United ‘blood’ company

Los cambios de nombre no han transformado los hábitos
United ‘blood’ company

En 1970, la United Fruit Company se convirtió en United Brands. En el 90 pasó a ser Chiquita Brands.
Fernando Araújo Vélez


sábado, 31 de marzo de 2007

Nunca se supo cuántos fueron los muertos que dejó la orden del general Gonzalo Cortés Vargas de disparar sobre la multitud apostada en la plaza de Ciénaga en la madrugada del 6 de diciembre de 1928, pero García Márquez relataría tiempo después que fueron más de tres mil, y que había trenes repletos de cadáveres que iban hacia el mar, trenes de la muerte que él mismo se inventó pues su obra los requería.

“Las bananeras es tal vez el recuerdo más antiguo que tengo... Fue una leyenda, llegó a ser tan legendario que cuando escribí Cien años de soledad pedí que me hicieran investigaciones de cómo fue todo y con el verdadero número de muertos, porque se hablaba de una masacre, de una masacre apocalíptica. No quedó muy claro nada, pero el número de muertos debió ser bastante reducido... y para mí fue un problema porque cuando me encontré que no era realmente una matanza espectacular en un libro donde todo era tan descomunal como en Cien años de soledad, donde quería llenar un ferrocarril completo de muertos, no podía ajustarme a la realidad histórica... decir que todo aquello sucedió para tres o siete, o diecisiete muertos... no alcanzaba a llenar... ni un vagón. Entonces decidí que fueran tres mil los muertos, porque era más o menos lo que entraba dentro de las proporciones del libro que estaba escribiendo”.

Tres, como dijo el general Cortés al día siguiente, o 70, como aclararía una semana más tarde en una entrevista a El Espectador, o 100, como dijeron algunos historiadores, o 700, como reseñaron los periódicos liberales de la época, el número de los muertos de aquella madrugada pasó a ser un mito que le dio al suceso un certificado de histórico e inconmensurable, aunque los libros de texto de Historia lo hubieran ignorado durante más de 50 años. Para unos, fue el principio del fin de la hegemonía conservadora que perdió las elecciones presidenciales de 1930. Para otros, el botón de muestra de las turbulentas relaciones que han surgido en la zona desde tiempos a entre el Estado y las multinacionales.

La United Fruit Company se instaló en Colombia a comienzos del Siglo XX, para quedarse eternamente, aunque cambiara de nombre en el 70 por el de United Brands, y en el 99, por el de Chiquita Brands. Sus directivas solían decir que la mejor carta de presentación para la empresa era que se hubiera fundado en Boston, a comienzos de 1889. Todo en ella, y en ellos, parecía impecable. Cuando arribaron al Magdalena, se hicieron construir una ciudadela de película, con los prados muy verdes, flores, casonas de cinco y seis habitaciones, avenidas internas y una reja muy blanca que dividía su mundo, y a sus hijos rubios, del otro mundo, el de los labriegos, negros, mulatos o mestizos que laboraban de sol a sol sin ningún tipo de prestación social. “Nuestra única gran felicidad al mes era cuando se aparecía el tesorero de la ‘Iunite’ a pagarnos, con billetes nuevecitos que de pura felicidad botábamos al viento para bañarnos en plata”, relataba diez años atrás Juan Domingo López, uno de aquellos jornaleros, sobreviviente de los tiempos de la masacre.

Con la revolución bolchevique de 1917 todo comenzó a cambiar para ellos, porque las noticias les llegaban por medio de aquellos a quienes les interesaba que les llegaran. “Eran señoritos muy viajados que iban a visitarnos, aunque no parecían tan señoritos, pero hablaban muy bien”. Los diarios conservadores los tacharon de “comunistas”, y para ellos y sus propietarios eran una raza que había que exterminar. Por ello, promovieron y aplaudieron la aprobación de la Ley Heroica que el presidente Abadía Méndez sancionó para prohibir que los sindicatos atacaran el derecho de propiedad privada o desconocieran su legitimidad, y para castigar a quienes fomentaran la lucha de clases.

Los sindicalistas de la United decretaron la huelga el 12 de noviembre, liderados por Raúl Eduardo Mahecha. Los obreros exigían descanso dominical remunerado, un aumento sustancial del sueldo y que les mejoraran las condiciones de sus casas. “Todo iba bien, hasta que salió la dichosa ley del presidente”, recordaba López. La compañía se sintió respaldada y rechazó de plano el pliego de los trabajadores, a quienes tachó de “subversivos”. Abadía Méndez envió a la tropa, al mando del general Carlos Cortés Vargas.

En la lejana Bogotá se decía que los huelguistas, hasta ese momento pacíficos, manipulados por agitadores comunistas, habían emprendido una revolución de tipo bolchevique cuyo primer paso era “ajusticiar” a los directivos de la United Fruit y a sus familias el 6 de diciembre. Ellos, ajenos e indiferentes a lo que se comentara, fueron llegando con sus niños y sus mujeres a la plaza principal de Ciénaga. Jorge Eliécer Gaitán, quien dedicó meses a investigar los hechos, diría en la Cámara que sus propios lugartenientes le habían oído decir a Cortés Vargas que si había niños y mujeres, era porque los “comunistas” los usaban como muralla, pero que él, Cortés Vargas, no se iba a dejar amedrentar por tan poca cosa.

Un Gaitán exaltado dijo luego que “resta averiguar si no hay medidas preferibles y más eficaces que las de dedicar la mitad del ejército de la República a la matanza de trabajadores colombianos a quienes, durante la huelga mantenida hasta hace poco en perfecto orden, hizo exaltar y enfurecer la presencia provocadora de las tropas movilizadas, la sustitución de funcionarios civiles por militares, la certidumbre larga, dolorosamente fundamentada, de que la United Fruit Company tiene corrompida y dominada la organización del Estado en el departamento y la mayoría de los estamentos sociales directivos…”.

Para rematar su intervención de septiembre del 29, Gaitán dijo: “Que el señor Presidente de la República se levante sobre la tumba de los sacrificados para escupir su hiel y su veneno, cuando por simples sentimientos de humanidad tales vocablos le estaban vedados ante la majestad de la muerte y del dolor, es cosa que causa ironía y que muestra las lacras de la mentida justicia humana”. Los conservadores estaban a meses de perder el poder. Gaitán los fustigaba, con documentos en mano, y los acusaba de la masacre, de la explotación campesina y de complicidad con las multinacionales, en especial con la United Fruit Company.

A la una de la madrugada del 6 de diciembre del 28, Cortés Vargas les advirtió a los huelguistas que tenían cinco minutos para retirarse de la plaza, o de lo contrario, su ejército dispararía sobre ellos. Les dio un minuto más, pero los trabajadores no se movieron. Entonces dio la orden, y los cuerpos de cientos de hombres, niños y mujeres comenzaron a caer.



Publicado en El Espectador/www.elespectador.com.co

Novena conferencia de las Farc se hizo en enero y a ella asistieron sus comandantes, dice el grupo
Durante varios meses, los miembros del Estado Mayor de la organización se desplazaron por el país para ir a la cita, afirma un mensaje divulgado por internet, que no precisa el lugar de la reunión.


Las autoridades han asegurado que si la conferencia se realizó fue a través de Internet. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha asegurado que las operaciones de la Fuerza Pública les han impedido a los insurgentes celebrar el encuentro nacional.

En la nota, las Farc afirman: "ni el fracasado 'Plan Patriota' ni los posteriores operativos militares de exterminio contra nuestra organización ejecutados por (el presidente) Álvaro Uribe con su amo y padrino George W. Bush lograron impedir la movilización".

La Novena Conferencia Nacional Guerrillera se realizó "con éxito", agregó el llamado Secretariado del Estado Mayor Central de la organización, conformado por siete altos jefes rebeldes.

El órgano de mando está encabezado por el septuagenario Pedro Antonio Marín ("Manuel Marulanda Vélez" o "Tirofijo"), fundador y "comandante en jefe" de las Farc, que surgieron en 1964.

En el encuentro, destacó el mensaje, "participaron la totalidad de los bloques, comandos conjuntos, frentes, columnas, compañías, guerrillas, escuadras, fuerzas especiales, unidades urbanas y unidades tácticas".

En la conferencia se estudiaron y discutieron "las tesis y documentos centrales" elaborados por el Secretariado, dijeron las Farc, y apuntaron que ella transcurrió "en un ambiente de fraternidad revolucionaria, absoluta unidad ideológica y política en torno de los planes y conclusiones aprobadas por unanimidad en el evento magno".

Asimismo, terminó con "plena ratificación del compromiso con los objetivos de la lucha política militar por la conquista del poder", con todas las formas de lucha combinadas, "para beneficio de los intereses de la nueva Colombia en cabeza de un gobierno democrático de amplia coalición por la reconciliación de la familia colombiana".

Las conclusiones fueron recogidas en una "declaración política", que será publicada "en próximos días", continuó el grupo insurgente, aunque anticipó que en dicho documento se destaca "el análisis sobre la situación social, económica, política y militar generadoras de la creciente crisis institucional colombiana".

Según las Farc, esta crisis se ha profundizado "como nunca antes con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez por sus históricos nexos con las mafias del narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción, la politiquería y estímulo artificioso de la Casa Blanca".

Agencia Efe


www.eltiepo.com

Las prepago van a clases
Por Juan Guillermo Duque
Dos alumnas de la Institución Educativa Finca de la
Mesa, en Medellín, llegaron a su acostumbrado parche,
donde Greta (*), de 14 años, se reunía con varias
compañeras y amigos para invitarlas a la Feria de
Ganado, en el norte de la ciudad.

Allá se encontraban con unos señores que al principio
no les hicieron malas propuestas sino que las
invitaban a gaseosas y dulces.

Más adelante empezaron a ofrecerles 1.000 y 2.000
pesos, según lo “formaditas” que estuvieran y sólo
para acariciarlas.

Cada vez eran mayores las exigencias y el dinero que
les daban por algunas prácticas sexuales más
atrevidas.

Las dos niñas de la Finca de la Mesa recibían dinero
sólo por llevar más amigas.

Luego se vieron involucradas en un grupo conocido como
Las Tostadas. Se involucraron también en partidos de
fútbol que en varias oportunidades terminaron en
grescas.

Esas actividades empezaron a mostrarlas como parte de
un grupo violento (combo) y a partir de eso, muchas
personas del sector descubrieron la actividad que
ejercían: eran chicas prepago.

(*) Nombre cambiado

Las prepago

El concepto de “chicas prepago” se identifica con una
modalidad de prostitución que varía según el nivel
socioeconómico. Se diferencian con una trabajadora
sexual tradicional porque en esa venta continuada del
cuerpo obtienen mayores ganancias, casi exorbitantes.

Se especula que en los niveles sociales más altos,
existen modelos reconocidas o presentadoras de
televisión, quienes ofrecen el disfrute de sus cuerpos
por un plazo determinado, a cambio de miles de
dólares.

Voz de experto

No se puede esconder

“No se trata de negar una realidad social que de
alguna manera permea a las instituciones educativas y
genera un estado de atención, alerta y preocupación,
para resolverlo conjuntamente” , manifiesta Duqueiro
Espinal, director técnico de la Prestación del
Servicio de la Secretaría de Educación.

Por eso, el pasado martes se realizó una reunión en la
comuna 2 de Medellín, (Santa Cruz), para mostrar un
trabajo integral y articulado que ya arroja resultados
positivos.

El problema de la prostitución y de las prepagos no es
de una única institución y de un determinado estrato
en el país.

Hace dos años también se detectó una situación similar
en la I.E. Gilberto Alzate Avendaño, donde cinco niñas
ejercían la actividad de prepagos, al inducir a otras
para tomar el mismo camino.

Se llamó a los padres de familia y se les informó.

Preguntas y respuestas

“Las Tostadas”

¿Quién detectó lo que estaba sucediendo? El caso fue
detectado el año pasado por Carlos Arturo Sinisterra,
coordinador de la Institución Educativa Villa del
Socorro.

¿Cómo se dio cuenta el educador? Notó la ausencia en
las clases de varias alumnas, y al indagar por las
causas se dio cuenta de que algunas de ellas
pertenecían a Las Tostadas.

¿Quiénes eran “Las Tostadas”? Un grupo de adolescentes
que había sido reclutado como chicas prepago.

¿En que consistía su actividad? Varios días a la
semana, en lugar de ir al colegio se dirigían a la
Feria de Ganado a ejercer la prostitución.

¿Qué hizo el profesor? La institución empezó a tomar
acciones conjuntas con la Secretaría de Gobierno, que
hizo presencia en el sector de la feria.

¿Cómo se enteran los padres de familia? Directivos del
colegio se reunieron con los padres de familia y las
alumnas implicadas.

¿Qué ha sucedido con esas adolescentes? En la
actualidad, las niñas que hacían parte de Las
Tostadas, son asistidas por sicólogos de la Policía,
el plantel y el centro de salud, y van a clases sin
falta y no quieren volver al combo.

¿Libre oferta?

La actividad es considerada un negocio de tal
libertad, que por Internet existe un sitio que bajo
las siguientes estipulaciones ofrece el servicio de
modelos prepago en cualquier parte del país.
(Publicamos el texto tal y como aparece):

“En esta página usted encontrará todo tipo de modelos,
desde primíparas hasta modelos VIP de pasarela, con
cirugías plásticas o cuerpos naturales, blancas,
negras, pelirrojas, pelinegras, rubias... Sólo debes
escogerla y llamar con una hora de anticipación para
solicitar el servicio. El pago es en efectivo, pesos o
dólares, está incluido el transporte. Las fotos son
100% reales y si no puedes tomar el servicio o ya no
quieres, debes cancelar el 10% del valor del servicio.
El servicio incluye varias relaciones vaginales, sexo
oral, masaje o show durante una hora y 15 minutos”.

Cifras lamentables

• Casi millón y medio de niñas y niños, de 7 a 17
años, trabajan en Colombia. De ellos, el 90% lo hace
en el sector informal de la economía y más del 25% se
encuentra en riesgo y peligro.

• Dos millones de niñas y niños son maltratados al año
en Colombia. Cerca de la mitad sufren maltrato severo.
El 70% de casos de abuso sexual reportados tienen a
una niña o niño como víctima.

• Se estima que 50.000 mujeres, niñas y niños
colombianos han sido víctimas del tráfico de personas
hacia el exterior. En Colombia la prostitución
infantil ha crecido tres veces en los últimos tres
años, existiendo cerca de 30.000 niñas y niños
vinculados al mercado sexual.

• Según la Fundación Renacer, en Colombia hay
18’000.000 de personas menores de 18 años y las
investigaciones desarrolladas estiman cifras que van
desde considerar que hay 4.477 mujeres menores de 20
años ejerciendo la prostitución (Censo de la Policía
Nacional, 1997) hasta plantear que existen 35.000
niños(as) vinculados(as) a esta práctica (estimación
del DAS y la Interpol, 1998) pasando por una cifra
media de 20.000 niños(as) explotados(as) sexualmente.

http://www.vanguard ia.com/2007/ 3/2/pri5. htm

Más sospechas de nexos entre 'paras' y militares revelan reportes de la CIA y Embajada de E.U.

Marzo 31 de 2007 - 9:30 a.m.
Más sospechas de nexos entre 'paras' y militares revelan reportes de la CIA y Embajada de E.U.

Documentos elaborados entre 1994 y 1997, recién desclasificados, revelan que el entonces embajador Myles Frechette advirtió al Departamento de Estado que las Convivir degenerarían en los 'paras'.


Los documentos fueron desclasificados por presión de los Archivos de Seguridad Nacional, organización asociada a la Universidad George Washington.

Son un análisis del período 1994-1997 (gobierno Samper), uno de los momentos más tensos de las relaciones entre los dos países. En los documentos, los estadounidenses cuestionan las "prioridades" de algunos mandos de la época.

Hace una semana, la tormenta la desató la aparición de un informe de una agencia de un "tercer país" que nunca fue verificado y que señalaba al general Mario Montoya de haber hecho acuerdos con las Auc en Medellín en el 2002.

Esto dicen los informes:

Informe de inteligencia militar, Julio de 1997

Es un reporte sobre la conversación sostenida entre militares de E.U. y un coronel colombiano cuyo nombre aparece tachado en las páginas publicadas.

Los americanos aseguran que el coronel "es el primer oficial que dice abiertamente que existen serios problemas con las Convivir pues son muy "difíciles de controlar" y sostiene que existe certeza dentro del Ejército de que terminarán convertidas en grupos paramilitares e involucradas en narcotráfico.

El militar les dice que "la situación de violencia que se vive en el país y el auge de la guerrilla y el paramilitarismo no podrán ser controladas mientras Samper siga en el poder".

Informe de la CIA, diciembre 2 de 1997

Se titula "Actualización sobre los vínculos entre paramilitares y el Ejército" y es el más duro de todos los reportes, pues sostiene que existe poca voluntad para combatir a las Auc. También menciona la "asistencia mutua" en una serie de operaciones que culminaron en masacres y cuestiona a varios generales.

Según el reporte, el desaparecido Carlos Castaño movió sus 'paras' en septiembre de ese año a Arauca para asistir al Ejército en operaciones contra la guerrilla. Y da crédito a la aparente complicidad en la masacre de Mapiripán: "Unidades del Ejército que podrían recibir asistencia no hicieron nada para impedirlo".

Sostiene también que el general Manuel Bonnet y su antecesor en el Comando General de las FF.MM., Harold Bedoya, "muestran poca inclinación a combatir a los grupos paras". Y dice lo mismo del general Néstor Ramírez, quien llegó después al Comando del Ejército.

Todas las agencias estadounidenses en Colombia enviaron alertas

DICIEMBRE DE 1994

"Debemos hacerle entender (a Fernando Botero, Mindefensa) que nunca ha existido un grupo de seguridad para-estatal (Convivir) que no haya violado los DD. HH."
Del embajador Myles Frechette al subsecretario John Shattuck.

"La marcha contra el secuestro (Bogotá, en diciembre de 1996) fue patéticamente 'light' (...) los colombianos parecen reacios a protestar por sus problemas"
De la Embajada al Departamento de Estado.

"La presencia de un general del que se cree tiene nexos con los paramilitares será probablemente interpretada por otros como tolerancia frente a los vínculos".
Informe de la CIA, sobre supuestos nexos entre militares y las Auc.

"Es el primer oficial que dice abiertamente que hay problemas con las Convivir (...) dice que son muy difíciles de controlar y las compara con las Rondas Campesinas".
Informe de Inteligencia Militar de E.U. sobre una charla con un coronel.

Diplomacia tensa

Por la época de los reportes desclasificados, en pleno gobierno de Ernesto Samper Pizano, las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Washington andaban en su peor momento debido al escándalo del proceso 8.000.

Tal vez eso explique por qué los análisis de los norteamericanos parecen no haber tenido mayor eco, especialmente en lo que se refiere a las Convivir.

Las cooperativas de seguridad fueron prohibidas tres años después, en buena medida por las denuncias de nexos con los 'paras'. La bananera Chiquita Brands acaba de admitir que pagó cuotas por seguridad a las Auc a través de la Convivir Papagallo, en el Urabá.

EL TIEMPO intentó ayer comunicarse con los oficiales mencionados en los reportes, pero no fue posible hacerlo.

Sergio Gómez Maseri
Corresponsal EL TIEMPO
Washington (E.U)

Publicado en El Tiempo/ www.eltiempo.com

Nunca he tenido tratos con paramilitares” /2007

Nunca he tenido tratos con paramilitares”

El comandante del Ejército Nacional, general Mario Montoya, negó cualquier nexo con los ‘paras’. El Gobierno Nacional anunció un respaldo total al oficial y abrió la posibilidad de demandar al periódico ‘Los Angeles Times’, medio que hizo la acusación. Mientras tanto, el Departamento de Estado de EE. UU. asegura que confía en la Justicia colombiana.
Por Andrea Peña

Fecha: 03/26/2007 -

La acusación es muy fuerte: “... Montoya y los grupos paramilitares planearon y condujeron conjuntamente una operación militar en 2002 para eliminar a las guerrillas marxistas de las áreas más pobres de Medellín, una ciudad al noroeste de Colombia que en una época fue el epicentro del narcotráfico”. Y fue publicada este domingo en el diario estadounidense ‘Los Angeles Times’. La fuente es un informe de una agencia aliada de la CIA que habla sobre los supuestos nexos que en el pasado tuvo el general Mario Montoya, actual comandante del Ejército, con las AUC.

La noticia indignó al general Mario Montoya, quien para la época de los hechos era el comandante de la Cuarta Brigada con sede en la capital de Antioquia. Y despertó la solidaridad del presidente Álvaro Uribe quien a través de un comunicado rechazó la acusación de las “agencias extranjeras de inteligencia” que filtraron a la prensa un informe no corroborado. Es decir, no oficial. En la mañana de este martes el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue categórico: “Creemos en la absoluta inocencia del oficial”. Por eso, dejó abierta la posibilidad de demandar al influyente diario norteamericano.

¿Qué dice el informe que sirvió de base para el artículo? Asegura que hay un documento firmado por el oficial que confirmaría la alianza entre la Cuarta Brigada y los ‘paras’ de Medellín, y que incluso se señala a Fabio Jaramillo, quien trabajaba para alias ‘Don Berna’, como enlace entre los militares y las autodefensas. Para la época, ‘Don Berna’, cuyo nombre es Diego Fernando Murillo Bejarano, tenía un devastador dominio militar en amplias zonas de la ciudad.

¿Cambio de manos?
Guerra en las comunas
El nuevo Comandante
Miedo en la comuna 13

Pero el general Montoya dice que no conoce a esa persona y que pensar que la firma de un general de la República aparezca al lado de la estampada por un ilegal es “ingenuo y torpe”, lo que demostraría la falsedad de la investigación. Al parecer, en el papel también aparece la firma de un comandante de la Policía local.

Por otro lado, se dice que el coronel Rey Vélez, adscrito al Pentágono en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, ratificó la versión de ‘LA Times’: “Esta información está confirmada por una fuente verificada”. Según Vélez, el actual comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, también ha sido mencionado en las investigaciones. Su caso obedece a que el oficial en 2002 se desempeñaba como comandante de la Segunda Brigada en Barranquilla. Sin embargo, no se especifica por qué hablan de él.

El explosivo artículo afirma también que esta agencia, que nutre de información a la CIA, también mencionó en su documento al propio Presidente de la República, Álvaro Uribe. Sin embargo, ni lo acusa, ni exhibe prueba alguna que lo pueda vincular con ese grupo armado ilegal.

Este lunes, en la rueda de prensa diaria que el Departamento de Estado ofrece en su país, el portavoz Tom Casey tocó el tema. Aunque no habló puntualmente del informe, sí hizo eco a las palabras del presidente George W. Bush cuando aseguró que confiaba en su colega colombiano, en la justicia colombiana y en que las investigaciones que se adelantan contra funcionarios públicos y empresarios iban a surtir los mejores resultados. Esas fueron las palabras del presidente Bush en su visita a Bogotá. Y fue la argumentación usada por Casey.

Aunque no se cuestiona la veracidad del documento, la CIA aclaró que éste lo componen únicamente datos recogidos por organismos que una fuente les entregó, pero que aún no han sido sometidos a análisis. Un miembro de inteligencia de las Fuerzas Militares explica que estas referencias, para que sean oficiales, deben pasar por un proceso de verificación que luego es evaluado por la pertinencia del tema y por la confiabilidad de la fuente.

El senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, dice que estos supuestos vínculos ya se habían oído en 2003 cuando en una de las sesiones del Congreso un taxista contó que fue secuestrado por las autodefensas con la complicidad de militares. Petro asegura que tanto la versión del hombre como otras acusaciones, están documentadas en un libro.

Orión 2002: La Operación en cuestión

¿Qué ocurrió en la madrugada del 16 de octubre de 2002? Ese día comenzó la operación Orión que se extendió hasta principios de diciembre en la Comuna 13 de Medellín. El Presidente de la República ordenó perseguir a todas las milicias de los grupos ilegales en los barrios Belencito, El Corazón, 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores. Durante dos meses, el Ejército y la Policía, con apoyo de la Fiscalía, lograron controlar el lugar tras la muerte de diez guerrilleros, un subteniente de la Policía, un teniente y dos soldados, sin contar las graves heridas de cinco policías y otros nueve militares.

A pesar de que el Estado logró crear un cerco de seguridad y la sensación de tranquilidad en la gente permaneció por varios días, la dureza con la que entró la fuerza pública y las amenazas de grupos paramilitares (como el Bloque Metro que dirigía ‘Don Berna’) desencadenaron el miedo de sus 137 mil habitantes que un mes después de haberse iniciado Orión, vieron morir asesinadas a cuatro jovencitas y a un adolescente en uno de los barrios de la Comuna. Según dijo gente del sector, los mataron por ser amigos de los grupos insurgentes. Fueron asesinatos selectivos y en acciones contra personas desarmadas. Para la población era evidente que escuadrones de la muerte aprovecharon el escenario para seguir matando.

La desmovilización de las AUC trajo con el tiempo una sensación de calma en Antioquia y sobre todo en las comunas. Sin embargo, meses después las autoridades reconocieron que en esos lugares donde la fuerza pública había dado un golpe de mano con tanta contundencia, los nuevos ‘paras’ estaban renaciendo. Como por ejemplo, en la zona de San Cristóbal al noroccidente del departamento donde, según el semanario El Espectador, un hombre conocido con el alias de ‘King’ daba órdenes a 150 hombres que robaban el poliducto de Ecopetrol.

Para varias organizaciones defensoras de derechos humanos, es sano que se investigue a los militares que en Medellín trabaron posibles alianzas con grupos paramilitares porque desde su punto de vista era claro que este ‘matrimonio’ se produjo en su afán por sacar a la guerrilla. Y dicen que ahí están los registros de decenas de asesinatos que quedaron en la impunidad.

Una cosa bien distinta consideran otros analistas. Dicen estos que a pesar de las denuncias que por exceso de la fuerza y abusos del Ejército se hicieron en su momento, esto no implica necesariamente que los actos hayan sido ejecutados con los paramilitares. El analista Rafael Nieto dice que, posiblemente, la guerrilla también quiso deslegitimar esta operación. Por otro lado, asegura que no es azar que justo en este momento se haya dado a conocer el informe del periódico. “Posiblemente hay gente cercana a los demócratas que quiere redireccionar el Plan Colombia o los fondos que se destinan para ella”, señala. El ministro de Defensa también cree que aquí hay “intereses políticos” para deslegitimar a la Fuerza Pública.

Hoy no se conoce públicamente quién filtró el informe a la prensa. Al parecer, Milton Drucker, embajador encargado en Bogotá, se comunicó con el general Mario Montoya para aclararle que no habían sido ellos los que habían revelado el documento. De cualquier forma, la noticia inquieta al Presidente, al Ejército, a la Policía. Y pone al general Montoya a defenderse en un momento en que el país es sacudido por el escándalo de la ‘parapolítica’.

En la actualidad hay ocho congresistas uribistas en la cárcel investigados por este delito; se investiga a un importante ex funcionario de la cúpula del Estado (Jorge Noguera, ex director del DAS) por su presunta colaboración con ellos y varios mandatarios locales también están siendo investigados por la Fiscalía. Lo cierto es que al margen de si la acusación consignada en ‘LA Times’ tiene bases verídicas o es apenas un rumor irresponsable, sí le hace un daño enorme al Ejército por el contexto actual que se vive en Colombia.


Publicado en Revista Semana/ www.semana.com

Miedo en la comuna 13 /2004

Miedo en la comuna 13

En el occidente de Medellín se está incubando un nuevo conflicto. La inversión social nunca llegó pero sí lo hicieron paramilitares y milicianos.

Fecha: 05/16/2004 -1150
Desde marzo pasado el miedo ha regresado a la comuna 13 de Medellín. De noche, un grupo de 20 encapuchados, que dice ser de las milicias populares, recorre los barrios Juan XXIII y La Quiebra. Otros sectores como La Divisa, La Pradera y Metropolitano viven bajo el régimen de los grupos de autodefensa. "Tienen listas de personas que deben abandonar sus casas y negocios o que están sentenciadas a muerte. Además, obligan a la gente a asistir a reuniones y ya instaron a los muchachos a que les presten colaboración o a irse", relata un joven habitante de estos barrios. Esta vez se trata de miembros del bloque José Luis Zuluaga, de las Autodefensas del Magdalena Medio.

Según un analista del conflicto en Medellín, existe un plan de ocupación paramilitar en los sectores de la comuna 13 aledaños a la vía que comunica a Medellín con Urabá. "Los paras están haciendo un 'barrido' de los últimos focos de resistencia miliciana", dice.

Durante años esta zona de la ciudad estuvo controlada por distintos grupos milicianos y de guerrilla. Entre 2000 y 2002 la comuna 13 vivió sitiada por los grupos milicianos que instalaron allí retenes con cadenas, ubicaron a francotiradores en terrazas y cerros y convirtieron el área en una caleta de "secuestrados exprés", por los que exigían entre 500.000 y cinco millones de pesos, para liberarlos en cuestión de horas.

El 21 de mayo de 2002 fuerzas conjuntas de la Policía y del Ejército ingresaron a los barrios, pero fueron repelidos por francotiradores. La avanzada militar dejó estragos en la población: nueve personas murieron, cuatro de ellas, niños. Los grupos de derechos humanos locales cuestionaron la improvisación del operativo, que desató un cruce de disparos con armas de alta velocidad (fusiles, carabinas y ametralladoras) que atravesaron las paredes de tabla y ladrillo de los ranchos de este populoso sector de Medellín. Desesperados y ante la evidencia de la muerte de varios vecinos en el fuego cruzado, los moradores se atrevieron a denunciar que los estaban "masacrando".

Poco después, el 16 de octubre de 2002, más de 1.000 hombres de Policía, Ejército, DAS y Fiscalía, acompañados por organismos de control, adelantaron la Operación Orión, mediante la cual se puso fin al poder miliciano en estos barrios. Tras esta operación, las tasas de homicidios en la comuna 13 descendieron el 80 por ciento. Sin embargo, habitantes y organismos de derechos humanos denunciaron presencia de paramilitares que asesinaban a sus víctimas con arma blanca y desaparecían a quienes señalaban como colaboradoras de las milicias.

En sectores rurales aledaños a la comuna 13 las autoridades hallaron en 2003, fosas comunes con 13 cadáveres. Pero los organismos de seguridad tienen una lista de 46 desaparecidos en este sector. Uno de los paramilitares al mando de esas ejecuciones, conocido con el alias de 'King Kong', huyó de la zona a finales del año pasado tras un choque con una patrulla de la Fiscalía en el que murieron dos de sus acompañantes y él estuvo a punto de ser capturado.

Las acciones de ese tipo no desaparecen: en los barrios 20 de Julio, Las Independencias, La Loma y Eduardo Santos aún se registran asesinatos con arma blanca y desapariciones.

Para no llamar la atención de las autoridades y de la gente ajena a esos sectores de Medellín, los miembros de las autodefensas adoptaron un bajo perfil. No se uniforman ni portan armas largas ni radios a la vista de los transeúntes, como lo hacían antes. Líderes comunitarios reclaman por el incumplimiento de las promesas de inversión social en esos vecindarios por parte de los gobiernos nacional y municipal. "Hay obras que dejaron empezadas, no hay empleo para los jóvenes y mucho menos oportunidades de educación superior. Cerraron centros de salud, no llegaron las microempresas que iban a crear, no hubo rebajas en las tarifas de servicios públicos".

Alonso Salazar, secretario de gobierno de Medellín, reconoce que la pasada alcaldía desatendió las inversiones prometidas. Y agrega que: "No dejó un peso con qué cumplirlas".

Los jóvenes de esos barrios han caído una y otra vez en el espejismo de creer que los grupos armados ilegales les dan algún protagonismo y bienestar. "Cuando entraron las milicias les prometieron de todo. Luego los paracos les ofrecieron 400.000 pesos mensuales y más de uno terminó desaparecido, en fosas comunes. Ellos se anotan al mejor postor", dice Salazar.

Sin embargo, muchos habitantes de la comuna 13 reconocen que, pese a tantas dificultades, en el último año y medio se recuperó algo de calma. La gente dice que ya puso una cuota de muertos y de zozobra muy alta, y llama la atención de las autoridades para que el ciclo de poderes ilegales que se alternan el control de las calles y de la vida comunitaria no continúe. Pero también quiere que el Estado cumpla, para que el desespero que trae tanta pobreza no acabe dándoles la razón a quienes creen que la violencia soluciona los problemas.

¿Cambio de manos?/2003

¿Cambio de manos?

Los habitantes de la Comuna 13 de Medellín respiran una tranquilidad que no disfrutaban hace años. Sin embargo la presión de los paramilitares amenaza con echar todo por la borda.
Fecha: 02/23/2003 -1086

Solo cuatro dias después de que el Ejército recuperara el control de la Comuna 13 de Medellín el 17 de octubre del año pasado, hombres de las autodefensas, vestidos de civil, golpearon en las casas de padres y parientes de los milicianos que lograron escapar a la arremetida de la Fuerza Pública durante la famosa Operación Orión.

"Ustedes no nos conocen, pero queremos que nos entreguen a su hijo", cuentan que les dijeron. Dígale a ese muchacho que se una a nosotros, le pagamos un sueldo y le protegemos la vida. Si se niega a aceptar -amenazaron- sépanlo que tendrán que irse todos del barrio porque si no lo hacen se las verán con nosotros".

Con esta advertencia los paramilitares, burlando la presencia de los soldados y policías acantonados en el lugar, recorrieron los 20 barrios de una de las zonas más álgidas en materia de orden público en Medellín.

"Unos muchachos aceptaron la propuesta y es así como ahora se encuentran prestando sus servicios a los grupos de autodefensas", asegura una mujer de 45 años que llegó hace 24 a vivir en uno de los barrios de las Independencias parte alta. Y los que se negaron, han tenido que pagar escondite a peso porque a los que han encontrado los han desaparecido. Incluso algunos han aparecido muertos poco después".

Esto, dice un líder de uno de los barrios de la parte baja, ha hecho que en algunos casos la convivencia entre vecinos se haya vuelto insoportable. La desconfianza ha sustituido la camaradería que tuvieron los vecinos durante décadas. "No se sabe si son de un bando o del otro. Y además las familias que han tenido algún muchacho que en mala hora optó por ser miliciano, quedan señaladas y esperan lo peor. A esto se suma que algunos informantes han señalado también a gente que era inocente".

Fue lo que ocurrió, dicen en las Independencias, con tres mujeres de la Asociación de Mujeres de ese barrio a quienes detuvieron por 10 días y luego tuvieron que soltar.

Nadie sabe con certeza cuántos miembros de las autodefensas están allí ni a qué grupo pertenecen. Se habla de que son del Bloque Cacique Nutibara, el Bloque Metro y de las autodefensas del Magdalena Medio. Pero su presencia es discreta. No usan camuflado y tampoco el brazalete rojo que los identifica. Los familiares de los milicianos, sin embargo, los han reconocido en la calle después de las visitas que han hecho a sus casas.

Tampoco están en todos los barrios. Por ejemplo, en Belencito nadie los volvió a ver después de que la gente los denunció y el Ejército reforzó su presencia. Pero en otros, como El Salado, las Independencias, Corazón y 20 de Julio los paramilitares han convocado a la población a reuniones para anunciar que adelantarán 'campañas sociales'.

"Se habla de la llegada de las autodefensas, pero ellos no se han mostrado uniformados sino de civil", dice un habitante del 20 de Julio. Algunos dicen 'aquel es paramilitar' y lo señalan por debajo de cuerda. Conozco dos casos de personas desaparecidas, uno de ellos, hace mucho tiempo perteneció a las milicias y ahora estaba manejando una buseta de San Javier. Es un hombre de 27 años. Su familia es decente".

El otro caso es el de un señor de su barrio que tenía un asadero de pollos a donde algunas veces iban a comer los milicianos. Esto lo marcó como auxiliador y fue suficiente para que se lo llevaran. Ellos son dos de los 16 desaparecidos que tiene registrada la Defensoría en la Comuna 13 desde que el Estado recuperó el control de la zona. Seis de estas personas supuestamente fueron desaparecidas en el barrio El Salado, uno de los más azotados por la violencia.

A pesar de estas denuncias, que son más graves y más generalizadas de lo que las mismas autoridades nacionales y locales han querido aceptar, no se puede desconocer que en comparación con lo que se vivía antes en estos barrios de Medellín la situación ha mejorado sustancialmente.

Parece otra

Cuando alguien recorre hoy la otrora violenta comuna, tiene la sensación de que todo transcurre en tranquilidad. Salvo la presencia de los militares custodiando algunas zonas, ya nada recuerda la violencia que provocó más de 400 muertos en el último año. La gran mayoría de los negocios han vuelto a abrir, los grafitos amenazantes han sido tapados y los colegios funcionan, algunos con una ocupación total.

Un transportador de trasteos de la zona, que trabajó intensamente en los períodos del éxodo de los barrios haciendo hasta 87 acarreos semanales, afirma que desde que el Ejército retornó al barrio han sido muchas las familias que lo han llamado para que las devuelva con sus enseres a sus casas. La Lonja de Propiedad Raíz indica que la desocupación de la zona ha bajado del 51 al 18 por ciento en las 14 urbanizaciones estratos 3 y 4.

Al lado de las calles pavimentadas hay aceras nuevas con pasamanos pintados. Son parte de las obras que ha adelantado la Alcaldía de Medellín para generar empleo.

En general, la mayoría de personas se sienten agradecidas por la decisión del Estado de hacer presencia allí. Sin embargo, cuando se les pregunta su opinión piden que se les garantice su anonimato, lo que revela que aún no llega la tranquilidad plena.

Algunos sienten miedo de que de pronto la Fuerza Pública tenga que irse. "Cuando la Operación Orión dijeron que iban a estar aquí seis meses y ya han pasado cuatro. Entonces ¿después qué va a pasar?", se pregunta un señor de avanzada edad.

Aunque actualmente se construyen comandos de policía que tendrán la misión de prestar vigilancia permanente a los 20 barrios de la Comuna 13 muchas personas aún no están convencidas de que el Estado las protegerá. Sobre todo cuando sienten que las autodefensas continúan allí.

"Nadie desconoce el gran esfuerzo de las fuerzas del orden, tanto de la Policía como del Ejército, así como de los otros organismos que participaron en la Operación Orión. Es más, lo agradeceremos siempre, pero lo que no podemos aceptar es que la tranquilidad ganada a tan alto precio sea puesta en riesgo por la presencia de otros grupos irregulares armados", dice uno de los habitantes de la Comuna 13. Y es que el éxito mismo de la estrategia de seguridad democrática depende de que el territorio que el Estado le arrebate a la guerrilla no lo pierda en manos de los paras.

Publicado en Revista Semana/ www.semana.com

Guerra en las comunas/ 2002

Guerra en las comunas
La batalla de Medellín, si no se gana a tiempo, podría ser la semilla de la guerra urbana en el resto del país.

Fecha: 10/20/2002 -1068


Sergio y a cuatro miembros de su familia la guerra los sorprendió en su casa de Belencito, uno de los 20 barrios de la comuna 13 de Medellín, unos días antes de las escaramuzas y enfrentamientos de la semana pasada. Una noche, hacia las 11, un grupo de hombres uniformados subió por la carrera 92 y a la altura del convento de La Madre Laura fueron recibidos a tiros desde la parte alta. Un taxista quedó atrapado en medio del fuego cruzado. Para salvar su vida dejó el carro botado, se escudó detrás de uno de los hombres que disparaba hacia arriba y, de cuando en cuando, se atrevía a preguntar si se podía ir. Sólo pudo hacerlo en algún providencial momento de calma y no lo pensó dos veces cuando le ordenaron: "¡Andáte!". El combate duró hasta la madrugada. Durante cinco horas Sergio y su familia, acomodados sobre una cama y un colchón en el suelo del cuarto más alejado de la calle que hay en la casa, escucharon explosiones y disparos. En los últimos meses se habían acostumbrado a este tipo de escalofriantes conciertos nocturnos pero nunca los habían oído tan cerca de su vivienda. El tableteo de las metralletas. El eco vacío de los disparos. El ruido y la zozobra de no saber qué podía pasar no los dejaron pegar el ojo en toda la noche. En la mañana, con las ojeras aún frescas y el cuerpo agotado por la vigilia, salieron a echarle un vistazo a la calle que había servido como campo de batalla. Afuera los niños jugaban, inocentes, como si nada hubiera pasado, con sus trofeos: pedazos de metal retorcido o vainillas de munición que recogían del suelo. Más arriba habían quedado botados dos cadáveres. Al día siguiente, después de otra noche de insomnio, aparecieron otros dos.

El lunes de la semana pasada la pesadilla no esperó a la noche. Una patrulla de la policía que se dirigía hacia la parte alta de los barrios Belencito y Corazón fue atacada por milicianos a la hora del desayuno. Tres agentes resultaron heridos, uno murió esa misma noche. Durante toda la mañana hubo enfrentamientos entre las milicias y la Fuerza Pública. Una bala perdida mató ese día a Laura Cecilia Betancur, una estudiante de 19 años que se encontraba en su apartamento, ubicado en el barrio Santa Mónica, en la parte baja de la comuna. Al día siguiente otra joven del mismo sector, Carolina Gómez Salazar, salió de su apartamento hacia la universidad. A las pocas cuadras el carro en el que iba fue cerrado por un taxi, en el que milicianos de los autodenominados Comandos Armados del Pueblo (CAP) se la llevaron secuestrada hacia la parte alta del sector. Era la tercera persona de su unidad residencial que se convertía en víctima de este delito.

La mayoría de los 130.000 habitantes de la comuna 13 se habían resignado a esta rutina trágica a fuerza de soportarla durante meses. Por eso, cuando la Fuerzas Armadas reaccionaron en forma contundente ese martes en la noche con la instalación de un puesto de mando a la entrada de Belencito para coordinar el trabajo de 3.000 efectivos, pensaron que se iba a repetir la historia de las operaciones Mariscal y Antorcha, que se llevaron a cabo en mayo y agosto. Movilizaciones espectaculares de tropas que dejaron un cruento saldo de heridos civiles, al cabo de las cuales todo siguió igual que siempre.

Complicidad internacional
Génesis de la guerra urbana

Se equivocaron. La Operación Orión no fue diseñada para aplicar pañitos de agua tibia a una situación que se salió de madre hace rato, sino para apagar un incendio que amenazaba con consumir la parte alta de la segunda ciudad más importante del país. "No había ninguna otra opción", dice el investigador Alonso Salazar, experto en el tema del conflicto urbano en Medellín.

Orión, en concordancia con el cazador mitológico del que toma su nombre, no ha sido un operativo incruento. Hasta el viernes, según la Alcaldía de Medellín, la confrontación había dejado por lo menos 15 personas muertas y 45 heridas con arma de fuego o esquirlas. Sin embargo el impacto de este elevado número de víctimas ha sido minimizado por otros resultados, como la captura de 176 presuntos milicianos, 21 de los cuales tienen orden de captura por terrorismo, secuestro, extorsión, rebelión y conformación de grupos ilegales. En este solo operativo fueron capturados más de los que las autoridades habían arrestado hasta agosto: 157.

Más alentadora aún fue la liberación de Fernando Molina, quien permanecía secuestrado desde comienzos de octubre, y de la joven Gómez Salazar. Estos hechos le devolvieron la esperanza a los habitantes del sector y la presencia de tropa evitó que la noche del miércoles se presentaran los consabidos combates entre milicianos y paramilitares. "Esa noche no hubo balacera. Fue la primera noche que dormimos tranquilos", recuerda Sergio, y en su cara se refleja la sensación de placidez que debió haber experimentado ese día.

Soberania armada

El desmadre de la comuna 13 tiene raíces muy profundas. A finales de los 80 los barrios de ese sector eran asolados por bandas de delincuencia común, atracadores y drogadictos. Un día, recuerda un habitante del 20 de Julio, aparecieron los milicianos, "llegaron encapuchados y diciendo que querían hacer una limpieza social contra bandas y jíbaros. Empezaron a matar selectivamente y uno sentía que el barrio tomaba otro aire. En ese momento creíamos que eran una redención, como ellos no le robaban a nadie, pero eso se convirtió en un problema muy grave". El discurso de redentores les granjeó una simpatía instantánea y como el territorio era grande se lo repartieron entre el ELN y las Farc. En las áreas bajo su dominio llenaron los vacíos del Estado, ejercieron control social y autoridad. Un joven que realizó un trabajo en Villa Laura cuenta que en una ocasión sus habitantes le hicieron una invitación y a él le llamó la atención un grupo de jóvenes que los miraban con detenimiento a cierta distancia. Preguntó que quiénes eran y le respondieron: "Ellos son los que nos cuidan. Son los milicianos".

Pero la luna de miel terminó y los redentores sacaron las garras. Comenzaron a extorsionar a los comerciantes y a los tenderos. Cerraron el puño y estrangularon a las organizaciones comunales y juveniles que no se doblegaron a sus intereses. Pelearon con bandas ligadas al narcotráfico que cuestionaron su dominio y reclutaron a jóvenes bajo presión o falsas promesas. A mediados de los 90 se integraron al panorama las CAP y quedó listo el explosivo de la situación actual. Le faltaba sólo un detonante: los paramilitares.

Precisar la fecha exacta en la que éstos ingresaron a esa zona de Medellín es imposible. Sin embargo en la mitología de la comuna existe una fecha que marca una ruptura clara: 13 de noviembre de 2000, entre 8 y 9 de la noche. Ese día, un lunes festivo según recuerdan los habitantes de Villa Laura, se escuchó una ráfaga de disparos "una cuadra adentro de la iglesia Santa Catalina. En ese momento nadie se explicó lo que pasaba". Un habitante del barrio 20 de Julio también tiene presente ese momento: "Creímos que había entrado la autoridad. Los tiros duraron hasta altas horas de la madrugada . Se oían intermitentes. Ahí empezamos a conocer esa sensación de tensión permanente que nos ha acompañado hasta ahora". Quince días después una joven apareció muerta y desfigurada en el mismo lugar. La gente comenzó a tener miedo. En cuestión de meses empezaron a registrarse hasta dos muertos diarios.

En agosto de 2001 hubo un signo claro del deterioro de la situación en ciertos barrios de la comuna. El desfile de la antioqueñidad, que se realiza por la misma época de la Feria de las Flores, se cambió por una marcha por la paz que salió del barrio Corazón y terminó en el Centro de Integración Barrial de Villa Laura. Estas demostraciones pacíficas de poco sirvieron pues al finalizar el año la comuna era la tercera en número de homicidios de la ciudad, 285, y en algunos rincones de los barrios empezaban a verse casas desocupadas. Belencito fue el epicentro de la ofensiva paramilitar hacia el centro y el norte de la comuna. Este año el conflicto se desbordó a una velocidad que superó todas las expectativas y que se reflejó en la rapidez con la que los grafitos del grupo dominante se superponían en las paredes sobre los de sus enemigos.

2002, odisea de guerra

El año comenzó en la comuna 13 con tres muertos, dos hombres y una mujer, en el barrio San Javier. Este fue el campanazo de arranque para una guerra más intensa y sucia de la que se había visto hasta el momento. El conflicto generó un efecto bola de nieve que arrasó con el tejido social de las comunidades. Desde enero los milicianos prohibieron el ingreso de la Defensa Civil y de cualquier organismo de socorro para evitar infiltración de paramilitares. El veto se hizo extensivo a los vendedores ambulantes, a los funcionarios de empresas públicas y a cualquier desconocido. Los buses y busetas eran detenidos en retenes de uno u otro bando, en los que siempre caía muerto en el sitio o era expulsado en el acto alguno de los pasajeros. La gente dejó de hacer vida social, pues estar en la calle en grupos se volvió un riesgo, y cumplían la orden de acostarse temprano. En la calle sólo saludaban a los conocidos para no despertar sospechas. Se acabaron las fiestas. Los colegios se paralizaron por los combates y en algunos casos los alumnos tomaron clases debajo de sus pupitres para evitar las balas perdidas. Los taxis dejaron de subir porque los grupos armados los obligaban a bajar cadáveres. Incluso se rumora que hay muertos que tuvieron que ser enterrados en los patios de las casas.

Hubo personas que dejaron de visitar el cementerio de La América por temor a los enfrentamientos y otras que hicieron lo propio con parientes vivos que residen en las partes altas de la comuna. Algunos negocios se cerraron, la finca raíz se vino al suelo y hubo un éxodo marcado que aún no termina. Un habitante de uno de estos barrios ha sido testigo de este desplazamiento graneado: "Tengo un camión de mudanzas y ayudo a la gente a irse. He tenido semanas en las que saco hasta 85 mudanzas y veo cómo lloran las personas al dejar su casa, sus vecinos, el barrio en el que echaron raíces". La evidencia más clara son conjuntos residenciales como San Michel, en donde de 238 apartamentos hay 170 desocupados. Hay personas que han entregado sus viviendas con la única condición de que sus nuevos moradores paguen los servicios públicos.

En febrero tuvo lugar un hecho que reveló que los combatientes estaban dispuestos a romper cualquier norma para resistir en su territorio. Un encapuchado encañonó al párroco del templo Divina Pastora, en el barrio El Salado, para avisar que habría guerra sin tregua y que nadie estaría a salvo. Ese mismo mes, durante la Operación Otoño, las autoridades incautaron miras telescópicas. En mayo el alcalde, Luis Pérez, llevó una comisión de periodistas al barrio 20 de Julio para que vieran que no había territorios vedados y tuvo que esconderse detrás de una silla cuando comenzaron a dispararles.

En los primeros seis meses el número de muertos de la comuna, 281, era casi el mismo de todo el año pasado. En julio los habitantes de Villa Laura organizaron un sancocho comunal de la resistencia para recuperar la cancha del sector. En el evento fue significativo que nadie aportara carne (un carnicero de El Salado dice que el año pasado vendía 400.000 pesos diarios y ahora no llega ni a la mitad) y que la mayoría de participantes fueron mujeres y niños.

El fenómeno se repitió en el desfile de la antioqueñidad de agosto. Sergio lo vio pasar desde la puerta de su casa en Belencito y se preguntó dónde estaban los muchachos. Su hermana le respondió: muertos, exiliados, en alguno de los bandos o evitando combos grandes para no quedar en la mira de alguien. Lo cual es cada vez más difícil porque desde la semana pasada el tema recurrente en la comuna son los francotiradores.

¿Principio del fin?

El último martes, casi a las 11 de la noche, Sergio tomó un taxi hasta su casa. Cuando le dijo al conductor que iba hacia Belencito aquél le respondió: "Vamos para la zona limítrofe del Caguán". Fue un chiste bobo pero revela hasta qué punto está estigmatizada la comuna por cuenta de la guerra en la que se ha visto inmersa. El miércoles Sergio se levantó a las 4:30 de la mañana para observar la calle. Las tropas patrullaban el sector mientras los habitantes de los barrios altos bajaban, a paso un poco más rápido de lo normal, en busca de transporte. No dejó de sorprenderle la aparente normalidad de la gente en medio de los ecos de los disparos y los anuncios de francotiradores que corrían de boca en boca. Esto no era un rumor del correo de las brujas sino una latente realidad. El teniente de fragata Mario Alfonso Villegas, de 24 años, y el subteniente Diego Andrés Acosta, de 21, murieron por disparos de este tipo durante las primeras incursiones de las Fuerzas Armadas al sector.

Esos francotiradores harían parte de un grupo de 250 guerrilleros de fuerzas especiales que las Farc enviaron para reforzar a los milicianos que se encuentran atrincherados en la comuna. Esta versión circula en todos los barrios del sector y es manejada también por el encargado del Bloque Metro de las autodefensas en Medellín. ¿Por qué enviarían las Farc un grupo tan grande de hombres a un rincón de la capital antioqueña cuando su estrategia nacional es replegarse y no defender posiciones? Luis Fernando Quijano, un reinsertado que dirige Corpades, sostiene que este punto es estratégico para la guerrilla porque quien lo controle domina el túnel de occidente, la entrada a Santa Fe de Antioquia, el camino a Urabá y los pone en contacto con el frente V. Los paramilitares piensan que lo que buscan las Farc es mantener el control de un circuito que les permite movilizarse sin dificultad por las zonas altas de la ciudad. Otros investigadores piensan que las milicias han convertido esta comuna en un símbolo que magnifica su poder de combate urbano.

Las imágenes que vieron los colombianos en televisión, con tanquetas del Ejército recorriendo las estrechas calles de los barrios populares, soldados disparando loma arriba y buenos samaritanos evacuando heridos, recordaban las peores épocas en Beirut. Y más de uno se preguntó: ¿Llegó la guerra a las ciudades?

Aunque la reacción era natural luego de ver semejante plomacera en vivo y en directo el interrogante puede inducir a respuestas equívocas. En primer lugar, porque la guerra está en las ciudades hace un buen rato. Pero no como una guerra táctica generalizada sino como una guerra focalizada y delincuencial. Con petardos, asesinatos selectivos, secuestros o extorsiones. No se puede pensar que con lo sucedido en la comuna 13 de Medellín filas de guerrilleros y paramilitares van a 'desembarcar' en las principales ciudades. El caso de las comunas de Medellín es muy particular por el influjo que han tenido los carteles de la droga en la conformación de bandas delincuenciales. Pero también por el casi absoluto abandono del Estado. Ciertas comunas se habían constituido en repúblicas urbanas independientes controladas por los actores armados, donde imponían su ley a sangre y fuego. La lección para ciudades como Bogotá y Cali es que el Estado tiene que ganarle la batalla al terror de los paramilitares o los guerrilleros a través de autoridad y legitimidad. Y no esperar, como sucedió en la comuna 13, a que el problema le estalle en las manos.

Pero ninguno de estos análisis ha pasado por la cabeza de los habitantes de la comuna 13, a quienes por ahora lo único que les interesa es aprovechar las noches para recuperar el sueño perdido de tantos meses. Y dormir acariciando la almohada y no el crucifijo.

Publicado en Revista Semana/ www.semana.com

El computador de ‘Rasguño’

La confesión de Hernando Gómez Bustamante ha sido muy jugosa, pero es probable que haya exageraciones y omisiones.
Fecha: 03/24/2007 -1299
La historia parece no tener fin. Trece años después de haberse iniciado el proceso 8.000, el país sigue hablando del tema. Esta vez por cuenta de la entrevista que la semana pasada publicó el diario El Tiempo en la que el narcotraficante Hernando Gómez Bustamante afirmó que él y el cartel del norte del Valle también entregaron dinero para la campaña a la presidencia de Ernesto Samper. Esta es tan sólo una de las explosivas declaraciones de quien es considerado como uno de los capos más poderosos e importantes del país en las últimas dos décadas.

Cuando tenía tan sólo 28 años, en 1986, Gómez Bustamante era un simple empleado de una gasolinera. Su nombre estaba reportado en la central de deudores morosos y no tenía ninguna propiedad. Tan sólo dos años más tarde, en 1988, su capital declarado era de 5.600 millones de pesos. Se escudó con la fachada de ser un próspero ganadero, lo cual le sirvió para despistar a las autoridades y camuflarse en la sociedad vallecaucana. Para ese momento, en el mundo de la mafia ya era conocido con el alias de 'Rasguño' y muchos sabían que su repentina fortuna la había conseguido convirtiéndose en la mano derecha de José Orlando Henao Montoya, uno de los miembros del 'clan Henao', una poderosa organización del narcotráfico en el norte del Valle en los años 90. Tras el asesinato de Henao, el 5 de noviembre de 1998, 'Rasguño' quedó al frente del cartel y fue consolidando su poder hasta ser el jefe de lo que hoy se conoce como el cartel de esa región.

A comienzos de 2000, su relativo anonimato se acabó cuando la justicia estadounidense lo solicitó en extradición y lo incluyó en la lista de los 10 narcos más buscados del mundo. Empezó a huir y a sentir el acoso de las autoridades. Hace tres años la Fiscalía y la Policía le incautaron más de 200 propiedades valoradas en más de 100 millones de dólares. Durante un tiempo se escondió en México, protegido por quienes fueron sus principales socios en el tráfico de drogas: los carteles mexicanos. En junio de 2004 fue arrestado cuando intentaba entrar a Cuba con un pasaporte falso. Hace un mes las autoridades cubanas lo deportaron y está preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, a la espera de ser extraditado hacia Estados Unidos. Desde allí. 'Rasguño' encendió el ventilador.

“Vi una discusión de Castaño con Henao sobre el magnicidio de Gómez”
A pesar de la saturación que ha habido sobre el proceso 8.000, las revelaciones de la entrevista de 'Rasguño' son muy jugosas. Contó que el cartel que él dirigía entregó 3.000 millones de pesos a la campaña de Ernesto Samper para la Presidencia. Dijo que "manejaba" congresistas y alcaldes. También que mensualmente giraba 500 millones de pesos en sobornos a miembros de la Fuerza Pública y la Fiscalía para que lo mantuvieran al tanto de operativos en su contra. Aseguró que ha entrado en contacto con tres de los narcos más buscados del mundo: Diego Montoya, alias 'Don Diego'; Wílber Varela, alias 'Jabón', y Juan Carlos Ramírez, alias 'Chupeta', para convencerlos, al igual que muchos de sus antiguos empleados, de entregarse a las autoridades.

No menos revelador resulta el hecho de que 'Rasguño' afirma que uno de los jefes paramilitares desmovilizado, que hoy está preso en la cárcel de Itagüí, se quedó con parte de su fortuna ilegal y con el control de sus rutas de tráfico de drogas. 'Rasguño' también dijo que fue testigo de una reunión entre su antiguo jefe, el narcotraficante Orlando Henao, y el ex comandante de las AUC Carlos Castaño, en la que se planeó el magnicidio de Álvaro Gómez.

En otra parte importante de sus revelaciones, 'Rasguño' cuenta pormenores del negocio del tráfico de drogas. Explicó cómo le compraba droga a las Farc y cómo eran las relaciones con los principales capos de los carteles mexicanos, y habló de la importancia estratégica de Venezuela como puente para el envío de cargamentos de coca.

Aunque sin duda las declaraciones de 'Rasguño' son explosivas y reveladoras, no se sabe qué tan exactas son. Como sucede con frecuencia con este tipo de personajes cuando deciden hablar, algunas de las cosas que ha dicho son verdad, otras están infladas y otras sencillamente las omiten.

Aquellas en las que todo el mundo coincide en que pueden ser verdad tienen que ver con lo relacionado con los pormenores del negocio del tráfico de drogas. Desde hace varios años, numerosos informes de agencias antinarcóticos han alertado sobre la importancia estratégica que tiene Venezuela como refugio de narcos y puente para el envío de drogas. De allí cobra validez la afirmación de 'Rasguño' cuando dice que: "Venezuela es el templo del narcotráfico. Es muy fácil traficar porque allá no consiguen a nadie".

'Rasguño' también tiene razón, y está sustentado en informes de inteligencia y operativos, cuando dice que los carteles mexicanos de la droga son los que "hoy ponen las condiciones y prácticamente están manejando el negocio". Es bien conocido que los narcos mexicanos se han apoderado y desplazaron a carteles y traficantes colombianos de las principales rutas de distrubición de cocaína.

Las que podrían ser infladas son las afirmaciones sobre la financiación electoral. A pesar de que el proceso 8.000 se concentró exclusivamente en el cartel de Cali, la verdad es que en la práctica los narcotraficantes contribuyen siempre a múltiples campañas y a múltiples candidatos. Sin embargo, estas financiaciones no siempre son de montos monstruosos, y generalmente se hacen por "la orillita". En otras palabras, no se tramitan a través de la cúpula de la campaña ni en la tesorería central, sino que se canalizan en el nivel regional o a través de parlamentarios que apoyan al candidato. Es muy probable que el cartel del Norte del Valle hubiera participado en esa forma en la elección de 1994. Lo que puede ser exagerado es el monto de 3.000 millones de pesos. Con el dólar a 800 pesos, esto equivaldría a cuatro millones de dólares, cifra casi comparable a la del cartel de Cali. Una contribución de ese monto ya requeriría ser tramitada a través de las jerarquías de la campaña, como se hizo con el cartel de Cali. Algo de esa dimensión hubiera sido mencionado en la confesión de Santiago Medina, que se 'despachó' con todo lo que sabía y que esperaba beneficios con la justicia mientras más datos suministrara. En su famosa indagatoria no hay una sola referencia al cartel del Norte del Valle. El mismo 'Rasguño' reconoce no haberse reunido nunca con ningún directivo de la campaña y se limita a decir que le pidieron una contribución cuyos detalles exactos no recuerda. No es imposible que en esas circunstancias esté exagerando un poco la nota para aumentar su importancia en el momento de su llegada a Estados Unidos. En cuanto a la confirmación que hace el ex ministro Fernando Botero de este aporte, hay que tener en cuenta que éste tampoco nunca lo mencionó en el pasado y que en su última entrevista en televisión manifestó que quería que el país supiera toda la verdad. Ante esa confesión, una omisión de cuatro millones de dólares sería sospechosa. Por otra parte, es sabido que Botero está obsesionado con hundir a Samper y a Horacio Serpa a cualquier costo.

Aunque muchos están impresionados con la confesión de 'Rasguño', la realidad es que con ésta puede pasar lo mismo que ocurrió cuando el país conoció las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Fiscalía en las que reconoció centenares de crímenes: con el tiempo se terminó descubriendo que no contaron ni el 10 por ciento de la verdad.

Es por esto que no sería absurda la tesis que propuso el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez. "En la declaración hay muchas cosas que nos interesan a los colombianos y que debemos dilucidar. Hay temas como el de la vinculación de funcionarios con los 'Pepes', el tema de Álvaro Gómez, Venezuela, los paramilitares que estarían delinquiendo. Lo que no puede pasar es que todo quede como una declaración de prensa que no se puede confirmar o controvertir. Eso no sirve para hacer un juicio. Tenemos derecho a saber cuáles son los congresistas y alcaldes a los que él se refiere y eso es un tema que no les interesa y no le van a preguntar en Estados Unidos", dijo el ex fiscal a La W Radio.

La propuesta de Gómez Méndez básicamente consiste en pedirle al gobierno que le garantice la vida a 'Rasguño', utilizando todos los medios posibles, y suspender la extradición del capo mientras fiscales y magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la oportunidad de indagar al capo para poder abrir formalmente varias investigaciones para establecer la veracidad de lo que dijo. Para Gómez Méndez es claro que todos estos temas, cuya aclaración es fundamental para los colombianos, pasarán a ser automáticamente marginales frente a la justicia norteamericana, la cual está más interesada en las rutas de los carteles mexicanos que en la minucia de la historia de la corrupción política en Colombia. Por eso, si 'Rasguño' es extraditado antes de rendir versión ante las autoridades colombianas, el país podría perder la oportunidad de aclarar y saber la verdad sobre hechos muy graves que han ocurrido en las últimas décadas.

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Rumba en Itagüí

Rumba en Itagüí

El pabellón de máxima seguridad en donde está recluida la cúpula de los paramilitares se parece cada vez más a 'La Catedral'.
Fecha: 03/24/2007 -1299
La época en que los 59 paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, hacían huelga de hambre para protestar contra las arbitrariedades a las que estaban siendo sometidos, quedó atrás. De las condiciones precarias de las que se quejaban hace cuatro meses Mancuso, 'Jorge 40', 'Macaco' y los demás reclusos -cuando protestaron y no comían sino galletas o chitos por miedo a ser envenenados- pasaron a las comodidades de un hotel.

El chef que le cocinaba al extinto capo Pablo Escobar es ahora su hombre de confianza para la preparación de sus alimentos que ingresan desde afuera de la prisión. Ninguno está incomunicado. Les permiten más acceso de visitas que a cualquier otro recluso del país. Tienen el privilegio de mantener sus contactos con el mundo a través de líneas telefónicas con tarjeta, celular y sala de cómputo con Internet. En sus celdas hay televisor, grabadora y DVD con sus películas favoritas. Entran y salen de sus celdas en cualquier momento. Para su esparcimiento, unos ven la programación habitual de la televisión en el patio, mientras otros se dedican a tocar organeta eléctrica, hacer ejercicio o a leer. Y para relajarse, nada mejor que un buen trago de sello azul, el whisky preferido por la mayoría de los paras.

Algunos funcionarios del Inpec están preocupados porque, aunque ellos son los responsables de lo que pase en Itagüí, este tipo de privilegios proviene de un funcionario del alto gobierno.

Francisco Galán, jefe del ELN Desde la cárcel de Itagüí manejaba su computador y se comunicaba por radioteléfono con todos sus hombres Enilse López, ‘La Gata’ En prisión ha lucido vestidos de seda y abrigo de mink. Los políticos pagan 200.000 pesos por entrar a visitarla
Aunque siempre los paras han sostenido que todos pertenecen a la comandancia de las AUC, sólo 17 son realmente los comandantes principales, y los demás son lugartenientes que tienen la obligación de velar por la seguridad de sus jefes. Esos mismos combatientes pertenecían a sus cordones de seguridad cuando no estaban tras los muros de la cárcel.

Pero en la cárcel de alta seguridad su obsesión va más allá de los privilegios que gozan o de los placeres que disfrutan. Concentrados en su defensa y con el temor a que fracase el proceso de su desmovilización, a veces ni siquiera pueden conciliar el sueño. Decenas de abogados de todo el país en donde tienen procesos criminales circulan permanentemente por el patio, mientras los colombianos están a la espera de que digan la verdad, y miles de víctimas confían en que se haga justicia.

Aunque sobre esto último es que se debería concentrar la atención, este episodio sobre la falta de seguridad de la cárcel de alta seguridad se vuelve un lamentable y recurrente episodio de la historia de Colombia. A pesar de la peligrosidad y el poder corruptor de estos criminales, de las medidas que se han tomado y de la plata que se ha invertido, las cosas no parecen cambiar. Quién no recuerda la espectacular fuga del narcotraficante José Ramón Matta Ballesteros cuando salió orondo por la puerta principal de La Picota en marzo de 1986; o la evasión de Jaime Eduardo Rueda Rocha, el asesino de Luis Carlos Galán, quien en septiembre de 1990 se disfrazó de abogado; o el célebre escape de La Picota de José Santacruz Londoño, que huyó en enero de 1996 con la ayuda de un fiscal. Y ni qué decir de las bacanales en la seudocárcel de 'La Catedral', donde Pablo Escobar hizo las mejores fiestas de Medellín y donde hubo desde pista de baile para las modelos hasta cementerio para sus enemigos.

Y si de lujos se trata, bien vale la pena recordar la vida de ex capo Henry Loaiza, 'El Alacrán', cuando estaba preso en la cárcel La Modelo. Festejó el cumpleaños de su mujer con 40 almuerzos contratados al restaurante japonés Hatsuhana y pidió que "mataran un caviar" para celebrar una de las tantas navidades que ha pasado tras las rejas. Los compañeros de celda de Víctor Patiño Fómeque tampoco se olvidan cuando el capo les ponía a manteles las mejores modelos del país. Y el escándalo que protagonizó el coronel Royne Chávez, ex jefe de seguridad de Andrés Pastrana, cuando le encontraron en su celda un celular y tres cajas de aguardiente.

Y ni hablar de las mujeres que en sus celdas están pendientes de la visita de la esteticista para su sesión de botox. El caso más reciente es el de Enilse López. En la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, permanecía con kimono, pantuflas peludas y un abrigo de mink, para protegerse del frío. Luego, en la cárcel de Santa Marta, compraba el cupo de visitas de sus compañeras de celda para poder recibir la peregrinación que llegaba de Magangué. Y como el tiempo no le alcanzaba para recibir a tanta gente, los políticos pagaban hasta 200.000 pesos por un cupo para hablar un segundo con la empresaria del chance, según la denuncia del propio vicepresidente de la República, Francisco Santos. "Es una vergüenza para el país", sostuvo la semana pasada.

Aspirar a que en Colombia el sistema carcelario sea como el que se ve en las películas gringas es una ilusión. Ninguna cárcel llegará a ser como la legendaria y aterradora Alcatraz o la de Marion, en Illinois, que son sinónimos de miedo y terror. Penitenciarías subterráneas, control estricto, cámaras de vigilancia en cada rincón, celdas fotoeléctricas: nada de esto ocurre en el pabellón de máxima seguridad en donde están recluidos los jefes paramilitares, mientras los congresistas señalados de colaborar con ellos fueron recluidos al lado de La Picota, en un antiguo sanatorio para tuberculosos lleno de pulgas. Es tal el deterioro del lugar, que muchos de los políticos presos estarían dispuestos a cambiar sus condiciones de austeridad, por una celda en un pabellón de máxima seguridad con todas las comodidades.


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El comandante 'Barbie'
Una lista de 50 reconocidos ganaderos de Cesar que tenía Hugues Rodríguez cuando le ocuparon su emporio financiero es analizada por fiscales de lavado de activos.
Fecha: 03/24/2007 -1299
No hay ganadero en Cesar que no conozca a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes. La mayoría se identifica con él en su lucha contra la guerrilla. Sus amigos y sus enemigos aseguran que el secuestro y el asesinato de su hermana menor en Valledupar, en la década de los años 90, por parte de las Farc, fue la causa para unirse a 'Jorge 40' y emprender un temido poder económico y armado en la zona. "Dentro de la organización es conocido como 'El Comandante Barbie', manejaba las finanzas del Frente de Guerra Mártires del Cesar AUC, región de La Mesa" , le dijo a SEMANA uno de los investigadores que participaron la semana pasada en el operativo en el que le expropiaron 76 bienes.

Hace cuatro años Hugues Rodríguez todavía se codeaba en los clubes sociales con la alta sociedad vallenata. Administraba sus empresas productoras de leche. Tenía cientos de cabezas de ganado. Recorría sus grandes extensiones de tierra y conservaba el respeto como un próspero ganadero. Pero también era un secreto a voces en Cesar que Hugues, de 46 años, alardeaba en su tierra natal, Valledupar, de ser un "guerrero" y de que no quería ver sufrir más a su madre, a sus hijos y a su familia. Con todos ellos, incluidos tíos, primos, hijastros y cuñados, conformaba sus sociedades y administraba sus tierras.

Pero hubo también muchas personas que le perdieron el respeto, pasaron a ser víctimas de Hugues y se vieron obligadas a salir de la zona. Sólo en Cesar, se calcula que alrededor de 38.000 hectáreas cambiaron de manos de forma dudosa. Durante el último año, los investigadores analizaron su fortuna. "Tres fincas que colindan una con otra, conforman un globo de tierra de 4.000 hectáreas que se comunican entre sí por un carreteable de 15 kilómetros de extensión", sostiene uno de los investigadores. En total fueron expropiadas 31 fincas en Cesar; 16 casas, establecimientos comerciales y sociedades en Valledupar, entre las que se encuentra la empresa Inversiones Rodríguez, conformada por 29 miembros de su familia.

Desde hace cuatro años,el ganadero Hugues Rodríguez desapareció de Valledupar. Toda su fortuna y su ganado quedaron en manos de Estupefacientes
Pero los fiscales hallaron también un computador portátil en donde, al parecer, están sus estados financieros y contables. Además encontraron una planilla titulada 'Proyecto de Bosconia' en la que figuran 50 ganaderos de la región. Al frente de cada nombre aparece una cifra en pesos que va desde los 10 millones hasta 120 millones. (Ver recuadro). SEMANA consultó con algunos ganaderos de la lista quienes no autorizaron a revelar sus nombres. Dicen que se trataba de un proyecto para el sacrificio de ganado o matadero en el municipio cesarense de Bosconia y que nunca fue hecho realidad. Del monto de los dineros dicen que correspondía al aporte que cada uno se comprometía a dar para el proyecto.

Las autoridades sospechan que se trata de algo más delicado. Consideran a Hugues Rodríguez el hombre clave en la acumulación de tierras y recaudador de dineros para la 'empresa' paramilitar de 'Jorge 40'. "Vamos a averiguar con la gente que figura en esta planilla, cuáles eran sus relaciones con el 'Comandante Barbie' y qué pasó con el dinero que aportaron", dijo uno de los fiscales .

En los últimos años, Hugues Rodríguez ha estado en la mira de la justicia colombiana y la norteamericana. Hace cuatro años en Cesar el crimen de la jueza de Becerril, Marilis de Jesús Hinojosa Suárez, de 42 años, conmovió a la región. Doce impactos de pistola acabaron con su vida y en medio de la balacera resultó herida una de sus amigas, quien quedó inválida como consecuencia del atentado.

Después de los disparos, los paramilitares se refugiaron en una finca en Codazzi de propiedad del ganadero Edward Edilberto Mattos Borrero. El grupo que disparó era del frente de guerra 'Mártires del Valle Upar', que militaba en Becerril, Codazzi, Bosconia y Valledupar, bajo las órdenes de 'Jorge 40'.

Varios familiares víctimas de la violencia de los paramilitares en Cesar, le contaron a la fiscal Claudia Esther Ortiz que el ganadero Hugues Rodríguez era el hombre de confianza de 'Jorge 40', que conocía de los planes de su grupo para asesinar a la jueza de Becerril y que no hizo nada por evitar el crimen.

A finales de 2003, la fiscal cerró la investigación y acusó a Hugues de ser el presunto coautor del homicidio de la jueza y les dictó además medida de aseguramiento a Hugues y a Mattos, por su presunta participación en el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y por desplazamiento forzado. Desde entonces, Hugues desapareció y Mattos está en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar a la espera de que termine un juicio que se ha aplazado en varias ocasiones.

Rodríguez también está solicitado en extradición por una corte del distrito de Columbia que lo acusa de ser el coordinador de las utilidades del negocio de cocaína que controlaba 'Jorge 40' en Cesar y en Barranquilla. Según el indictment bajo el cual lo piden en extradición, "Rodríguez Fuentes hacía los arreglos para que las utilidades provenientes de la venta de los narcóticos se dispersaran en numerosas cuentas bancarias en Colombia y en propiedad raíz a nombre de personas que actuaban en calidad de testaferros". En la misma acusación figuran, además de Hugues, Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40' y Nodier Giraldo Giraldo, sobrino de Hernán Giraldo Serna, comandante del Bloque Resistencia Tayrona.

Hugues Rodríguez ya tiene un pool de abogados en Estados Unidos para su defensa y se dice que después de estar protegido por 'Jorge 40', se refugió en Venezuela, desde donde tiene contacto permanente con sus abogados en Colombia y con personas influyentes del país que lo vienen protegiendo. Por eso, el operativo de expropiación de sus bienes se tuvo que realizar en un completo hermetismo

Así se sobre-vive en Puerto Caldas

Así se sobre-vive en Puerto Caldas
Sofía – Periódico El Turbión

Era un martes caluroso cuando decidí acompañar a Camilo a su habitual recorrido por la polvorosa y única calle que de su casa le lleva a la escuela San Isidro, donde cursa cuarto grado de primaria. El paisaje es habitual para sus profundos ojos cafés que parecen tener respuesta para todo. Antes de comenzar a caminar me cuenta que nació en Puerto Caldas hace 10 años y que ha vivido en el Cofre, María Auxiliadora y el Progreso.

Todos los días debe caminar cerca de una hora para llegar a la escuela. "A mis amigos les toca más duro", dice Camilo, "ellos estudian en el colegio Carlos Castro Saavedra y en el Millán Rubio, que quedan en la salida del barrio, cerca de la empresa de papeles nacionales". Hace una semana no asiste a la escuela porque a su mamá no le gusta mandarlo cuando no tienen nada que comer en casa, pero hoy sí. Después de tomarse unos tragos de aguadepanela comenzamos un recorrido que para mí resulta sorprendente, pues cada casa y cada rostro muestran una realidad que no se ve en la televisión, ni aparece en los periódicos.

Luego de atravesar una docena de casas elaboradas en madera, guadua, cartón y plástico, vemos a una mujer de tez blanca seguida por tres pequeños que compiten por su delgadez. Ella lleva en su mano una bolsa que parece contener algo suave y delicado, pues no permite que ninguno de sus hijos lo lleve a pesar del interés que demuestran por hacerlo. En sus rostros se refleja la ansiedad y la alegría de quien recibirá un regalo, una sorpresa o una ansiada visita. "¿Sabes para donde van?" interrogo a mi acompañante, que rápidamente me responde: "pa´ Cartago, a entregar el bordado, ¿no ve que es bordadora, igual que mi mamá?"

En ese momento recuerdo haber acompañado alguna vez a una familiar a comprar un bordado cartagueño en la plaza principal de este municipio. Si la memoria no me falla, nos devolvimos sin el hermoso bordado, pues los 70.000 pesos que llevábamos no nos alcanzaron. Esto me motiva a hablar con la bordadora, quien amablemente responde mis preguntas, esperando quizás encontrar reconocimiento a su trabajo y respaldo a sus quejas.

"A mí y a otras vecinas, incluso hombres y uno que otro niño, nos entregan una blusa, un pantalón o un vestido para que lo bordemos, pasamos casi dos semanas realizando el trabajo con mucho empeño pues debe quedar perfecto y bordar a mano es demorado, es de mucho detalle. Luego vienen y nos recogen la prenda o la llevamos nosotros mismos y nos pagan 4.000 o 5.000 pesos". La interrumpo al pensar que se ha equivocado: "¿por dos semanas de trabajo 4.000 pesos?", a lo cual me responde, sin vacilar, "sí, imagínese, eso nada más por un trabajo de dos semanas y dicen que allá los cobran muy caros, pero es que aquí no hay más en que trabajar y al menos con eso entramos ese día algo a la casa"

El tiempo nos obliga a interrumpir la conversación. Ella, la bordadora, debe entregar sus labores y nosotros debemos darnos prisa, pues en 20 minutos comienzan las clases de Camilo.

Me sorprende ver cada siete casas letreros que anuncian tiendas, o ventas de cualquier cosa, y en su interior una pequeña vitrina casi vacía, con tres gaseosas y dos bolsas de parva. ¿Ésta es la economía del rebusque de la que tanto se oye hablar? Los principales problemas del corregimiento Puerto Caldas, según sus propios pobladores, son el desempleo y el hambre. Frases como: "ya no hay en qué trabajar"; "antes, por lo menos, cogíamos café"; "sólo cada seis meses uno que otro trabaja en los planes –cultivos de sorgo, soja o fríjol–"; "las industrias de la entrada no emplean a los de aquí, sólo les dan trabajo a los de Pereira o de Cartago" se escuchan entre techos rotos y pisos de tierra.

Al llegar a la escuela, prometo a Camilo acompañarlo de vuelta a casa y aprovecho para descansar, pues me espera un recorrido más extenuante: al medio día el sol se hará más fuerte.

En la espera conozco a don José, un anciano de rostro triste que se encuentra a la sombra de un árbol justo enfrente de la escuela San Isidro, su piel arrugada, reseca por el sol y el polvo, da cuenta de años de duro trabajo. Tras una presentación muy informal comienza a contarme que sus nietos ya no van a la escuela: "los devolvieron porque no tenían uniforme, ¡la señora profesora poniéndonos problema por eso y nosotros sin tener con qué mercar ni siquiera!".

Su preocupación no sólo era la falta de estudio de sus descendientes, también se mostraba inquieto por lo que él llamó "malos ejemplos" que recibían los niños y las niñas de los adultos y los jóvenes. "¿Cuáles malos ejemplos?" pregunto a don José, quien me responde con mucha seguridad: "pues por aquí hay mucho vicio –dice en voz baja–, imagínese que hay niños de ocho años que ya fuman marihuana y bazuco, ¿qué se puede esperar de esta juventud?"

"A mis ochenta y tantos años sólo he llegado a fumar de eso una sola vez. Fue durante una cosecha de café. Me la ofreció un amigo porque teníamos que trabajar mucho, le recibí y eso me cayó muy mal: me quedé dormido, me robaron y vine a aparecer a los tres días por allá en un pueblo de Caldas. De ahí ni más, nunca yo volví a probar de eso. En cambio, ahora hasta los mismos padres fuman delante de los hijos y por ahí derecho ellos lo van haciendo también".

Don José también evoca recuerdos de cuando pasaba el tren por esta calle polvorienta. "Hace 28 años, cuando llegué a estas tierras todo era rastrojos, cafetales y uno que otro árbol frutal. Yo alcancé a viajar en tren hasta Medellín, pero al poco tiempo abandonaron la vía y esto ahí mismo se comenzó a poblar: venía gente de Cartago, de Pereira. Unos invadieron, otros compraron y otros invadieron y luego vendieron y así se fue poblando y poblando este Puerto Caldas". Cuando le pregunto qué pasó con la vía del tren, me responde: "eso se vino a desaparecer hace como 6 años. Un día vinieron unos camiones y se llevaron los rieles, ya sólo queda el recuerdo entre los más viejos de que por aquí pasó el tren". El tiempo se hizo breve en compañía de don José, quien me despide con un fuerte apretón de manos.

Camilo salió de la escuela, de regreso a su casa me decía asombrado, mientras señalaba su ropa y el piso: "¿sabe que disque existen unos animalitos tan pequeñitos que no se pueden ver con los ojos sino con un microscopio, se llaman 'mundo mónera' y que están por todos lados?". El recorrido fue menos presuroso y se hizo más corto mientras él recordaba lo que había aprendido con "la profe Claudia".

Antes de finalizar el recorrido, le pregunto por Jhonatan, un joven de trece años del que escuche hablar en varias oportunidades durante la mañana. "Hace como tres años que se salió de la escuela y no estudia, se la pasa por ahí en la calle y cuando algún vecino da papaya y deja alguna cosa descuidada él la coge y la vende en Cartago: se roba ropa, herramientas, ollas o lo que sea, y la mamá no le dice nada porque son pobres y él le da plata de esa para los buses y el mercado". En esta realidad el robo se legitima por la necesidad y por el hambre.

Me hubiese gustado seguir esta conversación pero esta vez fue mi tiempo el que se agotó.

Me despedí de Camilo justo frente a esa casa de esterilla y tejas rotas ayudadas por plásticos y ladrillos, donde escampan sus sueños y también se mojan cuando la lluvia se hace fuerte.

Los fugitivos

Los fugitivos

Por no creer en la justicia o a la espera de una segunda decisión que quizá los considere inocentes, varios políticos y empresarios del país están prófugos. SEMANA.COM hace un recuento de quiénes son y en qué van sus procesos.
Por Juan Esteban Mejía Upegui

Fecha: 03/21/2007 -

La noticia este año, a pesar de estar cansando a muchos colombianos, es el escándalo de la ‘para-política’. La justicia colombiana ha encarcelado en los últimos días a congresistas, empresarios y mandatarios locales implicados en graves y sorprendentes delitos cometidos con las AUC.

El pulso duro en estos casos lo ha tenido la rama judicial que hoy se juega su prestigio con las investigaciones que adelanta, y con los llamados a indagatoria y a declarar que son noticia cada semana.

Aunque hay varios tras las rejas, otros, por no confiar en la justicia o por buscar en la libertad las pruebas que demuestren su inocencia, se encuentran prófugos. SEMANA.COM hace un recuento de los grandes fugitivos actuales de la justicia colombiana.

Álvaro Araújo Noguera Álvaro José Lloreda Fernando Botero Jorge Luis Caballero Salvador Arana
Vicente Castaño

En julio de 2006, el presidente Álvaro Uribe ordenó que él y todos los comandantes de las autodefensas desmovilizados fueran llevados a un centro de reclusión en La Ceja (Antioquia). Todos aparecieron de manera gradual menos Vicente Castaño, hermano de Carlos, reconocido ex comandante de las AUC.

Poco tiempo después su orden de captura fue levantada por la Fiscalía al igual que su orden de extradición que habían quedado sin vigencia luego de su desmovilización. Pero nada que aparece. En actos públicos, se les ha ordenado a la Policía y al Ejército que lo persigan sin descanso y se ha ofrecido una millonaria recompensa por él.

Lo poco que se ha vuelto a saber de él es que su nombre aparece asociado con la conformación de nuevos grupos paramilitares en el suroriente del país. También lo relacionan con el asesinato de Yolanda Izquierdo, líder de un grupo de víctimas en Córdoba que murió por reclamar la restitución de las tierras que les quitaron los ‘paras’. Se habla también de la permanencia de su gran poder, el mismo que adquirió en silencio dentro de las AUC.

Informes de inteligencia señalan que Vicente se hizo fuerte entre los ‘paras’ en los años 80, cuando su hermano Fidel controlaba los mundos del paramilitarismo y el narcotráfico. Como sucede con todos los miembros de esas organizaciones, Vicente empezó a ser reconocido con apodos. Sus alias eran ‘El Profe’ o ‘Yarumo’.

Después de la muerte de Fidel (el hermano mayor), en los 90, asumió el mando Carlos, el menor de los tres. Entonces Vicente se volvió miembro activo de la organización e incluso coordinó con fuerte carácter varias operaciones de combate.

Según le dijo a Semana en una entrevista a finales del año pasado, sus dos exigencias son “primero, un acta actualizada o de cierre del proceso de negociación de paz entre el gobierno y las AUC donde se estipulen todos los acuerdos pactados. Y segundo, que el acta lleve la firma de la comisión de garantes para el cumplimiento de los mismos”. Remató diciendo que “me acojo cuando los acuerdos pactados en la negociación estén escritos en un acta firmada por el gobierno, la Iglesia, la OEA y la comisión de garantes para su cumplimiento”.

Salvador Arana

Ex gobernador de Sucre y ex diplomático del gobierno del presidente Uribe en Chile.

Su nombre está asociado con un cruel episodio de la violencia de los paramilitares. Eudaldo León Díaz, ex alcalde del municipio El Roble en el mismo departamento, era militante del Polo Democrático. En un consejo comunitario que se hizo en Corozal en marzo de 2003, se levantó y le dijo al presidente Álvaro Uribe: “a mí me van a matar”. Pero no sólo le contó al mandatario su fatal sospecha. También lo hizo con su familia. A sus parientes. Agregó que si algo le pasaba, era responsabilidad de Salvador Arana.

El presagio de Díaz se cumplió. El 5 abril de ese año, desapareció. No se supo nada de él hasta cinco días después, cuando encontraron su cadáver en una de las salidas de Sincelejo.

La Fiscalía dictó orden de captura contra Arana en noviembre de 2006, sindicado de desaparición forzada y homicidio agravado de Díaz. La decisión del ente se basó en diversos testimonios. “Miembros de grupos paramilitares del departamento manifiestan haber escuchado cuando se decía que Salvador Arana suministró los recursos económicos para que el combatiente paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, diera muerte al Alcalde”, dice un registro de la Fiscalía. Allí también consta que hubo testigos que vieron a Arana reunido con Mercado.

El documento oficial tiene otro revelador testimonio. Parece ser de un mesero que escuchó cuando ‘El Cocha’, jefe de sicarios de los paramilitares, les dijo a sus hombres: ‘¿Ustedes qué hacen aquí que no están cuidando al Alcalde? Ya Arana dio la orden de matarlo y todo está pago”. El mesero fue muerto después de dar su declaración.

Como consecuencia de esos testimonios, Arana fue involucrado en la investigación. Su orden de captura se dictó cuando la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía un expediente que señala a Arana como creador de grupos paramilitares en Sucre y responsable del desvío de dinero de la gobernación para ese objetivo.

Puesto que se perdió su rastro, la Policía Internacional (Interpol) emitió la circular roja contra Salvador Arana el primero de diciembre de 2006. Ésta sirve para buscarlo y capturarlo en cualquiera de los 186 países que conforman ese cuerpo policial.

Fernando Botero

El pasado enero, el ex ministro de Defensa recibió una noticia que no esperaba. La Corte Suprema de Justicia falló en su contra y lo sentenció a pagar una condena de 30 meses de prisión por hurto agravado. La causa fue haber tomado dineros que no eran suyos para comprar una finca en Tabio (Cundinamarca). El hecho por el que lo acusan está asociado con la campaña de Ernesto Samper, envuelta en el sonado escándalo del proceso 8.000.

Lo que sucedió con Botero fue que prestó sus cuentas personales en el exterior para que empresarios que no quisieran evidenciar su participación financiera en la campaña pudieran aportar dinero anónimamente. Entre marzo y junio de 1994, fue a dar a esas cuentas un total de 1’875.000 dólares.

Sobre el destino de ese monto, la Fiscalía estableció que el 10 de junio de 1994, entre la primera y segunda vuelta de las elecciones, Botero trasladó un millón de dólares a sus cuentas en Bogotá. Envió el dinero a la sucursal del Banco de Colombia en Panamá y allá se expidieron cheques de gerencia a nombre de personas allegadas a él.

Quienes recibieron los cheques, los endosaron y se los entregaron a Botero. Esa plata fue destinada a gastos de la campaña por medio de tesoreros regionales, según las investigaciones de la Fiscalía.

Hasta ahí, no había ningún problema. Lo que encontró irregular la justicia colombiana fue lo que sucedió con el resto del dinero, cerca de un millón de dólares (800 millones de pesos).

Esa plata llegó a Colombia igual que el monto anterior, pero el 23 de junio, cuando Samper ya estaba elegido como Presidente. El problema de este giro no fue la fecha, sino su destino. Las investigaciones determinaron que de esos 800 millones de pesos, 490,5 fueron usados para comprar una finca de Tabio y el resto fue para pagar cuentas personales de Botero. Ese es el hurto agravado por el que lo acusan.

Sin embargo, Botero explicó que su familia tenía suficiente capacidad económica para realizar esos pagos y que el origen del problema era determinar cuáles dineros de su cuenta pertenecían a la campaña y cuáles a sus ingresos personales.

Por eso, el juez de primera instancia lo absolvió en 2001, pero la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión. El Tribunal que revisó el caso determinó que no eran consecuentes los dineros personales de que hablaba Botero con las fechas de las negociaciones. Entonces el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 30 meses de cárcel. La decisión fue apelada y en enero la Corte Suprema de Justicia definió que el fallo era acertado.

Ahora Botero se encuentra refugiado en México, país que le dio su nacionalidad. Dice que apelará a tribunales internacionales porque la justicia colombiana violó el debido proceso en su caso. Mientras tanto, la Interpol emitió circular azul, para que lo persigan donde se encuentra y está a la espera la circular roja, para que lo capturen.

Jorge Luis Caballero

De los congresistas que recibieron orden de captura por el escándalo de la para-política, es el único que no se ha presentado ante la justicia, ni ha sido capturado. Ahora está en España.

Está sindicado por concierto para delinquir agravado. La razón del señalamiento es la supuesta promoción y el financiamiento de grupos paramilitares. Por tales acciones, había sido cuestionado en un debate en el Congreso el 16 de mayo de 2005 por el entonces representante Gustavo Petro.

Las acusaciones empezaron a esclarecerse en 2006 cuando el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, declaró que Caballero era el candidato del Bloque Norte de las AUC en Magdalena. Según explicó, la presión de ese grupo sobre los votantes fue la responsable de que este congresista obtuviera el 93 por ciento de los votos en algunos municipios del departamento.

No obstante, Caballero se defendió diciendo que su alta aprobación popular se debía a su recorrido político y a su trabajo como Gobernador. Pero aquella excusa no impidió que se emitiera la orden de captura en su contra junto con las de los congresistas Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Luis Fernando Vives, Dieb Maloof y Alonso Campo el pasado 15 de febrero.

Uno a uno, cada congresista se fue presentando ante la Fiscalía, pero Caballero no lo hizo. Al contrario, se fue en un carro hasta la frontera con Ecuador y huyó por ese país. Luego, viajó a España, según lo informó la Interpol.

Aunque se tiene detectado en ese país, no ha sido reportado a Colombia porque entró de manera legal. Por eso es necesario que la Interpol emita circular roja, para que pueda ser capturado y traído al país. El trámite está en espera.

Álvaro Araújo Noguera

Mientras se refugiaba en la clandestinidad, su esposa, María Lourdes Castro, les dijo a los medios de comunicación en Cartagena que él se entregaría pronto.

Este reconocido político del Cesar, padre de una ex canciller y de un congresista preso por ‘para-política’, tiene hoy 74 años. Durante su vida, ha ocupado importantes cargos públicos como ministro de Agricultura y Senador. Luego de una recorrida trayectoria política, pasó a ejercerla en silencio, sin mostrarse mucho, aunque su apellido seguía sonando. Su sobrino Hernando Molina, gobernador del Cesar, también está salpicado en el escándalo de la para-política.

Mientras ellos están respondiéndole a la justicia, Araújo Noguera huyó después de que la Fiscalía ordenara su captura. Está sindicado por supuesta participación en el secuestro de Elías Ochoa Daza, un opositor político de su hijo Álvaro.

Al parecer, Ochoa tenía planeado ocupar una curul en el Congreso en las elecciones de 2006. Pero Araújo Noguera le propuso que no la buscara solo y se sumara a la lista de su hijo por el partido Alas Equipo Colombia. Ochoa rechazó la oferta y lanzó a Juana Ramírez como candidata a la Cámara de Representantes.

Al día siguiente, el Bloque Norte de las Autodefensas secuestró a Ochoa. Según el expediente donde se registra su proceso, sólo volvería a la libertad si Ramírez se sumaba a la lista de Araújo Castro. La justicia colombiana requiere a Araújo Noguera para que responda si, en efecto, estuvo implicado en el secuestro del político y si actuó como emisario de ‘Jorge 40’ para liberarlo.

En un principio, se rumoraba que estaba refugiado en Venezuela, pero su esposa salió hace poco a decir en público que se encuentra en Colombia. Según explicó, no se le ha entregado a la Fiscalía porque está reuniendo pruebas para demostrar su inocencia. Sin embargo, permanece la circular roja que emitió la Interpol el 11 de marzo.

Álvaro José Lloreda

Una juez condenó a este empresario del Valle del Cauca a pagar nueve años de prisión y a cancelar una multa de 13.000 millones de pesos. La funcionaria consideró que él, junto con su hijo Jorge Alberto, estafaron al municipio de Cali en beneficio de sus empresas.

El caso proviene desde la liquidación de Colpuertos, en 1991, cuando se creó el fondo Foncolpuertos, para que atendiera las reclamaciones laborales de 18.000 trabajadores. Algunos consiguieron por medios poco claros que los jueces les reconocieran millonarias indemnizaciones basadas en documentos falsos.

Como el fondo se demoraba tanto en pagar, lograron que se emitieran títulos valores para que los pagara el Estado. Esto les permitía a los empleados vender los papeles y obtener pronto su dinero, mientras que los compradores de los títulos les cobrarían el Estado y recibirían el dinero en un lapso de tres o cuatro años.

Se cree que los Lloreda vieron ahí un buen negocio y se dedicaron a comprar los papeles. Más tarde, los cobraron sin ningún problema. A finales de 1998 se les planteó a la familia un nuevo negocio que analizaron durante meses. Comprar los mandamientos de pago de otros 168 ex trabajadores y encargarse a través de Fidupacífico, cuyo presidente era Jorge Alberto, de cobrar 13.000 millones de pesos que sumaban estos títulos reconocidos por fallos judiciales.

Al final hicieron el negocio y ese 28 de diciembre aceptaron traspasarlo al Fondo Financiero que manejaba los recursos del municipio de Cali, Bancali. Antes de terminar el año ya se hablaba de que algo irregular estaba ocurriendo con las liquidaciones laborales de los pensionados de Colpuertos y se comenzaron a destapar los fraudes y falsificaciones de actas de conciliación que daban derecho a sumas exorbitantes. Pero sólo en el año 2000 el gobierno decidió parar los pagos.

La juez falló contemplando que los Lloreda conocían los problemas de los títulos que se habían emitido y que, aun así, decidieron vendérselos a Bancali. Para la justicia, esto significa un engaño al municipio.

Como prueba de ese conocimiento que tenían padre e hijo, hay una carta que les envió la jefe jurídica de Foncolpuertos, Libia del Socorro Ortiz. En ella, les advertía sobre las irregularidades de los mandamientos de pago, antes de que ellos le vendieran los títulos a Bancali. Por eso, la juez los condenó por estafa agravada.

Sin embargo, Álvaro José se rehúsa a presentarse ante la justicia para pagar la condena. Su abogado, Yesid Reyes, explica que la acusación por estafa fue desconcertante, pues llevaban seis años defendiéndose y tres años atrás les habían imputado el delito de peculado.

Según dice, el cambio de calificación de un delito a otro es un proceso irregular. Y asegura que fuera de eso, para el fallo no se tuvieron en cuenta algunas pruebas que se presentaron durante el proceso. Por eso, Lloreda sigue en la clandestinidad.

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