colombiainedita

Wednesday, January 31, 2007

Parapolítica

La Corte se da la pela y llama a declarar a firmantes de ‘acuerdo de Ralito’

Pese al peso político de los congresistas involucrados y a los mensajes del gobierno minimizando la gravedad del tema, los magistrados creen que los suscriptores del polémico documento deben, cuando menos, explicar por qué lo hicieron.

Por Élber Gutiérrez RoaFecha: 01/30/2007 -

Ni siquiera las explicaciones del ministro del Interior, Carlos Holguín, pudieron evitar lo que desde hace una semana parecía un hecho cumplido. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar a los congresistas que firmaron el ‘acuerdo de Ralito’ del 23 de julio de 2001 y solicitó declaración juramentada a los ex senadores y ex representantes vinculados en el caso.

La decisión se veía venir. Incluso los mismos legisladores implicados reconocían en voz baja que estaban preparando a sus abogados para enfrentar el caso. Y uno de ellos hasta confesó que le asombraba la demora en la toma de la decisión. Ahora la decisión está en firme y es inevitable que los congresistas salpicados tengan que pasar por lo menos un día rindiendo explicaciones ante su juez natural a partir de la próxima semana. Pese a que el presidente de la sala, magistrado Alfredo Gómez Quintero, no quiso dar detalles sobre la determinación, está claro que a la Corte no le pareció que el documento sea tan irrelevante como señaló el ministro Holguín el día que se divulgó su contenido.

Tampoco cree suficientes las explicaciones dadas ante los medios por los signatarios del ‘acuerdo’. Y, por el momento, no ve que el documento, divulgado por Salvatore Mancuso, esté adulterado como insinuaron varios de los congresistas cuyas firmas aparecen al final del mismo.

¿Está buscando el gobierno una ley de punto final para las AUC?
El comandante paramilitar Salvatore Mancuso sí tiene quien le escriba
Corte anexa ‘acuerdo de Ralito’ a expediente por ‘parapolítica’
23 de julio de 2001, el día que se firmó el pacto con el diablo
Aquel 1997, año en que el paramilitar Salvatore Mancuso entró a una brigada militar
Estas son las 336 víctimas del ex paramilitar
Monumental escándalo por revelaciones de Salvatore Mancuso sobre masacres planeadas con militares de alto rango
De Ralito al Congreso
El criminal de guerra
Pacto con el diablo
Semana presenta la confesión de Mancuso ante la Fiscalía
Vea el texto completo del 'acuerdo de Ralito'

Salvatore Mancuso, el ex jefe para que reveló el 'acuerdo de Ralito' deberá presentarse a la Corte para explicar en qué consistió la reunión y cuáles fueron sus efectos. Sus ex aliados Jorge 40, Diego Vecino y Don Berna también lo harán.

Lo que sigue ahora es oír la versión oficial y detallada de cada uno de los firmantes, incluso las de los paramilitares. Dado que las dignidades de algunos de los políticos han cambiado y que otros ya estaban vinculados al proceso por la ‘parapolítica’ por hechos distintos al analizado ahora, su presencia ante la Corte se hará mediante distintas diligencias. Los senadores Juan Manuel López Cabrales, William Montes y Reginaldo Montes, así como el representante José Negrete serán llamados a rendir versión libre por primera vez en el proceso. Miguel de la Espriella, Álvaro Araújo y Dieb Maloof (senadores) y el representante Alfonso Campo Escobar ampliarán la versión ya rendida.

El primero de ellos acudió ante la Corte por iniciativa propia tras ventilar ante los medios detalles sobre la reunión en la que se firmó el ‘acuerdo’. Los otros tres fueron llamados por el tribunal desde finales del año pasado por aparecer en el computador de Jorge 40 y en declaraciones de testigos que los comprometen con las autodefensas.

Los ex congresistas Rodrigo Burgos de la Espriella, Pepe Gnecco, Luis Álvarez, José María Imbett, Luis Carlos Ordosgoitia, Freddy Sánchez, Eleonora Pineda y José Luis Feris, rendirán declaración juramentada como testigos, pues ya perdieron el fuero de congresistas. Finalmente, los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, 'Don Berna', Diego Vecino y Rodrigo Tovar 'Jorge 40', cuatro de los hombres que para la época del documento sembraron el terror en la Costa Atlántica, ampliarán su indagación ante el tribunal.

Los interrogantes en uno y otro caso ya están planteados. A la Corte le interesa saber en calidad de qué asistió cada persona al encuentro, por qué razones lo hizo, que consecuencias tuvo la reunión, cuántos de estos encuentros hubo, qué información tenían los asistentes sobre el documento final que aparece como aprobado y a qué se refieren los apartes del documento que hablan sobre compromisos como “refundar la Nación”, “garantizar los fines del estado”, “defender la independencia nacional” y “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo''. Algunas de las respuestas también son públicas.

Reginaldo Montes dirá que asistió bajo la presión derivada del homicidio de uno de los dirigentes de su grupo político que se negó a acudir a una reunión similar. Juan Manuel López Cabrales, por la amenaza de muerte que le decretó Mancuso ante su vehemencia en las denuncias contra el paramilitarismo. Guerra de la Espriella, porque esas eran las condiciones políticas de la región. Y Eleonora Pineda, que lo hizo sin presiones y por el bien del país.

De la valoración que haga la Corte sobre cada una de estas versiones y las nuevas pruebas que recaude depende en buena medida el futuro de parte de la investigación, cuyas aristas son tan variadas como los tentáculos de la infiltración paramilitar: los que aparecen en el computador de Jorge 40, los denunciados por el ex paramilitar Jairo Castillo Peralta “alias Pitirry” y los suscriptores del acuerdo de Ralito. De ahí la importancia de que los magistrados sigan trabajando
sin acceder a las presiones, sea cual sea el resultado de las averiguaciones.

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Expertos siete países piden reforzar prevención tráfico personas

Expertos de Argentina, Panamá, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia analizaron hoy en Bogotá el tráfico de personas en sus países y fórmulas para combatirlo.Los delegados presentaron las experiencias de sus países durante dos días en la Conferencia sobre Experiencias Latinoamericanas en la Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas, promovida por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

El representante de la OIM en Colombia, Diego Beltrand, recordó que Brasil, República Dominicana y Colombia son los países más afectados por la trata con fines de explotación laboral o sexual.'Brasil, República Dominicana y Colombia tienen problemas serios de trata de personas', señaló el funcionario, quien destacó los resultados positivos obtenidos desde el año pasado cuando comenzó la campaña 'Que nadie dañe tus sueños', para prevenir la explotación.

Con todo, admitió que el problema es difícil de combatir mientras subsistan las causas del problema como el desempleo y la falta de oportunidades en algunos países latinoamericanos.Precisó que cada año la OIM rescata unas 100 víctimas colombianas de redes de tráfico humanos, si bien un número mayor mayor queda en poder de los traficantes o no denuncia su drama.

Desde el 2002, la OIM ha prestado asistencia a más de 300 casos de víctimas, hombres y mujeres colombianas, en coordinación con las autoridades locales, pero se calcula que esta cifra equivale al cinco por ciento del total de las víctimas y los demás casos no se denuncian por falta de conocimiento de los derechos o temor a represalias.Durante la Conferencia se presentó el libro Guía para la Asistencia a Víctimas de la Trata en Colombia, hecho por la OIM y 14 instituciones del Estado colombiano con el apoyo de organismos internacionales.

También el Ministerio colombiano de Relaciones Exteriores, presentó el libro 'Memorias de la Conferencia Internacional Sistemas de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas', que reúne los mecanismos para luchar contra este delito y las conclusiones de los foros recientes sobre la materia.

Terra Actualidad - EFE

Enero 30 de 2007 -

Se elevó a 14 número de congresistas citados por la Corte a declarar por escándalo de 'Parapolítica'

El tribunal llamó a rendir versión libre a cinco parlamentarios, que aparecen como firmantes del pacto de Ralito, para que expliquen por qué se reunieron con los jefes de las Autodefensas.
Cuatro de ellos no habían sido indagados hasta ahora por la justicia: los senadores Juan Manuel López ( del Partido Liberal y la más alta votación de esa colectividad en los pasados comicios), Reginaldo Montes (de Cambio Radical), William Montes (del Partido Conservador) y el representante José de los Santos Negrete (del conservatismo). Ellos deberán explicarles a los magistrados - al parecer la próxima semana- por qué se reunieron con la cúpula de las Auc en momentos en que sus integrantes eran delincuentes reconocidos buscados por la justicia y por qué estamparon sus nombres en un documento, calificado como "confidencial y secreto", que habla de "refundar la patria".

La Corte también llamó, por segunda vez, al senador Miguel de la Espriella, de Colombia Democrática, para que amplíe su versión sobre esa reunión. De la Espriella reveló esa cita en entrevista con EL TIEMPO a finales de noviembre pasado y luego contó su historia al tribunal.Esta nueva decisión, que algunos consideraban un paso obligado después de que la Fiscalía le envió el documento de Ralito a la Corte, no implica necesariamente que a todos los firmantes se les abrirá un proceso penal.

De hecho, las apuestas en adelante se darán en torno si los magistrados aceptarán la excusas públicas entregadas por varios de los congresistas en el sentido de que fueron a la cita amenazados y que firmaron un texto del que desconocían su documento. En ese punto serán clave los testimonios de otros asistentes al encuentro que han manifestado que no hubo amenazas y que el documento les fue leído a todos.

Algunos de estos testigos, entre los que hay ex congresistas y ex alcaldes, serán llamados por los magistrados a dar una "declaración juramentada". Como esas personas no son de competencia del tribunal, que solo investiga a quienes tienen fuero, sus casos podrían pasar a la Fiscalía.Ayer en la mañana, la Procuraduría había enviado un oficio a la Corte pidiendo llamar a versión libre a los firmantes del pacto.Araújo y Maloof, a nueva cita

De otro lado, la Corte también dijo que convocó a los senadores Álvaro Araújo y Dieb Maloof, y al representante Alfonso Campo Escobar, a ampliar las indagatorias que rindieron en diciembre pasado.Aunque no explicó el motivo, en los últimos días se han conocido declaraciones de testigos que hablan de la presunta relación de Araújo con el secuestro de un político en Cesar y de los supuestos negocios de Maloof con un narco al servicio de 'Jorge 40'.

Desde octubre pasado, por la Corte han desfilado, además de Araújo, Maloof y Campo, los congresistas Luis Vives, Mauricio Pimiento y Jorge Luis Caballero. Aún no se ha definido la situación jurídica de ninguno de ellos.También rindieron indagatoria Álvaro García, Erik Morris y Jairo Merlano, a quienes les dictaron orden de captura por sus presuntos nexos con los 'paramilitares'.

Merlano renunció a su investidura, lo que le permitió no ser procesado por la Corte que solo tiene una instancia, y su caso quedó en manos de la Fiscalía.

www.eltiempo.com

Monday, January 29, 2007

“Vi autodefensas subirse a helicópteros del Ejército”

"Estuve en Urabá del 94 al 96, cuando mi general Hermófilo Rodríguez le entregó la XVII Brigada a mi general Rito Alejo del Río. A él lo llaman 'el papá de las autodefensas' porque fue quien empezó a uniformarlas y a darles el manejo militar que se necesitaba. En esa época los paracos llegaban hasta la brigada uniformados y con armamento. Llegué a ver incluso dos contraguerrillas de las autodefensas embarcándose en un helicóptero MI del Ejército, en el helipuerto de la Brigada. Combatíamos juntos. Incluso a un paraco al que le decían 'Chilapo' que le recuperó a las Farc una M-60, mi general Del Río lo mandó como conductor civil para el Sinaí. Después se empezaron a coordinar acciones con el jefe paramilitar 'El Alemán'.

Estuvimos actuando en Piedras Blancas, Bajirá, Dabeiba. El Ejército con tres contraguerrillas por un lado, y los paracos por debajo. Nosotros correteábamos a la guerrilla, y ellos los mataban. Porque ellos no tenían que ver con nada de derechos humanos, pero nosotros sí.

Después llegó a la Brigada el general Carreño y se rompieron los lazos con las autodefensas cuando él capturó a toda una contraguerrilla de los paracos que estaba combatiendo junto al Ejército. Eso fue a raíz de una masacre en Saiza. Mi general Carreño les había advertido que no le hicieran masacres. Él no quería que le mataran civiles sino despejar a la guerrilla. A Rito Alejo lo que le importaba, en cambio, eran las bajas".

La castigadora

L­a denuncia contra el coronel Mejía involucra también gravemente a Alix Cecilia Daza Martínez. Esta abogada fue durante mucho tiempo juez superior de Valledupar, donde se le conocía con el remoquete de 'la castigadora' porque tenía fama de tomar decisiones muy duras. Entre 2001 y 2004 se desempeñó como directora seccional de Fiscalías en Valledupar.

Según el testigo, Daza Martínez actuó como cómplice del coronel, firmaba los levantamientos de falsos combates y contribuía con las AUC cuando sus miembros eran detenidos o judicializados. Esta fiscal aparece mencionada como colaboradora de las autodefensas en el proceso por el asesinato de la juez de Becerril Marilis Hinojosa.

Un fiscal que trabajó para Daza en esa época le dijo a SEMANA que "Alix trabajó muy de la mano con el famoso coronel Mejía comandante del Batallón La Popa de Valledupar, quien era un mandadero de '39', al punto que éste le regaló una Toyota Prado que sus hombres habían hurtado y que Mejía tuvo que devolver porque su propietario la reconoció en las calles de Valledupar.

Alix Daza le colaboró a Mejía para que el vehículo apareciera como si hubiese sido inmovilizado".Tampoco es clara su actuación en el caso de la muerte del indígena Juan Enenías Daza Castillo, crimen que después de estar en manos de la Fiscalía fue remitido a la justicia penal militar. Daza Martínez se retiró de la Fiscalía en marzo de 2004.


Las muertes de los kankuamos

L­os indígenas kankuamos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta han sido exterminados en los últimos años. Entre 1993 y 2003 se habían contabilizado 166 asesinatos. Pero una cuarta parte de ellos (53) ocurrió en el primer semestre de 2003.

Tan grave resultó esta situación, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas especiales de protección para este grupo que, de no cumplirse, llevarían a que el Estado sea sancionado duramente.

En la Corte Interamericana reposan denuncias que vinculan al Batallón de Artillería 2 La Popa, con varias de estas muertes. Información similar reposa en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. El coronel Mejía está en el ojo del huracán por estos casos.


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Nacion

De héroe a villano

Paramilitares fusilados que se hacen pasar por guerrilleros, tortura de milicianos de las Farc y operaciones conjuntas entre autodefensas y Ejército hacen parte de las espeluznantes actuaciones del comandante del Batallón La Popa.

• Y muestran hasta dónde llegó la alianza entre algunos sectores militares y 'Jorge 40'. • El ministerio de Defensa, por primera vez en la historia, coge el toro por los cuernos y separa del cargo a un coronel activo del Ejército.

• SEMANA habló en exclusiva con el testigo clave del caso. El 25 de octubre de 2002 era hasta el viernes pasado una fecha memorable para el Ejército. Ese día, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, les informó a sus superiores que durante un combate habían dado de baja a 19 guerrilleros del Frente 6 de Diciembre del ELN.

El general Carlos Alberto Ospina, en ese entonces comandante del Ejército, viajó hasta Cesar a corroborar la victoria militar y, muy orgulloso, dio una rueda de prensa en la que destacó este como uno de los mayores éxitos alcanzados en la historia de la lucha contra la subversión. La acción aparentaba ser una hazaña llena de detalles extraños. Era un combate atípico porque murieron todos los guerrilleros, pero ninguno de los 14 soldados sufrió el más mínimo rasguño.

Además, el supuesto enfrentamiento se había presentado en la hacienda El Socorro, en Bosconia, una zona de fuerte presencia paramilitar. Finalmente, el hecho le valió felicitaciones y medallas al coronel Mejía, que después de ese día afianzó su fama de tropero. Pero hace una semana, ese recordado capítulo dio un vuelco cuando el Ministro de Defensa y el alto mando castrense conocieron las denuncias hechas por un ex suboficial, subalterno del coronel Mejía, que conoció de primera mano la verdadera historia sobre cómo el Batallón La Popa se convirtió en una de las unidades que más bajas produjo entre 2002 y 2004.

Este suboficial le contó a la justicia penal militar todo lo que vio en estos años, y la gravedad de su testimonio hizo que el caso fuera trasladado de inmediato a la Fiscalía. SEMANA habló con el ex militar, que se convirtió en el principal, pero no el único, testigo de esta escabrosa historia.El suboficial estuvo durante 18 años en el Ejército y conoció de cerca cómo funcionaban los vínculos entre algunos de sus superiores y las autodefensas en Urabá, Guaviare y la Costa. En Santa Marta había estado bajo órdenes del capitán Édgar Fierro, más conocido en el país como 'Don Antonio', el hombre del computador de 'Jorge 40'.

Cuando el coronel Mejía llegó a Valledupar, se apoyó inicialmente en este suboficial. Después terminaron de enemigos. El hoy testigo de la Fiscalía resultó en la cárcel acusado de tráfico de munición, en un proceso lleno de irregularidades. Al salir, trabajó con los paramilitares durante varios meses hasta que finalmente decidió alejarse de la vida criminal. Ahora decidió contar todo lo que sabe. Especialmente, las andanzas del que fuera su comandante en el Batallón La Popa.

El coronel en su laberinto

Antes de convertirse en villano, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez era un héroe. Siempre ha sido el primero de su curso, luce en su pecho cinco medallas de orden público, algo que pocos oficiales pueden lograr a lo largo de su carrera. Cuando apenas empezaba su vida como oficial, estuvo asignado a uno de los episodios más difíciles de la historia el país: la retoma del Palacio de Justicia. A lo largo de su vida ha estado en regiones tan complicadas como Putumayo y Caquetá. Así se hizo a una hoja de vida que tiene más de 30 páginas llenas de logros y felicitaciones.

Mejía se destacó siempre por darles buen trato a los soldados y porque siempre daba resultados. "En todas las unidades a las que era enviado, Mejía aumentaba dramáticamente los resultados operacionales. El problema es que para conseguir esas bajas a Mejía no le importaba si tenía que aliarse con el diablo", le dijo a SEMANA un oficial del Ejército.

Esa alianza con 'el diablo' es la que lo convirtió la semana pasada en el símbolo de la alianza entre militares y autodefensas. El viernes, durante una rueda de prensa en la base de Tolemaida, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció que el oficial sería relevado de sus funciones por los graves hechos de los que se le acusa. Y es que el testimonio del suboficial, que fue también su escolta, es escalofriante. "Mi coronel Mejía llegó al Batallón La Popa en enero de 2002. Lo primero que nos dijo es que venía de un batallón contraguerrilla que había dado entre 37 y 40 bajas en un año y que en La Popa aspiraba a llegar a 100", le dijo a SEMANA el testigo clave. "Nos dijo que ese cuentico de los coroneles anteriores de dar sólo cinco o 10 bajas por año no iba con él y que a lo que lo habían mandado era a dar bajas", afirmó el ex militar que estuvo casi 20 años en las filas del Ejército.

"Un domingo temprano, cuando apenas mi coronel Mejía llevaba 10 días de haber llegado, me llamó al comando y me dijo que consiguiera un arma y me fuera con él en el carro del batallón. Los dos íbamos de civil. Cogimos hacia Bosconia y pasamos un pueblo que se llama San Ángel. Como a cinco kilómetros del pueblo había un retén de paracos. Uno de ellos se acercó al carro, él se identificó y nos dejaron seguir. Llegamos a una finca en donde había unos 200 paramilitares.

En la casa principal, sentados en una mesa, estaba toda la cúpula del Bloque Norte: el señor 'Jorge 40', el señor Hernán Giraldo, 'Tolemaida', 'Omega' y '39' que era David Hernández, un militar retirado que había sido amigo de mi coronel. Se saludaron con mucha alegría porque ellos eran amigos de escuela y los vi recochar mucho cuando se vieron". Según el testigo, ese día pactaron que Mejía tendría un sueldo mensual de 30 millones, aportados por 'Jorge 40', para que los militares no se metieran con sus hombres. "Luego se sentaron todos a almorzar y Mejía dijo que no sólo iba por la plata, sino que él venía por la gloria y la gloria eran las bajas". Lo que vino después fue una cordial discusión sobre cómo trabajarían el Batallón La Popa y los paramilitares.

"El viejo Hernán Giraldo dijo que al que le quedaba más fácil entregarle todos los positivos era a '39'. Como se sabe, este hombre fue el jefe militar del Bloque Norte de las AUC en Cesar y se le atribuyen centenares de muertes. Según el testimonio que reposa en la Fiscalía, "'39' le dijo al coronel que el único problema era que la gente de él tenía fusiles diferentes a los Galil del Ejército y así era más difícil legalizar los muertos.

Entonces mi coronel mandó a sacar cuatro Galiles decomisados que había en el batallón y ordenó llevárselos a la gente de '39' . Como era una orden de mi coronel, nadie cuestionó la salida de los fusiles del batallón", dijo el testigo.'Bajas, bajas, bajas'

Según el relato del testigo, antes de cumplir su primer mes al mando del Batallón La Popa, el coronel Mejía conformó un grupo especial con 14 militares de esa unidad con el argumento de tener una unidad, de reacción rápida. El grupo era conocido dentro de las instalaciones con el nombre de 'Zarpazo'.

"Ese grupito salía y como a las cuatro o cinco horas volvía con la novedad de que habían dado dos o tres bajas. Eso pasaba seguido. A todo el mundo le parecía raro que mientras las contraguerrillas completas, que patrullaban las partes altas y si estaba cerca de la guerrilla no daban bajas, los del grupo 'Zarpazo' siempre que salía sí daban bajas. El coronel acordó con '39' que todo lo que él diera de bajas él se lo legalizaba".

Según el descarnado relato, paras y militares acordaron varias formas de trabajo conjunto. Uno de los episodios más escabrosos de esa alianza fue justamente el que ocurrió en octubre de 2005. Al parecer, '39' había tenido una serie de inconvenientes con varios de los hombres que estaban bajo su mando. Decidió entonces hacer una purga interna en las filas de las autodefensas y ordenó asesinar 19 de ellos. "'39' llamó a Mejía y el coronel envió a los del grupo 'zarpazo' a legalizar el asunto", contó el testigo.

Así se fabricó la escena que se mostró a los medios como una hazaña militar, cuando en realidad no era más que una farsa."Esos no eran guerrilleros, eran paracos. Lo que hicieron fue ponerles unos brazaletes del ELN a los cuerpos. Todo el mundo se dio cuenta de que los muertos tenían el camuflado sucio y lleno de sangre y los brazaletes estaba intactos y eran nuevos. Nadie notó tampoco que los supuestos 19 guerrilleros quedaron prácticamente juntos, cuando todo el mundo sabe que en un combate los guerrillos se distribuyen y nunca hay un grupo tan grande junto. Las familias de los muertos sabían que ellos eran paracos y algunos protestaron porque los presentaron como si fueran guerrilleros. Pero les tocó callarse.

Eso fue presentado como un gran positivo y Mejía no tuvo problemas porque la directora seccional de Fiscalía le ayudó con el montaje". SEMANA estuvo en Valledupar y varias personas y familiares de las víctimas confirmaron que la mayoría de los que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros del ELN en realidad eran miembros de las autodefensas.

SEMANA corroboró, además, que la funcionaria de la Fiscalía que participó en los hechos narrados es Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que, a pesar de haber dejado de ejercer por mucho tiempo su profesión, fue nombrada por el fiscal Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalías de Valledupar.

La amistad que la funcionaria entabló con el coronel Mejía es ampliamente conocida en Valledupar. De hecho, otra de los graves acusaciones contra Mejía, en la que también participó la fiscal Daza, tiene que ver con la tortura y el asesinato de dos personas en el interior del Batallón La Popa. "Mejía recibió información de que dos muchachos que vivían cerca del batallón compraban munición que los soldados se robaban de las instalaciones y después la revendían a la guerrilla. A ellos los entraron por la guardia del batallón, los llevaron al economato y ahí los amarraron. Yo los vi amarrados allá, vestidos de civil, y pregunté que por qué no se los habían entregado a la Fiscalía. Mi teniente Ramos me dijo que no preguntara bobadas.

Esa tarde desaparecieron y cuando pregunté por ellos, me dijeron que los habían entregado a la Fiscalía. Esa noche, a la madrugada, oímos una balacera dentro del batallón. Todos salimos a ver qué era lo que había pasado. Cuando llegamos al sitio, me di cuenta de que los muertos eran los mismos dos muchachos, pero esta vez los tenían vestidos de camuflado y sin armas. Salieron con el cuento chimbo de que eran dos guerrilleros que iban a matar al centinela con un lazo y a robarse el armamento. Quién va a creer que dos guerrilleros desarmados se van a meter a un batallón donde hay más de 1.000 soldados, para robar armas.

La fiscal Daza llegó y legalizó el caso". Curiosamente, Daza fue investigada en la Fiscalía por haberse llevado a dos detenidos para su casa. La convivencia de este alto oficial con las autodefensas, según las versiones del testigo ante la justicia penal militar y ante la Fiscalía, era permanente. "Cuando iba a recoger la plata salía solo del batallón, vestido de civil. Eso pasaba generalmente los fines de semana", cuenta el testigo.

Sin embargo, la amistad del coronel Mejía y el comandante '39' no fue eterna. La principal defensa que esgrime el coronel Mejía a su favor es que fue justamente él quien dio de baja a '39', el temido jefe paramilitar. Sin embargo, el suboficial tiene una versión diferente. "No conozco las razones de fondo, pero sé que Mejía recibió la orden de 'Jorge 40' de matar a '39'. La cosa fue simple. Como '39' confiaba en Mejía, el coronel le puso una cita y lo que hizo fue tenderle una emboscada. Hay que recordar que el jefe de todo en Cesar, incluido La Popa, era 'Jorge 40', dijo a SEMANA el testigo.

El toro por los cuernos

A pesar de que la investigación apenas comienza, el Ministro de Defensa y los altos mandos militares decidieron coger el toro por los cuernos. El viernes pasado, Juan Manuel Santos dejó sorprendidos a los periodistas que lo acompañaban en la base militar de Tolemaida cuando leyó un revelador comunicado.

"Luego de recibir información sobre la presunta comisión de hechos graves relacionados con conductas presuntamente atribuibles a un oficial superior con grado de coronel, que habría tenido vínculos con las autodefensas ilegales de alias 'Jorge 40', hace algunos años, y que aún está en servicio activo, se decidió poner en conocimiento de las autoridades judiciales estos hechos, que podrían incluir: vínculos con el paramilitarismo, violaciones de derechos humanos, casos de bajas que podrían no ser el resultado de operaciones militares y actos de corrupción", afirmó Santos.

El Ministro aclaró que para garantizar el debido proceso del coronel Mejía, se le relevó del cargo, pero no se destituyó. Esta decisión había sido tomada poco después de que se conocieran las graves denuncias por Santos y el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León. A la decisión se sumó de inmediato el comandante del Ejército, general Mario Montoya. Se escogió a Tolemaida como el lugar para hacer el anuncio.

Muchos de quienes estaban allí reunidos, periodistas y altos oficiales de las Fuerzas Militares, recordaron la advertencia que el presidente Álvaro Uribe y el propio ministro Santos habían hecho a finales del año pasado, cuando pidieron que los militares vinculados con las autodefensas, o cualquier grupo al margen de la ley, renunciaran de inmediato a las Fuerzas Militares. Incluso, recordaron una célebre frase de Santos cuando dijo que "los militares que cometen crímenes no son militares, son criminales".

El anunció se cumplió antes de lo esperado. Y con una contundencia que sorprendió a muchos. No es para menos.Es la primera vez en la historia que un Ministro de Defensa reconoce y denuncia públicamente los vínculos de un alto oficial de las Fuerzas Militares en servicio activo con grupos de autodefensa. Muchos oficiales han salido por este motivo de las filas, pero bajo la figura de las medidas discrecionales, las cuales dejan en la impunidad todos los posibles delitos en que hubieran incurrido.

El caso de este coronel no es más que el símbolo de la alianza entre los paramilitares y ciertos sectores de las Fuerzas Militares. Una connivencia perversa que lleva más de 20 años en varias regiones del país donde mucha gente no sólo no la condenaba, sino que la veía con buenos ojos en la medida que se hacía un frente común contra la guerrilla. El protagonismo del coronel Mejía obedece, paradójicamente, a su inusitada y sospechosa efectividad en su lucha contrainsurgente. Pero ahora que han salido a flote todos los vejámenes y desbordamientos de los paramilitares, el péndulo de toda la opinión y de la justicia se está moviendo hacia el de unas Fuerzas Militares fuertes pero legítimas.Por eso, el anuncio del viernes es tan trascendente.

Las propias Fuerzas Militares abrieron la caja de Pandora que revelará seguramente muchos de los vínculos que han tenido algunos oficiales de alto rango con los paramilitares. Y eso, sin duda alguna, será un giro muy importante en la historia del conflicto colombiano.
Revista Semana
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Enero 29 de 2007 -


Fiscalía investiga papel que jugó el clan Gnecco en apogeo de 'paras' en la Costa

Un testigo de la Corte Suprema acusó al ex gobernador del Cesar Lucas Gnecco de hacer negocios con un narco que trabajaba con 'Jorge 40'. Dos hermanos suyos fueron salpicados hace poco por Mancuso.

Aunque no hay procesos contra la familia por sus presuntas relaciones con ese grupo ilegal, los investigadores han descubierto que su destino se cruzó varias veces con el de las Auc. De ascendencia italiana, los Gnecco se establecieron en Valledupar después de haber vivido en La Guajira. En la década del 90, Jorge Gnecco, el mayor de tres hermanos, logró el control de la política en gran parte del Cesar, La Guajira y Magdalena.'Jorgito', como muchos le decían, era el motor del poder de la familia. En un ascenso fulminante logró llegar a la Asamblea del Cesar y luego llevó a sus hermanos Lucas a la Gobernación del departamento (en dos períodos), y José Víctor, que se cambió el nombre por 'Pepe', al Senado.

Al mismo tiempo, 'Jorgito' vivió una racha de éxitos en negocios de transporte. Pero algo cambió drásticamente el 11 de agosto del 2001. Ese día, Jorge fue asesinado en Bosconia (Cesar) por 'Jorge 40', que acordó el crimen con los jefes 'paras' Salvatore Mancuso y Carlos Castaño.

Mancuso declaró hace 10 días que el asesinato se realizó porque Jorge creó un grupo que secuestraba y mataba a nombre de las Auc, pero sin su consentimiento. Sin embargo, algunos creen que hay razones más oscuras detrás de este crimen por la forma en que fue asesinado.

Según las autoridades, en una conversación interceptada al capo Scali Natali, señalado socio de Mancuso, el narco señala que a Jorge "le sacaron los ojos estando vivo".

De socios a enemigos

El hecho llama la atención pues, según Mancuso, Jorge era su socio. De hecho, lo describió como uno de los primeros promotores de las Auc.La misteriosa ruptura de esa alianza de la 'parapolítica' parece repetirse en el caso de su hermano 'Pepe', secuestrado por los 'paras' en el 2004.

Otro hecho grave tuvo que haber pasado entre él y los 'paras', ya que en octubre del 2001, dos meses después del homicidio de su hermano, 'Pepe' había apoyado el polémico pacto secreto de Ralito, también revelado por Mancuso.En su momento, 'Jorge 40', que lo liberó, dijo que 'Pepe' y varios miembros de su familia eran "delincuentes de cuello blanco". Las causas del secuestro aún son confusas.

A estos hechos, se suma ahora la declaración del testigo Jaime Charris, que dijo que Lucas Gnecco mantenía "negocios" con Jorge Hernández, 'Boliche', un narco al servicio de '40' y hoy protegido por la justicia de E.U."Incluso, la mayoría de carros y algunas propiedades de Lucas - declaró Charris- se las vendió a 'Boliche', y a veces se las recibía como parte de pago del flete que 'Boliche' cobraba por kilo de cocaína".

Ahora, la justicia deberá establecer si el ascenso al poder de esta familia se benefició de algún pacto con las Auc, que luego se frustró. De hecho, el senador Álvaro Araújo, miembro del otro clan del Cesar que se enfrentó a los Gnecco, dice que estos últimos llevaron los 'paras' al departamento.

Araújo es investigado en la Corte por esas presuntas alianzas que las Auc hicieron con políticos para dominar esta región, uno de los reinos más blindados de los 'paras'.

Tres hermanos que manejaron Cesar

José 'Pepe' Gnecco. Ex senador. Firmó el pacto secreto de Ralito del 2001. Será llamado a declarar. Tras su secuestro detuvieron al 'Flaco', sindicado de manejar el envío de drogas del 'para' Hernán Giraldo.

Lucas Gnecco. Fue Gobernador en 1991 y 1997. Condenado a 42 meses por despedir empleados que no apoyaron la candidatura de su hermano José. Está acusado de firmar contratos irregulares.

Jorge Gnecco. Asesinado en el 2001. Levantó en Santa Marta un emporio con 100 tractomulas. Adquirió el contrato de transportar carbón de las minas del Cesar a puertos del Magdalena.

Nueva versión contra Maloof

El testigo Jaime Charris no solo salpicó con su versión a Lucas Gnecco. También habló del senador Dieb Maloof, investigado por la Corte por presuntos nexos con 'paras'.Dijo que el narco 'Boliche' también era "muy amigo" del senador. "'Boliche' directamente no le patrocinó la campaña a él, pero una vez se lo presentó a 'Jorge 40', yo los llevé, y por intermedio de '40' y él, recibió dinero para patrocinar la campaña".

Dijo que la cita se dio en Valledupar. Incluso, contó que 'Boliche' y el senador eran vecinos y "se visitaban constantemente". Después dijo que se reunieron nuevamente, en una finca en San Ángel, y esta vez '40' estaba uniformado y acompañado de otros 'paras'. La cita, dice, se desarrolló en un ambiente amable y de 'camaradería'. Después dijo que asistió con 'Boliche' y Maloof a una tercera reunión, esta vez en una finca en Tierralta (Córdoba) con unos 'duros'."Allí se reunía 'Boliche' con el estado mayor de las Auc para arreglar cuentas. Estaba 'don Manuel', 'Jorge 40', 'don Adolfo', 'don Julián' y 'el Profe' ", explicó el testigo.El senador ha negado todas las acusaciones en la Corte.

versiona de www.eltiempo.com

29 de Enero de 2007 -

Gobierno planea infiltrar policías en universidades públicas, reveló el Defensor del Pueblo

La medida, que busca enfrentar las amenazas que han recibido profesores y estudiantes de cinco instituciones de Bogotá. El Defensor, Vólmar Pérez, rechazó la propuesta.

La iniciativa está contenida en un documento del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, organismo que es coordinado por el Ministerio de Interior y Justicia.

Surgió en respuesta a una advertencia de la misma Defensoría del Pueblo sobre el riesgo en que se encuentran varios miembros de las comunidades de las cinco universidades.

Las amenazas, al parecer, provienen de las Farc, Eln y de grupos paramilitares y afectan a docentes, estudiantes, directivos y activistas de derechos humanos de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Colegio Mayor de Cundinamarca y de la Universidad Militar Nueva Granada.

La posibilidad de que se puedan infiltrar miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en las universidades generó de inmediato la reacción del defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, que la semana pasada promovió una reunión de rectores, vicerrectores y directores de bienestar universitario.

"Nos preocupó mucho que se pudiera acudir a un mecanismo de esas características, propios de la inteligencia y de algunos organismos del Estado, para los centros universitarios", señaló Pérez.

La molestia del Defensor es también porque las universidades son centros de pensamiento y de investigación científica y se les debería permitir la participación en las medidas que se adopten.

"Lo procedente es que estas medidas se acuerden de manera conjunta, entre la comunidad académica, los representantes de los organismos del Estado y la Defensoría del Pueblo", agregó.

En el encuentro con las universidades, que se realizó a comienzaos de la semana pasada, surgió la iniciativa de crear una mesa de trabajo para concertar las medidas de seguridad para los docentes, estudiantes, directivos y defensores de derechos humanos amenazados.

La mesa de prevención humanitaria estará encargada de estudiar y diseñar la política de seguridad que garantizará la integridad de los miembros de la comunidad educativa de las cinco universidades. "Las medidas primero deben ser concertadas y ahí sí se debe solicitar su aplicación", explicó el Defensor.

HOY conoció que los rectores de las universidades públicas se reunirán esta semana para estudiar un posible pronunciamiento.

¿Qué dice el informe de la Defensoría?

El informe de alerta temprana de la Defensoría del Pueblo advierte que las comunidades universitarias en situación de riesgo se constituyen en un sector estratégico de la población que los actores ilegales del conflicto buscan someter.

"En estas circunstancias, tanto guerrilla como grupos armados provenientes del paramilitarismo, amenazan la estabilidad e independencia de la comunidad universitaria, y la construcción de un espacio para el libre desenvolvimiento de diversas alternativas del pensamiento...".

Diario Hoy

Enero 28 de 2007 -
Guerrilla, narcos y paras compiten por el dominio

Al alcalde de Buenaventura, Saulo Quiñónez, no le cabe duda: "Las muertes son por choque territorial de narcotráfico y grupos armados", aunque también advierte que existen situaciones de deterioro socioeconómico en esta ciudad de unas 400.000 personas.

El mandatario dice que "tres de cada cuatro muertos están relacionados con la tríada narcotráfico, guerrilla y lo que ha quedado de las autodefensas".

En eso coincide con el comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina n.° 2, coronel Héctor Pachón, quien dice que "la de Buenaventura es una situación compleja por la mezcla de narcotráfico, delincuencia, subversión y algunos desmovilizados".Las autoridades dicen que milicianos del frente 30 de las Farc se enfrentan con paramilitares, incluidas una docena de bandas encabezadas por quienes se desmovilizaron en diciembre de 1998.

En el manejo de la droga, antes eran los Patiño Fómeque, 'El Joven' o 'W', los que mandaban, hoy son las bandas a nombre de Wílber Varela 'Jabón', 'Holmes' y "varios cartelitos", como los llaman las autoridades, de desmovilizados de los bloques Pacífico y Calima de las Auc.

Hasta diciembre del 2004, cuando se desmovilizó el Bloque Calima, Wenceslao Caicedo, conocido como 'W', era el temido "señor del hacha". En marzo del 2005 fue detenido, y ese mismo mes mataron a 'Félix', ex jefe del Calima, y a tres desmovilizados. Pero la sombra paramilitar no ha desaparecido.

En abril de ese año, 12 presuntos milicianos de las Farc, entre ellos cuatro parientes de un comunero, cayeron en una invitación mortal a jugar fútbol.

La ciudad ha estado entre contragolpes de los dos grupos, en una pelea matizada con coca, en medio de cada vez mayor presencia de Policía, Ejército y Armada Nacional.

El presidente Álvaro Uribe ordenó a comienzos del año que los uniformados de la Armada se sumaran a los de la Policía en el control de los barrios.

El gobernador Angelino Garzón considera que se necesita una atención especial a toda la problemática que se ha desatado en el puerto. No ve solo el asunto con atención armada.


Con Informacion de www.eltiempo.com

Thursday, January 25, 2007

On Line

Corte anexa ‘acuerdo de Ralito’ a expediente por ‘parapolítica’

La medida no implica, por ahora, investigación contra los once congresistas que firmaron el documento, pero le permite al alto tribunal usarlo como prueba en caso de que decida llamarlos a versión libre. Crece tensión liberal por retiro del senador López Cabrales.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia optó por lo sano. Una semana después de que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso revelara el contenido del ‘acuerdo de Ralito’ el alto tribunal decidió vincular el controvertido documento al expediente de la ‘parapolítica’. Eso significa que por el momento no habrá investigación formal contra los 11 congresistas que asistieron a la cita de Tierralta, Córdoba, en julio de 2001, pero que en cualquier momento puede llamarlos a versión libre para que aclaren las razones por las que asistieron, los compromisos que pactaron con las autodefensas y los alcances de dicha reunión.
En un ambiente tan caldeado como el que vive Colombia por cuenta del escándalo de la infiltración paramilitar en la política no dejaría de generar suspicacias el que la Corte vinculara en tiempo récord de una semana a los legisladores mencionados en el documento. Pero tampoco sería prudente dejar pasar los hechos sin tomar una determinación frente a la materia. Ni quedarse quieto ni acelerarse. En la práctica lo que la Corte hizo fue quitarse de encima la presión de unos y otros para entrar de fondo en el análisis del tema, fase que puede tomar varias semanas. La inclusión del documento de Ralito en el expediente es el primer paso para llamar a versión libre –si la Corte lo considera necesario - a los legisladores que hicieron parte de los 32 invitados a la reunión presidida por Mancuso, Don Berna, Diego Vecino y Jorge 40. El único caso en el que servirá desde ya como prueba es el del representante Alfonso Campo, debido a que contra él ya hay investigación formal por vínculos con los paramilitares.

Está claro que no todos asistieron por las mismas razones y que varios de ellos ni siquiera fueron beneficiados con el accionar militar de los paramilitares en las elecciones de 2002. Pero la Corte debe establecer hasta qué punto llegó la relación de los políticos con los paramilitares, cuántas reuniones como esa ocurrieron antes o después y con presencia de quiénes, qué influencia tuvo ese acuerdo en el comportamiento de los congresistas frente a los proyectos y debates que lideraron, en qué delito incurrieron los congresistas signatarios del pacto e individualizar responsabilidades sobre la materia.

Por eso está bien que el documento haga parte del expediente sobre la ‘parapolítica’. Lo que no informó la Corte este miércoles fue el estado de la investigación contra los seis congresistas que ya fueron vinculados por nexos con Jorge 40 y supuesto fraude electoral en las votaciones de Congreso de 2002. Varios de ellos también figuran en el listado de asistentes al ‘pacto de Ralito’. Entre los ya vinculados figuran congresistas tan influyentes como Mauricio Pimiento, Jorge Caballero y Álvaro Araujo.

El caso de Araujo parece ser el más complicado, no sólo por sus declaraciones auto incriminatorias ante los medios de comunicación, sino porque esta semana la revista Cambio publicó una declaración del ex candidato al congreso Víctor Ochoa Daza, quien asegura que Araujo intrigó ante Jorge 40 para que lo secuestrara en plena época electoral. Ochoa fue plagiado cuando era uno de los candidatos más fuertes de Cesar para las elecciones de Senado de 2002. Su fórmula para la Cámara, Juana Bautista Ramírez, también testificó ante la Corte y aseguró que ante la ausencia de Ochoa fue obligada a presentarse como segundo renglón en la lista de Araujo, quien logró su paso de Cámara a Senado con más de 79 mil votos.

Según el presidente de la sala penal de la Corte, Alfredo Gómez Quintero, la sala no se ha pronunciado sobre los congresistas que ya rindieron indagatoria porque decidió practicar pruebas adicionales, algunas de ellas solicitadas por los congresistas procesados. Entre tanto los jefes de autodefensas recluidos en la cárcel de Itagüí, entre ellos Mancuso, le pedieron al ministro del Interior que revoque la decisión de transmitir por televisión las versiones de los paramilitares ante la Fiscalía. La medida, que busca darle mayor transparencia al proceso, fue propuesta por algunos familiares de las víctimas y ONG defensoras de derechos humanos. Sin embargo, podría convertirse en una plataforma demagógica para los ex jefes de autodefensas, quines al saber que están en vivo y en directo para todo el país tendrían una oportunidad perfecta de acomodar versiones o dilatar las sesiones.

Según los paramilitares, la transmisión de sus versiones les viola el debido proceso y pone en riesgo a sus familiares. Una vez más el país queda en ascuas ante la estrategia paramilitar, pues el propio Salvatore Mancuso había aceptado inicialmente la publicidad de su declaración. Incluso pidió que se transmitieran también las sesiones ya realizadas ante el fiscal de la unidad de justicia y paz de Medellín. Ahora, cuando la Comisión de Televisión anunció que dispondrá de los recursos para hacerlo, Mancuso, ‘Macaco’, Cuco Vanoy, Don Berna, Jorge 40, Diego Vecino Ramón Isaza, Hernán Giraldo y otros ocho jefes paras piden que no les transmitan las declaraciones.

Liberalismo dividido

Mientras la justicia decide la suerte jurídica de los legisladores, los partidos políticos a los que ellos pertenecen comenzaron a tomar determinaciones políticas sobre la materia. Por los lados del Partido Liberal la situación es bastante tensa. Este miércoles el senador Juan Manuel López Cabrales, el único de ese partido que firmó el documento de Ralito, decidió marginarse de la colectividad mientras la justicia define su situación. López, reconocido contradictor de los paramilitares en Córdoba y enemigo declarado de Salvatore Mancuso, aseguró que su asistencia a la cita de Ralito con los jefes paramilitares se debió a que fue obligado por esos actores armados.

Para la época de la cita López estaba amenazado de muerte por Mancuso y por esos muchas personas de la región dudan que haya hecho parte del complot de la parapolítica. Sin embargo, su firma aparece en el documento presentado por Mancuso como constancia de la reunión. Es posible que, como lo asegura López, los paramilitares hubieran obligado a los asistentes a firmar una hoja de asistencia que ahora hacen pasar como la aceptación de las bases del ‘acuerdo’.

Pero de todas formas la sola presencia de López en la reunión puso en aprietos al liberalismo, partido que había sido enérgico en sus denuncias contra el paramilitarismo. En medio de ese ambiente de tensión las directivas liberales encabezadas por César Gaviria respaldaron a López de manera pública, pero se enfrentaron a un debate interno que terminó con la renuncia del dirigente cordobés al aval del partido.

El ex candadito presidencial Horacio Serpa considera que al precipitar la salida de López el liberalismo se está equivocando y “echándoselo a los leones” que combatió desde la plaza pública durante muchos años. El Partido de la U le propuso al presidente Álvaro Uribe sacar del Congreso a los miembros de Cámara y Senado de esa bancada involucrados en el escándalo. La Casa de Nariño le pidió a los siete partidos uribistas que estudien la propuesta.

Dicha medida, que algunos califican como ejemplarizante, podría convertirse en un beneficio para los implicados, pues al estar fuera del Congreso les facilita el traslado de su caso a la Fiscalía, en donde cuentan con una doble instancia para ser juzgados, se someterán a procesos más largos y dilatados y hasta tendrían mayor margen de maniobra a través de sus fichas políticas en las regiones.

Por los lados del Partido Conservador la decisión adoptada fue la de dejar en manos del Comité de Ética la investigación interna contra los involucrados, entre quienes figuran el senador Julio Manzur, presidente de esa colectividad. Y en Colombia Democrática, partido al cual pertenecen tres de los congresistas investigados por la parapolítica y que es dirigido por el senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe, surgió un curioso argumento de defensa de los congresistas salpicados.

El senador Miguel de la Espriella, uno de los firmantes del documento, anunció que promoverá una demanda contra el ex presidente Andrés Pastrana porque sus contactos con Manuel Marulanda (Tirofijo) influyeron en el resultado de las elecciones presidenciales de 1998, en las que el ex mandatario conservador derrotó al liberal Horacio Serpa.

El argumento de De la Espriella busca sacudir de los señalamientos a los políticos que se reunieron con Mancuso, supuestamente para hablar sobre la paz del país. Sin embargo, dicha tesis se cae de su peso porque la reunión de los congresistas con los paramilitares terminó con la firma de un documento en el cual se comprometían a realizar acciones conjuntas para “refundar la Patria”, lo que no sería otra cosa que un pacto a escondidas con ilegales.

En segundo lugar, Pastrana mismo informó oportunamente sobre la reunión. Hizo públicos los alcances de sus contactos con las Farc y el país votó por él conociendo que había acercamientos de paz. El ‘acuerdo de Ralito’, en cambio, permaneció en la sombra durante cinco años y la opinión pública nunca tuvo noticias de los pactos que a escondidas sostenían sus representantes con uno de los grupos que más crímenes de lesa humanidad ha cometido en la historia del mundo moderno.

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Enero 24 de 2007 -

Capturado uno de los hombres sindicados de atentado que dejó seis muertos en Buenaventura (Valle)

Jhon Freddy Estacio Velasco, alias 'Luzbey', del frente urbano Manuel Cepeda Vargas de las Farc, fue capturado en una vivienda del barrio La Inmaculada.
Está sindicado de ser uno de los responsables del ataque contra la patrulla de la Policía del
pasado 21 de enero, que además de seis personas muertas dejó 14 heridas.

Fue capturado por unidades del Gaula, adscrito a la Brigada Fluvial de Infantería de Marina Nº 2, durante un operación que cubriió parte de la comuna cinco.

Por Estacio Velasco, quien tenía orden de captura por los delitos de rebelión y terrorismo, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

En otras operaciones realizadas en el Barrio San Francisco de Buenaventura, el Gaula capturó a dos milicianos del frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, que se encargaban de recaudar el dinero de las extorsiones a comerciantes de la ciudad.

En su poder fueron encontradas tres armas de fuego, munición y equipos de comunicaciones.
Un integrante de las bandas emergentes de narcotráfico, quien se enfrentó a una patrulla que realizaba operaciones de control en la zona, murió en el enfrentamiento, según el Gaula. En el hecho resultó herido otro integrante de la organización.

Enero 24 de 2007 -

Rebelión de guardia indígena por muerte de conductor a manos de soldados, en el Valle

Doce soldados atacaron un camión con civiles que iba de Las Brisas a Pueblo Nuevo. En el incidente murió una persona y cuatro, entre ellas tres niños, resultaron heridas.
Haciendo un cerco humano hasta la noche, la guardia indígena del resguardo Mateguadua, en Florida (Valle), insistía en no entregar al Ejército las armas con las que los soldados atacaron el vehículo.

Los indígenas exigían la presencia de una comisión internacional para denunciar los hechos, que fueron calificados como un accidente militar por la Tercera Brigada del Ejército. Al parecer, los uniformados confundieron el sonido del camión con el de una explosión y reaccionaron.
Desde las 3 p.m., el gobernador del Valle, Angelino Garzón, y el comandante del Ejército, general Mario Montoya, intentaron persuadir a los indígenas. A las 7 p.m., los nativos accedieron a entregar a los soldados y las armas las dejaron en manos de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el martes en la noche. Los indígenas dicen que oyeron dos estruendos que no les parecieron raros, pues sabían que los sonidos eran del camión modelo 68 de Fabio Ramírez.

Víctimas pedían que no dispararan

Pero de repente hubo ráfagas y gritos. Entonces, medio centenar de indígenas salieron a la carrera. Hallaron al conductor tendido, rodeado de militares que intentaban revivirlo. También vieron a su esposa, Dora Aponte, que abrazaba a sus dos hijos. Ella le dijo a EL TIEMPO que durante el tiroteo gritaba "no disparen que hay niños".

Los guardias les dijeron a los militares que no se podían ir. Entonces, varios de ellos abandonaron sus morrales para escapar. Doce quedaron en poder de los indígenas, y entregaron sus fusiles.
Ramírez, de 49 años, había salido a las 3 p.m. de Florida con varios pasajeros. A las 6:30 pasó por Mateguadua, justo cuando bajaban dos unidades del Ejército.

"Les dije a mis compañeros que era el sonido de un carro fallando y sentimos que pasó", recuerda uno de los militares. Después sonaron disparos. Otros militares dicen que "el personal se asustó porque la explosión fue muy cerca".

'Responderemos': General Montoya

Fabio Ramírez fue la víctima fatal del incidente con los soldados de la Tercera Brigada. Era quien llevaba los mercados a los resguardos de la parte alta de Florida los viernes, sábados, domingos y martes.

El general Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional, llegó al lugar e indagó lo ocurrido. A Dora Ligia Aponte, la viuda, le dijo: "Vamos a responderles por todo".

Doce soldados que hacen parte de la operación 'Zagas' entregaron sus armas a la guardia indígena para evitar contratiempos. Dicen que en 20 días tres compañeros cayeron en campos minados.

MATEGUADUA (FLORIDA, VALLE)

Enero 24 de 2007 -

Ex ministro de Defensa Fernando Botero Zea volverá a la cárcel por hurto agravado
Corte Suprema de Justicia lo condenó a dos años y medio de prisión por haberse apropiado de dineros legales aportados a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano.

En 1994, Botero Zea se habría apoderado de 800 millones de pesos (285.009 dólares), cuando era director y representante legal de la campaña del entonces candidato Samper, según la investigación.

Esos dineros -dice la providencia- terminaron invertidos en la compra de una finca en Tabio (Cundinamarca) por 490 millones 500.000 pesos.

La providencia de la sala penal de la Corte Suprema, con ponencia de Mauro Solarte Portilla, se apoyó en las investigaciones que realizó en su momento la Fiscalía y que derivaron en un llamado a juicio contra el ex ministro, en enero del 2001.

Los investigadores aportaron pruebas que, en concepto de la Corte, demuestran que ese dinero fue consignado, en dólares, por empresas reconocidas a cuentas corrientes que tenía Botero en tres bancos de Nueva York. Para el alto tribunal, es claro que los 800 millones de pesos nunca ingresaron a la campaña presidencial, pues Botero, amparándose en la confianza que le tenían, logró que los consignaran en sus cuentas personales para después apoderarse de ellos.Con estos fundamentos, el alto tribunal confirmó la sentencia que le había impuesto el Tribunal Superior de Bogotá en el 2003 por estos cuando revocó una decisión del juez 37 penal de Bogotá, que había absuelto a Botero.La Procuraduría, en un concepto de diciembre pasado, se había pronunciado en ese mismo sentido y pidió que la condena no fuese revocada.

Extradición o captura en México

La nueva condena se suma a otra de cinco años y tres meses que le impuso la justicia a Botero en 1996 por enriquecimiento ilícito, en medio del escándalo de la década pasada por el proceso ocho mil. De esa condena, Botero solo cumplió 30 meses en la Escuela de Caballería, en el Cantón Norte de Bogotá.

En su fallo, la Corte le negó a Botero Zea la posibilidad de la suspensión condicional de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria. Esto significa que el ex ministro deberá regresar al país y pagar la sentencia.

Según juristas consultados por este diario, Botero Zea deberá cumplir en prisión la totalidad de la sentencia.Como el ex ministro se encuentra residenciado en el exterior -al parecer en México-, dicen los juristas, podría ser pedido en extradición. Pero también cabe la posibilidad de que la Interpol emita una circular roja solicitándoles a las autoridades internacionales que sea capturado y deportado a Colombia.EL TIEMPO habló con el abogado Édgar Saavedra Rojas, apoderado de Botero Zea, quien dijo que prefería no emitir concepto alguno porque desconoce la providencia.Habla el abogado tras la decisión

EL TIEMPO consultó al abogado Édgar Saavedra Rojas, apoderado de Botero Zea. En un corto diálogo telefónico, el jurista aseguró que desconoce donde se encuentra actualmente el ex ministro toda vez que, explicó, se trata de una persona que viaja permanentemente.Saavedra prefirió no emitir pronunciamiento alguno sobre la decisión de la Corte Suprema hasta que conozca en su totalidad la providencia del alto tribunal.Manifestó que ayer mismo, luego de divulgada la noticia por diferentes medios de información, envió a varios colaboradores suyos hasta la Secretaría de la Corte para obtener la providencia.Según él, ni en la Secretaría ni en la Corte le dieron razón del documento. Por eso, el abogado insistió en abstenerse de pronunciarse sobre la decisión judicial.

Las idas y venidas de Botero ante la justicia

1. 1996. Octubre 3. Tras 13 meses de detención en la Escuela de Caballería (Bogotá), fue condenado a 5 años y 3 meses por enriquecimiento ilícito a favor de terceros. La Fiscalía señaló que él sabía de la filtración de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper.

2. 1998. Febrero 12. Luego de 30 meses detenido, recobró su libertad. Quedó debiendo una multa que el juez le impuso por 3.200 millones de pesos. Tras varias apelaciones, fue rebajada a 1.487 millones, pero hace dos años aún no la había cancelado.

3. 2002. Noviembre 20. La Fiscalía y la Procuraduría pidieron condenarlo por hurto, al plantear que, como director de la campaña de Samper, se apoderó de 800 millones de pesos destinados a la elección. El dinero habría sido consignado en tres cuentas que Botero tenía en bancos de E.U.

4. 2003. Diciembre 15. El Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 30 meses de cárcel por hurto agravado. Esta decisión revocó la sentencia de un juez de Bogotá que lo había absuelto.

5. 2003. Diciembre 18. La defensa de Botero anunció que apelaría ante la Corte Suprema de Justicia para que revisara el fallo del Tribunal de Bogotá. Sus esperanzas se desvanecieron ayer con la decisión de la Corte.

Enero 25 de 2007

Amenazan de muerte a hermanos de Gustavo Petro por debates sobre paramilitarismo en Antioquia

Un mensaje firmado por las Águilas Negras y varias llamadas telefónicas les anuncian que corren peligro, según lo hizo público el senador del Polo Democrático.

Petro explicó que una primera amenaza manuscrita, "llegó en diciembre pasado a un colegio para niños pobres que tienen mis hermanos en cercanías a Bogotá".

"Colocamos algunas medidas de seguridad allí. Pero el martes volvió a recibirse una amenaza escrita en computador y firmada por las 'Aguilas Negras' (grupo paramilitar), en donde reiteran las amenazas, se refieren a mis hermanos con nombre propio y a algunos lugares que ellos frecuentan y se burlan de la seguridad", agregó en entrevista con Caracol radio.

El congresista anotó que el mismo día uno de sus familiares recibió tres llamadas telefónicas, en las que le dijeron: "Juan Fernando, usted va a ser 'quebrado' (asesinado) por nosotros para devolverle los favores que nos ha hecho su hermano en los debates" en el Congreso.

El senador recordó que en anteriores ocasiones, "y a través de mis propias investigaciones, he podido detener operaciones para asesinarme, sin amenazas previas".

Pero destacó que "ésta es la primera vez que se dirigen hacia mi entorno. En cierta forma habrán analizado que es más difícil acceder a mí por mi círculo de seguridad. Y han analizado la debilidad en que se encuentran mis familiares más cercanos. Por ahí han atacado", puntualizó.
Debates sobre paramilitarismo en Antioquia

Sobre el debate que piensa realizar en el Congreso, explicó que "éste tiene que ver con que la cuna de los procesos paramilitares, que según una investigación nuestra, está en buena parte en el departamento de Antioquia (noroeste)", de donde es oriundo el presidente Alvaro Uribe.

"Una investigación en Antioquia nos entregaría claves sobre lo que está pasando hoy y sobre el desarrollo de esas agrupaciones entre los años 1995 y 1997", concluyó Petro, un acérrimo opositor al proceso de negociación de paz del gobierno de Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Bogotá, Con AFP.-
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Tuesday, January 23, 2007

Enero 23 de 2007 - 10:35 a.m.

Otorgan libertad condicional a Francisco Galán, negociador del Eln
Galán, cuyo verdadero nombre es Gerardo Antonio Bermúdez, cumplió tres quintas partes de la pena de 15 años de prisión a la que fue condenado.
La resolución fue anunciada hoy en Medellín por la oficina regional del Consejo Superior de la Judicatura.

Galan ha sido autorizado a salir varias veces de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, cerca a Medellín, desde el pasado 12 de septiembre, para actuar como vocero del Comando Central (Coce) del Eln, en los diálogos con el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
Desde esa fecha el presidente Alvaro Uribe, en el marco de conversaciones para un eventual acuerdo entre el Gobierno y el Eln, autorizó a Galán a asistir a las reuniones que se han llevado a cabo en La Habana y las que se han realizado en la Casa de Paz con la sociedad civil.

El jefe rebelde fue detenido en 1992 en la ciudad de Bucaramanga, en el noroeste, juzgado y condenado a prisión por delitos de rebelión y asociación para delinquir.

Galán salió por primera vez de la cárcel con una autorización del presidente Uribe en junio de 2004, para hablar en Bogotá en el "Foro Internacional sobre Minas Antipersonales y Acuerdos Humanitarios".

Ha participado como portavoz del Eln en los diálogos con el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

Con información de EFE
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Enero 22 de 2007 -

Ex Alcalde de Valledupar sindica a Álvaro Araújo de instigar a Jorge 40 para secuestrar a su hermano

Se trata de Víctor Ochoa Daza quien el pasado 16 de enero hizo las revelaciones ante tres magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia.

"Mi secuestro durante 80 días hizo parte de aquel pacto con el diablo que llevó a Alvarito Araújo a convertirse en la primera fuerza electoral del Cesar", dijo el empresario Víctor Ochoa Daza, en tono firme y sin vacilaciones a los funcionarios.

En su declaratoria, Ochoa acusó al senador Araújo Castro de haber instigado al jefe paramilitar Jorge 40 para que ordenara su secuestro como parte de una estrategia que modificara el mapa electoral de la región.

Antes de comparecer a la diligencia, que se prolongó durante cinco horas en las oficinas del Tribunal Superior de Valledupar, Ochoa -propietario de industrias de trilla y arroz- hizo una última consulta con su familia. Habló con su hermano Elías, ex alcalde de Valledupar y actual cónsul de Colombia en Barquisimeto, Venezuela. "No te preocupes -le dijo este-. Es una decisión ya tomada, vamos a contarlo todo". El ex Alcalde sabía bien de qué hablaba, pues ya había hecho llegar a la Corte Suprema una carta en la que relataba el papel que, según él, cumplieron el senador Araújo Castro y su padre, Álvaro Araújo Noguera, en el secuestro de su hermano Víctor durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 2002.

La carta de Elías Ochoa y el testimonio de su hermano Víctor fueron el punto de partida del encargo que la semana pasada llevó a los emisarios de la Corte a realizar en Cesar y otros departamentos costeños procesos de verificación y contraste de pruebas. Con base en el documento del cónsul Ochoa y del testimonio de Víctor, CAMBIO reconstruye una historia que, de ser aceptada por la Corte, tendrá un peso significativo para los magistrados de la Sala Penal que deben resolver la situación jurídica de Araújo, quien rindió indagatoria en diciembre.

Según los relatos de los Ochoa Daza, todo comenzó el 12 de enero de 2002, cuando Víctor, jefe del Movimiento de Renovación Liberal, presidía una manifestación en el colegio Manuela Beltrán, donde presentó la candidatura de Juana Ramírez a la Cámara de Representantes. Horas antes, el dirigente había declinado su propia aspiración, tras una discusión con su hermano Elías que la había juzgado inconveniente. "Creo que no tiene presentación ética, y quizá tampoco legal, que tú te lances al Senado mientras yo soy Alcalde de Valledupar", le dijo Elías.
Víctor declinó a regañadientes, pues creía que el capital político que había acumulado desde 1998, cuando fue senador suplente de María Cleofe Martínez, le permitiría llegar como titular de una curul en el Congreso. Por eso, entre otras razones, había rechazado la propuesta de Álvaro Araújo de ser su segundo renglón en las listas para Senado. Pero ya pospuesta su aspiración, estaba convencido de que Ramírez era carta ganadora en la nueva baraja.

El 13 de enero, de vuelta a sus actividades normales, madrugó para hacer un recorrido por sus fincas Las Cabezas, El Porvenir y California en el municipio de El Paso. A las 8:30 a.m., cuando llegó al primero de sus destinos, un grupo armado le salió al paso. "Me lo tengo que llevar -le dijo el hombre que encabezaba el escuadrón-. Es una orden de Comando 40". Se refería, según los declarantes, a Jorge 40, quien por aquella época tenía montado un cuartel de mando en San Ángel.

El secuestro de Víctor Ochoa transcurrió en la espesura de los montes de las regiones de Todos los Santos, Astrea y El Difícil, en los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena. Una experiencia amarga similar a la que había vivido él y su familia en siete ocasiones. Él y sus hermanos Elías, Eliécer y José María, habían estado secuestrados por las Farc, el Eln o las Auc.
Danilo, el primer responsable de su custodia, le advirtió que debía prepararse para un largo secuestro. "Esta es una cuestión política y usted ya debe saber que el Comando 40 no da pie atrás en nada", le dijo. En ese momento, Víctor recordó que, no en vano, el 3 de enero Jorge 40 había hecho renunciar a todos los miembros de la mesa directiva del Concejo de Valledupar, y que sus hombres habían difundido la versión de que las listas de aspirantes al Congreso pasarían por su cedazo.

La visita de los Araújo

La confirmación de que el secuestro de su hermano Víctor iba para largo, la recibió el alcalde Elías en cuestión de horas. Los captores le pidieron que asumiera personalmente la negociación, en la que se haría acompañar por su sobrino Víctor Eliécer, hijo del secuestrado. Poco después llegaron a su despacho el cacique político Álvaro Araújo Noguera y su hijo Álvaro.
Según la versión consignada en la carta que el ex Alcalde envió a la Corte Suprema, los Araújo le hicieron saber que había una condición para que Víctor fuera dejado en libertad: Juana Ramírez, la ficha electoral de su movimiento, MRL, debía renunciar a su aspiración a la Cámara y aceptar su inclusión como segundo renglón de la lista de "Alvarito", con lo cual su grupo político obtendría el respaldo forzoso de las bases del MRL, la organización con mayor caudal electoral en ese momento. El ex Alcalde cuenta que los Araújo le hicieron saber que, para asegurarse de que el acuerdo se cumpliría cabalmente, Víctor no podría recuperar su libertad antes de las elecciones.

Pero, además, otros testigos les dijeron a los enviados de la Corte Suprema que Ramírez, aunque renuente al comienzo, aceptó declinar su aspiración a cambio de que se respetara la vida de Víctor Ochoa y que así se lo dijo expresamente a Jorge 40, quien la hizo llevar a uno de sus campamentos. Víctor Ochoa le dijo a CAMBIO que los Araújo no hablaron de dinero, pero que los paramilitares le notificaron en su cautiverio que tenía que dar una "compensación económica por su libertad". La suma fue tasada en 100.000 dólares y el hijo de la víctima se encargaría de conseguir el dinero con préstamos de amigos y empresarios del sector arrocero.

No fue fácil conseguir esa cantidad y por eso Elías y su sobrino convencieron a Hughes Rodríguez Fuentes, jefe de finanzas de las Auc en la región, de que les permitiera pagar en dos contados. La primera mitad estaría lista el mismo día de la liberación y el resto sería cubierto después y respaldado por documentos como si se tratara de pagos de un negocio legal.
Las elecciones de marzo dejaron a Álvaro Araújo Castro como uno de los senadores más votados del país, con Juana Ramírez como su segundo renglón. Pero su lista a la Cámara no logró los votos necesarios para que su cabeza, Álvaro Morón Cuello, ganara una curul. Esta fue obtenida por el candidato liberal Luis Alberto Monsalvo. "Fue casi una proeza -le dijo Monsalvo a
CAMBIO-. Únicamente pude hacer campaña en Valledupar, Codazzi, San Diego y La Paz, porque los demás pueblos estaban vedados por decisión de los grupos armados". Monsalvo es uno de los que ha entablado acciones judiciales por fraude electoral en los comicios de 2006.
Llegada la Semana Santa, Víctor Ochoa fue dejado en libertad. Además de resignar sus aspiraciones políticas y de pagar la gruesa suma por su rescate, se comprometió a guardar silencio. Por eso cuando sus seguidores celebraban su regreso y los periodistas lo abordaron, negó haber sido víctima de un secuestro. "Lo hice porque parte del trato para que los paramilitares y sus aliados respetaran mi vida, incluía un mutismo absoluto", le dijo a CAMBIO.

Según los hermanos Ochoa, el silencio que mantuvieron les sirvió de excusa a las autoridades de la época para abstenerse de actuar, pese a que el secuestro era un secreto a voces en más altos niveles. "Inclusive los primeros 50.000 dólares que mi hermano y mi hijo le dieron al jefe de finanzas de los paramilitares, fueron entregados en una casa que quedaba al frente del cuartel de la Policía".

Y con respecto a la versión según la cual el silencio de los Ochoa quedó garantizado por acuerdos políticos y burocráticos con los Araújo, ningún miembro de la familia Ochoa quiso hacer comentarios. Por el contrario, Víctor Ochoa sostiene que ni él ni su hermano Elías le temen a la verdad. "Elías ha sido muy claro -sostiene Víctor-. Ha dicho que él atenderá la instrucción impartida por el señor presidente Uribe a todos los servidores públicos, al decir que cualquiera que tenga información sobre vínculos entre políticos y paramilitares la dé a conocer a la Corte Suprema. Eso es precisamente lo que estamos haciendo".

En cuanto al senador Araújo, tras quedar vinculado por la Corte Suprema, decidió guardar silencio, pero allegados suyos piden ver con beneficio de inventario la versión de los hermanos Ochoa. "Los Ochoa no soportarán jamás que Alvarito y Alas Equipo Colombia los hayan desplazado, en franca lid, en el escenario político -le dijo a CAMBIO un amigo de la familia Araújo-. Todos los vallenatos, sin excepción, recordamos lo funestas que fueron para nuestro departamento aquellas épocas en las que Elías Ochoa y su corte mangoneaban a su antojo".
Pero no cabe duda de que la denuncia de los hermanos Ochoa tendrá que ser evaluada por la Corte, pues contiene elementos que corroboran versiones que vinculan a miembros de la familia Araújo con el jefe paramilitar Jorge 40. Por otra parte, a diferencia de la mayoría del acervo probatorio, el testimonio de los Ochoa no está viciado por la búsqueda de rebajas de pena. En este caso, se trata de víctimas directas de la parapolítica, que han decidido hablar porque en su concepto en su caso nunca hubo justicia. La Corte tiene la última palabra.

Elías Ochoa Daza, ex alcalde de Valledupar y cónsul en Barquisimeto, ampliará ante la Corte Suprema las graves denuncias sobre el secuestro de su hermano. "Voy a atender como corresponde la citación de la Corte y lo haré convencido de que estoy atendiendo así a un llamado del Presidente de la República para que servidores públicos y ciudadanos que tengan información útil, colaboren en el esclarecedor proceso que está a cargo de la Corte", le dijo a CAMBIO desde Barquisimeto.

Ochoa es reconocido en círculos judiciales como un testigo importante en otros procesos contra grupos armados irregulares. En 2005, por ejemplo, su declaración fue determinante para que Ricardo Palmera, Simón Trinidad, uno de los jefes de las Farc, fuera condenado a 35 años de prisión por secuestro, antes de ser extraditado a Estados Unidos.
Ochoa y su esposa, Carmen Alicia Rivera, declararon durante una audiencia virtual realizada cuando Trinidad estaba confinado en la cárcel de Cómbita. Ochoa dijo que él y su hermano Eliécer fueron secuestrados el 22 de marzo de 1988 por orden de Trinidad y que estuvieron en cautiverio hasta el 30 de octubre de ese mismo año, cuando fueron liberados tras pagar un millonario rescate.

La declaración, rendida vía satélite, también fue tenida en cuenta durante el juicio al guerrillero en Estados Unidos. Sin embargo, la versión de Ochoa, ratificada en ese país por una ex guerrillera que se presentó con el nombre de María, hizo parte de los elementos que despertaron dudas y terminaron dividiendo al jurado, lo cual jugó a favor del procesado.

Interrogado por CAMBIO sobre las implicciones que pudieran tener sus denuncias contra los Araujo, padre e hijo, en la canciller, María Consuelo Araújo, Ochoa asegura: "El secuestro de mi hermano y las circunstancias que lo rodearon no tienen nada que ver ni con ella ni con el cargo que hoy ostenta. Ella no tiene nada que ver en este asunto".

www.revistacambio.com

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Enero 23 de 2007 -

Segunda en la lista de Senador Álvaro Araújo dijo que 'paras' la obligaron a hacer parte de su grupo

En una declaración conocida por EL TIEMPO, Juana Bautista Ramírez confirmó la denuncia hecha por Víctor Ochoa Daza, quien aseguró que Araujo instigó a 'Jorge 40' para que los secuestrara en el 2002.

Además de la declaración de Ochoa Daza, que acusó a Araújo de haber instigado a 'Jorge 40' para que lo secuestraran, la Corte Suprema de Justicia cuenta también con la versión de Juana Bautista Ramírez, que habría sido obligada a convertirse en el segundo renglón del senador, como parte de una especie de arreglo para lograr la liberación del plagiado.Según el relato de Ochoa Daza, que fue revelado por la revista Cambio en su última edición, su retención buscaba frustrar su aspiración al Senado hace cinco años.

La publicación añade que los 'paras' y el senador habrían presionado a Juana Bautista Ramírez, que era la fórmula a la Cámara de Ochoa Daza, para que se convirtiera en el segundo renglón de Araújo.De esta forma, el senador se habría apoderado de los votos del grupoo de Ochoa Daza, conocido como el Movimiento de Renovación Liberal (MRL)."Fue cierto que me obligaron a desmontar mi Cámara", habría dicho Ramírez ante un delegado de la Corte, señaló una fuente cercana al expediente.Ramírez también corroboró que fue el segundo renglón de Araújo ese año y así aparece en los datos de la Registraduría. Después, en el 2006, la dirigente se presentó a la Cámara sin los Araújo y no resultó electa.

Araújo obtuvo votación más alta del paísLos hechos se habrían presentado en el 2002, cuando Araújo decidió lanzarse al Senado, después de estar dos períodos en la Cámara como representante de Cesar. En ese entonces, obtuvo 77.916 votos, uno de los guarismos más altos en todo el país.Araújo, que rindió indagatoria el año pasado por la mención de su nombre en el computador de 'Jorge 40', no quiso referirse a la versión de Cambio porque su decisión es respetar la reserva sumarial en este caso.

Entre tanto, la sociedad vallenata está "consternada" con este caso, porque tanto los Araújo como los Ochoa Daza fueron socios políticos de vieja data: primero en el año 2000, para elegir a Elías Ochoa Daza, hermano del denunciante Víctor, como alcalde de Valledupar. Luego en la campaña del 2002, cuando se habría sido secuestrado."No sabemos qué hay de fondo, pero es un giro muy grande de los Ochoa Daza contra los Araújo. Eso tiene sorprendida a nuestra sociedad. Posiblemente, ahí se pudo presentar un incumplimiento", dijo un político de la zona, quien solicitó el anonimato.EL TIEMPO trató de contactar infructuosamente a Elías Ochoa Daza, quien en actualidad de desempeña como cónsul en Barquisimeto, y quien siempre se ha mostrado más cercano a los Araújo.

www.eltiempo.com

Enero 22 de 2007 -

Verdades detrás del documento suscrito entre congresistas, políticos y las Auc

A raíz de la divulgación de este pacto, la opinión pública aún debate las consecuencias políticas de este encuentro que debería significar la pérdida de investidura de todos los firmantes.

A mediados de 2001 las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, afrontaban graves fracturas internas originadas por la creciente participación de sus principales comandantes en el narcotráfico.La crisis había llegado a tal punto que el 10 de mayo de ese año -cinco días antes de su boda con Kenia Gómez- Carlos Castaño Gil había renunciado a la jefatura nacional del movimiento porque en su concepto las Auc estaban inmersas en el narcotráfico y los frentes en la mayor parte del país estaban cometiendo todo tipo de tropelías sin control alguno.Las Auc aceptaron la renuncia de Castaño el 9 de junio siguiente y ese mismo día nombraron un nuevo estado mayor compuesto por nueve comandantes y encabezado por Salvatore Mancuso.

Con Castaño por fuera de las instancias de decisión, los nuevos jefes paramilitares se dieron a la tarea de buscar un espacio político, que por aquella época no habían podido obtener debido a que al gobierno de entonces solo le interesaba negociar con las Farc en el Caguán.Fue en ese escenario en el que se produjo la cumbre de Ralito del 23 de julio de 2001, en la que cuatro senadores, siete representantes a la Cámara, dos gobernadores y cinco alcaldes, entre otros, firmaron un documento confidencial y secreto en el que se comprometían a defender las tesis políticas de las Auc y a construir una nueva Colombia.

Más allá de los alcances penales que pueda acarrear para los políticos firmantes, lo cierto es que la lectura del documento revelado por EL TIEMPO produce indignación. Que un puñado de dirigentes políticos, entre ellos algunos de los mayores electores de la Costa Atlántica, hayan accedido a pactar con los autores de las peores masacres de la historia del país un documento tan absurdo y pretencioso, es una vergüenza para los firmantes y habla muy mal de la clase dirigente.Lo anterior no tiene excusa y en cualquier país medianamente serio del planeta, todos los dirigentes que suscribieron el documento deberían enfrentar un juicio político e incluso retirarse de la actividad pública de por vida. Sólo puede servir como atenuante el hecho de que, por aquellos días, las Farc estaban no sólo fuertes sino arrogantes, cómodamente apoltronadas en su santuario del Caguán y dedicadas a cometer los mismos crímenes que los paramilitares y de que, en consecuencia, decenas de líderes políticos en diferentes regiones del país se sentían obligados a buscar la protección de las Auc bajo el principio de "el enemigo de tu enemigo es tu amigo".

Otros dirán que lo hicieron por miedo o bajo amenaza, pero queda entonces la pregunta para ellos de por qué no lo denunciaron oportunamente.Pero es un atenuante menor. La verdad es que la firma del documento es una mancha demasiado grande para la hoja de vida de quienes la estamparon, y en esa medida, los partidos a los cuales hoy pertenecen deben de inmediato proceder a examinar los casos y, eventualmente, a expulsarlos. Esto cobija a varios grupos uribistas, al Partido Conservador, pero también al liberalismo en la oposición, que tiene en el listado de rúbricas la de su principal elector en el país, el senador Juan Manuel López Cabrales. Son las secuelas inevitables de la divulgación del documento.

Monday, January 22, 2007

On Line

Estas son las 336 víctimas del ex paramilitar

Salvatore Mancuso recitó casi de memoria el nombre de las personas que él mismo ordenó matar o secuestrar cuando fue comandante del Bloque Catatumbo y cuando fue miembro del Bloque Norte de las autodefensas.

Poco a poco, Salvatore Mancuso comienza a responder las preguntas que el país se viene haciendo hace varios años sobre los múltiples crímenes que ordenó cuando pertenecía a las autodefensas. Este martes, en el cuarto día de su versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz en Medellín, el paramilitar desmovilizado reveló una descriptiva lista con los nombres de las personas que ordenó matar y los lugares donde lo hizo.

La macabra base de datos, dada a conocer por Caracol Radio, es sorprendente. Como quien contabiliza mercancía, Mancuso confesó al fiscal crímenes de su autoría como el de Zenin Saurith Núñez y Elizabeth Araújo Vega, por quienes (de acuerdo con el documento) fue capturado y luego “rescatado” por Danilo González, un coronel retirado de la Policía asesinado hace dos años. Al parecer, a cambio de la libertad de Mancuso se dejó en prisión a alias ‘El Puma’ y ‘El Pájaro’. La larga lista de 87 actos criminales que dejaron 336 víctimas (entre asesinados y secuestrados), tiene en su haber homicidios como el del ex alcalde de San Jacinto (Bolívar), Carlos Quiroz, supuestamente por corrupción. También aparece el nombre de Angie Carolina Ducará, una pequeña niña que fue alcanzada por las balas en la masacre de Mapiripán. Y el de Pauselino Camargo, candidato de izquierda a la alcaldía de Cúcuta y muerto por un hombre conocido con el alias de ‘Gustavo’.

En una presentación de Power Point que llevó en su computador portátil, Mancuso también recitó frente al fiscal que lo escuchaba en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Medellín nombres como los de Alfredo Muralla, Jorge Camilo González, Rafael Claro y Gerardo Berbasi, masacrados en La Gabarra. El documento también tiene los nombres de 41 personas acribilladas en el corregimiento de El Salado, Carmen de Bolívar, matazón ordenada por el ex jefe ‘para’ en 1997. También aparece Hugo Iguarán, un profesor candidato a la rectoría de la Universidad de Córdoba, asesinado en el 2000; Oscar Enrique Niño, concejal de Gramalote, Norte de Santander, y Carlos Quiroz, alcalde de San Jacinto (Bolívar), también asesinados. Además de los homicidios, al parecer Mancuso habló sobre la orden de secuestro de los congresistas de Córdoba Zulema Jattin y Juancho López, y el atentado contra Wilson Borja en 2000, cuando se desempeñaba como director de Fenaltrase.

Aunque ya se sabía que muchos de estos crímenes habían sido cometidos por los 'paras', el reconocimiento de Mancuso como autor de estos delitos son el primer paso para conocer la verdad sobre las atrocidades de las autodefensas, pues muy seguramente seguirá ventilando qué funcionarios públicos participaron con él en la ejecución de estos delitos. ¿Qué dicen las víctimas?

Aunque el fiscal que oyó a Mancuso le llamó la atención a las víctimas que hablaron con los medios sobre las declaraciones del desmovilizado, muchas de ellas no pudieron ocultar su inconformismo con las palabras de este hombre quien, según ellas, sólo habló de generalidades acerca de las masacres que cometió. A la salida del Palacio de Justicia, quienes oyeron la versión de Mancuso contaron que a éste se le vio muy tranquilo durante la jornada. En su computador leía algunas palabras y el resto lo recitaba de memoria.

"Ahora lo que queremos es que nos diga dónde están nuestros familiares desaparecidos y quiénes los mataron", aseguró una de las víctimas a SEMANA.COM.
Semana.com ©2000.

Nacion

El criminal de guerra
La confesión de Salvatore Mancuso dejó dos cosas claras: que los paramilitares pueden aportar mucho a la verdad, y que el precio de impunidad que habrá que pagar por ella será demasiado alto.

Salvatore Mancuso se sentó el lunes pasado frente a su computador portátil, abrió la presentación de diapositivas y empezó a hablar de sus crímenes. El tiempo no le alcanzó para confesar todas las muertes y tuvo que continuar al día siguiente. Al final de la jornada, el balance era estremecedor. Mancuso confesó que había matado a 336 personas. La narración del jefe paramilitar es impresionante. Cuenta uno a uno sus crímenes, ubica en mapas los sitios donde se cometieron, las fechas aproximadas de su ocurrencia y los nombres de las víctimas. Cuenta, por ejemplo, que ordenó secuestrar y matar al indígena embera Kimy Pernía en Tierralta. Y que luego ordenó que fuera desenterrado y arrojado al río Sinú, para que la Fiscalía no pudiera hallarlo.

Cuenta una a una sus masacres. Cómo reunió y entrenó a sus hombres, cómo los dotó de armas y equipos, cómo los transportó y cómo usó su helicóptero personal para surtirlos de municiones y comida, para que siguieran matando. Así lo hizo con Mapiripán, Puerto Alvira, El Salado, Macayepo, La Gabarra, El Aro y la Granja. Nombres todos asociados a incursiones paramilitares que duraron días, semanas y hasta meses. Sin pudor, Mancuso reconoció que en unas ocasiones las planeó, en otras también las ordenó y hasta las ejecutó. Se atrevió incluso a admitir su participación en la masacre de Pichilín, Sucre, a pesar de que había sido exonerado por la Fiscalía. Mancuso omitió los detalles macabros de estos asesinatos. No especificó, como querían algunas víctimas, que buena parte de estas matanzas fueron rituales donde los cuerpos de los campesinos fueron desmembrados, o que muchos fueron matados a golpes, o torturados hasta que sus cuerpos no aguantaron más. No entregó fosas comunes porque los ríos fueron, en buena medida, los depositarios de su horror. El Sinú, el Meta, el Catatumbo, el San Jorge y el Cauca son cementerios de agua inenarrables.

En cada una de las casi 300 páginas de su declaración, Mancuso asegura que sus víctimas eran insurgentes, y cita sin cesar informes de inteligencia militar con los que intenta justificar el baño de sangre. Olvida señalar que casi todos fueron campesinos inermes, pobres, desarmados, que fueron sacados de su casa, lista en mano, y asesinados delante de sus familias. En pocas ocasiones habla de haber desterrado a miles de familias que deambulan ahora en las ciudades, y aún se espera que hable de las tierras y el ganado que les arrebató.

La retórica constrainsurgente le resultó inútil a Mancuso para explicar, por ejemplo, el asesinato de Hugo Iguarán, académico que aspiraba a ser rector de la Universidad de Córdoba y cuya muerte sólo sirvió para ubicar a un amigo suyo en ese cargo estratégico para sus planes.Más alucinante aun resultó su relato sobre la infiltración de Ana María Flórez en el CTI de la Fiscalía de Cúcuta, lo que le dio vía libre a una estrategia brutal para acabar con ese cuerpo de investigación.

La lista de atrocidades es larga. La fría lectura de cada una de ellas, por un Mancuso que lucía un fino traje de corbata, como si se tratara del estado de pérdidas y ganancias de una compañía, produce escozor. Su declaración todavía está inconclusa, y quienes lo conocieron de camuflado y con el fusil al hombro saben que aún le falta exponer mucho. Son tantos y tan variados sus crímenes, que ni siquiera su propia memoria ha sido capaz de registrar la magnitud de la matazón.

Resulta curioso además que el testimonio de Mancuso haya terminado por darles la razón a las decenas de organizaciones de derechos humanos, vituperadas y perseguidas, que durante décadas denunciaron que la expansión paramilitar contaba con la complicidad de sectores militares y políticos. A lo largo de su relato hay decenas de referencias a los organismos de inteligencia, a altos oficiales de la Policía y del Ejército, e hizo entrega del documento de Ralito que en 2001 firmaron políticos adscritos al proyecto paramilitar.

La versión libre de Mancuso marca el camino que necesariamente tendrán que seguir los demás jefes de las AUC cuando hablen ante la Fiscalía sobre dos décadas de violencia paramilitar y narcotráfico.La verdad ¿para qué?En los países donde han ocurrido procesos de verdad similares al que estamos viviendo, la confesión de los grandes criminales pone a la opinión pública en vilo y se convierte en una catarsis colectiva. En Colombia, después de haber discutido durante un año sobre las garantías que daría la Ley de Justicia y Paz para que se conozca toda la verdad, la judicial y la histórica, el primer asomo de ella ha sido extrañamente acogido.

Más atención ha concentrado el escándalo político que el esclarecimiento de gravísimos crímenes de lesa humanidad que involucran a más de mil personas, familiares de las víctimas, que aún hoy se debaten adoloridas entre el perdón y el deseo de justicia. Posiblemente el país todavía no ha captado la magnitud de lo que está ocurriendo. La importancia de que se empiece a hablar del horror, a asimilarlo, a entenderlo. Este es un proceso largo en el que, como dice Eduardo Pizarro, "todos estamos aprendiendo". En el mundo han existido muchas experiencias de verdad y reconciliación, y otras tantas de tribunales donde se juzgan crímenes de guerra. En Colombia se está probando un modelo diferente, donde la cuota de verdad y reparación debe ser tan grande, que compense la enorme cuota de impunidad que se pagará por ella.

Hay que recordar que Salvatore Mancuso, con sus 336 muertos a cuestas, sólo estará ocho años en prisión. Descontando parte del tiempo que pasó en su finca de Ralito, y recorriendo a sus anchas el país, y del que pasará en una colonia agrícola. Tanta generosidad con los victimarios se debería compensar con una reparación efectiva.El riesgo que quedó latente es que el país conozca la verdad, y no pase nada. Que sea una verdad anecdótica, que ahora transmitida por televisión se convierta en un reality banal y vacío de contenido.

En los países donde se han llevado a cabo procesos de verdad, ésta ha servido para transformar la sociedad. En Argentina, para transitar de una dictadura militar a la democracia. En Suráfrica, para superar el régimen del apartheid. En Gran Bretaña, para superar un conflicto religioso y nacional de más de un siglo. En Guatemala, para llevar el país hacia un modelo democrático más incluyente. En Perú, para dejar atrás la pesadilla de la guerra sucia y el abuso militar.En Colombia, ¿para qué servirá la verdad? Esa es la pregunta imperativa. Y si es necesario arriesgar una respuesta, sería que la verdad deberá servir para cambiar el estado de cosas que dieron origen a los grupos paramilitares: la corrupción del Estado, la falta de un modelo de seguridad centrado en los ciudadanos y las fallas de una justicia pública que terminó estimulando el imperio de la justicia privada. La verdad debe servir para imponer el Estado de derecho, por encima de las mafias. Esta es la única garantía de que seres como Salvatore Mancuso, carentes de toda conciencia moral individual, no vuelvan a empuñar las armas.


Semana.com ©2000.

Nacion

Pacto con el diablo

Qué significa para el país la revelación del explosivo documento firmado por políticos y jefes paramilitares.


El 23 de julio de 2001, en medio del sofocante calor de las sabanas de Córdoba, parte del Estado colombiano pactó su destino con una de las organizaciones criminales más temibles de la historia reciente del país. En una finca recién construida a pocos kilómetros de Santa Fe Ralito se reunieron los jefes paramilitares, que estaban a la cabeza de un ejército ilegal de 15.000 hombres, con 11 congresistas, dos gobernadores, tres alcaldes, varios concejales y funcionarios públicos. En total, 32 personas, custodiados por tres anillos de seguridad.Los políticos fueron convocados al cuartel general de las autodefensas por Salvatore Mancuso, jefe del Estado Mayor de las AUC; 'Don Berna', inspector general de las AUC, y 'Jorge 40', comandante del Bloque Norte de esa organización, para sellar un acuerdo que buscaba "refundar nuestra patria" y hacer "un nuevo contrato social". Esa mañana, varios académicos presentaron el proyecto ideológico y político de las autodefensas. Después de un debate sobre los pilares para construir "una Nueva Colombia", Mancuso, como portavoz de los paramilitares, remató la reunión con unas palabras e invitó a sellar el compromiso con la firma de un documento confidencial y secreto. Finalmente, pasaron a manteles.Sólo dos meses antes, 150 hombres de las Fuerzas Especiales y 40 de la Fiscalía habían iniciado la más grande ofensiva al corazón de las AUC en Montería. Iban detrás de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. En ese momento eran los dos hombres más buscados de Colombia. Estaban pedidos en extradición por narcotráfico y la justicia colombiana los perseguía por cometer crímenes de lesa humanidad. Mancuso y Castaño estaban liderando una maquinaria de guerra que estaba en su apogeo militar y que se había construido sobre una lucha contra la guerrilla y el exterminio de la población civil. La estela de sangre previa a la reunión no podía ser más escalofriante. En los cinco años anteriores los paramilitares habían cometido más de 250 masacres que dejaron más de 1.700 muertos, según cifras de las propias autoridades. Desde la matanza de Mapiripán -donde mostraron que podían llegar hasta el último rincón del país para sembrar el terror-, pasando por las masacres de El Aro y la Granja -donde hubo un plan de exterminio sistemático a la población civil-, hasta las matanzas del Salado y Chengue -donde mostraron que su grado de sevicia y crueldad no tenía límites. En estas últimas, los hombres de las AUC llevaron la muerte a su estado más denigrante: convertir la tortura y la muerte en un espectáculo público. Este macabro telón de fondo de la reunión no pareció importarles a los políticos.Para ese momento, la expansión militar de las autodefensas ya había atenazado al país. Con 10 bloques, un estado mayor y presencia en 20 departamentos, sólo faltaba dar el siguiente paso: consolidar el poder político. Y la reunión en Ralito se hizo para eso. Combinar las formas de lucha Las cuatro hojas que consignan el pacto de sangre entre políticos y paramilitares constituían el documento más buscado de Colombia hace dos meses, cuando el senador Miguel de la Espriella, firmante de la reunión, reveló su existencia. Para la prensa, que había destapado el escándalo de la para-política, el documento era la prueba reina de que el paramilitarismo tenía un caballo de Troya en el corazón de la democracia. Mientras la obsesión en las salas de redacción era encontrar la pieza clave del rompecabezas, las 32 copias eran celosamente custodiadas por los asistentes a la reunión de Ralito.Con la declaración de Mancuso ante la Fiscalía se empezó a correr el velo de lo que muchos colombianos sospechaban pero se negaban a creer: que gran parte del Estado estaba subyugada ante la dialéctica del terror paramilitar. Y los políticos eran el último eslabón en una cadena de complicidades.La semana pasada, Mancuso reveló cuál fue el pecado original del Estado con los paramilitares: la alianza de sectores de las fuerzas militares con este poderoso grupo criminal. Mancuso señaló cómo oficiales del Ejército, Armada, la Fuerza Aérea y la Policía transportaban a paramilitares en sus camiones, elaboraban listas para masacres y asesinatos selectivos, entrenaban a los combatientes de las AUC en sus cuarteles y les entregaban las armas a los futuros verdugos de la población civil.Nombres que el país asociaba con coraje y heroísmo como mariscales de campo en la lucha contrainsurgente aparecen ahora como parte del engranaje de una guerra ilegítima cuya punta de lanza son los paramilitares.El general Alfonso Manosalva, a quien no le cabían más medallas en su pecho, apoyó, según Mancuso, las masacres de Ituango (El Aro y la Granja) mientras era comandante de la Cuarta Brigada en Medellín. El coronel Jorge Eliécer Plazas, quien fue oficial de inteligencia en Urabá, filtraba nombres de las futuras víctimas. El general Quiñónez habría facilitado la entrada de los paramilitares a El Salado, para cometer la masacre de casi 30 campesinos que murieron a golpes. En su relato, Mancuso se abstuvo de mencionar decenas de otros nombres de oficiales que colaboraron durante una década con la expansión paramilitar, pero dio indicios suficientes para que la Fiscalía investigue.Los militares que mencionó Mancuso son sólo la punta del iceberg. Desde el nacimiento del paramilitarismo en el Magdalena Medio en los 80, durante su crecimiento en los 90 y su consolidación en 2000, nombres de generales tan importantes como Faruk Yanine Díaz, Iván Ramírez y Rito Alejo del Río han gravitado alrededor de este sombrío capítulo de nuestra historia. Estos procesos casi siempre terminaron archivados, pero pusieron a Colombia en la picota mundial por tener un Estado violador de los derechos humanos.Esta histórica connivencia de algunos sectores de las fuerzas militares con las AUC convierte el documento de Ralito en un instrumento desestabilizador de la democracia. La firma del acuerdo no era sino la refrendación política de una estrategia militar. Era un proyecto perverso y por eso, como le dijo uno de los asistentes a SEMANA, a varios les tembló la mano al firmarlo. Alcance de la carta Con esa agenda oculta bajo el brazo, los políticos salieron del lejano caserío y cada uno regresó a sus funciones públicas. Los gobernadores de Córdoba y Sucre, José María López y Salvador Arana, respectivamente, volvieron a sus despachos a regir los destinos de sus departamentos. Los cuatro senadores y ocho representantes, de partidos tan disímiles como el Liberal, el Conservador y movimientos independientes, volvieron a ocupar sus curules en el Congreso de la República. Los alcaldes de San Antero (Córdoba) y San Onofre y Ovejas (Sucre) volvieron a sus oficinas de representantes del pueblo en sus municipios. Y los jefes paramilitares volvieron al monte a diseñar el proselitismo armado más eficiente de que se tenga memoria en el país y que, según ellos mismos, les llevó a tener el control del 35 por ciento del Congreso.A todos los firmantes del documento les fue bien electoralmente. Si bien en el texto no está plasmada una estrategia electoral, sus postulados, erigidos a punta de fusil, producen escalofríos. ¿Qué quiere decir que ellos asumen "la irrenunciable tarea de refundar la patria"? ¿En qué consiste el "nuevo contrato social" del que hablan? ¿Cuál es esa "Nueva Colombia" que se plantean como desafío? ¿Implica acaso la "refundación del país" la destrucción de las actuales instituciones? ¿Pretende el "nuevo contrato social" subvertir el Estado social y liberal de derecho que actualmente nos rige? ¿Será esa "Nueva Colombia" una nación con menos derechos políticos y libertades civiles? Pero quizá lo más impresionante del documento es que todos los presentes en aquella reunión de Ralito asumen "el compromiso de garantizar los fines del Estado como defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". Todas estas tareas encomendadas, según la Constitución, al Estado.¿Acaso se estaba pensado suplantar la fuerza pública legítima por una fuerza paramilitar financiada por el narcotráfico? ¿Era el objetivo una alianza entre militares y paramilitares, respaldado por un sector político, para sabotear la negociación del gobierno Pastrana con las Farc en el Caguán? Cualquiera de las anteriores hipótesis es tenebrosa. Por eso es lamentable oír al actual ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, decir en los medios que "no hay nada impropio" en el documento y que "se podría refrendar". Si bien los asistentes a la reunión han sacado comunicados dando explicaciones y justificando su presencia en la reunión por presión, temor o la complejidad regional del conflicto, es insólito que el ministro de la política y de la justicia lo asuma de manera tan banal. La mayor parte de los políticos firmantes del documento y de los demás involucrados en el escándalo de la para-política son de departamentos que han sido azotados por la violencia. Uno de los congresistas de la reunión ha salido a decir que la única autoridad en ese momento eran las autodefensas. Si bien es cierto que la sombra del paramilitarismo se ha extendido por todo el país y que en algunas regiones la presencia del Estado es precaria, esta complejidad regional de ninguna manera justifica la complicidad con estrategias criminales. Es irónico que quienes han tenido la responsabilidad de representar al Estado en las regiones, como estos gobernadores, alcaldes y senadores que hicieron parte del acuerdo con las AUC, salgan ahora a justificar la hegemonía de los paramilitares por la falta de Estado. Es decir, no hay Estado porque nosotros, los políticos, no fuimos capaces de representarlo. Ha sido una clase política regional que se ha caracterizado por ser sedienta de clientelismo y que concibe el poder como una oportunidad para darles un zarpazo a las finanzas públicas. Una clase política que hoy se lamenta de una fragilidad del Estado que ellos se encargaron de debilitar y deslegitimar. Y una clase política que hoy minimiza un vergonzoso episodio de nuestra democracia, y que puede tener graves consecuencias penales.Nunca más Este documento tiene una dimensión simbólica que muestra hasta dónde se traspasaron las fronteras morales y éticas de algunos gobernantes. Pero también tiene una dimensión judicial para cada uno de los que suscribieron el acuerdo con la cúpula de las autodefensas. Para Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal general de la nación, este pacto configura dos delitos: omisión de denuncia, por tratarse de personas prófugas de la justicia, y complicidad con grupos criminales. De otro lado, un ex magistrado de la Corte Constitucional considera que incluso se puede hablar de que estas personas promovieron la actividad de los grupos paramilitares y que esto podría configurar el delito de concierto para delinquir.Queda en manos de la Corte Suprema de Justicia investigar a los 11 congresistas en ejercicio que fueron a dicha reunión y en las de la Fiscalía, a los gobernadores, alcaldes, concejales y particulares que también están implicados. No basta, sin embargo, un castigo severo de la justicia para mandar un mensaje ejemplarizante a la sociedad. En este tipo de procesos, donde el país entra en una catarsis colectiva y trata de mirarse en el espejo de su propia realidad, es fundamental afrontar todas las caras de la verdad. Y la verdad hasta ahora está asomando la cabeza. La confesión de Salvatore Mancuso, que la semana pasada estremeció al país y al mundo con la narración detallada de 336 crímenes, es sólo el preámbulo del libro de la verdad que está por escribirse.Mancuso tiene mucho más que revelar. Y ojalá su calculada estrategia de defensa no deje enterrados en el olvido algunos capítulos -como el asesinato de Jaime Garzón- que siguen en la impunidad. Después de la declaración de Mancuso vendrán las de 'Jorge 40', 'don Berna', Ramón Isaza y otros 50 jefes paramilitares que se presentarán ante los fiscales de Justicia y Paz. Frente a la avalancha que se viene, los colombianos tendremos que saber asimilar las dosis de verdad, por más increíbles y desgarradoras que resulten.La verdad no sólo debe servir para dejar una constancia histórica o para castigar a los responsables. La verdad es sobre todo fundamental para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Porque el país, si quiere salir algún día de la espiral de la violencia, no puede seguir haciendo pactos con el diablo.


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