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v) Informes de Inteligencia revelan que desmovilizados han creado 21 nuevos grupos para penetrar, entre otras, las grandes ciudades.
Los asistentes a la cumbre de la Junta Nacional de Inteligencia realizada el martes 30 de mayo en el Ministerio de Defensa, conocieron un informe confidencial bautizado como Bacrim -bandas criminales emergentes-. El documento, de más de 40 páginas, demuestra que en Colombia se abrió paso una tercera generación de paramilitares que busca copar los espacios dejados por los desmovilizados y hacerse a posiciones estratégicas en las viejas zonas de conflicto y en las grandes ciudades.
Las cifras contenidas en el informe Bacrim, que desde ese día quedó en manos de las Fuerzas Militares, el DAS y la Policía, revelan la existencia de 22 grupos ilegales nuevos, con 2.500 hombres en armas y células expansivas que edifican actualmente sus estructuras logísticas y militares a través de redes en otras tantas regiones del país. Son hombres que por ahora no muestran el perfil contraguerrillero de sus antecesores sino que parecen proclives a hacer alianzas con la intención de ganar mucho dinero.
Uno de los principales frentes de ese desdoblamiento es más evidente en tres de las más grandes ciudades del país -Bogotá, Medellín y Barranquilla-, con núcleos en las áreas industriales y comerciales (ver recuadro). "El fenómeno ha dejado de ser latente y ya está afectando la actividad económica -dijo uno de los analistas consultados por CAMBIO-.
Llevados por eso, hay gerentes y directores de empresas que ya autorizaron la incorporación de desmovilizados a sus esquemas de seguridad, conscientes de que estos conocen como ninguno la lógica paramilitar".
La información contenida en el documento Bacrim, que luego fue confrontada y complementada con investigaciones de centros de pensamiento y ONG serias como la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, llegó la semana pasada a manos del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, el Fiscal General, Mario Iguarán Arana, y el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, entre otros altos funcionarios del Estado.
Fuentes de la Casa de Nariño, que no ocultaron la preocupación del alto Gobierno por lo que sucede, señalaron que las evidencias reveladas por el informe Bacrim empezaron a cambiar la percepción del comisionado Restrepo, hombre habitualmente discreto y silencioso, que el lunes 17 de abril dijo, con cierto orgullo, que "las Auc, las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, se acabaron". Como si presintiera lo que sucedería poco tiempo después, Restrepo consideró necesario "hacerles un llamado a todos los ciudadanos para que tengan eso muy presente, porque puede aparecer de pronto por allí un extorsionista que pretenda actuar a nombre de las Auc. Ellas ya no existen. La totalidad de grupos que conforman las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizó y entregó sus armas".
El reciclaje 'para'.
Los primeros asomos del reciclaje paramilitar fueron detectados en enero de 2005 en el nororiente del país, un mes después de la desmovilización del bloque Catatumbo, comandado por Salvatore Mancuso.
Según estableció CAMBIO, por aquellos días aparecieron en Tibú, Norte de Santander, 50 desmovilizados del Bloque Central Bolívar, al mando de un hombre conocido como Jairo, el sicario, quien dio origen a una organización denominada Las Águilas. Poco después la red creció y sus nacientes células quedaron en manos de mandos medios con un común denominador: eran renuentes a aceptar cualquier propuesta de paz y estaban dispuestos a explotar el know how disponible en materia de rutas para el narcotráfico y el ingreso de precursores químicos.
Las autoridades calculan que Las Águilas están conformadas por unos 150 hombres y sus comandos se diferencian por colores en cada región. Así, en Cúcuta se denominan Águilas Negras; en Ocaña, Águilas Doradas; Águilas azules en Tibú y rojas en la zona de El Tarra. Este comando paramilitar también apareció en Arauca, tras la desmovilización de los bloques liderados por los hermanos Mejía Múnera, Los Mellizos.
Uno de los episodios más crueles protagonizados por Las Águilas sucedió en Ocaña, Norte de Santander, a finales de febrero de este año, cuando Sinaí, uno de los jefes del grupo conformado por más de 100 hombres, citó a los comerciantes del pueblo a una reunión. Cuando todos estaban reunidos en una finca, Sinaí llamó a lista y luego les dio una orden a sus hombres para que golpearan en forma salvaje a una persona que estaba encapuchada en el suelo. "Luego nos dijo que eso nos pasaría a nosotros o a nuestras familias si nos negábamos a pagar la cuota o nos atrevíamos a denunciarlos", dijo un comerciante que asistió a la reunión.
Lo que ha ocurrido desde noviembre de 2003, cuando se inició el proceso de desmovilización paramilitar, les da la razón a varios comandantes de las autodefensas que previeron lo que podría suceder. Ernesto Báez, vocero político de las Auc, señaló en una entrevista radial que muchos reinsertados decidieron formar nuevos grupos paramilitares porque "nada esperan de una sociedad egoísta, oportunista y pusilánime". Agregó que sólo 1.500 de los 30.000 desmovilizados han recibido oportunidades laborales y explicó que "lo que ha pasado es que se desmovilizaron grupos de autodefensa y se reactivaron los paramilitares, como se puede ver con los poderosos ejércitos en el Valle, en la región del San Jorge y en el Catatumbo". Báez terminó la entrevista con una conclusión escalofriante: "Si no les ayudan a los desmovilizados, la generación paramilitar será más violenta y sanguinaria que las anteriores".
No menos concluyente fue Hernán Giraldo, comandante del Bloque Resistencia Tayrona, quien el 3 de febrero pasado, después de cumplidos los actos protocolarios de la desmovilización de los 1.166 hombres que estaban bajo su mando, les dijo en voz baja a varios asistentes que su grupo y algunas estructuras del bloque Norte guardarían, por si acaso, buena parte de sus armas para usarlas de nuevo si el Gobierno incumplía los acuerdos de Santa fe de Ralito. "Esto es por si nos toca reagruparnos", dijo.
Todo indica que sus palabras no se fueron con el viento porque el 24 de abril el Gaula del Ejército en Cesar, zona de influencia de Giraldo, hallaron una caleta en una finca del corregimiento Villa Germania, jurisdicción de Valledupar. Allí, perfectamente empacados, había 91 fusiles AK-97, dos ametralladoras M-60, cinco lanzagranadas, 320 granadas y 54.000 cartuchos que pertenecían al frente Mártires del Cesar, cuyo comandante era Adolfo Enrique Guevara, 101 o Iván, quien se desmovilizó el 10 de marzo en el corregimiento La Mesa, cerca de Valledupar.
El empadronamiento es su nuevo sistema para imponer cuotas de producción de coca.
Aun cuando el avance de los nuevos 'paras' parece incontenible, las autoridades les han dado uno que otro golpe. El 31 de mayo la Policía capturó en Ciénaga, Magdalena, a cinco hombres y una mujer que llevaban tres pistolas, una granada y uniformes de las Auc. Luego se comprobó que cuatro de los detenidos hicieron parte de bloque Resistencia Tayrona de las Auc. Dos días después, el 2 de junio, la II Brigada del Ejército capturó 16 personas cuando transitaban la vía que de Santa Marta conduce a Riohacha. Siete de los detenidos eran desmovilizados del bloque Wayú y tenían en su poder un lanzacohetes ruso, cuatro fusiles, 500 cartuchos y 20 uniformes de fatiga con brazaletes de las Auc.
Las nuevas estructuras paramilitares también han aparecido con fuerza en Puerto Libertador y Montelíbano, Córdoba. En 2005, dos docenas de hombres vestidos de civil, con armas cortas y radioteléfonos, irrumpieron en esas localidades para robar algunos establecimientos comerciales y amenazar a los pobladores. En diciembre del mismo año el grupo ya tenía en sus filas a más de 100 hombres uniformados y con fusiles.
En La Guajira, el grupo Contrainsurgencia Wayú -que se abstuvo de participar en el proceso de paz con el gobierno-, se fortaleció con el ingreso a sus filas de 80 desmovilizados del Bloque Norte. Su área de influencia es el corregimiento Bahía Portete, municipio de Uribia, y ya desató una guerra a muerte con las familias de la etnia indígena que ostentaba el control de las rutas de contrabando y tráfico de gasolina en la región.
"La reactivación del paramilitarismo en los departamentos de la región atlántica responde a la necesidad de conservar la participación que los antiguos grupos, asociados con cuestionados empresarios como Enilce López, La Gata, lograron consolidar en negocios legales e ilegales de la región", explica Jorge Calero, analista de la Defensoría del Pueblo.
En todo el país.
Episodios ocurridos a lo largo y ancho del país demuestran que las conclusiones del documento Bacrim conocido por CAMBIO no fueron hechas al azar. Así por ejemplo, en la mañana del pasado 20 de enero la personera de Balboa, Cauca, cayó, junto con varios conductores, en un retén ilegal instalado en la vía que conduce al corregimiento de Patía. "Pensé que me iban a robar el carro, pero a los pocos minutos uno de los hombres armados se acercó a la ventanilla y se presentó como el comandante Cinco Cinco, del nuevo grupo paramilitar Bloque Central del Cauca - les contó la funcionaria a las autoridades-. Me entregó un volante en el que citaba a los habitantes de Balboa a una reunión que se realizaría el martes siguiente en un sector conocido como Lomitas, para cobrar una cuota a cambio de la protección que, a partir de la fecha, estaría a su cargo para librarnos de la guerrilla y la delincuencia común".
La historia de la personera coincide con el informe de riesgo 055-05 emitido por la Defensoría del Pueblo el 23 diciembre pasado, que menciona a este grupo, conformado por más de 150 hombres, como parte de ONG, Organización Nueva Generación Paramilitar, cuyo interés sería controlar el creciente negocio del narcotráfico en Cauca y Nariño .
En Nariño también apareció otro grupo llamado Recomposición Paramilitar. Ocurrió el pasado 8 de mayo durante la marcha que 4.000 campesinos de los municipios de Cumbitara, Policarpa, Iscuandé y Maguí realizaron para bloquear la carretera Panamericana con el fin de llamar la atención del Gobierno Nacional. Los marchantes denunciaron haber recibido amenazas de los jefes paramilitares Johny 20, Pedro, Raúl, Alex Medellín y alias El Águila, pertenecientes al desmovilizado Frente Libertadores del Sur, que alguna vez hizo parte del Bloque Central Bolívar. " Nos acusan de ser simpatizantes de la guerrilla y nos están exigiendo abandonar nuestros pueblos lo antes posible -explicó a CAMBIO uno de los manifestantes-. Dijeron ser de un grupo nuevo llamado Recomposición Paramilitar ".
Como señaló Báez en la entrevista radial, el reciclaje paramilitar también se ha dado en el Valle del Cauca, donde quedaron rezagos de la desmovilización del Bloque Calima, el 18 de diciembre de 2004, y del Frente Pacífico, el 25 de agosto de 2005. En esa zona, que cubre el litoral pacífico hasta Buenaventura, se desató una cruenta confrontación entre más de 250 paramilitares que se quedaron por fuera del proceso. Varios de sus desmovilizados regresaron a las armas para frenar la reconquista, por parte de las Farc, de los espacios donde antes crecieron al amparo del narcotráfico. Sólo en 2005, esta guerra dejó alrededor de 500 muertos, 50 desaparecidos y 2.500 desplazados.
El nuevo paramilitarismo tiene muy preocupada a la Organización de Estados Americanos, OEA, que desde el primer momento ha acompañado el proceso de desmovilización. En un informe publicado a finales de marzo, la OEA se refiere al reciclaje paramilitar y asegura que los bloques Central Bolívar y Montes de María no desmovilizaron toda su tropa sino que dejaron retaguardias con las que siguen administrando laboratorios y procesando narcóticos. Y va más allá al advertir que en la desmovilización del bloque Héroes de Tolová, el 15 de junio de 2005, no estuvieron todos los paramilitares que debían acogerse al proceso de paz. La misión del organismo internacional acogió también varias denuncias contra bandas de desmovilizados en Córdoba, Meta, Valle y Nariño.
Para la OEA es claro que esta nueva generación de paramilitares no tiene otro objetivo que mantener el control de zonas productoras de coca y las rutas que permiten su comercialización. "Ya no usan camuflados, pero mantienen el control sobre la población civil de la zona. Y hasta realizaron un empadronamiento para imponer cuotas de producción de coca", dice el informe.
¿Qué pretenden?
Las anteriores revelaciones pintan un preocupante panorama. Primero, por lo que significan en cuanto a la entrada en actividad de más de 20 nuevos grupos paramilitares en diferentes regiones del país y, en especial, en las grandes ciudades, donde pretenden imponer su ley basados en la amenaza y el terror. Y segundo, porque demuestran que quienes, desde que cuando el proceso con las Auc se inició hace ya más de dos años, denunciaron que muchos jefes paramilitares no tenían una verdadera voluntad de desarme, reconciliación y sometimiento a las leyes, tenían razón.
¿Qué buscan quienes, después de desmovilizarse, se reciclan ahora en nuevos grupos? Hay que decir que una de las razones por las cuales esto está sucediendo es que los mecanismos de reinserción de la tropa y los mandos medios paramilitares no están funcionando. De ahí que cientos de quienes en estos años han participado en los muy publicitados actos de desarme y desmovilización, hayan resuelto continuar en la actividad delictiva.
Pero el problema no tiene que ver solamente con los muy deficientes programas de reinserción. La verdad es que, a la luz de la información disponible, varios jefes paramilitares han resuelto mantener activos grupos de retaguardia, a la espera de que las autoridades judiciales comiencen a aplicar la ley de Justicia y Paz, una norma que, sobre todo después del fallo de la Corte Constitucional, muy poco parece convencer a los jefes de las Auc.
Sea como fuere, el Gobierno tiene la obligación de cortar de raíz este proceso de reciclaje paramilitar. Para ello, debe seguir avanzando en la identificación de los nuevos grupos y en la captura de sus cabecillas que, como es obvio, ya no podrán beneficiarse de las rebajas contempladas en la ley de Justicia y Paz. Pero además, debe advertir a los comandantes concentrados en Santa fe Ralito que, si este reciclaje continúa, no sólo quienes lo protagonicen estarán en peligro de que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, sin rebajas ni beneficios. Mucho más grave: el proceso mismo estará en duda y, con él, la suerte de los comandantes que, al inicio de los diálogos, le dijeron al Gobierno y al país que ellos mandaban sobre sus tropas y estaban en capacidad de desmovilizarlas.
El foco `para' sobre la ciudad.
El epicentro del rearme paramilitar en Bogotá se ha situado en el sector Altos de Cazuca, en límites de la localidad Ciudad Bolívar y el vecino municipio de Soacha. Desde septiembre de 2005, 25 líderes comunitarios han sido desaparecidos y por lo menos cinco de ellos asesinados allí por un grupo que se presenta como Bloque Central Santander y está conformado por miembros de los bloques Capital y Centauros de las AUC, desmovilizados el 4 de septiembre de 2005.
Monitoreos realizados por la Defensoría del Pueblo coinciden con algunos informes de Inteligencia consultados por CAMBIO en la existencia de ése y de otro grupo llamado Bloque Guaviare, que están retomando las posiciones ganadas por el Bloque Capital en las zonas industriales y comerciales de la ciudad. El grupo emergente sacó provecho de la acefalía en la que quedó Capital después del asesinato de su jefe Miguel Arroyave.
El rearme de los grupos paramilitares en Medellín se siente en barrios como La Mano de Dios y las comunas tres, ocho y 13, donde comandos de los extintos bloques Nutibara y Héroes de Granada, desmovilizados en noviembre de 2003, se han reagrupado para reestablecer allí el control territorial, cobrar vacunas, hacer reclutamiento forzado y reabrir las oficinas de cobro. Estas estructuras también se están gestando en las universidades con el fin de amenazar a estudiantes, maestros, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Los informes de Inteligencia y el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo coinciden al mencionar la aparición de un grupo creado con ese fin, que se llama Autodefensas Unidas de la Universidad de Antioquia.
Los nuevos grupos de paramilitares en Barranquilla se están adueñando de barrios populares como La Chinita, Barranquillita y los municipios vecinos de Soledad y Malambo. La banda, conformada por desmovilizados del Bloque Norte, está al mando de Carlos Arturo Posada Florez, pero realmente obedece órdenes de Jorge 40. Se ha especializado en oficinas de cobro, extorsión a comerciantes, muerte a sindicalistas, lavado de activos y en prestar seguridad a importantes empresas.
[Fuente: Revista Cambio, Bogotá, Col, 11jun06]

iv) Así manda "Jorge 40".
Documentos conocidos por CAMBIO demuestran cómo `Jorge 40' y las Auc influyen en la Fiscalía y en la política de la Costa Atlántica.
El viernes 3 de febrero, autoridades civiles y militares de Magdalena viajaron a la vereda Quebrada El Sol, a 70 kilómetros de Santa Marta, para asistir a la desmovilización de 1.166 integrantes del bloque Resistencia Tayrona de las Auc, comandado por Hernán Giraldo. En la mesa principal se sentaron el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo; el delegado de la OEA, Sergio Caramagna; el Gobernador de Magdalena, Trino Luna; el Alcalde de Santa Marta, José Francisco Chico Zúñiga, y el propio Giraldo.
Pero también estaba presente un hombre vestido con un uniforme de fatiga nuevo, similar al que usa el Ejército de Estados Unidos, que inicialmente pasó desapercibido entre los asistentes, pero a quien le concedieron la palabra después de los discursos protocolarios. Se trataba de José Gelves Albarracín, conocido como El Canoso, quien se refirió a la tarea antiguerrillera que el bloque Resistencia Tayrona había cumplido en la Sierra Nevada y destacó cómo el grupo paramilitar había logrado que las autoridades regionales atendieran las principales necesidades de la población.
El Canoso no es un desmovilizado cualquiera. Es un suboficial retirado del Ejército que aparece en los registros oficiales como jefe político de las Auc en la Costa, a quien Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, le confiaron desarrollar la estrategia para controlar elecciones, proveer cargos públicos en la región y canalizar recursos de las entidades locales para las Auc.
"En Magdalena, La Guajira y Cesar se movía a sus anchas -le dijo a CAMBIO un investigador-. Incluso en muchos municipios no se movía una hoja de papel sin su consentimiento".
El seguimiento de las actividades de El Canoso produjo en octubre del año pasado el decomiso, en una finca cercana a Santa Marta, de un computador portátil de su propiedad, en cuyo disco los investigadores han encontrado documentos, direcciones, citas con políticos, registros de presupuestos locales y proyectos económicos que hoy son mirados con lupa por las autoridades judiciales.
Los hilos del poder.
Uno de los archivos más importantes que descubrieron los investigadores es correo electrónico firmado por Jorge 40 y enviado a El Canoso el 1º de septiembre de 2003, que muestra al jefe paramilitar como un hombre poderoso que es consultado por alcaldes, concejales, gobernadores y congresistas de la Costa Atlántica, región de la que está al tanto de todo: desde el pago de un conjunto vallenato hasta del control de los registradores locales en épocas electorales.
CAMBIO obtuvo la carta de nueve párrafos que no deja duda sobre el enorme poder que Jorge 40 le otorgaba a El Canoso: "Espero que se haya normalizado el tema de la Asamblea, aunque por los lados de la provincia hay mucho malestar, pues ellos creen que fueron los damnificados del paseo -dice Tovar Pupo-. Sobre el doctor Escobar, no he podido recibirlo".
"El apoyo que le puedas sumar a Chico y al Gobernador es muy positivo para que entiendan el compromiso que deben tener con nosotros". `Jorge 40'
En otro aparte, Jorge 40 le pide a El Canoso averiguar por las elecciones para la Dirección de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena, Corpamag, cuyo presupuesto anual de 5.400 millones de pesos es apetecido por los gamonales de la región. Al respecto le dice: "Debemos ir trabajando en ese tema paralelo al de las elecciones". Y en el mismo párrafo le pide estar pendiente de convocar a los registradores regionales para trabajar de manera conjunta en las elecciones para la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación de Magdalena. "Realiza tú mismo la reunión y atiende la de los registradores -escribe Jorge 40-. Lo que no queremos es que se nos vayan a prestar para chocorazos a favor del candidato que apoyan los Jotica (José Joaquín Vives) y los Gneccos (una de las principales familias políticas de Magdalena) como siempre ha pasado".
Más adelante, el jefe paramilitar felicita a El Canoso por haber adelantado reuniones con tenderos de Magdalena, que les garantizarían votos para los aspirantes a la Alcaldía de Santa Marta y a la Gobernación apoyados por él. "Muy buena la reunión con los tenderos -dice Jorge 40-. Todo el apoyo que le puedas sumar a Chico y al Gobernador es muy positivo para que entiendan el grado de compromiso que deben tener con nosotros".
Según fuentes consultadas por CAMBIO, el Chico que menciona Jorge 40 es José Francisco Zúñiga, actual alcalde de Santa Marta, llamado así por el diminutivo de Francisco, su segundo nombre. Y el Gobernador es Trino Luna, el único candidato que se presentó para la Gobernación de Magdalena y quien obtuvo 237.800 votos. "Esta carta confirma que tanto Chico como el gobernador Trino Luna fueron apoyados íntegramente por Jorge 40", le dijo a CAMBIO un congresista de la región.
En la última parte de la misiva, Jorge 40 se refiere a otros políticos locales, como la actual representante a la Cámara Karelis Lara Vence, y aunque no da mayores detalles queda la sensación de que está al tanto de sus actividades.
No cabe duda de que la carta, enviada por correo electrónico, conocida dos meses después de la desmovilización de Jorge 40, confirma una vez más el enorme poder del jefe paramilitar, que había quedado al descubierto tras las escandalosas revelaciones hechas hace unas semanas sobre la forma como él penetró las más altas instancias del DAS y sobre cómo, desde la clandestinidad, movió los hilos para meter mano en las elecciones en tres departamentos de la Costa en la campaña de 2002.
Llamada reveladora.
La importancia de El Canoso en el complejo engranaje de Jorge 40 cobra aún mayor relevancia a raíz de otro hallazgo que hicieron las autoridades y que revela su influencia en las fiscalías regionales. El pasado 16 de marzo, los investigadores interceptaron una llamada que El Canoso hizo a un amigo en la que le explica cómo las Auc trabajan en complicidad con funcionarios de las fiscalías de Santa Marta y Barranquilla para arreglar procesos en favor de los paramilitares. El Canoso dice en la grabación que se llama Francisco Becerra en Barranquilla. "Ese güevón subió hace unos 10 días y le tomó una declaración a Leonidas que es Troylo -le dice El Canoso a su interlocutor-.
Leonidas está sindicado junto con Hernán Giraldo (...) Ellos desaparecieron a un tipo de una ONG internacional. Este fiscal pidió 120 millones para arreglarle la declaración a este man. El caso está por muerte y desaparición (...) al hombre ya le pagaron la mitad" (ver recuadro).
El Canoso también le dice a su interlocutor que ese fiscal "siempre ha estado torcido" y que ha trabajado para la organización. "A él estuvieron para echarlo, movió sus palancas y lo nombraron fiscal de Derechos Humanos -dice-. Todos los casos que le han caído de paramilitarismo, el hombre los absuelve". En efecto, CAMBIO estableció que Francisco Becerra es fiscal de Derechos Humanos en Barranquilla y, según funcionarios de la entidad, a su despacho llegan los más importantes casos de terrorismo y muertes de sindicalistas. CAMBIO quiso conocer la opinión de Becerra sobre el caso, pero voceros de la Fiscalía en Barranquilla señalaron que él no hablaba por políticas de la entidad.
El correo y la grabación conocidos por CAMBIO demuestran una vez más que los jefes paramilitares hoy desmovilizados siguen al frente de sus actividades ilegales. La pregunta es por qué el Gobierno no ha mostrado empeño suficiente para exigir y garantizar el desmonte de las redes mafiosas que mantienen intactas los jefes de las Auc, que sólo han cumplido, y apenas en parte, la primera fase de la negociación: la desmovilización militar y la entrega de armas.
Grabaciones delatoras.
Hablan José Gelves, El Canoso y un amigo:
EL CANOSO : Hay un fiscal que se llama Francisco Becerra en Barranquilla.
INTERLOCUTOR: Ajá.
EL CANOSO: Ese güevón llegó y subió hace unos 10 días que yo estaba enfermo y le tomó una declaración a Leonidas, que es Troylo. Leonidas está sindicado junto con Hernán Giraldo y Pacho. Resulta que este fiscal pidió 120 millones de pesos para arreglarle la declaración a este man. Ellos desaparecieron a un tipo de una ONG internacional. El caso está por muerte y desaparición de un dirigente.
INTERLOCUTOR: Ajá.
EL CANOSO: Ese fiscal ha venido todo el tiempo. Él fue local acá en Santa Marta y lo echaron de aquí por rata.
INTERLOCUTOR: ¿Ahora quiere extorsionar a estos manes?
EL CANOSO: No, extorsionar no. Él siempre ha trabajado con ellos. Ese fiscal siempre ha estado torcido, ¿si me entiende? Estuvieron para echarlo y como que movió una palanca y lo nombraron fiscal de Derechos Humanos. Todos los casos que le han caído de paramilitarismo los absuelve ahí mismo.
INTERLOCUTOR ¿Y porqué está pidiendo plata así?
EL CANOSO: Para arreglarle el problema a este Leonidas. Al hombre ya le pagaron la mitad, 60 millones de pesos, y él fue y tomó la declaración allá, en Machete.
INTERLOCUTOR: Ajá.
EL CANOSO: Está arreglando la vaina para absolverlo del caso ese y que le den la libertad. Ese fiscal es torcido porque todos los casos que llegan a Derechos Humanos los busca para arreglar.
[Fuente: Revista Cambio, Bogotá, Col, 18jun06]

Opinión
Colombia
La insolencia y la brutalidad uribista
Por: Alejandro Martínez (especial para ARGENPRESS.info) (Fecha publicación:26/06/2006)
Información Adicional
Tema: Situación en Colombia
País/es: Colombia





Uribe se equivoca de nuevo; también su banda paraco-militar; pensando que nuestro pueblo no ha madurado sus ideas democráticas y de libertad que hoy saturan y van en alza en el país y el continente, rompiendo a diario las cadenas oligárquicas e imperiales.

Uribe cree en la guerra, el pueblo cree y continúa construyendo la paz en sus casas, en sus campamentos, en las fábricas, en sus escuelas, en el campo y contra los privilegios de la burguesía y el alto clero inquisidor, que unidos al despotismo imperial; nuevamente se disponen con sus esbirros armados y desarmados a reeditar su seguridad democrática II, misma que sufrirá con el espíritu y la acción de la rebeldía popular Comunera y Bolivariana, una gran derrota ética, política y militar.

La marcha de las fuerzas históricas en Colombia no se detendrá; hoy reclaman no solamente una nueva democracia, sino una nueva independencia. Las grandes masas en su diversidad, entrarán con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) por las puertas abiertas de la paz y con las banderas de la historia para hacer caer los muros de la miseria y de la guerra oligárquica, como de sus intereses y ambiciones imperiales.

No habrá tregua para construir una paz que no divida ni burle los sueños populares.

Nuestro pueblo hoy hace más nítidas las ideas revolucionarias, como una herencia Comunera, generosa y nuevamente en rebeldía patriótica.

No ha habido ni habrá guerra fratricida con nuestros hermanos de las FARC-EP, seguiremos luchando como Camilo y Manuel por la unidad y la vida, siempre de la mano de nuestro pueblo, de sus enseñanzas, de su ejemplo, como hermanos; pues las masas populares hoy estimulan de nuevo a mayores sectores en la construcción de la paz, sin detener el proceso de transformación social que hoy conducen y multiplican por muchos pueblos y ciudades y contra el régimen criminal del caduco, viejo y “nuevo” führer Alvaro Uribe Vélez – AUC.

Como hace casi cuarenta y dos años, el ELN continuará en la lucha por la paz; hoy con mayores fuerzas progresistas y de convergencia, por el bienestar de las mayorías y el Socialismo que abolirán los privilegios, la insolencia y la brutalidad uribista e imperial, pero siempre sobre bases democráticas, unitarias y revolucionarias.

¡Ni un paso atrás, la lucha continúa!

5 años de la desaparición de Kimy Pernía Domicó

Se han cumplido cinco años de la triste desaparición de Kimy Pernía Domicó, líder indígena de la comunidad Embera Katio, quien se distinguió por la defensa de los derechos y de la dignidad de sus hermanos de raza.

El 2 de junio de 2001, con la complicidad del sol radiante del Caribe colombiano, en la ciudad de Tierra Alta del departamento de Córdoba y a tan sólo cuadra y media de la Fiscalía, cuando Kimy Pernía Domicó se dirigía a pie hasta el tambo de su comunidad, dos hombres en motocicleta lo interceptaron, lo montaron a una de ellas y su rastro se perdió.

Hoy, a cinco años de su desaparición, le recordamos y seguimos exigiendo del Gobierno Nacional asumir las acciones necesarias por devolver a la comunidad a su gran dirigente.

Comisión internacional verifica situación humanitaria en La María-Piendamó
Equipo | Periódico El Turbión – junio 15 de 2006
"¡Y seguiremos luchando hasta que se apague el sol!"
-Himno del CRIC

Los pueblos indígenas y las demás organizaciones sociales, campesinas y afro descendientes que participaron en la Cumbre Intinerante y Permanente de Organizaciones Sociales "José Pedro Pascue" y en la Movilización del Sur Occidente colombiano del pasado mes de mayo, se levantaron como el Ave Fénix de sus cenizas, luego de la dura represión con que fue atendida su intención de dialogo con el gobierno. Están dispuestos a denunciar y exigir del Estado la reparación por la nueva vulneración de derechos a que fueron sometidos.

Recordemos que del 11 al 20 de mayo se realizaron estas actividades en varios departamentos del sur occidente de Colombia, entre los que se encuentran Nariño, Putumayo y Cauca, con el fin de reclamar que el Estado cumpla con los acuerdos firmados hace más de 15 años con las comunidades indígenas. Desde entonces, luego de que el Estado colombiano fuera condenado por hechos en los que miembros de la Fuerza Pública protagonizaron una masacre que afectó a los comuneros del norte del Cauca y a pesar del reconocimiento del crimen por parte del gobierno, hasta la fecha no se ha cumplido la reparación prometida.

De la misma manera, las comunidades dejaban clara en estas movilizaciones, una vez más, su posición de rechazo a la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC), a la reelección presidencial y a las diversas medidas gubernamentales que atentan contra la vida digna de los colombianos.

El gobierno nacional, en cabeza de Uribe Vélez, al encontrar tal convicción y fortaleza en los más de 18 mil manifestantes, acudió a dos de sus armas más usadas para tratar de imponer su voluntad y no escuchar la del pueblo: la estigmatización y la fuerza. Fue así como el Territorio de convivencia, diálogo y negociación del resguardo indígena de La María-Piendamó, situado en el centro del departamento del Cauca y a 40 minutos de su capital, donde se situaba la mayor parte de los manifestantes, se convirtió en un escenario de persecución, muerte y represión violenta que protagonizaron los representantes de la llamada 'seguridad democrática', justificados en el señalamiento mentiroso, realizado por el gobernador del departamento, Juan José Chaux Mosquera, de que la movilización social actuaba como "agente del terrorismo, el narcotráfico y la guerrilla".

Sin embargo, la realidad no se puede ocultar: los agentes de la policía y los miembros del ejército que participaron en los feroces operativos no atacaron a delincuentes peligrosos o a combatientes expertos en el tema de la guerra, como lo manifestaría engañosamente en varias ocasiones el comandante de policía del Cauca, coronel José de Jesús Celi Rincón, sino a cientos de civiles vulnerables, desarmados y sedientos de justicia social, quienes esperaban diálogo y no represión, y que no estaban preparados para ser atacados con armas de fuego o con los implementos de guerra provenientes del Plan Colombia, tales como los carros blindados y los helicópteros con los que se arremetió contra el resguardo.

Como lo reportamos entre el 15 y el 22 de mayo, durante el cubrimiento y la transmisión radial que realizamos de estos sucesos, las agresiones de las fuerzas gubernamentales contra las comunidades generaron fuertes enfrentamientos en La María y en otros lugares de la región, como Remolino, en Nariño, el Pital en el Norte del Cauca y la propia ciudad de Popayán, donde los militares, la policía antimotines y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) atacaron a las comunidades y a los manifestantes con armas de fuego, gases, helicópteros, tanquetas y garrotes, algunos cubiertos de alambre de púas, provocando graves lesiones a decenas de niños, mujeres embarazadas, funcionarios de la Cruz Roja e incluso a los Defensores del Pueblo de Cauca y Nariño quienes también recibieron varios impactos con las bombas de gas que fueron lanzadas desde los helicópteros artillados.

La permisividad manifiesta del presidente y de las autoridades del Gobierno Departamental, y su apoyo irrestricto al abuso de autoridad y de fuerza cometido por los uniformados, fue tanta que fueron capaces, incluso, de saquear el resguardo e incendiar lo que encontraron a su paso: las casetas de reunión, las sillas, las casas de los indígenas, sus utensilios de cocina, sus camas, sus cobijas, sus motocicletas, el grano almacenado, las instalaciones del puesto de salud, la oficina del gobernador indígena y la emisora comunitaria y hasta los libros que estaban para la venta y la exhibición sobre temas de resistencia indígena fueron víctimas de la acción destructiva de las fuerzas enviadas por el Gobierno Nacional para la represión.

Como consecuencia de esa irracional respuesta del gobierno de Uribe, fue asesinado el joven líder indígena José Pedro Pascué, quien hacía parte de la Guardía Indígena, institución tradicional amparada por la Legislación Especial Indígena vigente en Colombia y encargada de la protección de los territorios colectivos y ancestrales. Adicionalmente, cientos de personas fueron heridas o detenidas, algunas de ellas miembros de los medios de comunicación alternativa presentes en el lugar –entre quienes se encontraba uno de nuestros reporteros–, recibiendo tratos denigrantes y constantes amenazas por parte de los uniformados mientras eran retenidas ilegalmente sin cargos o infracciones en su contra.

Además de los costos humanos, de las muertes, las detenciones y las lesiones a cientos de personas, la agresión produjo daños materiales sobre las propiedades de las comunidades que se estiman en varios cientos de millones de pesos.

La causa de estas agresiones es, sin duda, la actitud de Uribe Vélez frente a una movilización de carácter pacífico que, como se ha constado por organismos veedores de los derechos humanos, sólo se dispuso a taponar la Vía Panamericana al ver el engaño del Ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, quien aseguró que asistiría al lugar de encuentro para dialogar con los manifestantes, pero nunca llegó.

Ante estas situaciones que dejan nuevamente al Estado y sus gobernantes como violadores flagrantes de la Constitución Nacional, los Derechos Humanos y los tratados internacionales, los indígenas, campesinos, afro descendientes y organizaciones sociales en general, decidieron convocar la conformación de la Comisión Garante de Verdad, Justicia y Reparación, para que estos hechos no queden en la impunidad y el gobierno reconozca su arbitrariedad, así sea por el juzgamiento internacional.

Con ese fin se convocó a instituciones como las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Conciliación, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de DDHH del Congreso de la República, la Fundación Minga, el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Acción Permanente por la Paz. Como garantes se invitó al premio Nóbel alternativo de economía, Manfred Max Neeff, y al juez Baltasar Garzón. Fue así como, el pasado 15 de junio, se instaló oficialmente la Comisión Garante de Verdad, Justicia y Reparación que contó con la asistencia de los representantes de varias de estas entidades. El juez español, reconocido por adelantar el juicio contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, envió a su delegado, el abogado Manuel Ramiro Muñoz, quien además es representante del Centro Internacional para la Paz, con sede en Toledo España, y confirmó la participación de Garzón en la comisión y el permanente acompañamiento a las investigaciones que se requieran para establecer la responsabilidad del Estado colombiano en ese nuevo atropello, del que fueron víctimas más de 18.000 colombianos que se movilizaron para exigir respuesta y cumplimiento de acuerdos incumplidos.

"No podemos prejuzgar previamente qué cargos son, ni qué responsabilidades hay. Lo que se debe hacer, en primera instancia, es acudir a las instituciones del Estado. Como hay un Estado de Derecho, funciona la Procuraduría para el caso de que haya extralimitación de las funciones del Ejercito y la Policía, la Fiscalía en caso de que haya meritos para responsabilizar por los delitos que se cometieron y está la instancia del Contencioso Administrativo para reparar a las víctimas", afirmó el delegado Muñoz.

Sin embargo, como todos sabemos, esto no necesariamente terminará con la aplicación de la justicia a favor de las víctimas, entonces es necesario saber qué más se puede hacer. "Ninguna instancia internacional va a aceptar el caso si no está resuelto internamente... primero las cortes internacionales y organismos respetan lo local: en caso de que no haya solución al conflicto, entonces, se puede elevar a nivel internacional", señaló Muñoz y agregó, refiriéndose a la masacre de El Nilo (1991) y a los acuerdos que se establecieron a partir de ésta entre el Estado y las comunidades indígenas luego de que el caso fuera sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que "la masacre en el país quedó en impunidad, pero en la Corte se encontró responsable al Estado Colombiano, luego la comisión llamó a conciliar a las partes y hay en este momento un acuerdo de conciliación".

Lamentablemente, ese acuerdo tampoco se ha cumplido y ya han pasado 15 años desde su firma: quedan sobre la mesa numerosas dudas sobre si existirán posibilidades reales de cumplimiento por parte de un gobierno que demuestra su absoluto desinterés por el respeto a la ley y a los acuerdos con sus ciudadanos.

Precisamente, el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Aparicio Ríos, estuvo reunido en Bogotá con 7 embajadas que hacen parte del G24 y con varios organismos de cooperación internacional y nacional que ofrecieron su respaldo a la Cumbre de Organizaciones y a la Movilización del Sur Occidente y se mostraron sorprendidos por la forma como se trató la situación por parte del Gobierno.

De esta reunión se logró, además del apoyo político para presionar al gobierno colombiano para que cumpla con las reparaciones establecidas por la ley, avanzar en la gestión para se agilice un diálogo directo con los altos gobiernos, especialmente con el de Colombia, para que se lleve a cabo un proyecto de restauración del Territorio de dialogo, negociación y convivencia de La María-Piendamó y se pueda dar continuidad a la Cumbre Itinerante.

Por su parte, el defensor del pueblo delegado para indígenas y minorías étnicas, Gabriel Muyui Jakanamejoi, afirmó que de acuerdo a las indicaciones del defensor del pueblo nacional, Wolmar Pérez, no cree conveniente hacer parte formal de la comisión porque "somos parte del Estado y somos una institución de control" y que, por lo tanto, sólo estarían adelantando las gestiones que les corresponden por la Constitución. Siguiendo los mismos lineamientos institucionales, el defensor del pueblo del Cauca, Víctor Javier Meléndez Guevara, confirmó el acompañamiento a la comisión y afirmó que desde su despacho apoyarán las investigaciones, prestarán la asesoría jurídica y el acompañamiento a quienes presenten las denuncias, a fin de que sean respetadas sus garantías procesales. El funcionario dio un alto nivel de importancia a la necesidad de que el discurso se materialice en medios probatorios, dentro de los expedientes que están cursando ante la Procuraduría y en las investigaciones que la Justicia Penal Militar u otras instancias con mayores garantías puedan generar. "Es necesario manejar con mucho juicio el tema probatorio, para lograr los resultados que las comunidades esperan", aseguró Meléndez Guevara.

En el proceso, que apenas inicia para buscar la verdad, lograr la justicia y la reparación por parte del Estado hacia los colombianos que se movilizaron y fueron reprimidos brutalmente, surgen posiciones asombrosas por parte del gobierno. En declaraciones de altos funcionarios del Gobierno Nacional y Departamental se insiste en que la acción del Esmad estaría legitimada por la supuesta irregularidad con la que la Guardia Indígena mantuvo bajo su custodia a dos agentes de este cuerpo policial, quienes fueron apartados de sus grupos durante la arremetida policial del martes 16 de mayo.

Sin embargo, al tratar de intercambiar papeles con las comunidades y de ocupar el puesto de las víctimas, los miembros de la Fuerza Pública y el gobierno hacen intentos alocados por evadir sus responsabilidades en estos crímenes. Las declaraciones de miembros de la Cruz Roja Internacional, de la Naciones Unidas y de otras instituciones que participaron como garantes del acto humanitario de entrega de los uniformados confirman que, por el contrario, se dio por parte de los indígenas una muestra de humanismo y respeto por los derechos humanos.

"La Defensoría Regional ha sostenido que la Guardia Indígena resguardó a los miembros del ESMAD y les brindo atención médica oportuna y eficiente, que les dio protección frente a cualquier eventualidad, que les permitió el acercamiento para las gestiones humanitarias. A la Defensoría le permitieron el acceso sin ningún problema, le permitieron comunicaciones con los familiares: el trato fue digno y respetuoso", afirmó el defensor del Cauca al Periódico El Turbión.

Así mismo, se comprueban fácilmente, con pruebas patentes, los demás actos denunciados por parte de la comunidad. "Cuando recibimos los gases, incluso al lado del carro de la Defensoría, se veía que eran lanzados desde los helicópteros... los gases también cayeron en el sitio mismo en el que estaban los policías heridos... es una situación que ya no se puede cambiar: son hechos que están para que se llamen a los que tienen el testimonio. Que entraron tanquetas, que entró ejercito, que entró fuerza pública, que provocaron pérdidas e incendios, que faltan cosas en la tienda, son hechos", afirmó el funcionario.

José Sánchez, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), capítulo Valle del Cauca, aseguró que es importante la existencia de organizaciones de indígenas, afro descendientes y campesinos que se fortalezcan en eventos como la Cumbre Itinerante. No obstante, se mostró preocupado porque el gobierno manifiesta tener una política de respeto a los derechos humanos que, en la realidad concreta, es otra cosa contraria a lo que predica. Afirma que "en las altas esferas se ufanan de respetar y promover la defensa de los derechos humanos, pero en el campo, cuando la gente protesta y está en el terreno de la lucha, vemos que el mismo gobierno, con sus aparatos del Estado, los viola constantemente".

El asesinato a manos del ejército de Colombia de 10 efectivos del grupo de elite de la Policía Judicial y de un informante civil que los guiaba en una operación antidrogas "no fue un error (militar), fue un crimen", afirmó el fiscal general Mario Iguarán.
Un coronel comandante de batallón contrainsurgente del ejército, un teniente, un sargento y cinco soldados fueron detenidos en la víspera y pocas horas después, en la noche, comenzaron a declarar ante la Fiscalía por haber lanzado "una emboscada para cometer una masacre" contra la elite policial que adelantaba una operación en zona dominada por paramilitares ultraderechistas.
Los hechos, por los cuales fueron acusados estos ocho militares de homicidio agravado, se registraron el 22 de mayo en una zona rural del poblado de Jamundí, a media hora por carretera de Cali, la tercera ciudad en importancia de Colombia y capital del sudoccidental departamento del Valle del Cauca.
Según versiones de prensa, la finca que pretendía allanar el grupo antinarcóticos pertenece a Diego Montoya o 'Don Diego', como le llaman al poderoso capo del cartel del Norte del Valle que figura en la lista de las 10 personas más buscadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, con una recompensa por su cabeza de cinco millones de dólares.
También pertenecen al mismo narcotraficante otros establecimientos circundantes, según dijo una fuente a IPS.
Don Diego es uno de los jefes del narcotráfico que ha organizado grupos paramilitares ultraderechistas dedicadas a atacar poblaciones que suponen sirven de apoyo a la guerrilla izquierdista y ocasionalmente se enfrentan directamente con los insurgentes.
La unidad policial atacada fue la Comisión para Cali (Comca), que consiguió capturar a más de 200 narcotraficantes desde diciembre pasado. Se trataba de "uno de los equipos más eficaces del mundo en la lucha contra la droga", según el director de la Policía Judicial, general Óscar Naranjo.
El grupo militar de 28 efectivos disparó durante 20 minutos tras coordinar previamente el ataque siguiendo órdenes del narcotráfico, aseguró el fiscal. Los soldados trataron luego de acordar una coartada a través de mensajes escritos en sus celulares.
En una rueda de prensa en la noche del 22 de mayo, el general Mario Montoya, comandante del ejército, intentó mostrar que se trataba de un error militar y que la tropa hacía un recorrido de rutina.
El Procurador General de la Nación (ministerio público) tuvo que enviar dos oficios el miércoles 24 para evitar que los militares fueran trasladados a otra ciudad y para arrebatarle el caso a la justicia penal castrense, que había comenzado a actuar por disposición del propio general Montoya.
"No vamos a permitir, en primer lugar, que obstruyan la justicia", dijo el fiscal.
Ese mismo día el presidente Álvaro Uribe anunció una recompensa en moneda nacional cuyo equivalente era más de 400.000 dólares a informantes que no pertenecieran al ejército ni a la policía, con el fin de esclarecer lo que calificó de "delito militar".
"Fue aniquilamiento", sentenció el general retirado Luis Enrique Montenegro, ex director de la Policía Judicial, dado que no hubo sobrevivientes entre los atacados.
El informante fue despojado del pasamontañas que llevaba puesto y le dispararon a tres metros con un arma de largo alcance, mientras los policías fueron abaleados a ocho metros de distancia y atacados con granadas.
En la escena del crimen, que pudo haber sido alterada porque los militares estuvieron 43 minutos a solas con los cadáveres, aparecieron casquillos de más de 150 balas de fusil y de ametralladora.
Aunque la mayoría de los casquillos corresponden a proyectiles de fusiles Galil, de uso exclusivo del ejército, algunos corresponden a fusiles AK-47, que utilizan los paramilitares.
La Comca es financiada y entrenada por la DEA, la agencia estadounidense antidrogas, con la misión de perseguir a los jefes del cartel del Norte del Valle bajo las órdenes del general Naranjo, un oficial que goza de credibilidad y que es temido por narcotraficantes y quienes los apoyan.
Mientras, los batallones de alta montaña del ejército forman parte del plan también financiado por Estados Unidos para combatir a las guerrillas izquierdistas, en el marco del conflicto armado interno que ya lleva 42 años.
Colombia es el tercer receptor mundial de ayuda militar de Washington y el gobierno derechista de Uribe, reelegido el pasado domingo, su principal aliado en América Latina y el Caribe.
Wilber Varela, alias 'Jabón', un rival de Don Diego en el Norte del Valle, dejó saber el año pasado que el ejército colombiano supuestamente brinda información y protege las propiedades del capo.
La rivalidad de ambos jefes proviene, según la fuente cuya identidad se omite, de que Jabón no considera necesaria, para el negocio de la droga la conformación de paramilitares por parte de Don Diego. En cambio, al ejército le interesaría la existencia de esos grupos ultraderechistas, que le sirven de apoyo en su lucha contra la guerrilla.
"El ejército entonces comienza a golpear a Jabón, y esa seguramente es la raíz de lo que ocurrió ahora", señaló la fuente a IPS.
"Esto tiene que ser explicado. No se debe ocultar nada a nosotros y a Colombia", dijo conmovido y en el lugar de los hechos el agente de la DEA Terry Cole.
"Claridad" respecto de los responsables de la masacre de Jamundí pidió el embajador de Washington en Bogotá, William Wood, el martes, el mismo día que el gobierno para el que trabaja aprobó la gestión de Colombia en derechos humanos y liberó una partida de 62 millones de dólares (12,5 por ciento de la ayuda militar anual) que dependía de esa certificación.
Conocido por destituir generales sin fórmula de juicio en su guerra a muerte contra la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presidente Uribe decidió esta vez comenzar por apenas la suspensión de los militares implicados.
En meses pasados, el servicio de inteligencia presidencial denominado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue señalado por la revista Semana de entregar información confidencial a hombres de Don Diego.
Jorge Noguera, director del DAS hasta el año pasado, fue acusado por un ex subalterno suyo, Rafael García, entonces jefe de informática, de poner ese organismo al servicio de paramilitares.
García, quien fue apresado por alterar los informes de inteligencia de narcotraficantes, declaró que Noguera y su director de inteligencia le avisaron a Don Diego que había un soplón dentro de su organización que pasaba información sobre el paradero del capo.
La emboscada de Jamundí trajo a la memoria otro caso parecido aún no resuelto ocurrido en marzo de 2004 en el municipio de Guaitarilla, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, cuando tropas del ejército atacaron y mataron a siete policías antisecuestro y a cuatro civiles que viajaban con ellos.
Aunque Uribe exigió entonces resultados de la investigación "en 48 horas", ésta pasó a la justicia castrense y aún sigue sin aclararse el caso, aunque indicios apuntan a que el narcotráfico y el paramilitarismo jugaron algún papel en la masacre.
El hoy detenido coronel Byron Carvajal, comandante del Batallón número 3 de alta montaña que cometió la matanza de policías, no es un desconocido para las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Carvajal fue quien dijo "amarren sus perros que mis perros están sueltos", al responder en una reunión con la comunidad de la zona por la queja de que uno de sus soldados había dejado embarazada a una menor de edad, recordó a IPS la activista Marta Ascuntar,
También como antecedente está el caso del autobús del servicio público, ocupado supuestamente por 15 guerrilleros, que fue atacado por el Batallón 3 en 2004 en Jamundí. La familia del chofer, un civil, reclamó el cadáver pero no quiso poner ninguna denuncia.
"Esos 15 guerrilleros, según la versión de la Defensoría del Pueblo, no murieron en combate sino ejecutados", precisó Ascuntar, aunque aclaró que el caso fue "confuso".
Ella vio la autopsia de otro hombre que fue reportado como guerrillero por el mismo Batallón 3. "Recibió un tiro en la frente. Fue ejecutado, junto con otros dos", agregó la activista de la seccional Valle del Cauca del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la más antigua organización humanitaria de Colombia surgida en los años 70.
Rodrigo Vargas, miembro de la seccional Valle del Cauca del Comité Permanente por los Derechos Humanos, relató a IPS que el 11 de marzo José Orlando Giraldo, de unos 55 años y quien cuidaba una finca en la zona rural de Cali, fue asesinado a la una de la mañana por un grupo del mismo batallón.
Giraldo fue nombrado ante la prensa como uno de tres o cuatro guerrilleros dados de baja.
Pero su hija entró a la fuerza a la casa horas después y logró hacer tomas de video. El cuerpo de su padre estaba desnudo y había sido lavado.
"Yo vi el cadáver. Tenía esquirlas por todo el cuerpo y ambos brazos partidos. (Los militares) dijeron que había muerto en combate y que en la casa había armas, pero ella demuestra en el video que no las había", dijo a IPS Ascuntar.

Recuerdos de mi cautiverio
Marcelo Forero | Periódico El Turbión

Rayaban las 11:00 horas del día miércoles 17 de mayo, la vía Panamericana, en el tramo cercano a la entrada del resguardo de La María, funcionaba sólo por uno de sus carriles y era controlada por la Guardia Indígena que alternaba el paso en sentido sur norte. Hacia el norte, donde más tensa se tornaba la situación, una gran barricada era controlada por el ejército. Sólo habían pasado cuatro días desde que habíamos llegado hasta allí para cubrir la Cumbre Itinerante de Organizaciones Sociales y no sólo habíamos podido ver y oír los horrores que generaba la acción de la fuerza pública sobre la población civil indefensa, cuyo único delito había sido demostrar su inconformidad con el gobierno y con su propia y asfixiante situación, sino que allí, donde intentábamos cumplir nuestro deber como reporteros, teníamos estas arbitrariedades al alcance de la mano y debíamos documentarlas.

Mientras tanto, dentro del resguardo indígena se vivía un ambiente de tensa calma luego del pronunciamiento de que el gobierno estaría por pronunciarse para negociar: según ellos, venia en camino hacia La María una comisión dispuesta a dialogar para encontrar salidas a la crisis que ya le había costado la vida a Pedro Pascué. Como el gobierno garantizó la llegada de la comisión, me dirigí al único sitio cercano con Internet de banda ancha donde pudiera descargar el material fotográfico del día anterior y enviarlo a la redacción del periódico, lo cual no era nada fácil pues para llegar a este lugar, de la vereda llamada El Pescador, había que recorrer aproximadamente 10 kilómetros en una zona nada fácil de transitar, dados los choques del día anterior y la fuerte presencia de uniformados.

Cuando bajé a la Panamericana, y mientras esperaba por el cambio de dirección en la vía, escuché una conversación entre unos indígenas y algunos ‘soldados de la patria’ que aseguraban a los primeros que estaban en ese lugar única y exclusivamente para contrarrestar algún posible ataque armado por parte de la guerrilla, insistiendo en que ellos en ningún momento y por ninguna circunstancia interferirían con la cumbre indígena, pues el Ejército Nacional no tenía derecho a actuar sobre una manifestación publica por aquello de que está prohibido dispararle a civiles desarmados. Esto, claro, según los militares.

Una vez dado el cambio de dirección en la vía, me colgué de una de las puertas de un camión y me identifiqué como reportero, asegurándome de ahí en delante de que mi credencial fuera visible en todo momento. Mientras pasaba el cordón de 'seguridad democrática', ubicado a lado y lado de la vía, vi estacionados 4 camiones del ejército y un generoso número de soldados exageradamente armados. A medida que el camión avanzaba aparecían más y más soldados, y otros 2 camiones, y detrás de éstos dos tanques de esos que llaman ‘cascabel’, y detrás un anfibio con esas que llaman ‘punto 50’ montada en la parte superior con una tira de balas colgando, lo que supongo significa que estaba ‘a un click’ de matar a alguien. Luego de eso, más ejército y armas a los costados.

Después de recorrer un buen tramo, vi camiones y buses particulares junto con un par de tanquetas de la policía. A partir de ese punto sólo veía personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en cantidades absurdas, lo cual hizo que me pasara un escalofrío: evidentemente, el Estado no se tomó todo ese trabajo y tantas molestias, al enviar esa exagerada cantidad de personal, sólo para presenciar una negociación.

Cuando, por fin, dejamos atrás al ejército y a los Esmad, le pregunté al conductor del camión de dónde venía y me contestó que de Pasto (Nariño). Luego le pregunté si antes de la barricada sur, ubicada después del peaje, había visto concentración de fuerza publica, a lo que me contestó más o menos así:

–Viejo, lo que acabamos de pasar es una tercera parte de lo que hay por allá...

Por el bienestar de mi salud mental decidí pensar que el conductor estaba exagerando.

Una vez llegué a El Pescador vi un reten del ejército, me baje de la tractomula y busque el susodicho café Internet. La descarga de las fotos tomó demasiado tiempo y alcancé a leer un comunicado, aparentemente publicado minutos antes de mi llegada al local, en el que la comunidad indígena del resguardo anunciaba que taponaría de nuevo la vía Panamericana, a partir de las 15:00 horas, para presionar al Estado a hacer presencia en el diálogo. El tiempo se alargaba, dado que la banda ancha resulto no ser tan ancha y ya sentía el corazón en la boca por que, además, la vereda El Pescador se militarizó de un momento a otro.

A las 15:00 horas envié un correo electrónico a unas cuantas personas, avisando de la situación en la que me encontraba y pedía a dios –si existe– que no permitiera que se cometiera una de esas masacres de las que se acostumbran a hacer, de manera regular, a lo largo y ancho del país, especialmente durante el gobierno del doctor Uribe.


Cuando salí del café Internet, la vía estaba trancada y no había flujo vehicular, como me lo esperaba. Un individuo en moto se ofreció a acercarme a La Maria por un módico precio, lo cual no rehusé, y nos pusimos en camino. Llegando al resguardo no vi sino a unos pocos soldados: no habían camiones ni tanquetas, sólo uno que otro soldado comiendo, fumando y riéndose.

Como mis lentes, el día anterior, habían quedado demasiado rayados, cuando flanqueaba por un monte muy espeso y complicado el retén que la policía efectuó en el peaje, no estaba viendo muy bien a distancia. Me alegré, creyendo que habían retirado a la fuerza pública, me acerqué un poco más y vi que no estaba la barricada. En ese momento me paralicé, porque alcancé a ver una columna de humo que se elevaba desde el patio principal del resguardo.

Tenía que entrar a La María como fuera. Recordé el camino que usé para evadir el retén del día anterior, pero tenía que, de alguna manera, llegar primero a El Pescador y esperar allí a que se calmaran un poco las cosas. Di media vuelta y, en ese instante, sentí un jalonazo que casi me manda al suelo: era un sujeto del Esmad afrodescendiente y con un acento marcadamente paisa.

–¿Y usted qué?– me preguntó enseguida, tratando de intimidarme.
–Soy de la prensa, estoy cubriendo la cum...
–¡Qué va, gran hijueputa! ¿Qué lleva ahí?
–Oiga un momento, que soy de pren...– me quita la mochila y me empuja.
–¡Qué va, gonorrea! A mí no me venga a meter cuentos chimbos, quédese quieto malparido, ¿de dónde es?
–Soy de Bogotá, soy reportero de un periódico de Bogot...
–¡Callate gonorrea, que te voy es rompiendo hijueputa!

En ese momento vacía la mochila sobre la vía y recoge mi billetera para sacar mis documentos y pertenencias.

–A ver qué tiene esta gonorrea.
–Oiga, soy de prensa y usted no pued...– me patea y puñetea hasta llevarme hacia el andén.
–¡¿No puedo qué, gonorrea? Callate pues gran hijueputa, que te estoy es quebrando, malparido hijueputa.

Patea las cosas de mi mochila, que estaban en el piso, hacia el andén y me tira la mochila a la cara.

–No mire malparido

El uniformado empieza a revisar mi billetera.

–¡Ah, pero este hijueputa tiene las lucas!

Saca de mi billetera el dinero que mi compañero y yo reservábamos para el viaje de regreso a Bogotá y la tira al suelo. Luego me agarra del cabello y me lleva hacia la entrada del resguardo, donde estaba otro policía antimotines.

–Vea este hijueputa que andaba por ahí, dizque es de prensa.

Me empuja y me patea hacia el otro policía, que tenia en una mano una pala negra y en la otra un machete, al parecer nuevo por que brillaba mucho. Éste tenía acento caleño.

–¡Ah! Pero a éste yo lo conozco: éste es el malparidito flaco de la Univalle.
–No, yo soy de prensa de Bogotá y...
–Pura mierda y te callás.

Me lleva, casi arrastrando, hasta el andén. En el aire había todavía muchísimo gas lacrimógeno y empecé a sentir los efectos.

–¿De dónde viene? ¿qué hace acá? ¿su cédula? ¿dónde está la cámara?
–Vea, yo vengo de Pescador de enviar un informe, yo soy de prensa.
–A mí ese cuento no me lo mete. Usted es el flaco de la Univalle y ya la tiene sentenciada gran hijueputa... ¡su cédula!
–Está arriba, en mi maleta.

El enorme antimotines levanta el brazo con el machete, amenazante.
–Qué hubo, a ver gran hijueputa, ¿dónde está la cédula?
–Esa pregunta ya la contesté. La siguiente, por favor.

Recibo una patada que me deja en el suelo contra el andén y el policía levanta la pala y me golpea en el hombro. En ese momento llegan dos militares.

–¿Y ese qué?
–Dice que es de prensa, pero yo lo conozco: es el hijueputa de la del Valle.
–A ese yo lo vi ayer aquí, nos tomo fotos.

Me levanto y miro al militar.

–¡Pues claro! Porque ustedes estaban también sacando fotos y filmando, y hasta donde tengo entendido eso es ileg...

El policía me sienta de nuevo de un golpe en la cara, destrozando lo que quedaba de mis gafas. Quedé muy aturdido.

–Sí, éste ayer estaba aquí. Yo lo vi con un palo en la mano y estaba agitando a la gente...
–¡Eso es mentira!

Me levanté de nuevo.

–Yo soy de Bogotá, y ustedes le dijeron a los indígenas que no se iban a meter...
–¡Cállese, gran hijueputa, que lo voy a moler, malparido!

El policía me sienta de una patada. El gas, el dolor de los golpes y la confusión empezaron a surtir su efecto con todo éxito. Los militares se retiran con uno de los policías, al que le comentan algo, luego no los volví a ver. El policía me levanta del cabello y me hace caminar un poco más cerca de la entrada del resguardo.

–A ver, gran hijueputa malparido, ¿dónde tienen secuestrados a los policías?– me pregunta, de nuevo amenazante, refiriéndose a los tres agentes que la guardia indígena tomó bajo custodia el día anterior y mantenía protegidos de los demás indígenas.
–¿Secuestrados? Retenidos, es diferente...

Me golpea.

–Muy chistosito, ¿no?... Gran hijueputa, te voy a matar aquí mismo– levanta el machete –lo voy a regar por el piso, gran hijueputa. Ustedes le hicieron quitar una pierna a un compañero y aquí los vamos a mutilar, gran hijueputas indios malparidos. Voy a ver qué cara hace cuando le esté arrancando la puta pierna.

Recibía de nuevo las amenazas pertinentes de mi custodio. No las recuerdo con exactitud, a esta altura ya estaba muy asustado: yo veía que hablaba y hablaba pero yo no le entendía con claridad. Insistía en eso de la mutilación y preguntaba por la localización de los detenidos por los indígenas. Al rato, otros Esmad traían a dos indígenas y a una compañera más que, aparentemente, no eran de por esos lados. Empezaron a amedrentarnos con amenazas. Yo ya ni las escuchaba, estaba más preocupado por la suerte del compañero corresponsal con el que fuimos a cubrir el evento: esperaba que estuviera bien, que hubiera alcanzado a correr y, sobre todo, que hubiese tomado fotos de la aplicación de la seguridad ‘democrática’ de su majestad Uribe y de sus terroristas del ESMAD.

Luego de un rato nos subieron a un camión. Acto seguido, al avanzar algunos metros, un militar que sostenía una maleta azul clara en la mano le hizo pare al camión y se la aventó al sujeto del Esmad que nos custodiaba.

–¿Qué es eso?– preguntó el policía.
–Droga– contestó el militar.

El policía se dirigió a mí.

–Esta maleta es tuya, ¿oís?
–No.
–Es suya, se la encontré yo mismo, hijueputa.

La avienta a la parte delantera del camión y seguimos la marcha. Más adelante, el camión se acerca a un grupo de militares que se encontraba al lado de una tanqueta de la policía y proceden a bajarnos, dejándome de último. En el momento en el que bajaba del camión, el policía se dirige a los militares.

–Vean, este hijueputa es el flaco de la del Valle, miren a ver qué le pueden hacer al malparido.

Los soldados empiezan a golpearme repetidamente y a tirar fuertemente de mi cabello mientras me gritaban y me amenazaban con cualquier cantidad de cosas: desde violación hasta jugar con miembros amputados. Desde el camión, el policía gritó:

–Acordate de mi cara, gran hijueputa, acordate bien, que si llegás a la estación de ahí no salís vivo, ¿oís?

En la tanqueta ya habían otros detenidos, en su mayoría indígenas –algunos seriamente heridos–, y al fondo un compañero asesor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que me hizo señas de que mejor no nos conocemos para evitar cualquier cosa. Al momento ingresaban a la tanqueta una profesora acompañada de una indígena y un muchacho que estaba sumamente alterado: los tres habían sido largamente expuestos al gas lacrimógeno. La profesora intentaba calmar al muchacho, pero él insistía y rogaba que, por favor, lo dejaran en libertad. La gente dentro de la tanqueta empezó a alterarse más de lo que estaba y, luego de un rato, empezó a impacientarse con tanta lloradera del sujeto, remplazando, un poco, el miedo por rabia hacia el muchacho.

La puerta de la tanqueta se cerró. Desde fuera, los militares empezaron a gritar que si no votábamos por la reelección de Uribe nos iban a matar, luego empezaron a gritar “adelante presidente, que aquí cogimos varios terroristas” mientras golpeaban y empujaban la tanqueta hacia los costados. La puerta de la tanqueta se abrió de nuevo y otros detenidos subían: uno de ellos chorreaba sangre de la cabeza mientras era golpeado al momento de subir. En ese momento éramos 26 los detenidos, el calor y el sofoco eran casi insoportables. Desde afuera no cesaban los insultos y las amenazas de todo tipo.

No estoy seguro de cuánto tiempo transcurrió antes de que la tanqueta empezara a moverse en sentido norte, muy seguramente hacia el batallón que quedaba relativamente cerca del lugar. El vehículo policial avanzó un tramo de aproximadamente un kilómetro, cuando paró bruscamente y a la cabina del conductor subió un sujeto con un radio, se veía muy angustiado.

–¡Pilas, pilas hermano! Ya no nos los podemos llevar allá, dé la vuelta rápido que parece que adelante va el malparido del defensor. ¡Muévase!

En el camino empezaron a contarnos. Como 500 metros antes del peaje, la tanqueta se detuvo y subieron a otros dos detenidos: un indígena con su compañera que decía que los demandaría por abuso de autoridad pero que, al vernos, palideció y se quedó callado. Pasamos el peaje, en dirección a Piendamó. El sujeto del radio empezó el conteo de nuevo. Mostraba gran preocupación, lo cual me calmó un poco. Me asomé por uno de los pequeños agujeros laterales de la tanqueta, a ver si me ubicaba, y pude ver la estación de policía. La tanqueta se detuvo y el sujeto del radio salió.

–Póngales el aire... ¡rápido, rápido!

Encendieron el aire acondicionado y nos dejaron allí un rato. Luego, la tanqueta empezó a entrar a la estación de policía. Una vez dentro, escuché que dos personas alegaban: una de ellas era el sujeto del radio, estaba muy enfurecido y rojo, el otro era de mediana estatura y robusto.

–Bueno, entonces son 28 y otro en el hospital, ¿no?
–Sí, sí, sí... qué pena con usted, fui grosero, perdone...
–No, si ya. Voy a hablar con ellos... Buenas noches, soy el defensor del pueblo, ustedes están aquí detenidos y vamos a proceder con todos los trámites legales para que puedan salir de aquí lo más pronto posible. Eso sí, les pido que tengan mucha paciencia, pues estos trámites suelen tomar demasiado tiempo. Así que, por favor, tengan calma.

Era un patio descubierto como de 15 por 20 metros. Ya estaba oscureciendo y rayaban como las 18:00 horas. Aunque nos dijo que era el defensor, de todas formas reinaba la desconfianza por el trato que habíamos recibido. En ese momento entró un policía con insignias que lo identificaban como sargento, echó un vistazo, nos contó y salió. En seguida entró de nuevo el defensor, la gente se le acercó y le empezó a hacer preguntas varias sobre cómo, cuándo y en qué condiciones se nos daría la libertad. Él explicó que no era fácil, que lo mejor era mantener la calma y salió diciendo que ya venía. La policía del lugar nos pidió que nos hiciéramos contra la pared, me temí lo peor. Uno de los indígenas se puso de frente a la pared y alguien dijo en voz alta:

–Así no, que lo fusilan...

Todos empezamos a reír nerviosamente y, curiosamente, esa situación nos llenó de resignación, pues dimos por hecho que eso podría suceder en cualquier momento. Unos minutos después apareció el sargento, atravesando el patio, pero en esta ocasión su rostro tenía un marcado gesto de preocupación: nos contó rápidamente y luego salió de nuevo. Unos minutos después salió el defensor un poco más calmado.

–Bueno, acabé de hablar aquí con el sargento de la estación. Ya me dio su palabra de que nada anormal a la ley sucedería durante la estadía de ustedes dentro de la estación. Así que quédense tranquilos, traten de no agredir verbalmente a ningún agente en la estación, por favor. De su comportamiento aquí depende lo que pase.

Intervine en ese momento:

–Pero, ¿firmaron algún documento o algo que certifique que, definitivamente, nada va a pasar aquí con nosotros?
–El sargento me dio su palabra.
–Pero es que la palabra de un policía pues... es como complicado...
–No, estesen tranquilos, que él, igual, tiene que responderme a mí por cualquier cosa que a ustedes les pase aquí.

Yo aún desconfiaba de la identidad del supuesto defensor, así que me le acerqué y leí la credencial. Efectivamente era quien decía ser.

–Fresco chino, que yo respondo.

Salió del patio y quedamos a la espera. Al rato salió el defensor con una acompañante y el sargento con su comitiva, la cual empezó a filmarnos insistentemente con una cámara digital y a tomarnos fotos con varios celulares. El defensor de nuevo nos calmo, repitió lo que nos dijo en frente del sargento para que quedáramos más tranquilos. Empezaron a tomar la lista. De nuevo apareció el sujeto del radio y, de una manera no muy amable, a tomar nombres, profesiones y demás.

En el lugar había un colega de Radio Libertad Totoró, ahí de la zona. Los policías se burlaban de él, poniendo en duda su profesión por su apariencia indígena, y lo requisaron, confiscándole una grabadora y una cinta de audio. Básicamente estaba detenido junto con campesinos; indígenas; seis recolectores de café que, por accidente, terminaron en medio de la arremetida; el colega de Radio Libertad; un compañero asesor del CRIC y yo. Cuando me tocó el turno del listado, el sujeto del radio se quedó pensativo por un momento cuando le dije que era de Bogotá.

–Pero, ¿qué es eso del Turbión?
–Es un periódico por Internet.
–¿Pero sí lo lee alguien?
–No muchos. Sólo 18.000 suscriptores de Colombia y el extranjero, que están muy pendientes de lo que se ha reportado de aquí.
–Deme su carné.
–No, que pena. Es el único documento de identificación que tengo, porque ustedes quemaron todo lo que teníamos en el resguardo.
–Le pido colaboración. Por favor, entrégueme la credencial, ya se la traigo, es un momento no más.

Por no armar problemas decidí entregarla. Además, el poco valor que me quedaba se esfumó rápidamente luego de acusarlo frente a los subalternos. Apareció de nuevo el defensor, acompañado por dos personas más y tomaron en total cosa de tres listados. Luego, le comenté que me habían retenido mi carné de prensa, él le preguntó al responsable y contesto:

–Sí, sí, sí... ya, un momento que estamos averiguando.

El defensor nos sugirió calma a todos de nuevo y llamó al sargento, que se quería dirigir a nosotros. El uniformado se quedó mirándonos. Por un rato largo hubo silencio absoluto, luego le susurró algo al oído del defensor y se fue.

–Sí, bueno. El sargento me asegura que aquí nada les va a suceder: ya me dio su palabra y ya quedamos en algo, así que no se preocupen.

El defensor se despidió de todos y se fue, asegurándonos que estaría pendiente de todos. El sujeto del radio apareció de nuevo, ahora con unos papelitos que hacía firmar a los detenidos. El papel decía algo relacionado con que teníamos derecho a un abogado, una llamada, buen trato y cosas por el estilo: a la mayoría se les hizo firmar.

–¿Y yo no firmo?
–No.
–¿Y se puede saber el motivo porque no?
–Porque usted es periodista.
–Ah, ¿entonces significa que no tengo derechos?
–Significa que es un proceso diferente.
–¿Y dónde están los papelitos para el periodista, entonces?
–Ahora...
–¿Y ahora es...?
–Más tarde los traigo, un momento me desocupo.

Rayaban las 19:30 y algunos empezaron a manifestar hambre. Los que tenían dinero dijeron que iban a mandar traer algo, los que no teníamos ni un céntimo encima, que éramos la mayoría, nos reconocimos inmediatamente porque hicimos cara de ‘aquí nos llevo el chanfle’. Se empezó a hacer la gestión de la traída de la comida. El sargento dijo que sí, pero que esperáramos porque, al parecer, ya estaba cuadrado ese asunto.

Pasó como una hora y entró gente con bolsas: eran los compañeros del CRIC, que habían mandado cobijas y comida. Nos traían la razón de que ya todos sabían que estábamos aquí, que tocaba esperar a ver qué.

Luego de que medio nos acomodamos para dormir en la cálida suavidad del concreto del patio, la momentánea clama se tornó en una tensión muy aguda: a eso de las 21:30, empezó a ingresar a la estación personal del ESMAD y, para sorpresa nuestra, algunos de estos individuos dormían en la estación. Llegaban de La María muy contentos, cansados y agresivos. Los comentarios y las miradas de desprecio hacia quienes nos encontrábamos detenidos no se dieron a esperar. Empecé a observar sus caras, para ver si, de casualidad, me encontraba con el policía de la tarde: sólo vi que algunos me señalaban y me miraban fijo, asintiendo con la cabeza. Felizmente, el asunto no pasó a mayores cuando, a eso de las 22:30, salieron de la estación más de la mitad de los que habían arribado. Se dirigían a Cali o eso fue lo que escuchamos de algunos.

Fue muy complicado dormir, a pesar del cansancio por el ajetreo, la angustia y el miedo.

A las 4:30 horas, el gallo empezó la alharaca y seguíamos atentos a la puerta de entrada del alojamiento de los antimotines. Muy a las 7:00, la mayoría caímos rendidos por el cansancio, pero el sol de las 10:00 horas nos despertó para encontrarnos con la grata sorpresa de que había movilizaciones de indígenas en todo el Cauca denunciando nuestra detención el día anterior. Más tarde, el CRIC hizo aparición, nuevamente, con el desayuno y con la noticia de que en Bogota el movimiento indígena se dirigía a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo nacional, a ver qué podían acordar con el Estado porque éste aún no se había pronunciado, ni siquiera por el asesinato de un indígena en el enfrentamiento de hacía dos días. Nos insistieron que esperáramos y que tuviéramos paciencia.

Llegó la tarde y el CRIC con el almuerzo. De nuevo a esperar. El ambiente ya estaba libre de miedo: ahora teníamos afán porque las cosas se catalizaran para salir de allí. Ya sabíamos que teníamos apoyo de fuera, entonces sólo era cuestión de esperar, pero con la seguridad de que éramos relativamente intocables.

No tengo certeza de qué hora era, el caso es que llegó el sargento de la estación, muy alterado y puedo asegurar que hasta asustado, nos miró un momento y salió rápido de la estación. Llegó de vuelta con dos agentes que cargaban paquetes llenos con bolsas de agua y se dirigió a nosotros.

–Miren, ustedes se han dado cuenta que aquí yo he estado muy pendiente de ustedes. Entiendan que, por las condiciones de esta estación, nos tocó dejarlos aquí mientras se adelantan los procesos de su liberación. Ustedes entienden que esos procesos son demorados y que yo ante eso no puedo hacer mucho. Por favor, les pido moderación con lo que en algún momento puedan decir. Yo, a pesar de que he estado muy ocupado, he estado al tanto de lo que aquí pasa. Yo quedé con el defensor de que aquí no iba a pasar nada y hasta el momento ustedes están bien, es decir, no han sido agredidos.

La profesora interviene:

–No mire, anoche, que el Esmad llegó aquí, estuvieron diciendo cosas desagradables y hasta señalaban a algunos y a mí me parece que...
–Sí vea, yo ya hable con ellos y ténganlo por seguro que nadie aquí los va a agredir o a lastimar: yo quedé en eso con el defensor y ahora se los estoy asegurando a ustedes. Así que, por favor, les pido colaboración con lo que en algún momento puedan llegar a decir. Gracias, permiso– se dirige a los agentes –Repartan esa agua para el que tenga sed.

Al cabo de unos minutos nos enteramos de la causa del miedo del sargento. Entraron los abogados de la defensoría y eso alegró el ambiente en el patio.

–¿Cómo los han tratado?
–Pues la policía de aquí, de planta, no nos ha agredido verbalmente. Pero no puedo decir que ha sido un buen trato aquello de dejarnos al sol y al agua.
–Yo sé que no es un consuelo, pero el calabozo no es para nada mejor... tenga paciencia, que muy seguramente esta tarde salen.

Pasaron lista, gestionaron la atención de los heridos dentro de la estación. Los que podían pagar mandaron por implementos de aseo. La gente estaba ya animada y tenía la certeza de que seriamos liberados, luego reapareció el sujeto del radio del día anterior.

–Bueno, caballeros, les quedan 10 minutos de entrevista con los detenidos. Por favor, hablen lo que tengan que hablar y desalojen.
–Compañeros, es importante que tengan en cuenta: nada de fotos ni toma de huellas digitales, no lo permitan porque son tan capaces que los judicializan y ustedes no son criminales.
–Hágame el favor, señor abogado, ya le quedan sólo 5 minutos, por favor vayan desalojando
–Recuerden compañeros: nada de fotos, porque los hunden y después no podemos hacer mucho.
–¡Desalojen, por favor, desalojen, desalojen!

Cuando los abogados de la defensoría salieron, la policía de nuevo sacó la cámara digital y empezó a filmarnos y a sacarnos fotos con celulares. Un individuo de ahí de la estación empezó a llamar lista y a meternos, uno por uno, a una oficina. Nos dijo que firmáramos un papelito y que imprimiéramos, además, una huellita. La gente como entraba salía y sin vestigios de haber firmado ni puesto nada. No llegaron ni a la mitad y dejaron de llamar a lista: nadie firmó ni puso huella.

Al rato salieron, de nuevo, con otro papelito, pero este decía algo así como acta de buen trato. Básicamente, era una declaración de que no habíamos sido agredidos física ni verbalmente DESPUÉS de la detención, cosa que la mayoría no compartíamos, pero firmamos de mala gana. El tiempo transcurría muy lento y, como a eso de las 16:00 horas, empezó a llover, mientras veíamos con preocupación que nuestra mullida y ortopédica cama se mojaba.

A pesar del incidente de las firmas, había un ambiente mucho más relajado: ya se empezaban a dar diálogos más amenos, nos hacíamos chistes y, en fin, hablábamos como, me imagino, es normal entre compañeros de celda. Las visitas al asesor del CRIC, al colega de Radio Libertad, a la profesora, a los recolectores y, sobre todo, al llorón eran muy constantes. Me empezó a preocupar no tanto el hecho de no recibir visitas, sino el que ignoraba totalmente la situación en la que se encontraba mi compañero reportero: en la radio local transmitían que había una gran movilización, más que todo internacional, y que el resguardo estaba completamente destruido, que había muertos y desaparecidos, además de que persistían los enfrentamientos entre los indígenas y la policía antimotines. No eran para nada alentadoras estas noticias en cuanto a la situación en La Maria. Empecé a presionar por eso que decía en el papelito del derecho a una llamada para informar a mis familiares, pero lo que me contestaban era básicamente que no hasta que la fiscalía le colocara un sello y lo trajera de nuevo a la estación.

Llegó la noche y esta vez sólo llegó pan y café de parte del CRIC, lo cual, para esas circunstancias, era más que suficiente. Por motivo de la lluvia, algunos estábamos mojados y con frío. Rayando las 20:30 nos confirmaron que, efectivamente, estábamos dentro de los puntos de negociación entre los indígenas y la fuerza pública. Nos indicaban que debíamos estar tranquilos y que ya venía el defensor, que estaba embolatado con aquello de unos cadáveres que no aparecían. Los indígenas con quienes estábamos secuestrados se quedaron callados un largo tiempo al recibir esa noticia. No era para menos, en sus rostros curtidos por el sol y el trabajo se notaba una profunda tristeza y esa sonrisa constante que los caracteriza siempre se había borrado.

A las 21:00 horas llegó la noticia de que el defensor ya no vendría esa noche, pero que, de todas formas, ya era un hecho que seríamos liberados al día siguiente. El sargento apareció. Para qué voy a negarlo: entre sus enmarañadas y oscuras perversiones quedaba un poco de humanidad. Hizo desocupar un cuarto lleno de chécheres, no sin antes asegurarse de que las colchonetas que había en el lugar misteriosamente salieran primero, y nos dijo:

–Bueno, al cuarto en orden y calladitos.

La única diferencia con el piso del patio es que el concreto no estaba encharcado. Fue una noche calladamente amarga.

A las 7:00 del 19 de mayo estábamos ya muy despiertos, pero no fue sino hasta las 10:30 que se dio inicio a la liberación. De nuevo apareció el sujeto del radio, que ya me parecía más de inteligencia de la policía o algo así, con el papelito de la huella y nos presionaba a llenarlo, diciendo que era necesario para la salida y que éstos los conservaba el defensor. No movimos un dedo hasta que llegó una de las colegas del defensor que estuvo más en contacto con nosotros y no se opuso al asunto de las huellas. Aún no estoy seguro de que esos papeles con nuestras huellas le hayan llegado al defensor.


Como a las 11:30 llegó una comitiva de abogados. Estuvieron allí por largo tiempo y no podían hacer nada hasta que llegara el defensor. Como a eso de las 12:00, el patio se llenó de mucha gente, entre quienes estaban presentes los compañeros del CRIC y varias personalidades más que, durante nuestra detención, movieron gente que, de una forma u otra, ayudaron al proceso de liberación.

El sujeto del radio hacía que hacía, pero a la larga no hacia nada, sólo estaba de espectador. Le pregunté por mi credencial y se hacía el sordo. Empezaron a llamar a la gente para que saliera, uno a uno, brindando la seguridad necesaria para llegar hasta la chiva (bus escalera) que nos trasladaría a La María. No se hicieron esperar los policías y militares vestidos de civil, o ‘tiras’ como los llama la gente, estaban por todos lados, como aves de rapiña, esperando alguna oportunidad para joder la cosa. Sin embargo, las organizaciones habían planificado la salida. Le dije al defensor y a algunos abogados que mi credencial no me la querían entregar, buscaron al sujeto del radio que, curiosamente, ya no aparecía. Esperé un rato y se dejó ver, ‘dio papaya’. Estaba detrás del defensor y de una señora de la cual ignoro quién era, pero que, al parecer, tenía un alto rango y, a la larga, era quien estaba agilizando la salida. Me dirigí a ellos y dije en voz alta:

–Su mercé, yo no puedo salir hasta que me entreguen mi credencial, es el único documento que tengo para identificarme porque los señores del Esmad quemaron todo lo que tenía arriba en La Maria, ¿cómo hacemos? ya le dije al señor ahí de pie, pero parece que no escucha y él fue el que me la pidió.

En ese momento se aproximaba el sargento de la estación.

–Por favor, hagan la entrega del documento del comunicador, dijo la señora.

El sujeto del radio se asustó un poco.

–¿Credencial? No recuerdo, déjeme buscar a ver qué.

El sargento de la estación se asomó a una de las oficinas de la estación, donde había varios agentes.

–Busquen, a ver, una credencial de prensa. Debe estar por ahí, busquen, busquen...

En la lista estaban próximos a llamarme y nada que aparecía la credencial. Quedábamos pocos en el patio. Mientras tanto pregunte si sabían algo de mi compañero y me dijeron que él estaba por ahí afuera, que estaba muy preocupado:

–Échele gafa a ver si lo ve.

Saqué lo que quedaba de mis gafas y, como pude, me las monté en la cara. La comitiva se fijó curiosamente y me preguntaron qué me había pasado.

–No, pues una caricia tierna de parte de los Esmad.

En esas me llamaron, ya para salir.

–Sí, aquí estoy, pero lo que pasa es que no aparece mi credencial y la necesito.
–Bueno, bueno, ¿qué paso? Esa credencial la tienen que entregar rapidito, que él se tiene que ir, ¿qué hubo, pues?

Se seguían haciendo los locos y de la nada apareció. El sujeto del radio dijo:

–¿Será ésta? No recuerdo bien.
–Sí, esa es, muy amable – y me reí frente a él.
–Bueno, por favor, que firme al pie del nombre un recibí, pero rápido que se está demorando esta salida.

Firmé y salí. Me encontré con mi compañero del periódico. Me saluda, me da el abrazo de rigor y la risa de libertad, me mira y me dice:

–Estoy aquí, transmitiendo en directo para radio Dachi Bedea y El Turbión, ¿su mercé quiere decir algo?

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Servicio noticioso – Número 135 – junio 7 de 2006
Con masiva protesta estudiantes manifiestan su inconformidad con la reelección
Equipo | Periódico El Turbión – junio 7 de 2006

Pasados diez días de la ratificación de la reelección de Álvaro Uribe como presidente de la República, más de dos mil estudiantes de la Universidad Nacional manifestaron hoy su inconformidad con la continuidad en el poder de este gobierno y con la inminente firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), a la vez que dieron inicio a la conmemoración del Día del Estudiante Caído.

En la protesta, que se inició hacia las 12 del día y se extendió hasta las 3:00 pm sobre la entrada de la Universidad Nacional de la calle 26, aproximadamente 2.000 estudiantes levantaron su voz de inconformidad ante la ratificación en las urnas del mandato del reelecto presidente, gobierno bajo el cual han visto lesionados sus derechos a manifestarse y movilizarse pacíficamente, dado el continuo uso excesivo de la fuerza y la constante criminalización en contra de los estudiantes.

Esta situación se ha hecho evidente en las últimas manifestaciones y protestas llevadas a cabo por estudiantes, indígenas y campesinos, entre otros, donde la fuerza pública ha arremetido de diversas formas contra sus derechos. En el pasado reciente, las denuncias han girado en torno a casos en los que las fuerzas estatales efectúan graves daños en la propiedad, la integridad física y hasta la vida de los manifestantes: la muerte de Óscar Leonardo Salas, asesinado en predios de la Universidad Nacional el pasado 8 de marzo durante un enfrentamiento con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y la de Pedro Pascué, habitante de Corinto (Cauca) muerto por disparos de armas de fuego de la policía durante la represión a la Cumbre Nacional Itinerante de Organizaciones Sociales de La María-Piendamó, son sólo los dos testimonios más recientes de los efectos nocivos de una política estatal de seguridad que corroe al país.

El día de hoy, los estudiantes resistieron la agresión de la fuerza pública, evitando el ingreso de ésta al campus universitario durante las tres horas en las que se presentó la manifestación. Sin embargo, de manos del Esmad se generaron daños en bienes públicos, como un poste del alumbrado y rejas de la puerta de acceso a la Universidad, que fueron derribados por las tanquetas al querer ingresar al campus. Dichos daños fueron negados por los uniformados, que culparon a los estudiantes por la destrucción.

Según las declaraciones que el coronel Javier Vivas, comandante de la Fuerza Disponible y del operativo del Esmad, ofreció a algunos reporteros presentes en el lugar de los hechos, los estudiantes usaron explosivos para derribar este poste y los uniformados habrían tenidos "tres heridos: uno con trauma cráneo encefálico" y señaló que los estudiantes "utilizaron tubos para direccionar las 'papas' explosivas hacia los hombres del Esmad". Sin embargo, uno de nuestros reporteros pudo constatar que las heridas de gravedad de este agente no se debieron a los enfrentamientos, sino a una caída desde el techo de una de las tanquetas, y que los famosos tubos no eran otra cosa que parte de los 'voladores' que usualmente no causan más que ruido.

En medio de la protesta se percibieron numerosas voces de inconformidad frente a la firma del TLC con los Estados Unidos, propuesta por Uribe Vélez para el mes de septiembre. Adicionalmente, se denunció insistentemente la actual legalización de los paramilitares tras las políticas dirigidas a ello.

Se dio lugar, también, a la conmemoración de los 52 años de los asesinatos de una decena de estudiantes de la Universidad Nacional, entre ellos Uriel Gutiérrez Restrepo, durante los días 8 y 9 de Junio de 1954, fecha en que las tropas del Batallón Colombia abrieron fuego contra una nutrida columna de universitarios que protestaba contra la dictadura del Gral. Gustavo Rojas Pinilla. En el Día del Estudiante caído se conmemora, de la misma manera, el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez, ocurrido el 8 de junio de 1929 luego de dirigir un movimiento universitario de denuncia a la Masacre de las Bananeras, uno de los más tristes episodios de la larga historia de violación de los derechos humanos por parte del Estado y las Fuerzas Militares colombianas.

El movimiento estudiantil en Colombia es, sin duda, uno de los más golpeados por la violencia oficial, abierta o encubierta. Fechas como el 16 de mayo o el 8 de junio no sólo traen tristes recuerdos de abominables hachos de violencia contra las universidades, sino que reivindican la protesta contra las diversas formas de represión estatal, contra el abuso ilegítimo de la fuerza, contra las desapariciones forzadas, la tortura y los homicidios.

El hecho de que los estudiantes recurran a la 'pedrea' como forma de reivindicar derechos básicos como la libre manifestación y opinión no sólo demuestra la reiterada voluntad estatal de privilegiar el uso de la fuerza por sobre otros mecanismos para resolver los conflictos universitarios, sino un duro cuestionamiento de la juventud sobre la deplorable situación de nuestra democracia.