevivientes narraban que a una de las víctimas le cortaron la cabeza y con ella los paramilitares jugaron un partido de fútbol, en el parque de la población. Los cuerpos de otras víctimas fueron arrojados al río Guaviare.

En ese mismo municipio, en la inspección de Puerto Alvira, un año después, el mismo grupo paramilitar masacró a 19 campesinos.

En ese momento los paramilitares estaban al mando de Carlos Castaño y en el Llano tuvieron el respaldo de 'Pirata', que se desmovilizó con 1.765 hombres en abril del año pasado y Pedro Oliveros Guerrero, alias 'Cuchillo'.

Posteriormente, cuando Miguel Arroyave tomó el mando de ese grupo paramilitar y lo bautizó como Bloque Centauros, se produjo la cruenta guerra con 'Martín Llanos', parte de la cual tuvo como escenario las sabanas de Mapiripán, así como amplias zonas del nororiente del Meta y el sur de Casanare.

Esa batalla dejó más de medio millar de combatientes muertos, según las cifras que en su momento revelaron los mismos jefes paramilitares, incluido Héctor Buitrago, fundador de las Autodefensas Campesinas de Casanare (Acc) y padre de 'Martín Llanos'.

En el Llano la tarea de búsqueda apenas empieza. Y mientras la comisión judicial continúa en Mapiripán buscando fosas, otros inician el proceso de identificación mediante pruebas de ADN

Pirabán controló la zona desde el 2004

Manuel de Jesús Pirabán Garnica, alias 'Jorge Pirata', era el jefe del bloque Héroes del Llano y Guaviare de las Auc, con el que se desmovilizó. Este hombre había logrado convertirse en el segundo al mando en el bloque Centauros que lideraba el asesinado jefe paramilitar Miguel Arroyave.

'Pirata' hizo parte de los cruentos enfrentamientos que las Auc sostuvieron con los paramilitares de alias 'Martín Llanos' y quedaron al menos medio millar de muertos.

Desde 2004, luego de la muerte de Arroyave, controló los negocios de narcotráfico en la región.

VILLAVICENCIO
LLANO 7 DÍAS

Publicado en El Tiempo/www.eltiempo.com

UNA MIRADA A LA CRISIS DESDE LAS ORGANIZACIONES Y LA SOCIEDAD CIVIL

2007-04-26T16:20:00.001-07:00

Comunicado 1

UNA MIRADA A LA CRISIS DESDE LAS ORGANIZACIONES Y LA SOCIEDAD CIVIL

Los abajo firmantes, comunicamos ante la opinión pública nacional e internacional, la amenaza de etnocidio y ecocidio reales, por parte del Estado Colombiano, en clara violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la Ley 21 de 1.991.

HECHOS

1. La implementación de leyes y megaproyectos por parte del gobierno colombiano, amenazan la autodeterminación de nuestro pueblo, desconocen las conquistas sociales, dividen las organizaciones, generan señalamientos, desplazamientos, etnocidio y ecocidio. Siendo el Chocó un Departamento especial en Colombia por ser habitado en su mayoría por afrochoanos (85%) e indígenas (12%) y por estar la mayor parte de su territorio titulado colectivamente a los resguardos indígenas (con base en la ley 89 de 1890) y a los consejos comunitarios de comunidades afro chocoanas (según la Ley 70 de 1.993).

2. La atención pública en salud es deficiente en cuanto a personal, plantas físicas, instrumentos, prestación de servicios, remisión de pacientes, dotación de centros y hospitales, afiliación, medicamentos, actividades de promoción y prevención. Todo esto es debido a la implementación de la ley 100 de 1993; las medidas adoptadas por el Ministro de la Protección Social en la resolución 0944 del 30 de Marzo de 2.007 son desafortunadas porque benefician no a los usuarios sino a las Entidades Promotoras del Régimen subsidiado, las cuales no han sido eficientes ni eficaces.

3. En los territorios colectivos, reconocidos por el gobierno nacional, hay desplazamientos masivos y gota a gota, expropiación, secuestros, confinamiento de comunidades, bloqueos económicos, ametrallamientos a poblaciones, presencia de actores armados. Todo esto impide el desarrollo de las prácticas tradicionales de producción, generando crisis alimentaria.

4. Según la plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo, en el Pacífico colombiano (al cual pertenece el Departamento del Chocó) hay inseguridad alimentaria en el 59% de la población, mientras que en el resto del país es de 41%; El hambre es un drama nacional que se supera con políticas públicas decididas y no con escándalos publicitarios; la seguridad alimentaria en el Chocó es posible con apoyo a los planes de etnodesarrollo de las organizaciones y no con el modelo económico propuesto por el Estado, ni mucho menos con la bienestarina que se ha desviado, o con los mercados que se están ofreciendo. El derecho a la alimentación está contemplado, entre otros, en el principio 4 de la declaración de los derechos de los niños, en el Artículo 8 de la declaración sobre el derecho al desarrollo, en el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales.

5. En el Departamento hay altos índices de corrupción, los esfuerzos de los organismos de control regionales y nacionales por combatirla, han sido poco efectivos; los responsables de la corrupción, en las pasadas elecciones presidenciales apoyaron unánimemente al presidente Uribe y hasta el día de hoy ni se ha censurado tal apoyo, ni ha habido procesos judiciales que le pongan freno a esta bochornosa enfermedad que atormenta a la región y a la nación.

6. En el sector de la educación hay inequidad en la distribución de los docentes, el espacio físico y dotación de centros educativos son deficientes; el analfabetismo es el más alto del país; la deserción escolar y la inasistencia, aún siguen siendo altas, la calidad y la cobertura son bajas, el gobierno colombiano no ha apoyado efectivamente los procesos etnoeducativos.

7. Aún a pesar de las constataciones anteriores, el despliegue publicitario liderado por el gobierno nacional, focaliza la corrupción como la única causa de la crisis generalizada en todo el Departamento, y como tal, será presentada en el próximo consejo comunal de gobierno con los afro colombianos, en el que habrá presencia de miembros de la bancada de congresistas afro estadounidenses, los cuales le han exigido acciones efectivas al Señor Presidente. El principal responsable de la crisis en el Chocó, es el Estado Colombiano.

8. Nos preocupa considerablemente, que desconociendo las denuncias pertinentes y omitiendo sus obligaciones constitucionales, el Estado colombiano no haya tomado acciones pertinentes en contra de las muertes selectivas de jóvenes en Quibdó, Istmina y otras regiones; que permita y apoye los cultivos extensivos de palma africana en territorios colectivos después del desplazamiento forzado de los habitantes y no haya emprendido acciones a favor de las víctimas; los cultivos de palma africana son una sentencia de muerte para las comunidades porque afectan negativamente el ecosistemas frágil del Pacífico, aumentan la inseguridad alimentaria y desconocen los títulos colectivos.

EXIGIMOS

Al Estado Colombiano : valorar la dignidad del pueblo chocoano, reglamentación efectiva de las leyes étnicas; apoyo con política pública a los planes de etnodesarrollo de las comunidades y organizaciones de base, en virtud del fracaso del modelo económico actual; eficiencia y eficacia en los organismos de control; garantizar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, con enfoque diferencial; que judicialice a los responsables de la corrupción y de la violencia en el Chocó en el orden municipal, Departamental y Nacional; que en las medidas a tomar, se tenga en cuenta las apuestas políticas de las organizaciones de base y no el posicionamiento geoestratégico de las élites nacionales y del imperialismo; que haya una reparación directa a todos los habitantes del Pacífico colombiano, víctimas históricas de la desigualdad, la exclusión, la marginalidad social, la violencia, la inequidad y la poca participación; que garantice un debate público sin vicios, sobre megaproyectos, desarrollo alternativo, la ganadería extensiva , agroindustria y la marginalidad social histórica.

A los dirigentes políticos y a las administraciones Nacional, Departamental y Municipales, desmantelar la maquinaria política, comprometiéndose con la no repetición; que respondan social y jurídicamente, acorde con su incidencia en la crisis social.

A los actores armados , acatar las normas del Derecho Internacional humanitario, respetar la Autonomía de las organizaciones y comunidades y no convertir las comunidades en campos de batallas.

Al pueblo chocoano , asumir críticamente sus derechos y deberes democráticos.

A los medios de comunicación social : solidaridad real con la situación del Chocó; apertura en el momento actual y permanentemente a las organizaciones sociales de base, para socializar sus apuestas y sus denuncias.

Quibdó, 20 de abril de 2007

FORO INTERÈTNICO SOLIDARIDAD CHOCÓ, ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL BAUDÓ Y SUS AFLUENTES (ACABA) CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO (COCOMACIA), ORGANIZACIÓN DE BARRIOS POPULARES (OBAPO), CONFERENCIA NACIONAL DE ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS (CNOA), ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL BAJO ATRATO (ASCOBA), CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL ALTO ATRATO (COCOMOPOCA

Los 12 Apóstoles

2007-04-26T14:51:00.000-07:00

Los 12 Apóstoles
por Diego Cadavid Tuesday, Apr. 17, 2007 at 2:24 PM

Tomado del EL ESPECTADOR

El caso de los doce apóstoles

Hacia 1994, el Cinep denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía General
de la Nación la existencia de un escuadrón de la muerte en el municipio de
Yarumal (Antioquia), que a plena luz del día y con la omisión de las
autoridades, venía causando diversos homicidios selectivos. El Centro de
Investigaciones sostuvo en sus denuncias que el grupo armado ilegal era
patrocinado por varios comerciantes y ganaderos de la región, ubicada en
el norte del departamento de Antioquia.

El caso cobró trascendencia nacional por dos circunstancias: entre los
investigados resultó afectado el vicario de la parroquia de La Merced,
sacerdote Gonzalo Palacio, y apareció también un hermano de quien un año
después resultó electo gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. El
expediente empezó a conocerse como el caso de “Los Doce Apóstoles”, nombre
que se le dio al grupo armado que asesinó a por lo menos 12 habitantes de
distintos sectores de Yarumal.

Hacia noviembre de 1998, la Procuraduría Delegada para los Derechos
Humanos concluyó en primera instancia el caso ordenando la destitución de
dos oficiales y dos agentes de policía. Meses después, el 25 de agosto de
1999, por falta de pruebas, la Fiscalía expidió un auto inhibitorio en
favor de los procesados. La medida adoptada por el ente investigador,
entonces en cabeza de Luis Camilo Osorio, benefició a Santiago Uribe,
hermano del hoy Presidente de la República.

Este es el caso que varias veces han citado y quieren revivir en el
Congreso los opositores del Primer Mandatario. Sobre el hecho, el entonces
fiscal del expediente, Hernán Gonzalo Jiménez, sostuvo que las
averiguaciones se originaron en las denuncias de un testigo bajo reserva
que buscaba beneficios procesales pero que, ante la falta de resultados,
la justicia expidió el auto inhibitorio. Los familiares de las víctimas
llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

AUCtioquia hoy en día

2007-04-26T14:23:00.000-07:00

AUCtioquia hoy en día
por Jambi

Tuesday, Apr. 17, 2007 at 2:22 PM

Lo cierto es que después de la reclusión amañada de los capos del narcoparamilitarismo, como era obvio de esperarse, en el departamento de Antioquia ha habido un reciclaje de sus estructuras que al igual de lo que fue el origen del paramilitarismo contemporáneo de las últimas tres décadas, amenaza con proyectarse en todo el país.

En Antioquia desde 1995 a 2003, año en que comienza el engañoso proceso de
paz del gobierno se habla de una macabra estadística de 3.540
desaparecidos y 130 fosas comunes a causa de la brutalidad del accionar
narcoparamilitar.

El gobierno con su retahíla mentirosa, dirigida a través de los medios de
comunicación a los ciudadanos desinformados, afirma con el mayor descaro
que ha desmantelado al paramilitarismo.
Acto seguido a través de su cantaleta trillada de lucha contra el
terrorismo sentencia que por obra y gracia de sus palabras mágicas, el
paramilitarismo que sigue incólume en todo el país y que no está en la
negociación farsante, no es paramilitarismo sino delincuencia o bandas
criminales emergentes a las que les caerá “todo el peso de la ley”.
Excelente muestra de doble discurso mentiroso y descarado.

Lo cierto es que después de la reclusión amañada de los capos del
narcoparamilitarismo, como era obvio de esperarse, en el departamento de
Antioquia ha habido un reciclaje de sus estructuras que al igual de lo
que fue el origen del paramilitarismo contemporáneo de las últimas tres
décadas, amenaza con proyectarse en todo el país. Vale la pena registrar
brevemente la situación del martirizado departamento de Antioquia hoy en
día para denunciar el narcoparamilitarismo rampante que impera.

La situación de Medellín

En las comunas de Medellín ya no hay patrullajes con fusiles y brazaletes,
pero la presión se siente y crecen las extorsiones. En asentamientos
subnormales de Medellín, como Altos de la Torre, Pinar, Regalo de Dios o
Nuevo Amanecer, se dice que siguen mandando los desmovilizados del Bloque
Cacique Nutibara.

La comuna 13, después de la famosa operación Orión, cuyo nombre hace un
homenaje al paramilitar que ayudó a la fuerza pública a diseñar y efectuar
la mencionada operación (el ex policía conocido como Fabio Orión), y
liderada por el genocida y promotor del paramilitarismo General Mario
Montoya, hoy está bajo control de los paramilitares, quienes operan en
asocio de las cooperativas de vigilancia privada que ellos también
controlan

Voces anónimas de la comuna 13 y de la zona nororiental de Medellín
manifiestan que, se está incrementando el número de asesinatos con arma
blanca, arma contundente o asfixia, como una forma de encubrir los móviles
políticos de algunos asesinatos. Es un control más sutil, pero en el fondo
igual de terrorífico a épocas recientes; así, el modelo paramilitar está
controlando el circuito económico de comunas y barrios.

En las comunas, los paramilitares inciden en la cotidianidad de las rutas
del transporte público, controlan las apuestas y mantienen las oficinas de
cobro, desde las sombras supervisan la economía derivada de actividades
ilícitas como la distribución de droga, el comercio ilegal de gasolina, la
prostitución y el tráfico de armas.

Así el gobierno trate de negarlo, hay un secreto a voces: Adolfo Paz (Don
Berna) sigue mandando en el área metropolitana de Medellín y sus segundos
al mando mantienen un tenebroso control.
Heredero de las bandas de sicarios de los tiempos de Pablo Escobar Gaviria
, jefe único del Bloque Cacique Nutibara que impuso su
hegemonía a punta de terror en contubernio con la policía y los militares
a lo largo y ancho del área metropolitana del Valle de Aburrá, gestor de
las oficinas de cobro y otros métodos de violento control de la economía
ilegal en los submundos urbanos, Don Berna mantiene intacto su poder
mafioso.

Su mano negra se advierte hasta en el control de la usura que se promueve
a través de los populares préstamos de dinero conocidos como “gota a
gota”.

Otra situación preocupante que sucede con conocimiento público en la
Medellín de Fajardo y Uribe es el accionar del “Movimiento Colombia Libre
Opción Derecha”, que en las propias calles de Medellín ejerce su presión
armada y sicológica.

A través de mensajes intimidatorios por correo electrónico o panfletos
amenazantes, esta organización clandestina acosa por igual a defensores de
derechos humanos, asociaciones sindicales o instancias de trabajo
comunitario. Cuando Uribe y sus seguidores afirman que le devolvieron la
paz a Medellín hay que saber que se refieren al control narcoparamilitar
que actualmente sucede en las narices de todas las autoridades públicas y
con beneplácito de amplios sectores de la capital antioqueña.

URABA

La estructura paramilitar en la región de Urabá está intacta. Se asegura
que Vicente Castaño está de regreso y que segundos jefes del Bloque
Bananero están rearmando los combos de sicarios.

Muchas autoridades de la zona lo saben, pero prefieren el silencio
cómplice. Algunos empresarios privados lo toleran o cohonestan
abiertamente, porque les ayuda a mantener condiciones salariales
miserables, escudándose en el supuesto acoso de la guerrilla. Además hoy
más que nunca el narcoparamilitarismo en Urabá es el amo y señor del
negocio del narcotráfico. Lo anterior lo ratifican recientes informes de
la Policía Antinarcóticos y la Policía Nacional que reconocen que el
puerto de Turbo es hoy la zona del país de donde más está saliendo
ilegalmente la cocaína.

La Gobernación de Antioquia posee reportes que dan cuenta de una
reincidente presencia de hombres armados en el Golfo de Urabá, vinculados
con el control de cargamentos de cocaína.

Sumado a lo anterior, por los corregimientos de Currulao, El Tres y Nueva
Colonia, en Turbo, se ha visto a ex combatientes del Bloque Mineros o el
Bloque Bananero, asegurando corredores geográficos, condicionando a punta
de terror la vida de los lugareños. Actualmente una nueva banda
narcoparamilitar llamada Renacer empieza a hacer de las suyas en Apartadó,
Carepa o Chigorodó

En una vasta zona del norte y el nordeste del departamento, los cultivos
de coca son controlados por el paramilitarismo. En los municipios de
Anorí, Amalfi, Briceño, Yarumal, Remedios y Segovia especialmente, se
vienen presentando asesinatos, atribuidos a desmovilizados del Bloque
Central Bolívar.

Desde otros municipios de Antioquia como Zaragoza, El Bagre, Tarazá,
Argelia, San Francisco, Nariño, Angelópolis, Titiribí o Dabeiba,
semanalmente llegan reportes a la Defensoría del Pueblo donde se denuncian
incursiones de paras. Igualmente en el Bajo Cauca el entorno de ilegalidad
fomentado por el narcotráfico se mantiene.

Como es de conocimiento público, pero encubierto por la institucionalidad
y los medios de comunicación gobiernistas, en Antioquia los mismos bloques
narcoparamilitares que se desmovilizaron, operan de nuevo en territorios
de su influencia con la complicidad de sectores empresariales y las FFAA.

El tema es de máxima gravedad, porque a ocho meses de las elecciones
municipales y departamentales, en las mismas regiones antioqueñas donde
mandaron a sus anchas el Bloque Central Bolívar, el Bloque Cacique
Nutibara, el Bloque Héroes de Granada o el Bloque Mineros, hoy sus
estructuras recicladas amenazan con repetir el control mafioso sobre el
Estado.

Y el Gobierno tiene el descaro de repetir reiteradamente a través de su
prensa que ha desmantelado al paramilitarismo y que hoy reina la paz en
Antioquia y el resto del país.

www.indymediacolombia.org

Camilo con los Fundadores del ELN

2007-04-26T12:52:00.001-07:00

Uribe recluta paramilitares en Buenaventura

2007-04-26T12:43:00.000-07:00

Uribe recluta paramilitares en Buenaventura

Guerrilleros de la 'Jacobo Arenas' en la cordillera central de Colombia
Denuncia el Comando conjunto de Occidente de las FARC en mensaje oficial remitido a la redacción de ANNCOL. Igualmente detalla las diferentes acciones de sus unidades del centro y sur occidente colombiano en los tres primeros meses del año en curso. Contradicen las informaciones del régimen de Uribe Vélez de que Colombia es ‘un remanso de paz’.
Abogado Paul Wolf, sobre Simon y Sonia

[ANNCOL]

Para conocimiento de nuestros lectores, damos a conocer partes del 2007.

***

Unidades del centro y sur occidente:
Bloque Móvil Arturo Ruiz, Comando Conjunto Adán Izquierdo, Comando Conjunto de Occidente y Columna Móvil Jacobo Arenas,
FARC-EP.

Comando Conjunto de Occidente:

Enero 14, hostigada patrulla del ejército en veredas Venadillo y Pedregal de Caloto, Cauca. R: 2 soldados heridos.
Enero 21, hostigada con artillería patrulla del ejército en El Tierrero, de Caloto, Cauca.
Enero 23, hostigada patrulla de ejército en El Trapiche, de Toribío. R: 1 soldado muerto, 1 herido. El mismo día se hostigó al ejército con artillería en Toribío.
Enero 25, hostigada con francotiradores patrulla del ejército en El Credo, Caloto. R: 1 soldado muerto. Propios: un guerrilleros herido
Enero 26, combates con ejército en La Esperanza, en Ricaurte-Nariño.
Enero 27, combates con ejército en Bogotá Chiquito, vereda de Ricaurte. R: 1 soldado muerto y 1 herido. El mismo día, detonado minado a ejército en vereda Palduví, de Ricaurte. El mismo día, francotiradores dieron de baja a dos soldados en Palduví.
Enero de 2007 en el Puerto de Buenaventura: patrullajes diurnos y nocturnos en los barrios marginados y distribución de propaganda. En diferentes enfrentamientos murieron 6 paramilitares, 2 policías y 2 infantes de marina. La reacción de Álvaro Uribe ha sido embaucar a decenas de jóvenes que recogen en busetas y trabajen obligados con los paramilitares de la región. En barrio La Independencia, activadas dos bombas al paso de camión de policía. R: dados de baja 15 policías.
Febrero 2, combates con flotilla de 8 helicópteros en vereda Vallenato, municipio de Tumaco, Nariño. R: un helicóptero derribado. Cayó en la vereda El Candil.
Febrero 6, averiadas 2 avionetas policiales en la vereda el Playón, Tumaco. Hostigada con francotiradores y artillería patrulla del ejército, en El Trapiche, Toribío. Emboscada patrulla de policía en Buenaventura. R: un policía muerto, 5 heridos.
Febrero 7, hostigado ejército en El Damián, Toribío. Hostigada policía contraguerrilla en el barrio Sequia Honda, de Buenaventura. Una hora después se detonó bomba al paso de una patrulla. R: 2 policías muertos, 6 heridos.
Febrero 8, activado campo minado a convoy del ejército en El Pedregal, Caloto. R: un carro del convoy averiado y número de bajas sin determinar. Hostigada con ramplas base del EMCAR en Altaquer, municipio de Ricaurte. El mismo día, se combatió con ejército en el puente La Ensillada, municipio de Ricaurte.
Febrero 11, enfrentamientos con patrulla de infantería de marina que reacciona escondiéndose en las casas civiles. R: 3 infantes de marina heridos.
Febrero 12, enfrentamientos en el barrio Juan XXIII, entrada de Buenaventura, con patrulla de infantería de marina por una hora. R: 2 infantes de marina heridos. Activado explosivo a ejército en La Virgen, Altaquer, municipio de Barbacoas, Nariño. R: 2 soldados muertos, 4 heridos.
Febrero 13, detonado minado a patrulla del EMCAR en el sitio La Armada, sobre la vía Pasto - Tumaco. R: 1 patrulla destruida, 5 policías muertos entre ellos un mayor, 4 heridos.
Febrero 14, activado minado en el sitio la Invasión de Altaquer- Barbacoas.
Febrero 17, luego de 1 hora y media de combates se tomó por asalto campamento paramilitar en Belén de Upangadó, municipio de Pizarro Chocó. R: 3 paramilitares muertos, número indeterminado de heridos. Recuperado: 1 ametralladora M-60, 4 fusiles AK - 47, dos M-79 con 5 granadas, 2.500 cartuchos de diferente calibre, 6 proveedores, 2 granadas de fragmentación, 5 radios y material de intendencia. De las 17 hasta las 18:30 se combatió con los paramilitares en Gijua, Chocó.
Febrero 24, combates con paramilitares en sitio El Cocal, corregimiento de Sánchez. R: 1 paramilitar muerto, dos heridos.
Febrero 25, hostigado con artillería puesto de policía de Toribío, Cauca por 2 horas. R: 1 policía muerto, 1 herido.
Febrero 26, hostigada patrulla del ejército en el Cementerio de Toribío. R: un soldado muerto.
Febrero 28, combates por dos horas con flotilla de 6 helicópteros en vereda Las Mercedes, Tumaco. Hostigada patrulla de policía en Caña Brava, en Satinga Nariño. Mismo día, se hostigó patrulla del ejército en el municipio de Satinga.
Marzo 1, combates en tres lugares diferentes sobre la vía Tumaco - Pasto. R: 3 militares muertos, dos heridos. Destruida una tanqueta y averiadas dos más. Propios: un guerrillero herido. Mismo día, se combatió con lanchas de la armada en vereda Chimbuza, municipio de San José, Roberto Payán, Nariño. R: dos militares muertos. Mismo día, se hostigó con mortero base del ejército en Guantal, kilómetro 54 vía Tumaco - Pasto. Se detonó carga explosiva a puesto de policía del municipio de Barbacoas, Nariño. R: 2 policías heridos. Mismo día, se detonó carga explosiva a puesto de policía de Magüí Payán. R: 2 policías muertos, 3 heridos. Mismo día, se combatió contra desembarcos en el Rosario, municipio de Satinga.
Marzo 2, combates con tropas helicoportadas en vereda Pulvusa, municipio del Charco, Nariño. R: 1 avioneta averiada.
Marzo 2 y 3, combates en Chimbuza - San José Roberto Payán con infantería de marina. R: 4 militares muertos.
Marzo 3, activado minado a convoy militar en sitio Chambú, en Ricaurte, Nariño. R: 1 tanqueta averiada, dos soldados muertos. Mismo día, combates con policías en sitio Ospina Pérez, de Ricaurte. R: 1 policía muerto, 1 herido.
Marzo 3, se hostigaron paramilitares en El Cocal. El día 5, cayeron en minado. R: 4 paramilitares muertos, 1 herido. También se combatió con tropas helicoportadas en el sitio Doradillo, margen del Río Patía, municipio de Magüí. R: 1 helicóptero averiado.
Marzo 7, se hostigó patrulla militar en sitio Punta de Barco margen del río Patía.
Marzo 8, atacados dos camiones del ejército con explosivos en Argelia, Cauca. R: 5 militares muertos, 15 heridos, un camión destruido y otro semidestruido.
Marzo 9, se instaló retén en la vía Pasto - Tumaco, sitio Cuesbí. Simultáneamente se hostigó base del EMCAR en el sitio Ospina Pérez, de Ricaurte. Mismo día, se combatió con la policía sobre la misma vía. R: 1 policía muerto. Mismo día, hostigado retén en la misma vía, sitio la Carbonera, municipio de Barbacoas, Nariño. Mismo día, combates con ejército en sitio Palpis sobre misma vía. R: 1 tanqueta y dos carros de transporte de ejército averiados, 1 soldado muerto, 5 heridos. La vía estuvo paralizada durante todo el día.
Marzo 9, activado minado al paso de patrulla del ejército en la vía Argelia - Balboa- vereda la Floresta. R: 5 soldados muertos entre ellos un oficial, 3 soldado heridos, 3 camiones semidestruidos,
Marzo 10, combates con paramilitares en vereda Taitán y Sidón municipio de Cumbitara, desde las 08:00 hasta las 17:00. R: 6 paramilitares muertos, 8 heridos. Mismo día, combates con infantería de marina en El Aserrío, municipio de La Tola. R: 4 soldados muertos, dos heridos. Mismo día, se hostigó con ramplas base militar del municipio del Charco. R: 1 soldado muerto, 1 herido.
Marzo 11, a las 06:00 horas en el barrio la Inmaculada de Buenaventura, se activó bomba y destruyó robot antiexplosivos. Mismo día, en el corregimiento de Montebello, en Cali, se atacó patrulla motorizada de la policía. R: 4 policías muertos, 3 heridos entre ellos un mayor. Propios: dos heridos leves.
Marzo 16, combates con ejército durante 4 horas en el sitio la Varazón, municipio de Samaniego, Nariño. Se combatió con la aviación por 2 horas en el mismo sitio. R: 4 soldados muertos, 5 heridos. Propios: dos guerrilleros heridos.
Marzo 17, combates con paramilitares durante 5 horas en el sitio Bocas de Iscuandecito, Nariño. Se desconocen bajas. Propios un herido.
Marzo 20, combates con ejército en vereda Tallanví, municipio de Cumbal, Nariño. Mismo día, se detonó minado en el mismo sitio. R: 2 soldados muertos, 3 heridos.
Marzo 21, francotiradores dieron de baja a soldado en La Planada, de Samaniego.
Marzo 22, combates con infantes de marina en sitio Taija, municipio del Charco. Mismo día, se combatió durante 4 horas en Taija.
Marzo 23, combates en Taija. R: 2 infantes muertos.
Marzo 24, activado minado a patrulla del ejército en la Carbonera, de Barbacoas, Nariño. R: 3 militares muertos, 2 heridos.
Marzo 25, hostigados por dos ocasiones infantes de marina en El Rosario, municipio del Charco. R: 3 infantes de marina muertos. El mismo día, hostigados los paramilitares en Taitan, en Cumbitara. Marzo 26 y 27 hostigado ejército en sitio Bolívar, municipio de Satinga. El mismo día combates con infantes de marina en San Pedro, municipio de La Tola. Resultados: 2 infantes muertos. Recuperados 2 fusiles Galil 2.23 con 6 proveedores y 200 tiros para los mismos. Mismo día, combates por dos horas con infantes de marina en sitio el Salto del Magdalena, municipio de la Tola. R: un capitán de la infantería de marina y dos infantes muertos.
Marzo 29, combates con el ejército en sitio La Varazón, municipio de Samaniego Nariño. SDR. Se le detonó un minado. SDR. Hostigada patrulla de infantes de marina, en sitio Polita, municipio del Charco Nariño, de las 13:00 hasta las 13:30 y de las 15:00 hasta las 15:40 horas. SDR. PTSN.
Marzo 30, de las 14:00 hasta las 16:00 horas se hostigó patrulla de infantes de marina, sitio Taija – Pulvusa, del Charco - Nariño. SDR. PTSN. De las 16:00 hasta 17:00 hostigados paramilitares en sitio Taitan, de Cumbitara - Nariño. Se desconocen bajas enemigas PTSN.
Marzo 31, a las 13:00 horas hostigada patrulla del ejército en sitio Las Lajas, en Satinga – Nariño, por espacio de 15 minutos. SDR. PTSN. De las 17:00 hasta las 20:00 horas se combatió con paramilitares y ejército del batallón Boyacá, en sitio La Roncadora, de Cumbitara - Nariño. SDR. Propios 2 heridos.
Abril 1, a las 08:00 horas un comando del 29 frente hostigó patrulla militar en la vereda Bolívar, de Satinga, por espacio de 10 minutos. Se desconocen bajas enemigas PTSN.
A las 14:00 hasta las 15:00 se combatió con paramilitares y ejercito en el sitio Nulpí, municipio de Cumbitara. Se desconocen bajas enemigas PTSN.
A las 17:00 hasta las 18:00 se combatió con infantes de marina vereda Pulvusa. Resultados: 3 infantes de marina muertos PTSN.
Abril 2, de las 16:00 hasta las 18:00 se combatió con infantes de marina, sitio Pulvusa. SDR. PTSN.
Abril 3, de las 06:00 hasta las 06:30 horas, hostigada patrulla de infantes de marina en vereda Triviño, El Charco - Nariño. Resultados: 2 infantes de marina muertos PTSN.

Guerrilleros del Bloque Móvil

Enero 4, patrulla del ejército entró en campo minado en el páramo de Los Alpes de Florida - Valle. R: 2 soldados muertos. Enero 5, combates con ejército y paramilitares en las bocas del río Garrapatas. R: 3 soldados muertos, 1 herido.
Enero 14, instaló retén en sitio Villa Hermosa (Valle) y quemaron 5 tractomulas.
Enero 17, se emboscó y activó explosivo a camión que transportaba ejército en el Llanito, vía Florida - Miranda, Valle. R: bajas militares sin determinar. Más tarde, murieron expertos anti explosivos, que desactivaban otro minado.
Enero 18, se hostigó patrulla del ejército en El Horno, corregimiento de Monteredondo, en Miranda - Cauca. El mismo día cayeron en dos minas: R: 2 muertos y 2 heridos.
El mismo día comando chocó con patrulla del ejército en Las Brisas, Florida - Valle.
Enero 20, comando penetró y hostigó a patrulla del ejército en Las Brisas, municipio de Florida, Valle. La misma patrulla dio muerte a dos civiles de Vallecito, corregimiento de Santo Domingo y luego los presentó como guerrilleros muertos en combate.
Enero 22, tropas cayeron en minado en Las Brisas. R: un soldado muerto y un herido. Y en otro minado en el páramo de los Alpes, de Florida Valle. R: 2 heridos.
Enero 24, soldados del ejército cayeron en minado sitio Los Alpes de Florida. R: un soldado muerto, un herido. Combates con paramilitares en bocas del río Garrapatas. R: 6 paramilitares muertos, 6 heridos. Recuperado motor 40.
Febrero 2, comando chocó con ejército en Monte Loro, Valle.
Febrero 4, combates con ejército en sitio López. R: un helicóptero averiado.
Febrero 8, combates desde las 16:00 hasta las 17:30 horas con paramilitares en sitio Santa Rosa, río Garrapatas. R: 4 paramilitares muertos, 6 heridos. Recuperadas 3 cananas para PKM y una granada 60 mm.
Febrero 7 y 12 patrulla del ejército cayó en minados en el páramo de los Alpes, en Florida Valle.
Febrero 9, golpe de mano contra 3 soldados en el corregimiento de La Marina, de Tulúa. Recuperados: 1 ametralladora M-60 con una canana, dos fusiles Galil 556 con toda la dotación y 4 granadas.
Febrero 15, choques con ejército en los Alpes de Florida.
Febrero 17, se hostigó ejército en Pueblo Nuevo, Florida Valle.
Febrero 20, emboscada patrulla del ejército en Tairona, entrada al municipio de Florida. R: 4 soldados muertos, 11 heridos.
Febrero 22, activado campo minado a ejército en La Roblera, municipio de Buga. R: 2 suboficiales y 3 soldados muertos y 6 heridos.
Marzo 2, se hostigó patrulla del ejército, en Miranda, Cauca.
Marzo 4, tropas del ejército cayeron en minado en vereda Miravalle, municipio de Florida. R: 1 soldado muerto, 1 herido. También fue hostigada patrulla en la misma vereda. Resultados: un soldado muerto.
Marzo 10, se hostigó patrulla la infantería de marina en sitio Los Tanques, sobre el kilómetro 18 vía al mar. R: 1 militar muerto, 2 heridos. El mismo día, hostigada patrulla del ejército en el sitio Gallinero, sobre la vía Cabal Pombo.
Marzo 15, se hostigó patrulla del ejército en sitio La Altamira de Florida Valle. R: 2 soldados heridos. También cayeron en dos minas. R: 2 soldados muertos, 2 heridos.
Marzo 16, se activó minado al paso del ejército en el Retiro, de Pradera Valle. R: 1 cabo y 2 soldados muertos, 2 heridos. También se activó minado al paso de patrulla de policía en la cabecera municipal de Florida, R: 3 policías heridos, el carro averiado.

Guerrilleros de la Columna Jacobo Arenas

Febrero 17 y 19, hostigamientos a ejército en Jambaló. R: 1 soldado herido.
Febrero 25, combates con ejército durante de 2 horas en vereda Santa Rita, de Toribío Cauca. Nota: estas tropas son las que se hacen pasar por las llamadas Águilas Negras que han torturado y asesinado a varios indígenas. R: un soldado muerto, 2 heridos. Propios: un guerrillero muerto. Detonado minado a patrulla de la policía en la vía Caloto Corinto, vereda Bodega. R: un policía muerto, 4 heridos, una camioneta semi destruida.
Febrero 27, instalado retén por dos horas en La Panamericana, sitio El Descanso.
Marzo 1, hostigado puesto de policía de Siberia, en Caldono Cauca. R: un policía muerto. Hostigado ejército en la vereda 20 de Julio, municipio de Caldono, con artillería y fusilería. R: 2 soldados heridos.
Marzo 7, instalado retén por 8 horas en la vía Panamericana, sitio El Descanso, de Caldono. Se combatió con el ejército.
Marzo 8, hostigado puesto de policía de Siberia municipio de Caldono. R: 1 policía herido. Mismo día, se hostiga por tres ocasiones, con fusilería y artillería al ejército ubicado en la vereda el 20, municipio de Caldono y también hostigado en la vereda El Azul, de Caldono.
Marzo 12, hostigado ejército con artillería y fusilería en la vereda el Belén de Caldono. R: 2 soldados muertos, 2 soldados heridos.
Marzo 9, dados de baja dos policías en El Pital, corregimiento de Mondomo.
Marzo 10, instalado retén en El Pital y otro en La Agustina de Santander de Quilichao.
Marzo 11, combates con ejército en La Agustina. R: 1 soldado muerto. Mismo día, combates con ejército en El Crucero de San Pedro, Santander. Al mismo tiempo se instaló retén en la vía Panamericana. Se hostigó con artillería al ejército en la hacienda El Japio, municipio de Caloto y se paralizó el tráfico una hora entre Caloto y Santander de Quilichao. Se hostigó en dos ocasiones con artillería al ejército en la vereda El Rosal.
Marzo 16, combates con ejército en la vereda Vilachí, de Caldono. Marzo 17, choques con ejército en la vereda El Turco, de Santander de Quilichao. R: 2 soldados muertos, uno herido. Propios: un guerrillero muerto.
Marzo 18, hostigado ejército en Vilachí.
Marzo 19, hostigado ejército en la vereda Plan de Zúñiga, de Caldono. Marzo 22, golpe de mano a tropas del batallón José Hilario López en la Esmeralda, sitio las Torres de Caldono. R: 2 soldados muertos. Recuperados 2 fusiles Galil 2.23 con 2 proveedores y 70 cartuchos para el mismo.
Marzo 23, atacado grupo paramilitar en Santander de Quilichao – Cauca. Un paraco y un soldado muertos. PSN.
Abril 2, emboscada patrulla de la policía, a las 16:00 horas en el municipio de Silvia, Cauca. Resultados: 4 policías heridos. 1 teniente y 1 subintendente muertos. Se combatió con. SDR. PTSN.

Comando Conjunto Adán Izquierdo:

Enero 1, entró patrulla de ejército a campo minado entre Santa Bárbara y San Jorge, Tolima. R: dados de baja 10 militares. En San Luis – Huila, ejército cayó en minado. SDR.
Enero 4, hostigado ejército en La Gallera, Rioblanco por 20 minutos. SDR.
Enero 8, hostigado ejército entre La Laguna y El Moral. SDR.
Enero 10, se combatió con ejército en El Davis, Tolima, por una hora. R: 2 soldados muertos.
Enero 12 y 13, activadas tres minas contra el ejército en el filo del Diablo, La Hacienda en Gaitania. SDR.
Enero 16, combates en el río Guayabo, en Marquetalia. 2 soldados muertos. 2 guerrilleros muertos.
Enero 19, comando chocó con patrulla de ejército en finca La Linda, corregimiento de las Hermosas, Tolima. SDR.
Enero 20, hostigado ejército en San José de las Hermosas por 2 horas y media.
Enero 21, ejército entró a campo minado entre San José y El Cairo, Cañón de las Hermosas. R: bajas militares sin determinar.
Enero 26, hostigado ejército en Santa Isabel, Tolima, finca Berlín. Enero 27, hostigada patrulla en Junín, de Venadillo Tolima. R: 2 soldados heridos.
Enero 29, patrulla del ejército entró en campo minado en El Cairo cañón de las Hermosas. R: 2 militares heridos.
Enero 31, Entró patrulla de contraguerrilla a campo minado. R: 5 militares dados de baja.
Febrero 2. Combates con el ejército en San Miguel, Gaitania, durante 2 horas. 5 chulos muertos, 3 heridos. PSN.
Febrero 23, emboscada patrulla del ejército entre Cerro Leticia y La Carabina, en Ortega Tolima. R: 4 militares muertos, 3 heridos. Recuperados 3 fusiles, un mortero 60 mm tipo comando.
Febrero 24, hostigado ejército en Junín, Tolima. Mismo día se instaló retén durante 6 horas en la vía Santa Isabel Venadillo y se distribuyó propaganda. Mismo día, hostigada patrulla del Batallón Rook en Anzoátegui, Tolima. Bombardeos de los kafires y los helicópteros en La Hacienda, Gaitania. Averiado un helicóptero. PSN.
Marzo 1, hostigada policía en Junín. Mismo día, combates con ejército en vereda Guaimaral de Santa Isabel. Mismo día, emboscada patrulla de ejército en La Aguada, corregimiento de Junín, Venadillo. R: 5 soldados muertos, 16 heridos. Recuperados 2 fusiles 556, 11 proveedores y 530 tiros, 2 chalecos, 4 granadas, 2 cananas para M-60, 2 radios de comunicación y 5 equipos con su dotación. Propios: un guerrillero muerto.
Marzo 9. Combates durante todo el día en La Hacienda, Gaitania. SDR. PSN.
Marzo 13. Hostigamientos al ejército con artillería en La Hacienda, Gaitania.
Marzo 18, choque con el ejército a las 17:30 horas por espacio de media hora, en el filo de Juan Eslava, en La Hacienda. SDR.
Marzo 28, se hostigó al ejército en la vereda San Isidro (Planadas), desde las 16:00 hasta las 17:30 horas SDR.
Marzo 29. Combate con ejército en La Hacienda, Gaitania. 1 soldado muerto. 1 guerrillero herido.
Marzo 30, se peleó con el ejército en la vereda El Mirador (Planadas), desde las 16:00 hasta las 17:30 horas. SDR.
Abril 1, combates con el ejército en La Hacienda, Gaitania – Tolima, de las 13:00 a las 15:00 horas. SDR.

Acciones conjuntas del Bloque Móvil con la columna Jacobo Arenas o con unidades de los Comandos Conjuntos

Enero 27, combates durante 4 horas con ejército en La Mesa Río Loro, Valle. A las 11:00 horas el ejército entró a emboscada en sitio El Rumor. R: un teniente y dos soldados muertos y 3 militares heridos. A las 13:00 horas, nuevos combates. Muerto un soldado.
Enero 28, francotiradores dieron de baja un soldado en el corregimiento de Barragán, Valle.
Febrero 20, hostigado con artillería ejército en Robles, jurisdicción de Buenos Aires, Cauca.
Febrero 21, francotiradores dieron de baja a dos soldados, en la Explanación, jurisdicción de Buenos, Aires Cauca.
Febrero 23, combates con ejército en El Plateado. El mismo día, combates con ejército en Nayita, jurisdicción de López de Micay, Cauca. R: 4 soldados muertos, varios heridos. Propios: un herido.
Marzo 4, combates con ejército en sitio El Hoyo, corregimiento de Santa Lucía, Tuluá. Desde las 09 hasta las 16 horas.
Marzo 10, hostigada con artillería base militar de La Salvajina, en Suárez Cauca.

Publicado en www.anncol.org

Un cura de armas tomar

2007-04-26T12:38:00.000-07:00

Un cura de armas tomar
Camilo Torres, el sacerdote guerrillero, se lanzó a la lucha en nombre de sus convicciones religiosas, y con su muerte se convirtió en el Che de los católicos.
Fecha: 04/21/2007 -1303
E l 15 de febrero de 1966, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, quien hacía pocos meses había cambiado la sotana por el uniforme verde oliva de guerrillero, se alistaba, con otros miembros del naciente Ejército de Liberación Nacional (ELN) para entrar en combate. Mal alimentados y con escasas armas, permanecían atrincherados entre los matorrales al lado de un pequeño camino, a la espera del paso de un pelotón de soldados.

Pocas horas después del amanecer, una columna de la batería 120, adscrita al Batallón Bogotá, empezó a recorrer el camino en fila india. A la orden acordada, los guerrilleros abrieron el fuego, pero la sorpresa del ataque pronto se perdió. Los militares que quedaron afuera de la manigua empezaron a repeler la emboscada. En medio de la confusión, Camilo salió de su escondite para tomar el fusil de un militar que yacía muerto en el camino. De repente, un sargento que estaba herido en el suelo disparó su carabina M2. Dos tiros alcanzaron al sacerdote en el hombro y el abdomen, y lo dejaron mortalmente herido. Al ver lo ocurrido, tres compañeros hicieron lo posible por sacarlo del camino, pero también terminaron muertos.

Ese día, dos balas calibre 30 milímetros pusieron fin a la vida de Camilo Torres, pero marcaron el inicio de un mito que aún hoy, a pesar del tiempo y el olvido de muchos colombianos, sigue alimentando la guerra y la esperanza de unos ideales cristianos aún por realizar. El sacerdote bogotano se convirtió en el prototipo del cura guerrillero y en el pionero de la Teología de la Liberación en Latinoamérica, al demostrar que la fe y la revolución podían tener el mismo camino.

Camilo abandonó sus estudios de Derecho para seguir la vida religiosa. Su entrega, su compromiso y su discurso revolucionario lo convirtieron en poco tiempo en una figura nacional Como capellán de la Universidad Nacional se ganó la confianza de los estudiantes más radicales a raíz de su entrega y la búsqueda de justicia social Con los dos fundadores del Ejército de Liberación Nacional, Víctor Medina Morón y Fabio Vásquez Castaño, a finales de 1965, en Santander, semanas antes de su muerte en Patio Cemento
PUBLICIDAD Jorge Camilo Torres Restrepo nació en el seno de una acomodada familia bogotana, el 3 de febrero de 1929. Su padre era el reconocido médico pediatra Calixto Torres Umaña, y su madre, Isabel Restrepo Gaviria, quien ya tenía dos hijos de su primer matrimonio con Carlos Westendorp. A los 2 años fue llevado por su familia a vivir, entre 1931 y 1934, en Bélgica y Barcelona. Al regresar a Bogotá, a los 8 años, entró a estudiar la primaria en el Colegio Alemán, pero como fue cerrado a raíz de la Segunda Guerra Mundial, hizo el bachillerato en el Liceo de Cervantes, donde se graduó en 1946. Allí escribía y publicaba El Puma, un periodiquito que criticaba a los profesores, en los que mostraba su rebeldía y cuyo lema decía: 'Diario semanal, aparece cada mes'.

Comenzó a estudiar derecho en 1947 en la Universidad Nacional de Colombia, pero después de un viaje a los Llanos encontró respuestas al vacío que sentía en su interior. Tras un profundo análisis, descubrió que quería entregarse a la vida religiosa. Fue aceptado en la comunidad de monjes dominicos en Chiquinquirá, pero como sabía que su familia no aceptaría su decisión, dejó una nota para sus padres al partir. Isabel encontró la carta y alcanzó a su hijo en la estación del tren. Lo encerró por varios días, pero al fin la voluntad de Camilo se impuso. Pero no sin hacerle una concesión a su madre, quien consideraba que la de los dominicos era la orden más atrasada del mundo. Por ello se matriculó en el Seminario Mayor de Bogotá, donde se ordenó en 1954, antes de tiempo, gracias a su excelente desempeño académico. Tanto fue su éxito, que fue enviado a Bélgica a estudiar sociología en la Universidad de Lovaina.

En Bélgica Restrepo entró en contacto con corrientes de la Democracia Cristiana y con sacerdotes obreros. Los fines de semana visitaba a los mineros, a la vez que trataba de acercarse desde la academia a los problemas de la desigualdad y la pobreza. De hecho, su tesis de grado de 1958 aborda desde la estadística la realidad socioeconómica de la capital colombiana. El texto sería publicado en 1987 bajo el título 'La proletarización de Bogotá'. Según las memorias de Isabel Restrepo, Camilo Torres vivió un año en un pequeño pueblo de Bélgica. Después estuvo en París, donde trabajó con el Abate Pierre recogiendo basuras con indumentaria de obrero.

Pero tal vez su mayor influencia revolucionaria, según admiten dos de sus biógrafos, Walter J. Broderick y Orlando Villanueva Martínez, fue su encuentro con grupos de cristianos que colaboraban clandestinamente en la lucha por la independencia de Argelia contra el poderío francés. Fue allí donde Camilo conoció a Guitemie Olivieri, quien sería su secretaria privada. Por primera vez vivió la emoción de sentirse involucrado en una guerra revolucionaria y descubrió que era posible forjar un matrimonio entre el cristianismo y las convicciones de la gente que tomaba las armas por la causa de la liberación. En este grupo empezó a desarrollar la idea de conformar un Frente Unido en el que los campesinos serían la vanguardia de la revolución.

A su regreso a Bogotá, en 1959, fue nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional, en donde creó, junto a Orlando Fals Borda, la facultad de sociología. En la Ciudad Blanca, Camilo pronto se vio inmerso en un ambiente de efervescencia juvenil en el que estudiantes de las más diversas disciplinas adherían al régimen recién instalado en Cuba. Incluso algunos que habían viajado a estudiar a La Habana no demoraron en renunciar a las aulas para prepararse política y militarmente. Serían el germen del Ejército de Liberación Nacional, o ELN.

Como capellán y profesor de la Nacional, y después como activista político, Torres estaba profundamente convencido de que el cristianismo bien entendido suponía la creación de una sociedad justa e igualitaria. Y de que sin la revolución, es decir, un cambio radical de las estructuras de poder, la eucaristía carecía de sentido.

Ese principio lo llevó a transformar de manera creciente el establecimiento, que al ver a Torres Restrepo como una amenaza, le empezó a cerrar las puertas. Sus problemas comenzaron en 1962, cuando se enfrentó a la rectoría de la Universidad, que había expulsado injustamente a dos estudiantes. El arzobispo de Bogotá, Luis Concha Córdoba, recién nombrado cardenal, le pidió la renuncia y lo envió como cura (párroco) a la parroquia de La Veracruz. Torres se las ingenió para ingresar a la Esap, donde organizó cursos de capacitación de reforma agraria, acción comunal, viajó por el país y conoció la realidad del campesinado. Diseñó una granja experimental en Yopal para preparar técnicos. También entró a la junta directiva del Incora y mantuvo sus acciones sociales en los barrios del sur del Bogotá y en Cogua. Todo esto sin dejar de ser el lector infatigable que siempre fue.

Retirado de la Universidad Nacional fue nombrado decano del Instituto de Administración Social (IAS), dependencia de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). En realidad, Camilo pasó de un polvorín a otro quizá más explosivo, donde se debatían temas tan álgidos como la reforma agraria y los movimientos campesinos de lucha por la tierra. Como en todos sus proyectos, Camilo se entusiasmó con este nuevo trabajo, que le permitía generar propuestas para solucionar los problemas del campesinado. "Él pensaba que la revolución se podía hacer desde arriba, con la financiación del Estado, pero la realidad le demostraría que este camino no era posible", dice Orlando Villanueva Martínez, quien acaba de publicar el libro Camilo, pensamiento y proyecto político, que completa una serie de trabajos sobre la vida de este sacerdote.

Frente a esta dificultad, el sacerdote decidió "comenzar por la otra punta", es decir, desde abajo. Se dio a la tarea de organizar a la clase popular para tomar el poder mediante una organización que se llamaría el Frente Unido. En octubre de 1964 convocó a un grupo de intelectuales colombianos a elaborar un volumen de soluciones a los problemas del país, pero nadie apareció. Por eso asumió personalmente la tarea de redactarlas, lo que daría origen a la plataforma del Frente Unido. Allí plantea una reforma agraria y urbana, la nacionalización de los bancos, la energía y la seguridad social, en un marco de libertad de cultos y de opinión.

En su último año de vida -de febrero de 1965 hasta febrero de 1966-, Camilo participó en un doble juego: por un lado, dedicó su considerable energía a construir el Frente Unido, viajando a todos los rincones del país para dirigirse a miles de colombianos que colmaban las plazas públicas para escuchar sus planteamientos revolucionarios y antioligárquicos. Por el otro, se comprometió en secreto a apoyar la lucha armada, después de reunirse en la clandestinidad con Fabio Vásquez Castaño. Había tratado de contactar a las nacientes Farc, pero el 7 de enero de 1965, el ELN se inauguró al atacar el pueblo de Simacota (Santander). Allí divulgó su propuesta revolucionaria y Camilo se sintió atraído por la audacia del nuevo grupo y por su proclama política afín con sus ideas. "Con gente como esta se podría trabajar", dijo. Y el joven sacerdote no tuvo mayor dificultad en relacionarse con esos nuevos guerrilleros, pues algunos eran sus más cercanos amigos.

El 26 de junio, tras un largo cruce de cartas con el cardenal Luis Concha Córdoba, la Iglesia aceptó su reducción a estado laico, y el 27 de junio ofició su última misa en la iglesia de San Diego. En agosto, tras una intensa campaña nacional de agitación política y actividad intelectual, comenzó a publicar el semanario Frente Unido, en cuyo primer número insertó un Mensaje a los Cristianos: "Lo principal en el catolicismo es el amor al prójimo... Este amor, para que sea verdadero, tiene que buscar eficacia. Si la beneficencia, la limosna, las pocas escuelas gratuitas, los pocos planes de vivienda, lo que se ha llamado 'la caridad', no alcanza a dar de comer a la mayoría de los hambrientos, ni a vestir a la mayoría de los desnudos, ni a enseñar a la mayoría de los que no saben, tenemos que buscar medios eficaces para el bienestar de las mayorías... Es necesario quitarles el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres... La revolución no solamente es permitida sino obligatoria para los cristianos que vean en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos".

Camilo endureció su discurso y decidió irse el 18 de octubre de 1965 al monte. Temía que su vida corriera peligro en la ciudad, según recuerda su amigo monseñor Germán Guzmán, autor de la biografía El padre Camilo. Su ausencia deterioró rápidamente el Frente Unido. A comienzos de 1966, Camilo difundió desde las montañas de Colombia su 'Proclama al pueblo colombiano', en la que anunciaba su presencia en las filas guerrilleras y convocaba a los colombianos a empuñar las armas en una guerra total contra el poder establecido. Aparecieron fotos suyas con un fusil al hombro prestado para la ocasión. Pidió ser tratado como cualquier otro guerrillero y se propuso conseguir uno, el mismo que trató de tomar en la emboscada del 15 de febrero de 1956 en la zona rural de San Vicente de Chucurí, en Patio Cemento. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, cayó muerto en su primera acción militar.

El entonces comandante de la Brigada, coronel Álvaro Valencia Tovar, reconoció dos días después el cuerpo de su antiguo amigo. Y, como le reveló esta semana a María Isabel Rueda, por orden superior lo enterró en la selva, envuelto en plástico, cerca de una gran ceiba. Tres años después ordenó trasladarlo a Bucaramanga, en donde sus restos fueron los primeros en ocupar el panteón militar recién construido. Allí permanecieron hasta 2002, cuando le fueron devueltos a su hermano Fernando Torres. El gobierno y los militares pensaron que de conocerse su paradero, se habría convertido en un lugar de culto, de peregrinación y de agitación social, por lo que prácticamente el general Valencia guardó el secreto, también por petición de la familia.

Con su muerte, Camilo Torres se convirtió en el Che Guevara de los católicos, no sólo de Colombia, sino del mundo entero.

Publicado en Revista Semana/ www.semana.com

Carlos Castaño mandó asesinar a su hermano Fidel, asegura jefe paramilitar 'Ernesto Báez'

2007-04-26T12:37:00.001-07:00

Abril 26 de 2007

Carlos Castaño mandó asesinar a su hermano Fidel, asegura jefe paramilitar 'Ernesto Báez'

El sino fratricida de la familia Castaño incluye además el asesinato de Carlos, ordenado presuntamente por su hermano Vicente, y el suicidio de una hermana, presionada al parecer por su hermano Fidel.

De los 12 hijos de doña Rosa Gil y de su esposo, Antonio Castaño González -una humilde pareja de campesinos del municipio de Gómez Plata (Antioquia)-, incluidos los jefes 'paras' Carlos, Fidel y Vicente, solo 6 quedan vivos.

Tres de los hermanos Castaño Gil -Eufracio, de 30 años; Reinaldo de 24; y Ramiro- terminaron muertos en sangrientos episodios relacionados con la compra ilegal de armamento y con ajuste de cuentas.

Otros tres -Fidel, Carlos y Rumalda- perecieron en una cadena violenta de homicidios que inicialmente se le atribuyó a la guerrilla y a enemigos en las propias filas paramilitares, pero que ahora parecen tener otro denominador común: el fratricidio.

Así lo aseguró Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', ex asesor de Carlos Castaño Gil (entre 1997 y 1999).

¿Celos o Farc?

Aunque las autoridades esperaban que 'Báez' se refiriera a los homicidios que se le atribuyen, como el del congresista Óscar González, este parece más interesado en 'confesar' los homicidios de otros.

Según le dijo a EL TIEMPO, ya le entregó a la Fiscalía el primer borrador de lo que será un libro, en el que cuenta intimidades de la casa Castaño.

Por ejemplo, aunque Carlos Castaño aseguró por años que su hermano Fidel -ex socio de Pablo Escobar y fundador de las Auc- murió en un enfrentamiento con la guerrilla, el 6 de enero de 1994, su ex asesor cuenta otra historia.

'Báez' dice que personas cercanas a los Castaño, incluidos varios ex 'paras' recluídos en la cárcel de Itagüí, le narraron cómo Carlos mandó asesinar a su hermano mayor después de tener diferencias de todo tipo.

Una de ellas está relacionada con la intención de Fidel de asociarse con las Farc para el tráfico de estupefacientes, lo que habría enfurecido a Carlos.

La otra, tiene nombre de mujer: Olga Escobar, una novia de Fidel, que vivia en Amalfi (Antioquia).

'Báez' dice que Fidel la de sapareció luego de saber que su hermano menor sostenía un romance con ella.

Meses más tarde -agrega 'Báez'- Carlos le pidió a su hombre de confianza, Salvador, que asesinara a su hermano mayor.

Al parecer, otro de los episodios que distanció a los hermanos, fue la muerte de su hermana menor, Rumalda.

Carlos aseguraba que esta había sido asesinada por milicianos en Medellín, cuando salía de la Universidad EAFIT.

Pero 'Báez' dice que se suicidó presionada por Fidel.

"Ella le hablaba en voz alta a los hermanos Castaño -le dijo el ex 'para' a EL TIEMPO- No estaba de acuerdo con lo que hacían".

Y agrega que Fidel la criticaba por su comportamiento y en especial por sus supuestas inclinaciones sexuales.

Es más, dice que Fidel le prohibió a su esposa Margarita Mesa volverse a ver con Rumalda.

"Una noche, Fidel las encontró juntas y después de darles una golpiza a ambas se habría encerrado con su hermana para violarla", le dijo 'Báez' a este diario.

El tercer eslabón

La joven escapó de la habitación pero habría sido detenida en los alrededores de la piscina por los escoltas de Fidel, momento que aprovechó para tomar un arma y dispararse en la frente.

Luego de la muerte de Fidel, entró en escena otro Castaño Gil: Vicente.

Según 'Báez', él y no Carlos, fue quien tomó las riendas de las Auc e inició una expansión sin precedentes.

No obstante, Carlos era la cabeza visible de la confederación paramilitar penetrada por el narcotráfico.

El resto del relato, el país ya lo conoce: Jesús Ignacio Roldán Betancur, alias 'Monoleche', hombre de confianza de Vicente, asesinó a Carlos.

Aunque Vicente ha negado cualquie nexo con ese homicidio, gente de las propias Auc asegura que fue él quien dio la orden motivado por la insistencia de su hermano menor de negociar con E.U. y de cerrale el paso al ingreso de narcos puros en la organización.

'Báez' le dijo a EL TIEMPO que ya le entregó toda esta historia a la Fiscalía. No obstante, el funcionario encargado de su caso aseguró ayer que aun no ha la oficializado y no ha hecho mención del tema en su versión libre.

En todo caso, la historia está consignada en un libro que 'Báez' viene escribiendo desde hace más de 10 años, el cuál está siendo estudiado por una editorial para su posible publicación.

"En el libro también se revelarán correos electrónicos entre Carlos Castaño y alias 'Doble Cero', los cuales implicarían a periodistas", aseguró un asesor de un ex jefe 'para' preso en Itagüí quien añadió no todos están de acuerdo con que 'Báez' publique una historia que nunca presenció.

1994. El 6 de enero, Fidel Castaño fue asesinado. Carlos Castaño decía que fueron las Farc. 'Báez' lo acusa.

2004. El 16 de abril, Carlos Castaño fue asesinado. Vicente, su hermano, iniste en que él no dio la orden.

2006. El 16 de agosto del 2006, días después de que se encontrara el cadáver de Carlos, Vicente desapareció.

Gobierno colombiano no negociará con jefes paramilitares fugitivos

2007-04-26T12:33:00.000-07:00

Abril 26 de 2007

Gobierno colombiano no negociará con jefes paramilitares fugitivos

Los hermanos Miguel y Víctor Mejía Múnera, conocidos como 'Los Mellizos' ofrecieron entregar unos 12 millones de dólares para no ser extraditados a Estados Unidos.

El ministro del interior Carlos Holguín, afirmó que "el gobierno no negociará" con 'Los Mellizos' quienes tras haberse entregado a la justicia en el marco de una negociación de paz que concluyó en abril de 2006, se negaron a ser recluidos en un centro de reclusión temporal y ahora están prófugos.

El funcionario anotó que si los hermanos Mejía Múnera, alguna vez se vieron beneficiados por la ley de Justicia y Paz que se aplica a los desmovilizados, "ya los perdieron por su condición de prófugos".

Y agregó que las autoridades "los seguirán persiguiendo hasta capturarlos", reiterando que el gobierno "no aceptará que ofrezcan dinero a cambio de garantías para su no extradición".

Holguín llamó a 'Los Mellizos' para que se entreguen a las autoridades y devuelvan sus bienes.

El abogado de los Mejía Múnera, Gustavo Salazar, dijo a periodistas que los dos hermanos le pedirían al gobierno darles tratamiento de delincuentes políticos y no de delincuentes comunes.

Además, llamó al gobierno para que emita un decreto con fuerza de ley, con el cual se garantice su no extradición, como condición para ingresar a un proceso de negociación.

Los hermanos Mejía Múnera, sindicados de ser importantes narcotraficantes, ingresaron a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en donde comenzaron a figurar como cabecillas de una facción en el nororiental departamento de Arauca.

Como resultado del proceso de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe, los Mejía Múnera se desmovilizaron y acogieron a la ley de Justicia y Paz que otorga penas de cinco a ocho años, máximo para los delitos de lesa humanidad.

Pero tras la decisión del gobierno de reubicar a los jefes paramilitares en un centro de reclusión temporal en el departamento de Antioquia (noroeste), 'Los Mellizos' y el máximo líder de las AUC, Vicente Castaño, decidieron huír.

Con AFP.

El asesinato de Judith Vergara siembra la zozobra en la comuna 13 de Medellín

2007-04-26T12:31:00.000-07:00

El asesinato de Judith Vergara siembra la zozobra en la comuna 13 de Medellín
La comunidad cree que el crimen de la integrante del Colectivo ‘Madres de la Candelaria’ presagia el violento regreso de los paramilitares. La Alcaldía, por su parte, no acepta dicha versión y prefiere esperar a que las investigaciones avancen. ¿Qué hay detrás de esta muerte?
Fecha: 04/25/2007 -
Tras el asesinato de Judith Astrid Vergara, de 32 años y madre de cuatro hijos, volvieron a soplar los vientos de incertidumbre en la comuna 13 de Medellín. Eso quedó en evidencia durante el entierro en la tarde del martes. No sólo porque se trataba de una de sus más queridas líderes. No todo era una simple expresión de rabia y dolor por un crimen más. Sino también porque éste es un mal augurio de los días por venir: los paramilitares estaban de regreso a una de las zonas más sufridas de la ciudad.

Ya en agosto pasado, tras el asesinato de otro líder social, Hayder Ramírez, la ciudad tenía campanazos de alerta sobre lo que está ocurriendo en esta zona del occidente del Valle de Aburrá.

Pero, después de ocho meses de ocurrida la muerte de Hayder, las autoridades aún no tienen respuesta frente a quién ni por qué lo mataron. A pesar de ello, la Alcaldía de Medellín confía en que los resultados de las investigaciones puedan ayudar mejorar la situación que hoy vive la comuna. El problema es que mientras esperan estos resultados por la muerte de Hayder, el asesinato de Judith les recuerda que los matones no dan tregua.

Judith fue asesinada hacia las 9:30 de la mañana del lunes. Iba en un bus que transitaba por el barrio San Germán, al occidente de la ciudad. Dos hombres se subieron al vehículo y le dispararon a sangre fría. El hecho ocurrió a una cuadra de la sede de la IV Brigada del Ejército.

De inmediato el temor se apoderó de todos las personas defensoras de derechos humanos. Así, por ejemplo, esta semana personas allegadas a Judith como Fernado Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) –de la cual ella también hacía parte–, ya han sido amenazadas, y en barrios como Las Independencias I, II y III, Veinte de Julio y El Salado, la presencia de actores armados ilegales ya fue denunciada hasta por la Defensoría del Pueblo.

Esta entidad presentó un informe el pasado 21 de marzo sobre algunos barrios de la Comuna 13, a través del cual le solicitaba al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (Ciat) la declaración de una alerta temprana para que se tomaran medidas que protegieran la vida de sus líderes barriales. Pero no hubo tal alerta temprana.

Según este informe, “los mecanismos de participación y autonomía organizacional se han constituido en un factor de amenaza ante la hegemonía de actores armados ilegales. Riesgos que recaen principalmente en los líderes y representantes comunitarios, los cuales, ante la negativa de sometimiento ante el nuevo poder barrial, están siendo declarados objetos de ataque”.

La Alcaldía de Medellín, por su parte, no consideró que las cosas fueran así. En un documento enviado el pasado 30 de marzo al Ciat, llamado “La comuna 13 de Medellín: Del miedo a la esperanza, observaciones al informe de riesgo No 009 de 2007”, manifestó que “nada más alejado que las apreciaciones del informe en relación con los peligros y las graves amenazas que se ciernen sobre el liderazgo social de la Comuna”. Los hechos de esta semana son más que elocuentes. El miedo se sigue escribiendo con mayúscula en la comuna 13.

Semana.com le preguntó al secretario de Gobierno de Medellín, Gustavo Villegas, sobre dicho informe y manifestó que el documento no menciona riesgo alguno para los líderes en el barrio el Pesebre, de cuya Junta de Acción Comunal era presidenta Judith. Y agregó que no se puede generalizar a toda la comuna, “el informe sólo menciona unos cuantos barrios”.

Pero otra cosa piensan algunos habitantes de la zona. Carlos Cifuentes vive en el barrio Eduardo Santos, uno de los que no fueron mencionados por el informe de la Defensoría, y manifiesta que nuevos grupos de paramilitares tienen el control de algunas zonas: “Ya no hay nada que hacer… al que no está con ellos, simplemente lo van desterrando o matando”, afirma.

Algunos analistas políticos de la ciudad consideran que el asesinato de Judith tiene raíces políticas. Ella era candidata del Polo Democrático Alternativo a la Junta Administradora Local de la Comuna; también hacía parte de Redepaz, Asapaz Antioquia y las Madres de La Candelaria. Lo que la convertía un blanco fácil para los otros poderes interesados en las Juntas. “No creo que este vaya a ser el último asesinato –dice el analista–. Tristemente, hay que reconocer que los paras quieren quedarse con las presidencias de las juntas y para ello hacen lo que mejor saben hacer, matar”.

El clima está tenso en Medellín. La Alcaldía no quiere que todo el esfuerzo en el proceso de desmovilización en la ciudad y la esperanza de que las cosas en la Comuna 13 pueden cambiar se vayan a pique. Pero es un error seguir negando que nuevos grupos ilegales están apoderándose de buena parte de la zona. La gente de los barrios lo sabe y lo comentan de puertas para adentro. Los líderes no son los únicos amedrentados. El panorama del martes en el Cementerio San Pedro demostró que el miedo es de todos.

Publicado en Revista Semana/ww.semana.com

El espejo del horror

2007-04-26T12:30:00.001-07:00

El espejo del horror

'Colombia busca a sus muertos': el informe especial de seis páginas publicado ayer por este diario estremece y espeluzna. Hablar de entre 10.000 y 30.000 desaparecidos y de descuartizadores paramilitares que 'entrenaban' cortando en pedazos a personas vivas- abre una ventana al lado más oscuro del alma nacional. Esos horrores se han cometido aquí, entre nosotros, por años y años. Colombia, es triste decirlo, se destaca por el número de víctimas y -como lo hizo con el 'corte de franela' en la violencia de los años 50- por 'innovaciones' macabras, como el descuartizamiento de los cuerpos para atiborrar con ellos fosas pequeñas, más fáciles de cavar para los asesinos .

Estremecerse ante sus últimas manifestaciones es comprensible, pero el país debe ir más allá. Para el futuro de la paz y la reconciliación, es indispensable esclarecer hasta el máximo el fenómeno de la desaparición forzada.

* * * *

Miles de familias sufren en medio de la incertidumbre de no saber qué pasó, sin poder hacer un entierro ni un duelo que les permita recuperar, si no al ser querido, al menos algo de sosiego. Hasta hace poco, era ínfimo el esfuerzo del Estado por calmar ese sufrimiento. Durante cerca de 20 años, organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) han adelantando cruzadas casi solitarias, clamando por investigación y justicia. Ahora, con la desmovilización y confesiones de muchos paramilitares y con la Ley de Justicia y Paz, las autoridades tienen una oportunidad única para cerrar las miles de heridas que ha dejado abierta la desaparición forzada. Pero si no se adoptan medidas urgentes y concretas, se corre el riesgo de que este río de cadáveres solo produzca más dolor y más violencia.

La Fiscalía está abrumada por una avalancha de casi 4.000 denuncias sobre ubicación de fosas comunes. Apenas 533 cuerpos han sido exhumados. Tan solo 13 han sido identificados plenamente. ¡Y lo que falta! Se cuenta, por fin, con un Plan Nacional de Búsqueda y con una comisión interinstitucional encargada del tema, que ha empezado a poner en marcha un registro único nacional y un plan urgente de búsqueda de desaparecidos. Pero se necesitan recursos financieros, investigadores, especialistas forenses. Si se quiere realmente esclarecer la suerte de los desaparecidos, exhumar todas las fosas e identificar sus restos, el Gobierno debe aportar fondos y buscar ayuda internacional para elevar la capacidad técnica de un sistema judicial hoy más dependiente de testigos que de pruebas.

* * * *

Un área clave es la del registro único de desaparecidos. Es toda una ironía que desde 1991 exista un plan -en su momento presentado como un modelo- que nunca se aplicó seriamente. Es elemental: sin juntar en una sola base de datos nacional la información sobre los que han desaparecido con la de los N. N. que son encontrados (hay miles de datos sueltos en uno y otro caso), la identificación de los restos es muy difícil. Esa tarea se ha iniciado, pero debe dársele toda la prioridad.

Preocupa que, entre el año pasado y este, el promedio diario de denuncias sobre fosas haya disminuido a casi la mitad. A la luz de la Ley de Justicia y Paz, un deber esencial de los paramilitares -autores de la casi totalidad de las desapariciones- debe ser el de contribuir a su esclarecimiento. De allí, entre otros, el papel de los incentivos para que los perpetradores den información.

Es clave dar a los familiares de las víctimas un papel protagónico en el proceso. Integrantes de sus organizaciones siguen siendo asesinados, como sucedió el lunes con Judith Vergara Correa, que ha acompañado a las Madres de La Candelaria, en Medellín. Esto no es un mero asunto forense. Involucrar a los familiares ayuda a identificar los restos y a hacer el duelo final, y da a las víctimas el papel central que deben tener. Una debida reparación también tiene que ser parte integral del proceso.

* * * *

El país urbano y cosmopolita al que se le cuentan estos horrores cometidos en esa 'otra Colombia' rural debe reaccionar.
"Necesitamos reconstruir nuevamente nuestros corazones y sentirnos identificados por el drama de quienes fueron desmembrados en carne viva por la violencia", escribe hoy un lector en el Foro. En los años 60, cuando se documentaron los inconcebibles excesos de la Violencia, hubo mucha polémica y poco esclarecimiento. Hoy, Colombia toda está en posibilidad de pagar la deuda que tiene con los desaparecidos y sus familias.
Pero solo lo hará si evita los errores del pasado. Es hora de saber y reparar. Si no lo hacemos esta vez, no habrá paz ni reconciliación en demasiados corazones. Ni en el país que los alberga.

Publicado en Periódico El Tiempo/www.eltiempo.com

III FORO NACIONAL DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

2007-04-26T12:26:00.000-07:00

Presentado públicamente
III FORO NACIONAL DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

Bogotá, abril 20 de 2007 - Planeta Paz - El pasado jueves, la Coordinación Colombiana de Medios Alternativos (CCMA) presentó el Tercer Foro Nacional de Comunicación Alternativa que se inaugurará el jueves 3 de mayo en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás en Bogotá.

La presentación contó con la intervención de Eduardo Márquez, director del Centro de solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (CESO-FIP) en Colombia, quien habló sobre la relación entre la libertad de prensa y la calidad de la información. En la introducción de la charla se presentó la FIP, de la cual hacen parte innumerables organizaciones de periodistas en el mundo y de Latinoamérica, exceptuando a Ecuador y Colombia que no tienen asociaciones ni sindicatos de periodistas. En año 2002, preocupados por los asesinatos de periodistas y sindicalistas en el país, se creó el Centro de Solidaridad CESO-FIP.

El periodista Eduardo Márquez habló sobre el desconocimiento que existe, por parte de los periodistas, de la historia del conflicto armando en Colombia. También mostró su preocupación por la situación crítica de contratación de los periodistas en Colombia, tanto en los grandes medios como en los de provincia. Concluyó exponiendo que la libertad de prensa en nuestro país está tamizada por la relación comercial que los periodistas tienen con las empresas y por las constantes presiones a las que se enfrentan por parte del gobierno, la corrupción, la violencia y los continuos ataques de los actores armados.

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Ampliado plazo de inscripciones para participar en el
III FORO NACIONAL DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

Luego de analizar las solicitudes de inscripción de colectivos regionales y locales de comunicación de organizaciones sociales y personas interesadas en participar en el III Foro Nacional de Comunicación Alternativa, el comité organizador del evento acordó ampliar los plazos de inscripción de la siguiente manera:

1 - Inscripción de ponencias - Hasta el viernes 27 de abril. Deben ser enviadas al correo foroccma@gmail.com y deben corresponder a los siguientes ejes temáticos:

- Comunicación alternativa en el contexto colombiano.
- Articulación de los medios alternativos.

1 - Inscripción de participantes - Hasta el sábado 28 de abril. Los colectivos, medios, organizaciones, proyectos y personas interesadas en participar en el III Foro Nacional de Comunicación Alternativa pueden comunicarse a foroccma@gmail.com antes de esa fecha y especificando los siguientes datos:

- Nombre del medio de comunicación, propuesta o proyecto.
- Organización.
- Ciudad, región o comunidad.
- Breve reseña de su trabajo.
- Persona de contacto y número de teléfono móvil.
- Personas que asisten.
- ¿Requieren lugar de estadía en Bogotá?
- En caso de traer una muestra de su trabajo, ¿qué elementos requieren?

En cuanto a los recursos y responsabilidades prácticas para la realización del evento, el nodo Bogotá de la CCMA actuará como comité organizador y se encargará de garantizar condiciones de estadía y alimentación a los delegados de las regiones que así lo requieran, de manera que éstos deben gestionar exclusivamente los recursos para su transporte a la capital.

Mayores informes:

ccmacolombia@yahoo.com - Celular 310 5614276

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Programación
TERCER FORO NACIONAL DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA
Bogotá - mayo 3, 4 y 5 de 2007
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, se convoca a todos los colectivos y organizaciones con productos de comunicación alternativa a la ciudad de Bogotá, los días 3, 4 y 5 de mayo de 2007 para desarrollar las siguientes actividades:

Jueves 3 de mayo
10am-1pm
Recibimiento de las delegaciones y acreditación

2pm Inauguración

Bienvenida y presentación del Foro nacional y su metodología
Informe y balance de actividades de la CCMA, mayo de 2005 a mayo de 2007
Panel de invitados nacionales e internacionales (Venezuela, Argentina, etc.)

6pm Acto simbólico - Campaña por la Libertad de Prensa y Expresión - "Ni censura ni autocensura: desatemos todas las voces"
Viernes 4 de mayo
8am
Panel - La comunicación alternativa en el contexto colombiano

Nota: Las ponencias para este panel podrán inscribirse hasta el lunes 23 de abril.

10am-1pm Mesas Regionales - Conformadas por colectivos y organizaciones de cada región para definir tareas de articulación y tareas propias para cada zona, con el fin de articular el proceso nacional

2pm Plenaria - Socialización y discusión de reultados de las mesas regionales
4pm Mesas temáticas - Articulación nacional de la CCMA

Nota: Las ponencias podrán inscribirse hasta el lunes 23 de abril.

6:30pm Acto cultural y muestra de comunicación
Sábado 5 de mayo
8am
Plenaria - Socialización de las propuestas sobre articulación nacional

10am Presentación - Lanzamiento del canal ALBA TV en Colombia

1:30pm Plenaria - Plan Nacional de la CCMA

Presentación de la propuesta de Plan Nacional de la CCMA, a cargo de la mesa coordinadora del evento
Presentación de otras propuestas
Discusión y ajustes

4:30pm Plenaria - Propuesta final de plan y presentación de conclusiones generales
5:30pm Votación y aprobación de plan nacional, conclusiones y declaración final

6:30pm Clausura - Acto cultural, concierto, etc.

Información complementaria

Convocatoria completa del III Foro Nacional de Comunicación Alternativa

Crisis internacional: nuevo escudo del gobierno en el paragate

2007-04-26T12:24:00.000-07:00

Crisis internacional: nuevo escudo del gobierno en el paragate

El martes pasado, en el marco de la audiencia sobre el paramilitarismo en el departamento de Antioquia, se puso en evidencia nacional e internacional la incidencia de políticas gubernamentales, del orden local y nacional, en la creación y obtención de apoyo institucional y político a grupos paramilitares, principalmente a través de las mal llamadas cooperativas de seguridad Convivir y del papel de Álvaro Uribe en su paso por la Gobernación de Antioquia, hechos evidentes que impulsan la crisis internacional que se desata con el freno que el parlamento estadounidense realiza sobre un paquete de más de cinco millones de dólares en financiación del Plan Colombia y sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la nación del norte.

A los argumentos del senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo (PDA), se refirió Uribe el pasado jueves en la noche, en los horarios de mayor audiencia televisiva, durante una sorprendente alocución presidencial a modo de rueda de prensa, en la cual respondió preguntas de cinco medios de comunicación, expresando que era de interés nacional manifestar su preocupación por la actitud del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, quien se negase la semana pasada a participar en un foro ambiental al que también estaba invitado el jefe de Estado.

La audiencia y las pruebas presentadas

Dos elementos centraron las acusaciones públicas de la audiencia del 17 de Abril: en primer lugar, se plantea la discusión sobre quién autorizó en los hechos y puso en marcha a las Convivir, lo cual remite directamente al periodo en el que Álvaro Uribe ejerció como gobernador de Antioquia; de otra parte, los vínculos del narcotráfico con estas cooperativas y con su empleo en la estrategia paramilitar, lo cual no sólo implica los nombres de reconocidos jefes de la ultraderecha en armas, sino al propio Santiago Uribe, hermano del presidente; a Fabio Valencia Cossio, consejero presidencial de alto nivel y gestor de la reelección; al general Daniel Ernesto Castiblanco, actual comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; al general (r) Rito Alejo del Río, ex comandante de la brigada XVII del Ejército con sede en Carepa (Antioquia) e involucrado en múltiples investigaciones por crímenes de lesa humanidad, y a una lista de lideres paramilitares que, aunque asentados en la región antioqueña, han delinquido en todo el territorio nacional.

Las acusaciones, que fueron sustentadas con pruebas determinantes, no sólo ponen en evidencia el apoyo, sino el trabajo conjunto de las fuerzas militares y las estructuras políticas regionales con las actividades paramilitares, lo que implica una responsabilidad directa del Estado. No se puede considerar que el debate de las Convivir está superado por un decreto presidencial, pues la reparación a las víctimas, las investigaciones y el reconocimiento de responsabilidad se encuentran pendientes.

Para demostrar esto, la argumentación de Petro incluyó casos documentados como el asesinato de 15 campesinos en El Aro (Antioquía), bajo el mando del paramilitar Francisco Enrique Villalba, alias 'Cristian Barreto', en la cual se utilizaron dos helicópteros, uno de los cuales pertenecía a la Gobernación de Antioquia, durante la regencia de Uribe.

En otro caso similar, mientras que en 1997 Álvaro Uribe ejercía como gobernador de Antioquia, se documentó un mensaje de beeper recibido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias 'Lucas', jefe de finanzas de la organización de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, en el que decía: "te recuerdo llamar al gobernador, presénteme y que yo lo visito en la tarde". Ante esto, la única defensa que el mandatario fue capaz de exhibir en su rueda de prensa fue argüir que 'El Gobernador' podía ser un alias de cualquier persona.

En cuanto a las conexiones con el narcotráfico, es de resaltar la presentación de una fotografía de 1985 en la que aparecen Santiago Uribe, hermano del presidente, y Fabio Ochoa, entre otros reconocidos líderes del Cartel de Medellín, lo que comprobaría la relación de la familia Uribe con aquella organización criminal, fundadora de los principales grupos paramilitares del país, y se relacionaría con los testimonios citados por el PDA sobre la fuerte presencia de esto criminales de guerra en las haciendas La Carolina y Guacharacas, ubicadas en Santa Rosa de Osos (Antioquia) y de las cuáles son socios los hermanos Uribe Vélez, y sobre las decenas de víctimas de asesinato y desaparición forzada que se han relacionado con estos latifundios.

Sin embargo, el argumento que incide directamente sobre Álvaro Uribe respecto a las Convivir, consiste en la orden de creación de las cooperativas Deyavane, en Yarumal, y Siete Cueros, en La Ceja, por los reconocidos, ya por ese entonces, jefes paramilitares 'Julián Bolívar' y 'Chepe Barrera', respectivamente.

La defensa de Uribe: un 'interés nacional'

Las declaraciones de Petro desbordaron lo esperado y preparado por el gobierno y su coalición mayoritaria en el Congreso. "Se subestimó a Petro", mencionó la senadora Gina Parody, delegada como vocera del Partido de la U para el debate. Las actividades de la defensa gubernamental se pueden dividir en dos etapas: la primera, el mismo martes 17 durante el debate y, la segunda, en la alocución presidencial del jueves 19.

El pasado de Petro fue un argumento utilizado por la defensa de Uribe, con la intención de desviar el debate hacia su vida como militante del desmovilizado Movimiento guerrillero 19 de abril (M-19). También de 'novelón' se tildaron las acusaciones directas sobre la creación de las Convivir y sus nexos personales, familiares y políticos con el narcotráfico, aspectos que evidencian la fuerte carencia de argumentos en la construcción del debate.

Adicionalmente, el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, arguyó que, en su opinión, Gustavo Petro abusó de su condición de senador de la República, al acceder a expedientes judiciales con reserva sumarial, argumento que no se ha reiterado por parte del presidente Uribe.

Los argumentos de la alocución presidencial, vestida de rueda de prensa, estuvieron mejor elaborados y ceñidos por la gran capacidad verbal de Uribe. Sin embargo, se sigue esquivando el debate de fondo y no se toca la necesidad de obtener la verdad respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidos por estas organizaciones delincuenciales, al no referirse al papel del Estado y del gobierno de Antioquia respecto a la creación y manejo de lso grupos paramilitares.

La posición crítica de Al Gore frente a Uribe, pone de manifiesto una potencial crisis en las relaciones internacionales con Estados Unidos, de la cual se culpabiliza a Petro y al PDA, argumento que, de forma velada, legitima la diferencia en los escenarios del debate cuando la alocución presidencial fue transmitida en cadena nacional por todas las emisoras de radio y todos los canales públicos de televisión y el debate a sus actuaciones apenas contó con la emisión radial realizada por Indymedia Colombia y con su presentación en el Canal Institucional.

Respecto a la familia Uribe, los puntos de la alocución se dirigieron en gran parte a exaltar las cualidades humanas de los integrantes de la misma, sin importar que el debate del martes 17 no se centra en la calidad individual sino en las demostradas actitudes políticas que indican el papel de estas personas en una política de Estado frente a un presunto "control del terrorismo".

En lo referido al manejo del paramilitarismo, se habla de un actual proceso de desmovilización de 30.000 paramilitares. Sin embargo, no se habla de garantías reales para la obtención de la verdad ni para la aplicación de las leyes, cuando los argumentos y pruebas aportadas durante la audiencia demostraron el papel del Estado en una época de violaciones masivas de derechos Humanos, agudizada en 1997, durante el gobierno de Uribe en Antioquia.

Todas las estructuras de los partidos políticos tradicionales, desde ediles hasta senadores y hoy hasta el presidente, están y estuvieron permeadas por los grupos paramilitares, aspecto que debe ser centro de debate.

Si el debate ya estuviera superado y fuera un mero intento de Petro por desestabilizar al país y sus relaciones internacionales, como asegura el gobierno, ya existiría un reconocimiento de la verdad y una plena reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos tras el apoyo y la colaboración del Estado con las actuaciones paramilitares. Las declaraciones que implican a Uribe y su familia no son ataques contra la nación, sino un camino para lograr el derecho de miles de víctimas a la verdad. Plantear un debate que implica al Primer Mandatario en actos de corrupción y en crímenes de guerra no significa declararse enemigo de la nación ni de sus intereses, como malintencionadamente quieren hacer ver Uribe Vélez y su grupo en el gobierno, sino una necesidad por hacer justicia en una cruda realidad que tiene como piso la responsabilidad del Estado colombiano en estos ilícitos, lo cual no puede esquivarse con decretos del orden nacional, leyes de auto amnistía o de perdón y olvido.

2007-04-19T15:14:00.000-07:00

Corte Suprema de Justicia vincula a más congresistas por la para-política
Entre los nuevos investigados por la alta corporación están el presidente de la Cámara, Alfredo Cuello y el representante Álvaro Morón. Entre tanto, la Corte acepta que el caso de Araújo sea llevado por la Fiscalía.
Fecha: 04/18/2007 -
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia vinculó a las investigaciones por para-política al presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Cuello Baute, al senador Rubén Darío Quintero y al representante Álvaro Morón.

Cuello Baute es del Partido Conservador y representante del departamento de Cesar. Su colega Morón pertenece a Alas Equipo Colombia y representa al mismo departamento.

Por su parte, el senador paisa Quintero es militante del partido Cambio Radical y está señalado de recibir favores políticos del paramilitar conocido con el alias de ‘El Alemán’. Según las primeras versiones, la alianza se hizo para obtener cerca de 26.000 votos en Antioquia.

Además de los anuncios de la vinculación de estos legisladores, la Corte publicó su decisión de permitir que la Fiscalía investigue al ex senador Álvaro Araújo después de haber renunciado a su fuero de legislador.

Araújo es un reconocido político de Cesar, máximo líder de Alas Equipo Colombia y heredero del fortín político de su padre, Álvaro Araújo Noguera (prófugo de la justicia).

Pero ahí no terminan las decisiones de la Corte. En la tarde de este miércoles también se conoció que habrá detención domiciliaria para los congresistas Luis Eduardo Vives y Alfonso Campo Escobar, señalados por nexos con paramilitares.

De esta manera, se ahonda la crisis desatada desde hace más de un año tras el proceso por la vinculación de congresistas y miembros del gobierno con grupos de autodefensas.

Aunque el tema no era nuevo para la justicia, sólo entonces comenzó a funcionar el aparato estatal encargado de las averiguaciones, pese a que algunos entes como la Fiscalía tenían la mayoría de las pruebas represadas desde hacía más de cinco años.
Por cuenta de estas investigaciones están tras las rejas ocho pesos pesados de la política colombiana.

Los tres primeros fueron los senadores congresistas Álvaro García y Jairo Merlano y el representante Erick Morris, todos del departamento de Sucre y miembros de la bancada uribista en el Congreso.

La Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a los congresistas, les abrió investigación el 18 de octubre de 2006. Una semana después, los llamó a indagatoria, y finalmente les dictó orden de captura por concierto para delinquir en asocio con grupos de autodefensas. García está acusado de participar en el complot para ordenar algunas de las masacres de campesinos cometidas entre 2000 y 2002.

El 15 de febrero de este año, tras dos meses de zozobra sobre lo que ocurriría, la Corte ordenó la captura de seis congresistas más, esta vez por las denuncias sobre infiltración paramilitar en Cesar y Magdalena.

Se trataba de Álvaro Araújo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo y Jorge Caballero, todos uribistas señalados de tener vínculos con ‘Jorge 40’ y beneficiarse de la repartición electoral decretada por los paras y revelada por la analista Claudia López.

Aunque los cinco primeros fueron capturados esa misma noche, el último sigue prófugo. Maloof, Caballero y Vives habían sido expulsados del uribismo a comienzos de 2006, por vínculos con autodefensas, pero luego volvieron al redil con la bendición presidencial.

A finales de marzo Araújo envió una carta al Senado llena de calificativos contra la Corte Suprema y renunciando a su condición de congresista, con el fin de que su caso pasara a competencia de la Fiscalía.

Idéntica decisión había tomado Merlano semanas atrás. El debate político sobre el tema no se hizo esperar. Mientras los congresistas de la oposición aseguraron que se trataba de una maniobra para burlar la justicia, ex magistrados como Eduardo Cifuentes pidieron a la Corte que mantenga la competencia sobre los x congresistas.

Mientras Araújo y Merlano dicen que la Corte les violó el debido proceso y que prefieren que los investigue la Fiscalía (en la cual el proceso tiene dos instancias) los analistas se preguntan qué pasará si todos los salpicados optan por la misma decisión si se tiene en cuenta que la Corte ha sido la punta de lanza de las investigaciones.

Trino Luna, gobernador de Magdalena, fue suspendido de su cargo y también está detenido, tras los señalamientos de la congresista Piedad Córdoba de que fue impuesto como candidato único por las autodefensas.

Aunque en principio Córdoba, en calidad de presidenta de la Dirección Liberal, avaló la inscripción de Luna como candidato liberal, después denunció que los paramilitares le estaban ayudando a hacer campaña.